10 AÑOS DE ALBA  O DE COMO CHULEAR A VENEZUELA 

                                   

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA) cumple 10 años el 14 de Diciembre próximo. Fue creada en La Habana por el tirano Fidel Castro y Chávez mediante convenio.

Todos sus miembros tienen suficientes razones para celebrar en esa fecha, excepto Venezuela.

La idea original fue del venezolano. Una “revelación” que tuvo en Margarita una madrugada, como él mismo lo confesó en una reunión que ese día tuvo con los países del Caribe.

La ALBA no es más que un tinglado clientelar cuyo propósito ha sido hacerse con un área de influencia geopolítica incorporando a gobiernos afines ideológicamente, pero echando mano de parte importante de fondos provenientes del petróleo venezolano para repartirlos entre aquellos, y así asegurar apoyos internacionales. Es parte de la llamada petrodiplomacia, una iniciativa que en definitiva ha contribuido a empobrecer a Venezuela, lo demás es retórica para público de galería. Nada aporta a los intereses de nuestro país. Es una sangría de recursos sin compensación alguna.

Desde un principio se pretendió presentar el proyecto como integracionista, de lo cual nada tiene, no crea mecanismos concretos para ello. Son meros acuerdos bilaterales de sus miembros con Venezuela. Más allá de crear un banco entelequia que aprovecharían algunos, menos los venezolanos, y empresas llamadas “grannacionales”, las cuales brillan por su ausencia, no hay nada sustantivo.

Basta revisar las cifras de intercambio comercial para medir sus efectos: gran  negocio para los beneficiarios e inexistente provecho para Venezuela.

Como se sabe, en materia petrolera, PetroCaribe se inscribe en la ALBA. Allí, Venezuela, país que paga el convite, entrega el crudo a todos los países que se apuntan al festín a precio de ganga y les financia el 50% de la factura a 25 años, un regalo. Por este concepto, y siendo muy conservadores, nos deben, según algunos, alrededor de 18.000 millones de dólares, cifra que hoy estamos necesitando desesperadamente; de allí que el gobierno esté rematando esas facturas en el mercado financiero al precio de gallina flaca.

Si nos vamos al sector no petrolero del comercio, el panorama no es menos desfavorable para Venezuela.

Tomemos los cuatro países más grandes de ALBA. En 2005, año siguiente a la constitución de ese grupo, Cuba nos vendió bienes por el orden de 52.9 millones de dólares, mientras que en 2013 alcanzó la suma de 352 millones. Bolivia exportó a Venezuela en aquel año, 210 millones de dólares, y en 2013, 351 millones. Ecuador nos vendió en 2005, 155.8 millones de dólares, y en 2013, 936.6 millones. Por su parte, Nicaragua no nos vendió nada en 2005, en cambio en 2013, exportó productos  a Venezuela por 250 millones de dólares.

Si examinamos las exportaciones venezolanas a esos países, nos encontramos con que en 2005, a Bolivia exportamos 5.7 millones de dólares, y en 2013, sólo 280 mil dólares.  En el caso de Cuba, en aquel año le vendimos bienes por un monto de 95.9 millones de dólares; mientras que en 2013, exportamos a ese país 6.7 millones. Por su parte, a Ecuador exportamos en 2005, 301.7 millones de dólares, y en 2013 apenas 13.5 millones. A Nicaragua vendimos en 2005, 5.7 millones, y en 2013 sólo 55.000 dólares.

Estos son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas, organismo del Estado.

                            Exportaciones de 4 países de ALBA a Venezuela

                                                    (en millones de dólares)

País/año	2005	2013
Bolivia	52.9	352
Cuba	210	351
Ecuador	155.8	936.6
Nicaragua	0	250
Total	417 .7	1.889.6

                                            (Fuente: INE de Venezuela)

                                    Exportaciones de Venezuela a 4 países de ALBA

                                                      (en millones de dólares)

País/año	2005	2013
Bolivia	5.7	0.28
Cuba	95.9	6.7
Ecuador	301.7	13.5
Nicaragua	5.7	0.05
Total	408.0	20.53

                                                    (Fuente: INE de Venezuela)

En números redondos: en 2005 vendimos alrededor de 408 millones a esos países de ALBA y 9 años después, sólo 20.5 millones de dólares.

Pregunto al lector si después de ver tales cifras se puede decir que nuestro país ha obtenido algún beneficio.

Es, sin duda, el peor trato que haya hecho Venezuela en su historia y constituye una afrenta hacia los que en nuestro país están necesitados de vivienda, salud, educación, medicinas, alimentos y seguridad.

Para rematar, resulta una ironía y es hasta risible, que el gobierno destructor de Venezuela, en materia económica, haga todo lo contrario de los países que reciben sus dádivas a través de ALBA. 
La ALBA es una enorme estafa de la que los venezolanos deberían estar conscientes.

EMILIO NOUEL V.

@ENouelV

emilio.nouel@gmail.com

¿EXISTE REALMENTE UN NACIONALISMO LATINOAMERICANO? ¿ES SÓLO WISHFUL THINKING? 
              


                                  



"La resurrección de los muertos servía, pues, para glorificar las nuevas luchas"

                                                                                      CARLOS MARX

"Una nación es un grupo de personas unidas por un error común acerca
de sus antepasados y un disgusto común por sus vecinos"
                               
                                                                                      E.B. WHITE

"América Latina no existe...Somos europeos en el destierro"

                                                                                    JORGE LUIS BORGES

La idea nacionalista en América Latina está muy ligada al tema de la integración. No pocos hombres públicos impulsaron desde el siglo XIX el sueño de una suerte de nacionalismo latinoamericano, fundamentado en una supuesta identidad común entre las que fueron colonias de España y Portugal. 

En el altar sagrado de los mitos de América Latina, el nacionalismo de la llamada Patria Grande tiene lugar privilegiado.

En general, el nacionalismo, como idea o visión, ha sido una noción muy controvertida, y como objeto de estudio, para algunos historiadores, es un tema espinoso. Si mal no recuerdo, Hanna Arendt al referirse a él lo llamó nacional-tribalismo.

El profesor norteamericano Benedict Anderson ha señalado que nación, nacionalidad y nacionalismo son términos difíciles de definir y analizar. Es amplia la polémica sobre este asunto, frente al cual hay enfoques encontrados.

No pocos lo señalan como “paso retrógrado en la historia” (Lord Acton), causa de guerras (Renan) y potencialmente imperialista (Northedge).

No obstante, como conjunto de ideas ha sido un fuerte estímulo para líderes políticos y sociales, y ha incidido sensiblemente en el devenir de muchos países.  

En tanto que fuente de inspiración, ha servido para fines sociales plausibles, pero también ha conducido a situaciones políticas aberrantes.

Se ha afirmado que es un sentimiento de cohesión e identidad que se va configurando de forma progresiva en el marco de un país o de un territorio determinado. Juan Pablo Fusi agrega que es un “principio último de la legitimidad del orden político”.

El nacionalismo se entiende en dos sentidos. Habría uno, afirmativo, progresista, universalista y abierto a la cooperación entre las naciones, y otro, negativo, xenófobo, ligado a ideas racistas, étnicas, culturales y militaristas.

El nacionalismo aparece en Europa en la segunda mitad del siglo XIX, al calor de los procesos de construcción de los estados modernos. El francés Maurice Barrés dirá en 1894: “el nacionalismo es la ley de los pueblos modernos”.

En América, en su conjunto, podríamos decir que sin llamarse como tal, existió tempranamente un sentimiento nacionalista difuso pero intenso que compartían los criollos de los distintos territorios coloniales que estaban bajo el dominio inglés, español y portugués. Expresiones como “americanidad”, “el nuevo mundo es nuestra patria”, “la causa de América”, “Nuestra América”, “América para los americanos”, entre otras, denotan ese indefinido sentimiento “nacional”, ampliado a todo un continente, sobre todo, en una clase política e intelectual que lideró la lucha independentista cada una con sus especificidades anglosajonas e iberoamericanas. Brasil, un caso particular que guarda relación con el desarrollo especial que tuvo con su metrópoli, Portugal, cuyos monarcas se vieron obligados a establecerse en nuestro continente, huyendo de la invasión napoleónica.     

En nuestro hemisferio, el nacionalismo ha devenido en ideología y sufrió la influencia del europeo, el cual devino con el tiempo en uno más asociado a valores tradicionales, históricos o militares.

Fusi señala que el nacionalismo, en su desarrollo histórico europeo, hizo de los elementos de diferenciación cultural –lengua, etnia y religión- la base de la identidad nacional. Para este autor, el nacionalismo asumió “formas agresivas e intolerantes, identificándose con ideas de grandeza nacional, expansionismo militar y superioridad racial, populistas y antiliberales”. Así, el nacionalismo-sentimiento inicial se volvió luego una ideología, una teoría, una doctrina en las que se fundamentaba la acción política y la acción del Estado. Más tarde, aparecerá un nacionalismo autoritario y antidemocrático, caldo de cultivo de los movimientos nazifascistas que tuvieron su eco en tierras suramericanas. El peronismo y el estado novo de Getulio Vargas son ejemplos de ello, entre otros.

Anderson señala que una nación es una “comunidad política imaginada, inherentemente limitada y soberana”, en la que sus habitantes tienen en la mente una “imagen de su comunión” y “la nación se concibe como un compañerismo profundo, horizontal”.

¿Son los países latinoamericanos un conjunto social cohesionado en torno a elementos étnicos, culturales y políticos comunes, que los diferencian sustancialmente de sus raíces múltiples europeas, indígenas y africanas? ¿Tenemos los latinoamericanos una identidad particular, individualizada, que nos distancia del resto del género humano o es solo una aspiración que pensadores y políticos han alimentado desde nuestra independencia política? ¿El mestizaje cultural de Latinoamérica nos autoriza para hablar de un conjunto humano diferente, específico, de una civilización nueva y distinta que se habría configurado durante los últimos 5 siglos? ¿Puede hablarse con propiedad de Latinoamérica como una nación en formación? ¿O es solo un sueño sin sustento real  o existe una base real para proclamar un nacionalismo latinoamericano que reúna a todos los países ubicados entre el Rio Grande y la Patagonia?  

¿Puede hablarse de “una representación de nosotros mismos” los latinoamericanos, de una cosmovisión compartida?

El tema, sin duda, es polémico. Hay respuestas divergentes a esas interrogantes. 

A mi juicio, lo que queda claro es que hay varias latinoaméricas diferenciadas, a pesar de los elementos comunes y de los intentos fallidos de unidad de ellas durante más de dos siglos.

Luego de océanos retóricos, de proyectos fracasados o inconclusos, de refundaciones o relanzamientos, hoy por hoy no estamos frente a una nación individualizada que conformarían todos los países iberoamericanos, ni de cara a hechos concretos, más allá de los tratados, de que aquella pueda crearse, sobre todo en un planeta cada vez más integrado, fluido y poroso en todos los sentidos (económico, cultural, tecnológico).

Si alguna vez fue posible una nación latinoamericana integrada, una federación política de cara al mundo, en la actualidad es ya una quimera.

EMILIO NOUEL V.

@ENouelV

emilio.nouel@gmail.com

EL SOFISMA ENTRE LEGITIMIDAD Y LEGALIDAD


Carlos Fernandez Liesa

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, apelaba en presencia del fiscal jefe de Cataluña, José María Romero de Tejada, en la entrega de los Premios del Día de la Justicia, a “no confrontar la legitimidad democrática y la legalidad del Estado de derecho, porque eso supone llevar las cosas al límite”. La tesis que viene a mantener el señor Mas es que el presidente del Gobierno español se habría venido aferrando a la legalidad española, mientras que él sería el portador de la legitimidad democrática. Esta manera de ver las cosas constituye un sofisma, es decir, un argumento en defensa de una tesis que, sin embargo, es falsa.

Desde la perspectiva de la legalidad recordemos que según el derecho internacional el pueblo catalán no está incluido dentro de aquellos que son titulares del derecho de libre determinación. Tampoco el derecho internacional, en ningún instrumento jurídico o político, reconoce el derecho a decidir, que es un sinónimo adulterado del anterior. Allí está el precedente de las islas Åland, de los años veinte. La referencia al derecho a decidir puede ser una invocación a la democracia, que enlaza con la legitimidad democrática como mejor modelo, pero no resuelve la cuestión de cuál es el cuerpo electoral, que en nuestro sistema constitucional es la nación soberana, que es la española.

En los modelos antiguos de la Edad Media no se distinguía entre legalidad y legitimidad, pues en la teoría descendente del poder la jerarquía legal era legítima (Carl Schmitt). Esta equiparación entre legalidad y legitimidad también se ha dado en modelos modernos. Es verdad que en la modernidad se construye una nueva legitimidad, al sustituirse, como indica Habermas, el derecho sacro de origen divino por el derecho natural racional, en una nueva ética profana desligada de la religión. Pero cuando llegan con fuerza en el XIX y XX el positivismo y el normativismo, la legitimidad se vuelve a convertir en la creencia en la legalidad, que en mi opinión son nociones distintas.

Max Weber, referente de análisis de los modelos de legitimidad (religiosa, carismática, racional legal, este último es el modelo democrático), identifica legitimidad y legalidad, en una posición algo insuficiente. Por ello Habermas —o Rawls— han considerado que la dominación política no puede tener su legitimidad al margen de una teoría procedimental de la justicia. Un modelo, aunque sea democrático, necesita ser legítimo en el sentido de que se respeten no solo las reglas jurídicas sino también los procedimientos de cambio y que, además, sea permeable a valores y principios morales, o si se quiere de ética pública. Todos estos criterios, tanto los weberianos como estos últimos, se encuentran en la Constitución de 1978; nuestra Carta Magna aúna no solo la legalidad sino también la legitimidad.

En el debate legalidad-legitimidad todos tendrían que respetar el fair play, las reglas del juego limpio, la lealtad a lo pactado, además del clásico pacta sunt servanda. El núcleo duro del consenso constitucional no es solo legalidad sino también legitimidad, cuya transformación requiere respetar el procedimiento de cambio de las reglas y, por tanto, seguir la vía de los artículos 166 o 167 de la Constitución. Son las reglas constitucionales las que, al organizar el poder, permiten que Artur Mas sea molt honorable, por lo que debería ser leal con la legalidad y la legitimidad que son la fuente de su poder. Es legítimo que pretenda cambiarlas, pero no lo es que se las salte para ello. Mas ha perdido, hace tiempo, la legitimidad de ejercicio. Decía Kelsen, en su Teoría general del Derecho y el Estado, que legalidad y legitimidad son la misma cosa, salvo en caso de golpes de Estado. El señor Mas ha indicado que la no aceptación por el Tribunal Constitucional del estatuto catalán supuso la ruptura del consenso constitucional. Este argumento no se sostiene, pues es el órgano que ejerce el control de constitucionalidad.

Esto requiere altura de miras de todos y una renovación del consenso constitucional que permita su desarrollo o su reforma. No puede hacerse con titulares de periódicos sino encontrando fórmulas que permitan o una mutación constitucional, en el sentido de Jellinek, o una reforma constitucional, ambas desde el fortalecimiento del consenso. Finalmente habría que poner en valor que la Constitución de 1978 ha permitido lo mejor de nuestra historia y que el “derecho alternativo” que se nos ofrece es una quimera, como dijera su majestad el rey Juan Carlos, que se plantea al margen de la Unión Europea, del euro, de las organizaciones internacionales, de los lazos humanos que a todos nos unen y de la historia común.Junto a la legalidad y a la legitimidad no hay que olvidar el principio de efectividad que exige que el Estado de derecho no se doblegue ante los embates separatistas. Hay que defender el Estado, y el Estado de derecho, que en el caso de España no solo es lo legal sino también lo legítimo, lo que también es aplicable en Cataluña. Y también requiere esto una inteligencia emocional en el tratamiento de la cuestión, y de la riqueza de España, que tiene como una de sus señas de identidad la diversidad lingüística y cultural. Esa unidad en la diversidad, que es nuestra señala de identidad, requiere una gestión política que es muy compleja. Por ello, tanto el PP como el PSOE, o el resto de los partidos que no quieren hundir el sistema democrático actual, deben no solo defender la legalidad y la legitimidad de la Constitución, sino también intentar que siga siendo un pacto fuerte para el futuro, con la flexibilidad que se requiere para gestionar sociedades diversas.

Carlos R. Fernández Liesa es catedrático de Derecho internacional de la Universidad Carlos III de Madrid

FMI insta a América Latina a “rejuvenecer” su integración económica

El Fondo Monetario Internacional (FMI) llamó este viernes a los países de América Latina a “rejuvenecer” sus múltiples mecanismos de integración económica, dado que sus beneficios agregados no están “claros”.

Al exponer en la conferencia “Desafíos para asegurar el crecimiento y una prosperidad compartida en América Latina”, la directora del FMI, Christine Lagarde, dijo que los múltiples mecanismos de integración que tiene hoy la región se asemejan a un gran plato de espaguetis.

“La integración comercial regional debe ser rejuvenecida”, afirmó Lagarde, aludiendo a mecanismos de integración como el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), reseña AFP.

“Sus beneficios agregados no están claros”, agregó la economista francesa, agregando que en la región se debería “reevaluar el enfoque actual para el comercio y crear nuevas formas de integración”.

Lagarde también dijo que la relación del FMI y América Latina ha cambiado, pasando de ser un organismo “de respuesta (a las) crisis” a uno que entrega asistencia técnica a los países para evitar la emergencia de nuevas crisis.

“Es por ello que estamos aquí esta semana: para entablar un diálogo, aprender de ustedes, y aumentar nuestra comprensión de sus economías y de las preocupaciones y aspiraciones de su gente”, dijo Lagarde.

La conferencia que abrió Lagarde reúne por dos días en Santiago a ministros, expertos y autoridades económicas de América Latina.

-Delincuencia y falta de infraestructura-

Los altos niveles de delincuencia y la falta de infraestructura atentan también contra el desarrollo de América Latina, advirtió Lagarde.

Latinoamérica es una de las regiones más violentas del planeta. De acuerdo a datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), más de un millón de personas murieron como consecuencia de la violencia criminal en la última década.

“El costo humano es enorme, pero el crimen también perjudica el desarrollo económico y corroe las instituciones democráticas”, advirtió la directora del FMI.

Por otro lado, la falta de infraestructura es también un problema urgente en la región, donde los altos costos del transporte de mercancías obstaculizan la integración.

“Muchos países necesitan mejorar significativamente sus redes de infraestructura”, dijo Lagarde, llamando a incrementar sus inversiones en este rubro, junto con una mayor colaboración para permitir más dinamismo del comercio.

América Latina enfrenta este año la perspectiva de un menor crecimiento económico, el más bajo en cinco años, con una expansión esperada de apenas un 1,1% y una tibia recuperación en 2015, como consecuencia de una caída de las inversiones y el fin del ciclo de altos precios de las materias primas.

LAS CARAS DE LA POLÍTICA Y VENEZUELA

Aquí en Venezuela como en cualquier rincón del mundo, hemos visto como la mentira, la hipocresía y la manipulación son monedas de curso “legal” en la política, aunque ésta no es sólo eso, tiene también una cara virtuosa. 

En este campo, ciertamente, el “todo se vale” se ha vuelto el emblema. Izquierdas, derechas y centros, a menudo, actúan igual, nadie se salva de conductas malsanas y desviaciones morales. Somos seres humanos, por tanto, imperfectos; para los gestos más sublimes o las peores bajezas estamos hechos.

Ególatras o humildes, vanidosos o modestos, soberbios o generosos, ambiciosos o sacrificados, megalómanos o sencillos, mitómanos o racionales, sensatos o descabellados, consistentes o contradictorios, carismáticos o sosos, directos o guabinosos, intelectuales o incultos, competentes o ineptos, estudiosos o perezosos, especialistas o toderos, eficaces o inútiles, sabihondos o ignorantes, picos de plata o parcos, eruditos o iletrados, improvisados o experimentados, delincuentes u honestos, arribistas o moderados, cuerdos o sociópatas, veraces o embusteros, cínicos o  decentes, inteligentes o brutos, torpes o finos, de todo hay en la viña política del señor.   

Allí, sin duda, están presentes la zancadilla, la artimaña, la trampa, el engaño, la envidia, la confabulación y la intriga, aunque no es solo eso.

Ese oficio o vocación tiene también su lado noble y positivo. Es entrega al bien colectivo, es lucha por la libertad, la democracia, la justicia y la paz. Es perseguir junto a otros la prosperidad para el mayor número de conciudadanos. Es, igualmente,  la búsqueda de la eficacia en la solución de los asuntos que conciernen a la polis, incluso más allá de las llamadas fronteras patrias. Allí, hay solidaridad, compañerismo, humanidad, sensatez, generosidad, honor, brillo intelectual, utopías, imaginación, entrega, coraje, bondad y grandeza.

Entre ambos extremos de la política, y a pesar de los pesares, el ser humano en su vida en sociedad ha ido avanzando, retrocediendo y volviendo a avanzar.

Es por ello que los contrapesos han sido cruciales en toda dinámica política. Ésa es precisamente la función de la separación de los poderes públicos de la que nos habló Montesquieu, de las instituciones que se controlan mutuamente,  de la existencia de los partidos políticos competidores, del toma y daca de gobierno y oposición, de las opiniones contradictorias y divergentes en todo debate democrático, de los variopintos medios que canalizan los distintos pareceres en libertad.

Esa es la política, con sus luces, tinieblas y claroscuros. Y en ella la escogencia, como diría el maestro Aron, no es entre lo bueno y lo malo, sino entre lo preferible y lo detestable.

Es en ese entorno que tiene sus posibilidades de desarrollo y profundización la imperfecta democracia, con su congénita fragilidad y su siempre insatisfactoria performance.

Sabemos que nunca se estará conforme con ella, con sus métodos para alcanzar los consensos y los acuerdos, con las negociaciones engorrosas y tediosas que deben hacerse entre las fuerzas en pugna y los intereses envueltos. Siempre habrá quien la critique, cuestione o combata, principalmente, los impacientes, maniqueos, intolerantes y binarios; los que no se sienten cómodos con los debates a veces interminables, fastidiosos e inciertos, pero siempre necesarios. Son los que buscan imponer su opinión sin mayores deliberaciones y contrastes de razonamientos, los que no admiten más que la unanimidad en torno a ellos, en fin, los autoritarios, los que prefieren la rapidez con que los tiranos toman las decisiones, y menosprecian la lentitud de las discusiones democráticas. Los que exaltan al cuatriboleado y su arrojo, y desprecian al  sosegado, reflexivo y racional.

El universo de la política y de los partidos es así de complejo, dudoso, fortuito, impreciso. Pocos la entienden o están conscientes de que es así. Por eso la repudian hasta con asco, aunque muchos de los que reaccionan de esa manera frente a la política, en sus vidas personales o en sus oficios, actúan de igual o peor  manera que los políticos que critican.

Hay políticos y políticos, de lo cual no tiene culpa la Política, escrita, así, con mayúscula.

La libertad y la democracia en Venezuela están en niveles muy bajos. Aun hay espacios -cada día más estrechos- en donde podemos manifestarnos libremente y hacer política. Pero seguimos agobiados por un gobierno cuya enseña es la mentira, la más burda. No tiene honor ni vergüenza. Su cinismo es ilimitado. Ése es su estilo de hacer “política”.

En el día a día vemos su talante despótico, arbitrario y un irrespeto por las formas civilizadas. Su conducta natural es la persecución feroz contra políticos de oposición, a quienes fragua delitos y encarcela, utilizando una administración de justicia que da vergüenza y repugna.

Ésta es la clase de política antidemocrática que saben hacer los desalmados que mandan en nuestro país.  

A los demócratas no queda otra salida que combatir esa barbarie y devolver al país sus espacios de libertad y democracia, en donde la política que se practique sea civilizada, dialogante y respetuosa de los derechos fundamentales.

EMILIO NOUEL V.

@ENouelV     

EL SINDROME DE TARTUFO DE FRANCOIS HOLLANDE



BRIGITTE GRANVILLE / HANS-OLAF HENKEL

PROJECT SYNDICATE

LONDRES – En su comedia clásica Tartufo o el Impostor, Molière muestra que  permitir que sea el orgullo, en lugar de la razón, el que dicte nuestras acciones acaba sin falta mal. El Presidente de Francia, François Hollande, parece tener un caso avanzado de la enfermedad de Tartufo, al formular repetidas veces promesas políticas que no puede cumplir, en parte por factores que están fuera de su control –a saber, la Unión Monetaria Europa (UME) –, pero sobre todo porque carece de determinación.

Para Francia, las consecuencias de los fracasos de Hollande serán mucho más dramáticas que su caída política. De hecho, el país podría afrontar una catástrofe, pues las acciones de Hollande podrían enfangar la economía en un estancamiento sostenido e incitar a un público francés cada vez más irritado a elegir como sucesora suya a Marine Le Pen, del Frente Nacional de extrema derecha.

Las políticas económicas de Francia son insostenibles, lo que quiere decir que sus principales factores determinantes, la UME y el planteamiento de Hollande, deben cambiar radicalmente. Hasta ahora no parece estar sucediendo así.

En fecha anterior de este mes, una encuesta de opinión mostró que el porcentaje de aprobación de Hollande había caído hasta el 12 por ciento –el peor resultado de un Presidente de Francia en la historia de las encuestas modernas– desde un –ya pésimo–  27 por ciento de tan sólo un mes antes. El mismo día, Hollande ofreció una larga entrevista televisada en la que combinó reconocimientos del fracaso con nuevas promesas.

Pensemos en el desempleo, que en septiembre ascendía al 10,5 por ciento, frente a sólo el cinco por ciento en Alemania. En la entrevista, Hollande reconoció que, pese a su promesa, la corrección de la tendencia negativa del empleo “no se ha dado” este año. (No dijo que el año pasado se había fijado el mismo objetivo.)

El problema del desempleo en Francia es consecuencia de unas monstruosas reglamentaciones laborales (el Código del Trabajo consta de 3.648 páginas) y, por encima de todo, de una carga fiscal asfixiante impuesta al trabajo. La principal promesa nueva de Hollande –la de no imponer nuevos tributos, a partir del próximo año– podría haber sido un reconocimiento implícito de ello.

Entretanto, habrá, sin embargo, un aumento de los arbitrios aplicados al diésel y se aplicará un recargo del 20 por ciento en el impuesto de bienes inmuebles para las segundas residencias desocupadas de las zonas densamente pobladas. Como es probable que al final de este año se aprueben esas subidas de impuestos, serían las últimas, siempre y cuando Hollande cumpla su promesa.

Dada la ejecutoria de Hollande –la presión fiscal ha aumentado en 40.000 millones de euros (50.000 millones de dólares) en los dos últimos años–, no parece probable  que lo haga. De hecho, los propios funcionarios de Hollande ya están dando marcha atrás y el ministro de Presupuestos, Christian Eckert, ha declarado que no se podían descartar más subidas de impuestos: “No se puede considerar inalterable una situación que depende de un marco internacional que no controlamos”.

Naturalmente, ese “marco internacional” es la UME, que pone considerables limitaciones externas a la política francesa. Aun sin dichas limitaciones, la prudencia aconseja a las autoridades fiscales no descartar ninguna opción.

En cualquiera de los dos casos, los creadores del euro se equivocaron al esperar que la moneda común promovería la convergencia económica y política entre sus miembros. Al excluir la posibilidad de ajustar el tipo de cambio para abordar las diferencia de competitividad, el euro ha obligado a los países menos competitivos a aplicar una dolorosa y lenta “devaluación interna” (limitando los salarios reales), lo que ha reducido la demanda y los precios y ha hecho que se ampliaran las disparidades entre los resultados de los países miembros de la zona del euro. Ahora Francia tiene un déficit por cuenta corriente del dos por ciento del PIB, frente un superávit del ocho por ciento del PIB en Alemania.

La norma, reforzada en el “pacto fiscal,” de que los países de la zona del euro son totalmente responsables de sus deudas, por lo que deben adoptar una disciplina presupuestaria estricta, agrava las repercusiones deflacionarias de la devaluación interna. Con una demanda implacablemente constreñida, ni siquiera unos salarios disminuidos pueden contribuir a la creación de empleo suficiente.

La única solución, como afirman muchos partidarios del euro, es una unión política plena, que permitiría las transferencias fiscales desde los países más competitivos de la zona del euro hasta sus homólogos más débiles, pero la Italia meridional, que no ha utilizado las transferencias fiscales del Norte, de las que ha dependido, para transformar su economía o impulsar la productividad, demuestra el poco efecto que ese planteamiento puede tener. La idea de que una unión fiscal de la zona del euro podría tener mejores resultados es una fantasía peligrosa.

Otro planteamiento posible sería el de que las economías fuertes de la zona del euro –y en particular Alemania– apoyaran las reformas estructurales que aumenten la productividad en países menos competitivos como Francia e Italia. Probablemente fuera a eso a lo que la Canciller de Alemania, Angela Merkel, se refería cuando, en los debates en privado de la reunión del Consejo Europeo celebrada el pasado mes de diciembre, dijo, al parecer, que, aunque Alemania “no puede permitirse el lujo de hacer transferencias a toda Europa”, puede “ayudar a pagar las facturas de los médicos”, pero, tarde o temprano, las economías más débiles probablemente renuncien a semejantes reformas y reclamen su soberanía monetaria como medio necesario –aunque en modo alguno suficiente– de evitar un desmoronamiento económico y social.

Entretanto, Hollande seguirá haciendo el papel de Tartufo. La impotencia de los políticos de los partidos mayoritarios franceses, encerrados en la moneda única, para adoptar medidas reales vuelve inútiles sus promesas. A consecuencia de ello, Francia puede esperarse protestas populares, además de un aumento aún mayor del apoyo a partidos más extremosos y, por encima de todos, el Frente Nacional de Le Pen.

Traducido del inglés por Carlos Manzano.

WHY SUMMITS MATTER

Gareth Evans

PROJECT SYNDIDATE

CANBERRA – It is easy to be skeptical about the kind of meetings that US President Barack Obama, Chinese President Xi Jinping, and a small army of other global and regional leaders swept through in China, Myanmar, and Australia this month. Multilateral summitry lends itself to familiar gibes about wildly expensive photo opportunities, set-piece speeches endorsing pre-cooked lowest-common-denominator communiqués, and more time devoted to parading around in silly shirts than to policy substance.

But November’s three summits – the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Beijing, the East Asian Summit in Naypyidaw, and the G-20 meeting in Brisbane – should have the skeptics eating their words. Each contributed substantially to the quality of global governance, as summit diplomacy ideally should, in three distinct ways: formal outcomes, useful byproducts, and positive atmospherics.

In Beijing, the major formal outcome – important after years of over-promising and under-delivering by APEC – was the new momentum generated for the Free Trade Agreement for Asia-Pacific as a complementary mechanism to the US-initiated Trans-Pacific Partnership (TPP). But the biggest news was the summit’s byproducts, especially the announcement by the United States and China of a joint agreement on targets for cutting greenhouse-gas emissions – a breakthrough that will transform the dynamics of the global climate debate.

Another important byproduct was China’s use of the occasion to launch its new regional investment bank and $40 billion Silk Road development fund. And the side meeting between Xi and Japanese Prime Minister Shinzo Abe, designed to defuse mounting tensions over the Senkaku/Diaoyu Islands dispute, contributed significantly to positive atmospherics.

The East Asia Summit, too, was more notable for developments on the sidelines than at the main event, notably Obama’s prodding of both the host government and its iconic opponent Aung San Suu Kyi to fulfill Myanmar’s human-rights obligations, particularly toward the oppressed Rohingya minority. But the summit itself featured useful discussions on a wide range of sensitive economic and security issues, including the South China Sea, and helped consolidate its evolving status as the Asia-Pacific region’s premier policy dialogue forum.

The Brisbane Summit’s signature achievement was to leverage the just-announced US-China emission target into formal G-20 support for “strong and effective action to address climate change.” The G-20’s stance represents a powerful challenge to the rest of the world to reach a global agreement at the United Nations Climate Change Conference in Paris in December 2015. (All of this dismayed Australia’s conservative host government, which had fought to prevent the issue from even being raised; the Australian public, however, was delighted, and promptly knocked down Prime Minister Tony Abbott’s approval rating in post-summit polls for this and other embarrassments.)

Other formal outcomes of the G-20 meeting were agreements – backed by more policy detail than most commentators had expected – to stimulate global growth. In particular, the leaders focused on investment, trade, competition, and efforts to bring more women into the workforce; the fairness of the international tax system; and how to target corruption. They also stated their commitment to fight the Ebola crisis.

Other byproducts of both the Beijing and Brisbane summits were some usefully clear messages to Russian President Vladimir Putin regarding the unacceptability of his Ukraine adventures (though Abbott’s message was more diplomatic than the “shirtfront” entertainment he promised); accelerated bilateral agreements (for example, a long-awaited Australia-China free trade treaty); and a deserved boost for Obama, following his party’s mid-term election drubbing a few days earlier.

All three of November’s meetings show that multilateral summits – at least when well prepared and properly conducted – can and do add value to global and regional governance in a number of ways.

First, such meetings can set the policy agenda on crucial economic and security issues, from which participating leaders will be embarrassed if they backslide – even if, as is often the case, agreement has been wrung out of them by strong peer pressure. Some commentators have dismissed the growth target established in Brisbane – an additional 2.1% over five years – as facile posturing. But achieving growth is largely a matter of having the political will to make the right social and economic policy choices – precisely what the G-20 summit was designed to mobilize.

Second, summits can be an antidote to inertia. The pressure of looming deadlines, with the need to produce “deliverables” both for the formal meeting itself and the usual surrounding buzz of bilateral engagements, often force agreement on important but contentious issues that would otherwise remain indefinitely unresolved.

Finally, multilateral summits can achieve things that meetings of lesser political mortals cannot. Leaders bring a broader perspective than any portfolio ministers can, and they usually have much more authority to make decisions and commit resources on the spot.

Last, but by no means least, summits build mutual trust and confidence among their participants, particularly if they are repeated at regular intervals and include ample time for one-on-one and small-group exchanges. There are pathological exceptions to every rule, and sometimes familiarity does indeed breed contempt. But personal relationships are the lubricant on which both domestic and international policymaking depend, and multilateral summitry of the kind we have just witnessed is the most cost-effective way to develop and sustain them.

There is plenty in today’s international environment to cheer the skeptics and doomsayers. But maybe, just for once, they should acknowledge that, with the successive APEC, East Asia, and G-20 summits, pessimism has had a bad month.