EL “CONSEJO DE LOS DERECHOS
HUMANOS” DE MADURO O DE CÓMO LOS ZAMUROS CUIDARÁN CARNE
Lo lógico, racional y procedente es que un
organismo que va a velar por la vigilancia y respeto de los derechos
humanos (ddhh) en un país o desde una organización internacional, tenga un
carácter independiente y autónomo de cualquier instancia gubernamental que
pudiera mediatizarlo. De no ser así, sería un disparate, sólo concebible por
quienes enarbolan una ideología totalitaria.
Violan los derechos humanos los gobiernos,
concretamente, las personas que están investidas de autoridad para ejercer la
violencia legítima de conformidad con el ordenamiento jurídico de un Estado
determinado, aunque podría incluirse a particulares que cooperen en tales
delitos. Cuando un ciudadano del común comete un crimen contra las personas
(homicidio, lesiones, etc), la sanción para él está contenida en el Código
Penal; en este caso no hay violación de ddhh, es un delito perpetrado por un
particular.
Estaríamos en presencia de una violación
de tales derechos (los derechos contra el
gobierno, como los llama Ronald Dworkin), por ejemplo, cuando un
funcionario público que cumple funciones represivas (policías, militares)
comete delitos conceptuados como de lesa humanidad (asesinatos, persecuciones, detenciones
arbitrarias, torturas, violaciones, desaparición forzada, entre otros) en
ejercicio de su cargo.
Es por tal razón, que en un régimen
genuinamente democrático los entes del Estado que persigan y sancionen tales
crímenes deban gozar de independencia absoluta. Es el principio de la división
de los poderes en acción. Fiscales, jueces o cualquier otro órgano contralor no
pueden estar sometidos al poder ejecutivo de un país, ellos tienen el encargo
de vigilar la actuación de éste. Sería un contrasentido, un absurdo
inaceptable, que desnaturalizaría el principio de la vigencia plena de aquellos
derechos.
Pero, obviamente, eso sería en un entorno
en que la democracia existe, no en un país como la actual Venezuela.
La última aberración del gobierno militar,
si es que ya no teníamos suficientes, es la creación de un Consejo Nacional de
Derechos Humanos. Lo pudimos leer en Gaceta Oficial (No. 40.386 de fecha
3 de Abril de 2014). Este ente rendirá cuentas y recibirá instrucciones del
Presidente de la República.
Obviamente, el origen de ese decreto es el
escándalo nacional e internacional generado por la brutal y desmedida represión
de los últimos días frente a las protestas. Se quiere lavar la cara el gobierno
ante el mundo, manifestando su “preocupación” por el tema. Pero su cinismo e
hipocresía han quedado al descubierto.
Queda claro que la creación de un ente
como ése, y en los términos del decreto en cuestión, es un exabrupto, cuyo
propósito es propagandístico.
Constituye un absurdo que desde el
gobierno, es decir, desde la posición del sujeto que deberá ser controlado, se
conforme un órgano que, en teoría, impulsará políticas de defensa de los
derechos humanos. Los miembros de ese Consejo, entre otros, serán el
Vicepresidente Ejecutivo, los Ministerios de Relaciones Interiores, Defensa y
Penitenciario, el Tribunal Supremo, Fiscalía General, Defensoría del
Pueblo. ¡Qué locura!
¿Los que deben ser controlados van a
denunciar sus propias violaciones? ¿En qué cabeza cuerda cabe esto?
¿Cómo un órgano que esté en relación de subordinación va a acusar a su superior
de una violación a los derechos humanos? Esto, sin duda, es una farsa, una
burla más del gobierno.
Tal decreto trasluce la visión ideológica
que el gobierno venezolano ha querido imponer, avalada por el Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ) y otras instituciones sumisas a él. Cuando el TSJ
sentencia que la distinción entre el Estado, por un lado, y por otro, la
sociedad civil y los ciudadanos, sería “una construcción ideológica liberal, en
la cual hay reminiscencias censitarias, de desprecio a las clases populares y
de odio al Estado como unidad política que es concebido como una amenaza
latente contra la concepción individualista”, y que sólo existe una “totalidad
social” que es inescindible (Delgado, Arcadio. Reflexiones sobre el
Estado político y el Estado social, www.tsj.gov.ve), podemos explicarnos sin
dificultad el disparate del decreto y su naturaleza totalitaria. Es la misma
ideología que subyace a una aberrante sentencia reciente contra la diputada
María Corina Machado, en la que se dice cínicamente que estarían dando
cumplimiento al “principio de colaboración entre los Poderes” al abogar
“por los fines esenciales del Estado trabajando de manera coordinada”, cuando
es un hecho evidente que la división de los poderes no existe.
En Venezuela, se ha
querido fundir al Estado con una parcialidad política y su visión ideológica y
borrar, así, la separación de los poderes públicos, en abierta contravención de
nuestra Constitución nacional. La denuncia de la Convención Americana de los Derechos Humanos por
el gobierno venezolano ya fue un acto que forma parte de una deriva
antidemocrática sostenida, incongruente con instrumentos internacionales
firmados por Venezuela (Carta Democrática Interamericana, Protocolos de
Ushuaia), que se inscriben en el sistema hemisférico de protección de aquella
Convención.
El referido Consejo no es otra cosa que
poner zamuros a cuidar carne.
EMILIO NOUEL V.
@ENouelV
emilio.nouel@gmail.com
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