LAS SANCIONES DE EEUU A LA CÚPULA
CHAVISTA
Está claro que la ley acordada por el Congreso estadounidense
apunta a un grupo de la nomenklatura autoritaria que gobierna a nuestro país, que a
juicio de los parlamentarios norteamericanos está envuelta en flagrantes violaciones
a los Derechos Humanos.
Era esperable que la reacción de la cúpula chavista fuera la
de proyectar hacia todo el país la idea de que es éste el sancionado, cuando no
es así. Con tal discurso se busca lo de siempre, cerrar filas a lo interno de
cara a un supuesto enemigo foráneo.
Este objetivo, en alguna medida, pero cada vez menos, lo
logra en aquella parte de la ciudadanía más sencilla y menos informada. De allí
la importancia que cobra el que la oposición democrática haga un esfuerzo mayor
para explicar al pueblo de qué se trata el asunto y no sea manipulado.
Lo primero que debe decirse es que el Congreso de EEUU está
en su derecho de legislar en su territorio acerca de los temas que considere
conveniente. Al igual que lo puede hacer la Asamblea Nacional de Venezuela. Los
parlamentos regulan las más variadas materias, y estas normativas tendrán
aplicación y alcance nacional. Así, todo aquel individuo o bien que esté bajo
esa jurisdicción sería afectado si se ajusta a los presupuestos de la ley.
El Congreso estadounidense, después de los “afeites” al proyecto
inicial, aprobó una ley que establece que el presidente Obama podrá imponer
sanciones a cualquier persona extranjera que él determine, incluidos
funcionarios o ex funcionarios del gobierno de Venezuela, o que hayan actuado
en nombre de este último, en virtud de la comisión de actos violentos o serios
abusos contra los derechos humanos durante las protestas
escenificadas en Venezuela en el año 2014.
Podrá sancionar a las personas que hayan ordenado o dirigido
el arresto a personas que ejercieron su legítimo derecho de expresión o de
reunión, o que hayan asistido,
patrocinado o proveído significativo apoyo financiero, material o tecnológico,
para tales actos.
Las penas contempladas son de dos tipos: a) bloqueo de
activos y prohibición de todo tipo de transacciones y b) exclusión de EEUU o
pérdida de la visa u otros documentos.
La ley remite a otras leyes vigentes y establece también
ciertas excepciones, como por ejemplo, los casos en que el Presidente podría
suspender sus efectos cuando esté envuelto el interés nacional de EEUU o en
ciertos casos de importación de bienes. (¿petróleo, por ejemplo?)
La Ley, entre otros asuntos, reafirma en su texto que es política de aquel
país apoyar al pueblo venezolano en sus aspiraciones de vivir en paz y en
democracia representativa, tal y como lo establece la Carta Democrática
Interamericana, y trabajar mancomunadamente
con otros miembros de la OEA, así como de la Unión Europea, en asegurar una solución
pacífica de la actual situación venezolana y el cese de la violencia contra manifestantes
opositores.
Muchas interpretaciones exageradas han salido por ahí que no
se corresponden con el alcance de la ley.
Sobre su contenido y motivaciones reales y/o aparentes, hay comentarios
varios. Particularmente, en relación con la conveniencia o no para la oposición
democrática venezolana, y sus efectos, habida cuenta de la experiencia con
iniciativas parecidas.
Es lícito entonces preguntarse si tal instrumento legislativo
ayudará o no a salir del atolladero crítico en que está nuestro país, más allá
de sus buenas intenciones, las cuales, para algunos, tienen más que ver con la
política interna norteamericana.
Como venezolano uno agradece con sinceridad la preocupación
de los parlamentarios norteamericanos acerca del destino de nuestra democracia
en decadencia y la persecución y cárcel de políticos venezolanos. Y nada
tenemos que objetar a eventuales sanciones que se apliquen en su territorio
contra violadores de los derechos humanos.
Están en su pleno derecho soberano de hacerlo.
Sin embargo, se debe comprender que visto desde Venezuela el
asunto es mucho más complejo que la aplicación de esas sanciones merecidas,
aunque es probable que no perjudiquen a los que ya pusieron a buen resguardo
sus activos mal habidos, transfiriéndolos a otras jurisdicciones o a
testaferros.
Queda ahora a Obama refrendar la ley y determinar a quiénes
concretamente castigará, tarea que no luce sencilla. Listas van y vienen por
las redes sociales, incluyendo a algunos que no podría alcanzar la ley, por no
estar entre los sujetos sancionables. En esto los wishful thinkings abundan.
¿Esta ley con efectos en EEUU nos ayudará? ¿En qué medida?
Que el lector juzgue y no se equivoque en la apreciación de las consecuencias que puede producir esa ley.
Los problemas del país son en extremo graves y demandan diálogo
y acuerdos de los venezolanos. Los que gobiernan no muestran capacidades ni
deseos de solucionarlos. Mucho menos disposición para llamar a todas las
fuerzas políticas y económicas del país en función de salir de la crisis actual
y del desastre que se nos viene encima.
Sólo lo que hagamos aquí, más allá de las sanciones que acuerden otros países, determinará el camino a seguir. Y es la unidad de las fuerzas democráticas la que garantizará el triunfo.
EMILIO NOUEL V.
@ENouelV
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