viernes, 27 de julio de 2012


APAGÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA

E. NOUEL V. 

A menos que se tenga la profunda convicción de que los presos no tienen derecho alguno a ser tratados con humanidad, no se explica la reacción del gobierno venezolano contra la reciente decisión de la Corte Interamericana de los DDHH sobre el caso de Raúl Díaz. El gobierno ha señalado como razón para anunciar el retiro de Venezuela del organismo jurisdiccional hemisférico, tal sentencia condenatoria, pues ella significaría que el gobierno norteamericano, ¿…?, una vez más, apoya a terroristas y agrede al gobierno chavista.
Un argumento más retorcido no podría ser emitido por nadie. Ni es EEUU el que decide en tal Corte, ni es Venezuela la única procesada allí. A otros países se les sigue más juicios que al nuestro.
Tal reacción es sólo un pretexto de Chávez para concretar una acción que ya estaba cocinada de antemano, y la cual forma parte del arsenal ideológico demencial que lo inspira.
Desde hace unos cuantos años vengo expresándolo. A Chávez y a su gobierno, los organismos internacionales, sean de la naturaleza que sea, les resultan camisas de fuerza para sus propósitos políticos y la ideología que lo anima.
La alergia que le producen los compromisos internacionales que obligan al país y sus gobernantes a actuar de acuerdo con unos estándares aceptados mayoritariamente por la comunidad internacional, se evidencia en un sin número de declaraciones y una conducta reiterada que va a contrapelo de aquellos.
Mientras no se sintió seguro de tener todos los poderes públicos bajo su égida, siguió el juego de las organizaciones internacionales, no pudiendo esconder, en algunos momentos, sus profundas intenciones y afectos políticos. Varios gestos ya anunciaban por dónde iban los tiros (visita a Sadam Hussein, por ejemplo). Era una muestra temprana de los tiranos con los que se identificaría con el correr de los años: Mugabe, Gadafi, Ahmadinejad, Al Bashir y Al Assad, todos déspotas y genocidas. Sin olvidar, obviamente, los tiranos cubanos.
Queda claro que este talante político-ideológico es la consecuencia lógica de una visión autoritaria y obsoleta del poder. Un caudillo militarista anacrónico, como Chávez, no podría comportarse de otra forma.
Unos atrás, el presidente venezolano, refiriéndose a la OMC, dijo: “Es un monstruo”.  En su engendro “integracionista”, el ALBA, se habla de enfrentar la “influencia nefasta de los organismos internacionales”. No desecha del todo los entes internacionales mientras no afecten sus planes y  sirvan a sus intereses geopolíticos.
Y qué decir de los conceptos denigrantes y desconsiderados emitidos contra los organismos y funcionarios hemisféricos encargados de la defensa y garantía de los derechos humanos.
En el fondo de la ideología demencial que inspira al gobierno venezolano, está una noción -lo hemos dicho infinidad de veces- de soberanía demodé, no acorde con los tiempos modernos y el actual desarrollo del Derecho Internacional y sus principios.
Esta peligrosa y anacrónica idea comporta un retroceso hacia situaciones históricas que creíamos en gran medida superadas. Se pretende imponer la utilización de un concepto de soberanía à la carte, contrario al normativa internacional contemporánea, acomodaticio a los intereses de los gobernantes, el cual, al final del día, se erige en una suerte de burladero para no responder de las arbitrariedades cometidas al interior de los países.
De concretarse la salida anunciada por Chávez, se estaría cometiendo no sólo un disparate político aberrante; también una violación, otra más, a nuestra Constitución, toda vez que ésta dispone que las normas de los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, y además son de aplicación inmediata y directa (art. 23 CN); es decir, son derecho supraestatal reconocido por la Carta Magna, sobre el cual no se puede echar marcha atrás, denunciando el tratado (Convención Americana sobre Derechos Humanos), sin violentar el principio de la progresividad de los DDHH (art. 22 CN).
Sacar a Venezuela de esa Convención representa un retroceso democrático, una violación de la Constitución Nacional y una desmejora de la garantía de los DDHH de los venezolanos, que deben ser conocidos por el mundo. Es un apagón a los derechos humanos perpetrado por un gobierno militarista indigno, que continua en su enloquecida deriva hacia un descrédito mayor para nuestro país.
Me pregunto qué dirán al respecto los gobiernos amigos de Chávez, los de MERCOSUR, por ejemplo, para los que el sistema de los derechos humanos interamericano fue muy útil para denunciar las atrocidades de los gobernantes militares que padecieron.

EMILIO NOUEL V.




miércoles, 25 de julio de 2012


SALIDA DE LA CIDH, RETROCESO DEMENCIAL


        Represión militar en Venezuela


EMILIO NOUEL

Desde hace unos cuantos años vengo expresándolo. A Chávez y a su gobierno, los organismos internacionales, sean de la naturaleza que sea, les resultan camisas de fuerza para sus propósitos políticos y la concepción ideológica que lo anima.
No se trata sólo, como ahora, de la denuncia del tratado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La alergia que le producen los compromisos internacionales que obligan al país y sus gobernantes a actuar de acuerdo con unos estándares aceptados mayoritariamente por la comunidad internacional, se evidencia en un sin número de declaraciones y una conducta reiterada que va a contrapelo de aquellos.
Mientras no se sintió seguro de tener todos los poderes públicos bajo su égida, siguió el juego de las organizaciones internacionales, no pudiendo esconder, en algunos momentos, sus profundas intenciones y afectos políticos. Varios gestos ya anunciaban por dónde iban los tiros. El desafío que representó visitar a Sadam Hussein era una muestra palpable de los tiranos con los que se identificaría con el correr de los años. Después vino su apoyo a Mugabe, Gadafi, Ahmadinejad, Al Bashir y Al Assad, todos déspotas y genocidas. Sin olvidarnos, obviamente, de los tiranos cubanos.
Queda claro que este talante político-ideológico es la consecuencia lógica de una visión autoritaria y obsoleta del poder. Un caudillo militarista anacrónico, como Chávez, no podría comportarse de otra forma.
Unos atrás, el presidente venezolano, refiriéndose a la OMC, dijo: “Es un monstruo”.  En su engendro “integracionista”, la ALBA, se habla de enfrentar la “influencia nefasta de los organismos internacionales”. Obviamente, no desecha del todo las organizaciones internacionales mientras no afecten sus planes; aprovecha las que no signifiquen obligaciones rígidas, como Mercosur, y sirvan a sus intereses geopolíticos.
Y qué decir de los conceptos denigrantes y desconsiderados emitidos contra los organismos y funcionarios hemisféricos encargados de la defensa y garantía de los derechos humanos.
En el fondo de la ideología demencial que inspira al gobierno venezolano, está una noción -lo hemos dicho infinidad de veces- de soberanía demodé, no acorde con los tiempos modernos y el actual desarrollo del Derecho Internacional y sus principios.
Esta peligrosa y anacrónica idea comporta un retroceso hacia situaciones históricas que creíamos en gran medida superadas. Se pretende imponer la utilización de un concepto de soberanía à la carte, contrario a la normativa internacional contemporánea, acomodaticio a los intereses de los gobernantes, el cual, al final del día, se erige en una suerte de burladero para no responder de las arbitrariedades cometidas al interior de los países.
Chávez ha ordenado públicamente a su canciller sacar a Venezuela “de una vez por todas” de la Corte Interamericana de DDHH. De concretarse, se estaría cometiendo no sólo un disparate político aberrante; también una violación, otra más, a nuestra Constitución, toda vez que ésta dispone que las normas de los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, y además son de aplicación inmediata y directa (art. 23 CN); es decir, son derecho supraestatal reconocido por la Carta Magna, sobre el cual no se puede echar marcha atrás, denunciando el tratado (Convención Americana sobre Derechos Humanos), sin violentar el principio de la progresividad de los DDHH (art. 22 CN).
Sacar a Venezuela de esa Convención representa un retroceso democrático, una violación de la Constitución Nacional y una desmejora de la garantía de los DDHH de los venezolanos, que deben ser conocidos por el mundo.
Me pregunto qué dirán al respecto los gobiernos amigos de Chávez de la región, para los que la Corte Interamericana fue muy útil y vital para denunciar las atrocidades de los gobernantes militares que padecieron.


Twitter: @ENouelV
Email: emilio.nouel@gmail.com
  


miércoles, 11 de julio de 2012


USHUAIA, PARAGUAY Y LOS MODERNOS BANDEIRANTES

Emilio Nouel V

     


En solidaridad con su amigo Lugo, los presidentes de Mercosur decidieron suspender a Paraguay de ese bloque comercial, violentando su ordenamiento jurídico y “comprando” un problema que traerá en el futuro consecuencias letales para un proyecto que ya viene cojitranco desde hace algunos años.
Alegaron un supuesto golpe de estado que sólo ellos y algunos cuantos descaminados vieron en un procedimiento estrictamente constitucional, puesto en práctica por un poder autónomo legitimo y democrático. Pero éste fue el pretexto perfecto para otro despropósito adicional.  
La jugada les permitió incorporar a la peña mercosuriana a otro de sus amigos, el presidente Chávez, cuyo gobierno, en materia de integración económica, no tiene la menor idea y se incorpora allí con objetivos contrarios a lo que han sido hasta ahora los principios que inspiran esa empresa.
Pepe Mujica, a pesar de que su gobierno iba con la línea de no aceptar a Chávez en el club, torció la decisión, apremiado, según lo afirma él mismo, por poderosas razones de orden político que diera la señora Dilma Rouseff en petit comité.  Las cuestiones jurídicas pasaron a un segundo plano. A confesión de parte…..  
Se cuidaron, sí, de no afectar la parte comercial aduciendo que con ello se afectaría al pueblo de ese país. Que no se vaya a creer que tal decisión fue por los negocios mercantiles, ¡No¡, ¡Por favor¡, ni tampoco por los miles de brasiguayos que echaron el grito al cielo. Por delante, las razones humanitarias¡ No sea el lector malpensado.
A todas éstas, el gobierno paraguayo resuelve intentar una demanda por ante los órganos establecidos en el bloque para la solución de las controversias que pudieren surgir entre sus miembros.
Tenemos entendido que han recurrido o recurrirán ante el Tribunal Permanente de Revisión, creado fundamentalmente para las divergencias de carácter comercial. Aunque lleva el nombre de Tribunal, si nos atenemos a sus competencias y procedimientos, antes que un mecanismo jurisdiccional, como es el Tribunal Andino de Justicia, es más bien un órgano de arbitraje sobre materias comerciales, no políticas, tal es el caso de la suspensión ilegal de que es víctima Paraguay.  
La medida se fundamentaría en el Protocolo de Ushuaia, el cual contiene, en síntesis, la llamada cláusula democrática. El Protocolo establece que en caso de que se produzca una ruptura en el orden democrático de un país miembro, los otros podrán tomar medidas en su contra.
Estas medidas podrían llegar a la suspensión del derecho a participar en los órganos del proceso de integración o de los derechos y obligaciones emergentes de él.
Ahora bien, para disponer cualquiera de tales medidas, el artículo 4 dispone que “los Estados Partes promoverán las consultas pertinentes entre sí y con el Estado afectado”. Y sólo cuando estas consultas resultaren infructuosas es que se podría decidir las medidas antes mencionadas.
En el caso paraguayo -y es aquí en donde vemos el doble discurso, la doble medida, de los presidentes mercosurianos- la consulta obligatoria con el Estado afectado no se produjo. No hubo ni siquiera un diálogo con las nuevas autoridades constitucionales paraguayas. El ejercicio del derecho a la defensa que se pidió para el señor Lugo, que, a mi juicio, no operaba, fue obviado en éste caso, violación que se hace más patente, sobre todo, cuando ese requisito está estipulado de manera expresa en el Protocolo en cuestión.  
Dudo que la demanda de Paraguay vaya a tener ninguna acogida en el tribunal referido, no sólo por las razones expresadas, sino también porque a los otros países no les interesa darle curso. Lo jurídico, sin ninguna duda, no es la prioridad.
Las motivaciones económicas y geopolíticas se imponen. Brasil ha decidido reactivar y ampliar el Mercosur. El canciller brasileño Antonio Patriota lo confirma en su comparecencia reciente ante el senado: “Venezuela representa mercado de gran potencial para los socios de Mercosur: casi 30 millones de consumidores”; “la adhesión de Venezuela es un paso crucial en el rediseño de la geopolítica de la región”; “Con Venezuela, la dimensión territorial de Mercosur pasa a incorporar una importante conexión entre la Amazonia y el Caribe”. Más claro, el agua.

Mientras en su paranoia, Chávez acusa a EEUU de lo que ocurrió en Paraguay, el gigante brasileño lo aprovecha para avanzar en su inveterado proyecto hegemónico en la región, posicionando sus empresas y captando negocios para ellas.
Los modernos bandeirantes están haciendo su trabajo.

EMILIO NOUEL V.
@ENouelV

jueves, 5 de julio de 2012

EL QUILOMBO MERCOSURIANO Y VENEZUELA


Los acontecimientos recientes en Mercosur nos convocan a la reflexión por los efectos insospechados que pueden tener en nuestro país y en los demás de la región.

                             


¿Cuales razones políticas de peso esgrimió la presidente Dilma Rouseff en relación con el ingreso forzado de Venezuela, para que se saltaran a la torera consideraciones fundamentales de naturaleza jurídica sus pares Mujica y Kirchner?
¿Qué grave asunto planteó la Rouseff en reunión privada a los dos presidentes que haya ameritado la exclusión de cancilleres y asesores "molestos" a la hora de la decisión?
¿De qué no debían enterarse éstos?
Algún día lo sabremos a ciencia cierta. Por lo pronto sólo nos queda, de un lado, dar rienda suelta a las conjeturas, y de otro, constatar el daño que se le ha hecho a la institucionalidad y a la imagen exterior de esa organización, que ya venía desde hace tiempo proyectando un perfil decadente, incluso para observadores al interior de ese bloque.
Pero no es sólo eso. Este quilombo mercosuriano amenaza con afectar a otros actores.
UNASUR, CELAC y OEA tendrán que tocar el tema en algún momento.
A menos que le apliquen una sordina regional, las evidencias de la intromisión del gobierno chavista en los asuntos internos de Paraguay, conducta reiterada y documentada también en otros países, no son de poca monta.
Las testimoniales de los altos jefes militares paraguayos de que fueron presionados a  sublevarse ante la inminente expulsión del poder del señor Fernando Lugo mediante un impeachment constitucional, han sido concluyentes.
El inicio de una investigación de aquellos hechos por la fiscalía paraguaya, el retiro del embajador en Venezuela, la declaración de persona non grata del embajador venezolano, la averiguación en el parlamento uruguayo sobre la visita de 200 militares venezolanos sin autorización, el anuncio de acudir a instancias judiciales para dirimir el caso de la suspensión de Paraguay en Mercosur, molestias de Rouseff con Itamaraty y el ingreso de Venezuela a este bloque, constituyen hechos que hacen escalar las tensiones político-diplomáticas en la región.
Si a esto sumamos las declaraciones del canciller y el Vicepresidente de Uruguay, personalidades, cámaras empresariales y políticos (Parlasur) de todos los países de Mercosur, rechazando la forma cómo se hizo entrar a Venezuela a ese bloque comercial, es de esperar días muy movidos en el vecindario.
Desde Venezuela, todo este embrollo, principalmente, el ingreso a Mercosur aun no consumado, se vive con una incertidumbre llena de interrogantes por parte de los sectores económicos que se verán envueltos en esa competencia comercial más intensa que la actual, cosa que poco interesa al gobierno nacional.
Definitivamente, nuestro aparato productivo a la hora presente no tiene las fortalezas necesarias para afrontar tales retos. El entorno nacional que podía ayudar en esa tarea es adverso. Las nefastas políticas económicas gubernamentales han disminuido las capacidades instaladas y le han restado competitividad a nuestras empresas.  Se impone, sin duda, la necesidad de un tiempo que permita la recuperación y una amplia consulta a la sociedad.
Un nuevo gobierno, con políticas de estímulo a las inversiones, eliminación de controles perversos y que impulse modificaciones legales imprescindibles, podría crear un clima propicio para hacer cara a las exigencias de nuestra inserción internacional. Habrá que pensar en la definición de nuestras relaciones económicas y comerciales hacia el futuro, y esperamos que los países socios comprendan las circunstancias y nos acompañen en el esfuerzo, todo, por supuesto, en el entendido de que vemos como crucial para nuestro desarrollo la interdependencia global.
Obviamente, estos deseos debemos enmarcarlos en un espacio hemisférico agitado por las tensiones diplomáticas señaladas.
Brasil, bajo el gobierno Rouseff, reitera su aspiración de liderazgo y hegemonía. En estos momentos está claro que busca poner a Suramérica a su cola, propósito consistente con viejos anhelos. No le conviene que el proyecto Mercosur naufrague, sobre todo, cuando ve que surgen nuevos esquemas como el de la Alianza del Pacífico. Dentro de sus planes está repotenciar la idea de un poder suramericano mediante la incorporación de todos los países de la región. Eso requerirá modificaciones sustantivas del régimen establecido.
Sin embargo, si lo político-ideológico, como parece ser, es lo crucial en ese objetivo, el proyecto no tendrá largo aliento. Si la integración que persigue Brasil se sustenta sólo en la amistad de presidentes circunstanciales y no en instituciones fuertes y duraderas, no le veo futuro.  
Según Pepe Mujica, presidente de Uruguay, razones políticas muy poderosas esgrimidas por la señora Rouseff lo hicieron decidirse por que Venezuela se incorporara a Mercosur desdeñando la normativa jurídica obligante. No obstante, a mi juicio, lleva razón su vicepresidente, Astori, cuando dice que esa decisión es “una herida grave al corazón del Tratado de Asunción” y que “Ojalá se pueda hacer algo para revertirlo”.   
Por otro lado, también es certero el  ex canciller brasileño Luiz F.  Lampreia, firmante del Protocolo de Ushuaia, al señalar que "El Mercosur es hoy un mecanismo político orientado solo por razones ideológicas", que "desde hace mucho tiempo está dañado como espacio comercial".
Ya lo dijimos en otra oportunidad. No todo es oro lo que en Mercosur brilla. Aunque son de esperarse como naturales los desencuentros en todo proceso de este tipo, las reiteradas controversias por los mismos temas, las crónicas quejas de los pequeños y los lamentos por la precariedad institucional presentes en este régimen comercial, no parecen aminorar sino aumentar con el tiempo. Estas divergencias crecientes que deterioran las relaciones internas, amenazan con neutralizar o suprimir los logros obtenidos. Y los retrocesos respecto de los compromisos jurídicos de integración de las 4 economías que fundaron Mercosur, son cada vez más frecuentes. Reinstalar las barreras comerciales eliminadas, subir aranceles consolidados, imponer de nuevo licencias de importación, cupos o establecer nuevas trabas, representan acciones de retorno de cara a los logros de liberación comercial alcanzados en fases anteriores. Eso no tiene otro nombre sino proteccionismo redivivo puro y duro. Esto es lo que está haciendo hoy, con desparpajo, Argentina.
Es por eso que hace un tiempo un observador europeo decía sobre Mercosur: Ilusión óptica, pura vocinglería, nula eficacia”. 
Es allí en ese espacio económico preñado de contradicciones, incumplimientos de compromisos y desencuentros políticos, en donde Chávez nos quiere meter, por cierto, para incordiar como lo hace dentro de Venezuela.


EMILIO NOUEL V.

@ENouelV