La Fiscal de la Corte Penal Internacional, la señora Batou Bensouda,
emitio una declaración oficial en la que expresa que desde 2016 ha estado
siguiendo de cerca la situación de Filipinas y Venezuela, como Estados partes
que son del Estatuto de Roma.
En tal sentido, dice Bensouda, que a partir de una revisión “cuidadosa, independiente e imparcial” de
la documentación e informes recibidos sobre crímenes que potencialmente caerían
bajo la Jurisdicción de esa Corte, decidió abrir un “examen preliminar”, que según ella, “no es una investigación”, sino una revisión para determinar si existe
base razonable para iniciar un proceso investigativo de conformidad con la
normativa de esa institución.
Es de destacar que ese examen se hará
sobre denuncias relativas al uso excesivo de la fuerza por fuerzas de seguridad
del Estado, los miles de arrestados y graves abusos y malos tratos de los
detenidos, en “al menos” las
manifestaciones de Abril del año 2017 en Venezuela.
La
Fiscal, finalmente, declara que su oficina se dirigirá a las autoridades
venezolanas para discutir y evaluar lo relativo a investigaciones del nivel
nacional y toda la información presentada sobre el asunto, aclarando que no hay
un tiempo establecido para este examen preliminar.
El que
tal pronunciamiento oficial se haya dado es importante, si lo vemos como factor
político mediático y también de presión, aunque, a mi juicio, no hay que
crearse muchas expectativas al respecto, sobre todo en lo que atañe a los
tiempos de cualquier decisión.
No es un
secreto la irrisoria performance de esa Corte en materia de condenas durante
toda su existencia de casi 20 años; se cuentan con los dedos de una mano y nos
sobran. La evaluación de fondo de los hechos susceptibles de ser sancionados
por ella son muy exigentes. Según algunos,
pareciera que serían necesarias matanzas multitudinarias para que se
aceleren los procedimientos, los que de lo contrario son engorrosos y lentos.
Quede
claro que no quiero decir con las reservas expresadas que las denuncias no
deban hacerse y formalizarse. Amén de la
exigencia moral y jurídica que nos obliga, está la virtud política de ellas en
el combate contra gobernantes tiránicos y perpetradores de crímenes de lesa
humanidad o de guerra, como los que asolan nuestro país.
Solo
deseo que pongamos los pies sobre la tierra, y sepamos lo que puede esperarse
de estos parsimoniosos procedimientos que imponen el analisis exhaustivo de evidencias que requieren ser constrastadas. Ya la señora Bensouda lo advirtió, no
hay plazos para resolver lo que es apenas un paso preliminar. Es decir, aun no
hay ni siquiera un juicio abierto. No hay que hacerse ilusiones con resultados expeditos.
Es un hecho importante el examen preliminar decidido, pero estemos
conscientes de que aún queda mucho camino por recorrer si a la experiencia nos
remitimos.
La lucha
contra la tiranía venezolana, incluso con la valiosa ayuda externa, sigue
dependiendo en lo fundamental, de nosotros, los venezolanos.
EMILIO
NOUEL V.
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