CORREA: ¿NUEVO SOCIO DE LAS FARC?

Si hay algo que celebrar de las FARC es lo ordenadas que son a la hora de registrar sus pasos. Quizás sea muy difícil obtener otro ejemplo en el mundo de una organización narcoterrorista que con tanto celo deje constancia documentada de sus decisiones políticas, de los vínculos políticos y financieros que mantiene, de la correspondencia epistolar entre sus mandos y de los movimientos de capitales que realiza.

En los días que corren hemos visto confirmar, sin lugar a dudas, los lazos que unen a esta organización con el irascible e inmaduro presidente de Ecuador.

El lamentablemente célebre Mono Jojoy, alto jefe de las FARC, ha aparecido en un video declarando ante sus subalternos los contactos que han sostenido con Correa y su gobierno, y señala los jugosos aportes en dólares que hicieron a la campaña electoral de aquel.

Ante esta evidencia, el señor Correa ha reaccionado diciendo, primero, que el tal video era un montaje, pero después, ante la claridad y veracidad del mismo, no le quedó otra que admitir la posibilidad de que miembros de su campaña se hayan acordado a sus espaldas con la mencionada organización terrorista.

Obviamente, esto pudiera ser verdad, y no es la primera que ocurre. ¡Cuántas historias no se conocen en política y otros campos en las que ciertos personajes que integran el entorno de hombres públicos o empresarios se arrogan representaciones para obtener beneficios personales o grupales que los presuntos representados desconocen¡

Sin embargo, si hacemos un análisis más amplio del asunto y lo concatenamos con otros hechos ocurridos anteriormente, la hipótesis de que estamos frente a iniciativas que ignoraba el señor Correa francamente se derrumba estrepitosamente.

De todos es conocido el episodio del bombardeo que el gobierno colombiano realizó de un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano y en donde plácida y tranquilamente dormían los narcoterroristas. El hecho tuvo lugar el 1º de marzo de 2008 y allí murió el segundo jefe de ese movimiento, conocido en los bajos fondos como “Raúl Reyes”. En esa oportunidad fueron encontradas varias computadoras con mucha información, cuya veracidad, puesta en duda inmediatamente por los gobiernos de Venezuela y Ecuador, fue certificada luego por la INTERPOL.

Aunque inicialmente el presidente de Ecuador no objetó la acción, pocas horas después la condenó como una violación del territorio, desencadenándose así un encontronazo entre ambos gobiernos, al que absurdamente se sumó el de Venezuela, manifestándose solidario con Correa y enviando tropas a la frontera colombiana.

Días después, en República Dominicana, en la reunión del Grupo de Río, el enfrentamiento fue zanjado, gracias a un prudente manejo del presidente Fernández y otros actores, y al interés de Correa y de Chávez de que no se alborotara más el avispero, aunque se sabía que la información de la computadora seguiría pendiendo como una espada de Damocles que podría ser utilizada eventualmente en el futuro.

Y el futuro llegó. Los desencuentros y roces entre los países latinoamericanos no han cesado, y los lazos pegados con saliva de loro en las reuniones internacionales, se han roto inexorablemente al calor de las realidades.

Y una de esas realidades es que existe un proyecto político-ideológico en marcha cuyo sino es la conflictividad permanente; el sobresalto que significa pretender retroceder en el tiempo, hacia estadios superados de la política y de la economía, con modelos autoritarios contrarios a la vigencia de la democracia representativa, el Estado de Derecho, la división y autonomía de los poderes y la garantía plena de los derechos humanos.

Este proyecto es el causante de lo que hoy sucede en Honduras y de lo seguirá sucediendo en otros países, en especial, Colombia y Ecuador, países-objetivo en el plan desestabilizador hemisférico.

No obstante, hay razones para agradecer a las FARC su cuidado en guardar la información. Llegado el momento, como decíamos más arriba, los computadores de Reyes aparecen de nuevo para esclarecer las relaciones entre Correa, Chávez y los narcoterroristas.

Y cuando menos lo esperábamos, sale a la palestra un periodista colombiano, Juan Manuel Ruiz, Sub-Director Nacional de Noticias de RCN de Colombia, quien ha dedicado varios días a la revisión de 300 páginas correspondientes a los correos electrónicos desde julio de 2005 a febrero de 2008 (http://media.rcn.com.co/plantillas/audio.php?ubicacion=Especial2-julio22.mp3), entre Raúl Reyes, una diputada constituyentista ecuatoriana, María Augusta Calle (alias Alicia) y el ya fallecido Tiro Fijo, contenida en el ordenador del primero. En este intercambio epistolar queda al descubierto que las relaciones entre el comando de campaña electoral de Correa y los señores de las FARC son de vieja data. Por cierto, en estos correos, se habla de una supuesta traición de Lucio Gutiérrez.

Allí se puede corroborar lo de los aportes económicos de las FARC (300.00 USA-dólares) que el Mono Jojoy confirma en el video mencionado, las reuniones efectuadas entre algunos de los que fueron después ministros del gobierno de Correa con el Secretariado de esa organización terrorista (Gustavo Larrea, Ministro de Seguridad, alias “Juan”) y los compromisos que se asumieron (cualquier captura de un miembro de las FARC en Ecuador no será entregado al gobierno colombiano sino a las FARC).

Es de destacar las consultas que hace el gobierno de Correa a las FARC sobre el nombramiento del nuevo Ministro de Defensa, René Vargas. Los narcoterroristas se oponen a esta designación, y en efecto el señor Vargas es nombrado en otro cargo. Se mencionan también una reunión bolivariana en Quito, la participación de Chávez, las felicitaciones de las FARC por el triunfo de Correa, así como la ponderación de las actitudes antiimperialistas de éste y su compromiso con el bloque Chavez-Lula-Kirchner-Castro.

A tal punto llegan estos contactos y compromisos que los expedientes levantados contra los guerrilleros colombianos detenidos en Ecuador, de acuerdo con los correos examinados, son enviados a las FARC.

Pero lo más grave de todo, es el correo del 18 de enero de 2008, en el que Reyes informa a Tiro Fijo sobre la visita que recibió del ministro Larrea en la cual éste lleva un saludo del presidente Correa y plantea varios puntos a las FARC, a saber: la necesidad de oficializar las relaciones, de coordinar actividades sociales en la frontera; la disposición de cambiar autoridades hostiles a las FARC; y la ratificación de no cooperar con el gobierno de Colombia en la lucha contra los guerrilleros. Igualmente, preguntan si las FARC están interesadas en que se les reconozca beligerancia; les informan que van a demandar a Colombia sobre el asunto de las fumigaciones, así como que van a retirar la licencia a la base norteamericana en Manta, lo que hicieron posteriormente.

Este cúmulo de evidencias son concluyentes respecto de las relaciones estrechas entre la narcoguerrilla y “el inconsistente e inexperto” (FARC dixit) Correa. Quien no quiera verlas, es porque está desconectado de la realidad o las apoya.

Momentos muy movidos nos esperan en el hemisferio. Correa está formando parte de una estrategia enloquecida que de no frenarse podrá causar graves perjuicios a nuestros pueblos, principalmente a los más pobres. Confiamos en que la comunidad internacional y hemisférica tome consciencia de ello y actúe.

EMILIO NOUEL V.

DEMÓCRATAS VENEZOLANOS EN MERCOSUR

“Lo más importante es que el

presidente Chávez pasa, pero

el país queda”

Sen. Pedro Simon (PMDB-RS)

Hace dos años exactos que el Presidente de Venezuela lanzaba una de las tantas amenazas que luego no cumple. El ultimátum estaba dirigido a un par de países de MERCOSUR: “Vamos a esperar hasta septiembre. No esperaremos más porque no tienen razón política ni moral los congresos de Brasil y Paraguay para no aprobar nuestro ingreso. Si no lo hacen nos retiraremos…”

En aquella ocasión, con los buenos modales que lo caracterizan, el sultán petrolero en trámite de ingreso a Mercosur, arremete contra éste acusándolo de ser un mecanismo viejo y neoliberal que para Venezuela no es prioridad. De paso, calificó de impertinentes las declaraciones del canciller Amorim, por haber pedido éste que se disculpara con el senado de su país (“son unos papagayos del imperio”), lo que podía favorecer de una aprobación rápida.

Sin embargo, el presidente remató diciendo: "Venezuela no tiene de qué disculparse. Es el Congreso de Brasil que debe disculparse por inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela”. (¿?)

Así las cosas, han pasado ya 3 largos años sin que entre en vigencia el Protocolo de Adhesión por causa de la no aprobación de los parlamentos, gestión propia de los países en que existe una verdadera separación y autonomía de los poderes públicos. En el caso de Brasil, el trámite se ha demorado por las dudas que existen sobre la condición democrática del régimen venezolano.

No obstante, a estas alturas uno ya empieza a preguntarse si la culpa de que no se haya concretado el ingreso no recae, más bien, en el solicitante, y si éste está haciendo todo lo posible para que no lo admitan.

Este servidor ha estado claro en que el ingreso de Venezuela va a ser aprobado tarde o temprano. Y claro también que MERCOSUR está admitiendo en su seno a un gobierno autoritario cuya ideología anti-mercado y colectivista es contraria a los principios políticos y económicos en que se funda ese bloque comercial. No está de más recordar que fue Fernando Henrique Cardoso quien señaló que MERCOSUR es esencialmente hijo de la democracia.

Independientemente de que los sectores democráticos suscribamos la idea de que la integración comercial es necesaria, consideramos un deber recordar qué tipo de gobierno está al frente de nuestro país y los problemas que pudiera ocasionar a los sectores industriales y comerciales de MERCOSUR; esto sin mencionar las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en franca contravención de la Carta Democrática Interamericana, el Protocolo de Ushuaia y los demás tratados sobre la materia.

En los días que corren, la Comisión del Senado brasileño (CRE) que estudia el caso, recibió una delegación venezolana conformada por un grupo de jóvenes líderes democráticos. Leopoldo López, Gustavo Tovar y Carlos Vecchio nos representaron allí, y reafirmaron no sólo su compromiso con la integración sino también con la defensa de los DDHH, al denunciar las múltiples acciones inconstitucionales que en Venezuela han ocurrido en las narices de organismos como la OEA, muy prestos frente a lo sucedido en Honduras, pero abúlicos, ciegos, sordos y mudos de cara a la destrucción progresiva de la democracia venezolana.

A la mencionada Comisión debía concurrir también el Embajador de Venezuela, un general -¡otro más¡- que se limitó a enviar una comunicación de contenido inapropiado e inamistoso, casi un regaño (hostil, diría un senador), que desagradó a los senadores; de allí que fuera devuelta a su destinatario. Una gaffe descomunal, pues; que se da gracias a que quien nos representa no tiene la formación, la experiencia, ni la inteligencia requeridas para tan delicadas funciones.

Sin embargo, de la mencionada comunicación se desprenden unos elementos interesantes para el análisis, que vienen a confirmar apreciaciones nuestras anteriores.

Según el señor embajador las negociaciones técnicas avanzan a pesar “de las limitaciones de orden político-ideológico”; y luego agrega que el ingreso de Venezuela “constituye una razón de Estado de carácter supraideológico -¡Guuaao¡- y que por tanto, resulta inconveniente para la consolidación de los intereses del Estado brasileño que se limite la discusión y el análisis del tema al juego de intereses políticos particulares”.

El señor embajador, más adelante, dando pretendiendo dar lecciones de nacionalismo a los senadores, y colocándose en el puesto de un ciudadano brasileño, señala las grandes ventajas comerciales que tendría para Brasil el ingreso de Venezuela, que aquellos parecen no ver, razón por la cual no entiende porqué no se aprueba de una vez el Protocolo.

Detengámonos unos instantes en estas 2 frases: “limitaciones de orden político-ideológico” y “Razón de Estado de carácter supraideológico”. ¿A qué se refiere el señor embajador?

¿No están aquí acaso las claves para saber las motivaciones reales de porqué el gobierno de Chávez quiere ingresar a MERCOSUR?

¿No se está confirmando con estas expresiones la ausencia de interés alguno en materia económica o comercial -como debería ser- con el ingreso de Venezuela al bloque mercosuriano? ¿No explica también esta actitud el hecho de que no se haya consultado a nadie en Venezuela sobre la decisión de entrar en MERCOSUR?

¿No se está confirmando, igualmente, que a pesar de las “limitaciones político-ideológicas”, lo que importa es algo distinto a los fines del MERCOSUR?

Cuando el Embajador pondera a los senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores las bondades que para Brasil traería el ingreso de nuestro país ¿por qué, en tanto que venezolano, no formula también las aspiraciones que Venezuela tiene con tal adhesión?

La respuesta es muy fácil, y ya la hemos dado en otra ocasión. La motivación de entrar a MERCOSUR no forma parte de una estrategia y/o una política económica que sea el fruto del consenso de los sectores nacionales que se verán afectados con tal decisión. Es el capricho de un solo hombre, cuya demencia política-ideológica y su afán desmedido de mantenerse en el poder bajo el paraguas de MERCOSUR, le imponen una conducta a contrapelo de los anhelos e intereses de la Nación y de los objetivos integracionistas del bloque.

Que los senados de Brasil y Paraguay, que tienen en sus manos la aprobación del Protocolo de Adhesión de Venezuela, se detengan un poco a examinar las motivaciones que mueven al gobierno que están admitiendo en su bloque comercial, no vaya a ser que después se lamenten. No estaría de más que soliciten mayores garantías de respeto a la democracia no sólo en Venezuela, sino también en aquellos países cuya injerencia del gobierno venezolano es manifiesta.

EMILIO NOUEL.

VENEZUELA: SANTUARIO SEGURO PARA LOS NARCOS

Mientras el gobierno venezolano, sin ningún disimulo, se inmiscuye agavillado en los asuntos de un pequeño país como Honduras, para el que pide bloqueo económico, amenaza con agresión armada y demanda la intervención -¡fin de mundo¡- de EEUU, todo ante la mirada indiferente de una OEA de la cual es principio fundamental la no injerencia; mientras esto ocurre, los venezolanos estamos indefensos en manos del hampa y del narcotráfico, dentro y fuera del gobierno.

En los días que corren ha sido reseñado en la prensa otro récord, uno más, alcanzado por el gobierno revolucionario.

Según un informe de Naciones Unidas, Venezuela es el principal país de tránsito de la cocaína cuyo destino es Europa. 40% de las incautaciones de esa droga allá procede de Venezuela, y uno de cada 10 narcotraficantes que apresan, por ejemplo, en Portugal, es venezolano.

Ya el gobierno bolivariano no se conforma con ganar los primeros puestos en corrupción, en crear el peor clima para las inversiones extranjeras y nacionales, en poner más trabas burocráticas para la actividad de las empresas, en convertir al país en el más inseguro del continente o en tener la más alta inflación.

Ahora nos hemos convertido en el paraíso de los narcotraficantes, quienes en nuestro territorio operan a sus anchas, gracias a la incompetencia y, no me extrañaría, la complicidad de las autoridades a las que corresponde reprimir estas actividades ilícitas. Mucho se ha hablado del Cartel del Sol, y todo el mundo sabe el porqué del nombre.

Una observación que hace la opinión referida es que el gobierno de Venezuela no informa sobre este tema, y uno se pregunta el porqué.

Tan bajo hemos caído en este tremedal delictivo, que va a ser difícil salir de él en el futuro, una vez que se consoliden estas mafias asesinas que envenenan a nuestros jóvenes. Con nuestra irresponsabilidad, pareciera que estuviéramos tomando el triste relevo de otros países en ese campo.

Gracias a las relaciones estrechas con la narcoguerrilla terrorista de las FARC, la que según muchos indicios se ha mudado a territorio nacional, nuestro país se está exhibiendo ante la comunidad internacional como otro santuario de la más cruel de las versiones de la delincuencia organizada.

Incluso, en estos días en que Honduras ocupa gran parte de las noticias, nos hemos podido enterar que en ese país han sido capturadas o se han precipitado a tierra un sin número de aviones con matrícula venezolana cargadas de narcóticos.

¡Esto era lo que nos faltaba¡ Además de sufrir una hampa desembozada, precios por las nubes, un gobierno militarista autoritario, la persecución de los medios de comunicación libres, la judicialización de la política, contracción fuerte de la economía, politización de la administración de justicia, la eliminación de los sindicatos, la supresión de la libre iniciativa privada, estatizaciones injustificadas y la perversión de la vida política, entre otras plagas, ahora nos cae la maldición de unos narcotraficantes enseñoreados y tolerados, que utilizan libremente nuestro país para proyectar su negocio nefasto hacia el mundo.

Mientras el gobierno ocupa todo su tiempo en lo que pasa en otras latitudes, poniendo sin autorización los recursos materiales de los venezolanos al servicio de sus aventuras imperiales, la Nación se hunde poco a poco en el caos social y económico, y nuestros jóvenes son masacrados a diario en las calles.

Mientras al gobierno lo vemos financiando la locura irresponsable de un hombre montado en un avión para allá y para acá sin rumbo y buscando un imposible, ni una pizca de preocupación observamos en nuestros gobernantes por tratar de evitar que la opinión mundial nos siga viendo como santuario y puerto seguro para los narcos.

EMILIO NOUEL V.

DE TARTUFOS Y FARSANTES EN EL CASO HONDURAS

Lo ocurrido en estos días en Honduras, por lo inédito, demanda, ciertamente, un análisis que vaya más allá de los paradigmas y prejuicios imperantes, y también de los rechazos y escozores plenamente justificados que producen las intervenciones de los militares en los asuntos de la política. La historia latinoamericana mucho nos ha enseñado al respecto, y con el tiempo podremos examinar más profundamente estos sucesos hondureños que aún no sabemos en que terminarán.

No obstante, y particularmente, a los demócratas venezolanos, que hemos vivido a lo largo de nuestra vida republicana el autoritarismo militar y hoy estamos experimentando un despotismo también militar sui generis, la forma cómo fue defenestrado el presidente de Honduras, de arrancada, nos produce repulsa; de allí que también haga encender las luces de alarma en todo el mundo civilizado.

Sin embargo, cuando examinamos un poco más ampliamente las circunstancias que condujeron a este evento, la forma cómo sale del poder el Presidente y la vía particular de recomposición de la institucionalidad quebrantada, es lícito pensar que no estamos frente a una asonada militar típica latinoamericana, al estilo, por ejemplo, de las dos en que participó Chávez en 1992, las cuales, por cierto, cada 4 de febrero éste celebra con bombos y platillos, como si de una fecha patria se tratara, y que, por cierto, no levantan ninguna condena de parte de los actores internacionales que hoy repudian lo de Honduras.

Ya para cualquier observador de la situación está claro que Zelaya estaba violando la ley imponiendo una consulta (encuesta, la llamó) que los demás poderes civiles del Estado desautorizaban. Esta encuesta tenía un propósito político nada inofensivo, como ahora quiere hacer ver Zelaya. Con esta “jiribilla”, éste pretendía crear una situación de hecho, un estado de opinión, aupado y financiado desde el exterior por alguien que los venezolanos conocemos muy bien por su injerencia en los asuntos de otros países, y que presionaría a los poderes del Estado para que cedieran ante un plan muy bien orquestado de hacer una constituyente que trastocara toda la institucionalidad y las reglas de juego político del país, sin excluir, obviamente, la posibilidad de una reelección del presidente, hoy negada absolutamente por la Constitución vigente. Se trataba del mismo guión seguido por sus carnales, los presidentes Correa y Morales, siguiendo el ejemplo de quien se ha convertido en su líder, Hugo Chávez.

El plan de la “inocente” consulta fue, primero, rechazado por todas las fuerzas políticas de Honduras, incluido el partido del Presidente; segundo, declarado ilegal por la máxima autoridad del Poder judicial, y finalmente, abortado manu militari, al negarse Zelaya a dialogar en función de una negociación y a acatar la decisión jurisdiccional.

No podemos negar que la forma como fue sacado del país el presidente es condenable, y es lamentable que se haya llegado a esos extremos. Hubiéramos preferido ver un juicio o una negociación, pero las cosas ocurren y uno, desde la posición de “manager de tribuna”, no sabe qué hubiéramos hecho puestos en la misma encrucijada.

Sin embargo, los acontecimientos posteriores a esa salida nos obligan a ver este hecho político irregular, con parámetros distintos a los de un golpe militar tradicional.

El protagonismo militar, en lo mediático, se ha limitado a las acciones de presencia de soldados en los alrededores de los edificios públicos y en el papel de reperimir manifestaciones. Los generales han estado ausentes, hay que registrar este hecho. No hemos visto ninguno ante las cámaras o en los periódicos declarando. En la sesión del parlamento hondureño o en otros actos los militares han estado al margen. No se montó un “gorila armado” en el poder, dirigiéndose a la Nación y justificando por cadena de radio y tv, las razones de la intervención desmedida.

Por otro lado, hemos visto a un Presidente civil designado de acuerdo con las normas constitucionales, que ha prometido que las elecciones programadas para este año se realizarán.

De allí que algunas reacciones que hemos observado luzcan un tanto desproporcionadas, aunque, admito, puedan comprenderse.

Si comparamos esta situación con otros hechos más graves que sí deberían llamar a la atención de la comunidad internacional y sus organizaciones, verbigracia, lo que ocurre en Venezuela con el Alcalde Mayor de Caracas y los gobernadores electos democráticamente, cuyas competencias y bienes les han sido arrebatados de manera inconstitucional, configurándose un golpe de estado progresivo y disimulado, lo ocurrido en Honduras pierde las dimensiones que algunos, rasgándose las vestiduras, ven allí, pero que no lo ven en Venezuela.

A esto se suma la violación de normas internacionales en materia de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados que está perpetrando el gobierno venezolano, y sin embargo, los organismos internacionales se hacen la vista gorda y no son tan diligentes y expeditos como ahora lo son en el caso de Honduras. ¿Por qué aplicarle la Carta Democrática a Honduras y no al gobierno de Venezuela? ¿Por qué se pide un bloqueo inhumano o acciones militares contra Honduras y al mismo tiempo se cuestiona el que ha supuestamente sufrido Cuba? ¿Por que la OEA no actuó frente a las violaciones constitucionales de Zelaya antes de que fuera sacado del poder y así haber evitado lo que estamos viendo?

En el torneo de tartufos que vimos en la reunión del Grupo de Río y de la OEA, pareciera que existen distintos raseros. La ley del embudo allí hace su trabajo, sin dejar de lado las inconsistencias y la hipocresía de muchos. Y de los europeos ¿qué decir?, no comprenden lo que ha sucedido realmente en este caso y reaccionan automáticamente. ¿Qué se puede esperar de un república bananera?, se preguntan los comentaristas “especializados” de la vieja Europa.

Las circunstancias muy particulares del hecho que hemos comentado exigen de toda la comunidad internacional un mayor esfuerzo de comprensión. No estamos frente a un gobierno encabezado por un Pinochet ni a una conducta tiránica como la de los Castro en Cuba. Estamos frente a un pueblo pequeño y unas instituciones que, al unísono, repudian mayoritariamente un gobernante que pretendió imponerles un modelo político contrario a su ley fundamental, asesorado y financiado por un tiranuelo extraviado en su demencia ideológica.

La comunidad internacional no puede avalar acciones bárbaras contra un pueblo que después de todo no es culpable de las torpezas de unas fuerzas militares. Los organismos internacionales deben promover soluciones negociadas que permitan a Honduras salir del atolladero en que está y así poder reiniciar su vida democrática y en paz, todo, por supuesto, respetando principios de convivencia internacional muy caros a nuestra civilización.

EMILIO NOUEL V.

EL GRAVE RIESGO DE LAS INVERSIONES MERCOSURIANAS EN VENEZUELA

Emilio Nouel V junio 2009

La polémica sobre el ingreso de Venezuela a MERCOSUR sigue abierta, y la aprobación del Protocolo de Adhesión parece postergarse aún más, particularmente, en el caso del Congreso brasileño. Incluso, el punto ha sido levantado en la actual campaña electoral argentina, debido a las repercusiones que han tenido allá las estatizaciones del gobierno venezolano por razones claramente ideológicas y no de utilidad pública, de varias empresas de ese país.

Así las cosas, valdría la pena preguntarse cómo va a lidiar el gobierno de Chávez con las disposiciones legales que forman parte del ordenamiento jurídico mercosuriano, y que apuntan a proteger y promocionar las inversiones originarias del bloque, si es su intención mantener una anacrónica visión estatista-colectivista de la economía y su oposición a la economía de mercado y el libre comercio. La misma pregunta deberían hacérsela, igualmente, los que tienen la responsabilidad de aprobar la adhesión del gobierno de Venezuela en los parlamentos: ¿cuales garantías de seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada y a las inversiones le van a exigir al gobierno venezolano?

El Protocolo de Colonia sobre Protección y Promoción recíproca de inversiones de MERCOSUR data de 1994. Su artículo 2 dispone que cada Parte Contratante promoverá las inversiones de las otras Partes Contratantes y las admitirá en su territorio de manera no menos favorable que a las inversiones de sus propios inversores o que a las inversiones realizadas por inversores de terceros Estados, sin perjuicio del derecho de cada Parte a mantener transitoriamente ciertas excepciones limitadas que correspondan a algún sector.

En tal sentido, los mercosurianos aseguran en todo momento un tratamiento justo y equitativo a las inversiones procedentes del bloque y “no perjudicarán su gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas injustificadas o discriminatorias”.

Los Estados, también, deberán conceder plena protección legal a tales inversiones y no establecerán, en principio, requisitos de desempeño como condición para el establecimiento y la expansión de las inversiones, como por ejemplo, los relativos a compromisos de exportación, de adquisición de productos nacionales u otros similares.

En cuanto a las expropiaciones, el artículo 4 del protocolo establece, como principio, que los países miembros no podrán tomar medidas de nacionalización o expropiación contra inversiones provenientes de otro país miembro, a menos que sean adoptadas por razones de utilidad pública, sobre una base no discriminatoria y bajo el debido proceso legal. Disponje, igualmente que tales medidas serán acompañadas del pago de una compensación “previa, adecuada y efectiva”, la cual corresponderá al valor real que tenía la inversión inmediatamente antes del momento en que la decisión de expropiar haya sido anunciada legalmente, y generará intereses o se actualizará su valor hasta la fecha de su pago.

Dada la locura estatizante y el clima de acoso a la actividad privada que se vive en Venezuela ¿podrían sentirse estimulados o seguros los actuales y potenciales inversionistas de MERCOSUR o de cualquier otro país para traer su dinero en tales condiciones?

Obviamente que no. Y si a ello le sumamos las decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia sobre la base de un concepto anacrónico de soberanía absoluta y en el sentido de no reconocer la aplicabilidad de los fallos de tribunales internacionales o de otros países, el cuadro para la inversión y los negocios internacionales del país no puede ser más contraproducente y desastroso; de allí que los parlamentos de MERCOSUR deban estar conscientes de las implicaciones de su decisión y vean más allá de las oportunidades coyunturales de colocar sus productos.

La demencia ideológica está llevando progresivamente al país a la debacle económica y al estallido social, todo lo cual ahuyenta a los negocios. Los que manejan las palancas del poder –lo he dicho otras veces- viven un mundo que ya no es o nunca fue, y no se han dado cuenta. Sus ideas no tienen ninguna pertinencia con el mundo interconectado e interdependiente de hoy. Su ignorancia y el resentimiento histórico que cargan a cuestas les impiden comprender los signos de los tiempos. Están condenados a un estrepitoso fracaso, no me queda la menor duda.

La mayoría de los venezolanos de hoy deseamos abrirnos al mundo, y en el comercio queremos tener socios confiables, seguros y permanentes, en un marco de relaciones equitativas y respetuosas. Así como no nos oponemos a ser miembros de MERCOSUR, tampoco de la Comunidad Andina o de un eventual Tratado de Libre comercio hemisférico. Lo que exigimos es que en cualquiera de estas iniciativas los distintos sectores del país sean consultados y las negociaciones se hagan con equipos idóneos que sepan defender nuestros intereses nacionales.

Esto es lo que deberían valorar los parlamentos a la hora de negociar con el gobierno actual de Venezuela.

EMILIO NOUEL V.

Opinión

EL INGRESO DE VENEZUELA ¿FAVORECE O NO A MERCOSUR?

El asunto del ingreso de Venezuela a MERCOSUR sigue dando que hablar. Hasta el ex Presidente Kirchner –para algunos, Presidente aún- se refirió al tema en estos días de campaña electoral en Argentina.

   La polémica se ha reavivado en el mencionado país como consecuencia del pedimento formulado por un grupo del gremio de industriales, en el sentido de que se deje sin efecto la aprobación legislativa del Protocolo de Adhesión de Venezuela, sancionada hace 3 años atrás. 

   La razón que esgrimen es que el gobierno venezolano ha expropiado, casi confiscado, empresas argentinas, todo lo cual sería contrario a los principios de respeto a la propiedad y a la libre iniciativa privada, derechos que están garantizados no sólo en la constitución argentina sino también en los principios que inspiran a MERCOSUR.

   El estallido de la protesta se da, sobre todo, al filtrarse a la opinión pública una declaración del Presidente de Venezuela, en la que manifestaba sus preferencias por las empresas brasileñas, las cuales no correrían la suerte de las estatizadas argentinas, quedando aquellas exentas de cualquier medida del Estado que afecte su actividad e intereses.

  Por otro lado, en Brasil, el ex canciller brasileño Celso Lafer expresó en una audiencia pública de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que "incorporar a la Venezuela de Chávez podría llegar a contribuir a condenar un innovador proyecto de integración a la irrelevancia y la disolución",  toda vez que tal presencia podría generar conflictos. En la misma audiencia participó también el jurista Ives Gandra da Silva Martins, quien igualmente se mostró opuesto a que el bloque comercial acepte a Venezuela como miembro pleno mientras este país sea presidido por Chávez. "No se puede olvidar que si Venezuela entra al Mercosur como miembro pleno tendrá poder de veto y eso es preocupante", declaró da Silva Martins.

  No sabemos cuál podría ser el destino final de estos llamados. Desconocemos si la propuesta de derogatoria planteada en Argentina se dé o si las recomendaciones de Lafer o da Silva Martins sumadas a las posiciones de José Sarney y Collor de Melo, vayan a tener eco en una mayoría de senadores. Tengo mis dudas en ambos casos.  

  Sin embargo, que sólo el tema se plantee con tal fuerza y sea debatido ya es ganancia política para quienes padecemos el gobierno autoritario venezolano. Es un antecedente más para engrosar el prontuario de éste, a los ojos de la comunidad internacional.     

   Sin embargo, sigo pensando que tarde o temprano Venezuela será admitida de pleno derecho en MERCOSUR; son muchos los intereses materiales y políticos que están en juego. Y aunque no nos oponemos al libre comercio y a la integración con las naciones del hemisferio y más allá, no podemos sentirnos satisfechos, como Nación, de entrar a ese bloque de comercio en las circunstancias actuales. No se han realizado las consultas necesarias con la sociedad venezolana, los empresarios, los sindicatos, especialistas y la academia; y las negociaciones que se adelantan se hacen sin disponer de una valoración adecuada de nuestros intereses y sin una estrategia con equipos de negociadores idóneos, y ya esto nos anuncia daños futuros.

   Lo que, en definitiva, lamentamos es que no sea una Venezuela democrática la que ingrese al bloque, sino un país cuyo gobierno se ha lanzado por una pendiente demencial que está llevándonos a la ingobernabilidad y el desastre económico.

   Podrán seguir realizando grandes negocios los industriales brasileños y argentinos, con o sin MERCOSUR, en virtud de las facilidades que el gobierno actual les está brindando. No podemos cuestionarlos por ello. Pero deben tener también claro que los gobiernos pasan y los países permanecen.

   Otros tiempos vendrán. Igualmente, otras visiones y prioridades; y, obviamente, otras orientaciones de políticas. Un gobierno genuinamente democrático, respetuoso del Estado de Derecho y garante de las libertades políticas y económicas llegará. La cooperación, el diálogo y la integración han sido políticas tradicionales del Estado venezolano, y más temprano que tarde se retomará esa senda que el gobierno actual ha abandonado con su pugnacidad e injerencia en los asuntos de otros países, y promoviendo un proyecto político-ideológico autoritario.  

   No nos oponemos, en general, al ingreso de Venezuela a ningún régimen de integración -incluido MERCOSUR- que signifique producir bienestar a nuestro pueblo. Ésa debería ser la orientación de las fuerzas políticas democráticas y modernas.

  Sólo aspiramos a que los socios potenciales sepan valorar las circunstancias políticas y económicas de nuestro país y actúen en consecuencia. La pregunta fundamental que deben hacerse los gobernantes y parlamentarios de los países de MERCOSUR es si los principios que inspiran al gobierno de Venezuela en los ámbitos político y económico son contrarios o no a los del bloque. El ingreso de Venezuela en las condiciones actuales ¿favorece o no al bloque? Y, por último, otorgarle el poder de veto al gobierno de Venezuela, como muy bien lo recuerda el jurista brasileño mencionado ¿no sería un riesgo que valdría la pena evaluar, habida cuenta de la posición ideológica conocida del gobierno de Chávez?

 

EMILIO NOUEL V.

  

   

       

 

 

                     OEA: GANÓ LA CIVLIZACION Y PERDIÓ LA BARBARIE

 

Es infinita la capacidad del presidente venezolano en su intención, reiterada, de pretender  trastocar y/o voltear los hechos con el único propósito de colocarse siempre como ganador en todas las confrontaciones internas o internacionales que ha enfrentado. 

  Lamentablemente, el ciudadano de a pie, poco informado, enfrascado como está en sus problemas cotidianos o desconocedor de temas propios de especialistas, es siempre presa fácil de las manipulaciones, mentiras o distorsiones de ciertos gobernantes impostores que no tienen la honestidad y el coraje de admitir los reveses que sufren. 

  Todos los venezolanos recuerdan cómo el en el año 2007, al producirse la derrota de la propuesta de cambio constitucional impulsada por el gobierno, el Presidente pretendió minimizar o descalificar el gran triunfo alcanzado por las fuerzas democráticas  en unas condiciones de ventajismo obsceno y corrompido por parte de Miraflores.

   El año pasado, con ocasión de la elección de alcaldes y gobernadores, hizo lo mismo tratando de desvalorizar el hecho de que la oposición había logrado ganar en los estados y centros neurálgicos del país.

   En el plano internacional, lo hemos visto, triunfador, afirmar como realidades o logros, iniciativas o proyectos que apenas están en el papel de las declaraciones de intención. Si alguien se tomara el tiempo o la molestia para analizar los cientos y cientos de acuerdos que ha firmado con muchos países durante 10 años, se topará con que son muy pocos los que se han puesto en práctica o ejecutado; sin embargo, el presidente venezolano los da por realizados y los exhibe como muestras de su diplomacia exitosa. Y esto sin mencionar, aquellos acuerdos que ha firmado una y otra vez, de manera repetitiva, sobre las mismas materias, cambiando sólo los textos. 

  En la reciente reunión de la Organización de Estados Americanos que tuvo lugar en Honduras, la ocasión fue propicia para que esa junta de beneficencia que llaman ALBA, liderada por el gobierno de Venezuela, el gran benefactor, se diera otra trascendental confrontación contra el imperialismo norteamericano. El motivo, como se sabe, era Cuba y su eventual reingreso al sistema interamericano, en este caso, a la institución más importante, ya que en otros entes o instancias (Grupo de Río, ALADI)  ya ha sido aceptada.

   Obviamente, para los bolivarianos, esta batalla, por ningún respecto, se iba a perder por las fuerzas combinadas de las formidables cancillerías de Bolivia, Nicaragua, Honduras y Venezuela, independientemente de que la resolución que fuera emitida, tuviera o no el contenido que esta poderosa fuerza aspiraba. 

   Según la declaración del presidente venezolano, los gobiernos bolivarianos ganaron la contienda, y al imperialismo se le infligió una gran derrota. Y no podía de ser otro el resultado desde la óptica de quien no pierde una sola batalla.

   De nuevo los hechos son volteados, y en consecuencia, se encadenan los canales de televisión y radio, para que se sepa, antes de que se conozca la verdad verdadera por boca de otros, que una vez más las fuerzas revolucionarias se anotan un tanto en su campaña admirable hacia la instauración del comunismo del siglo XXI. 

   Obviamente, no se va decir que si bien se dejó sin efecto una Resolución de la OEA de hace 47 años, que fue sancionada en otra épocas y circunstancias, muy distintas a las actuales, y que, a mi juicio, fue justificada, esta Organización “guiada por los propósitos y principios establecidos de la Organización de los Estados Americanos contenidos en la Carta de la Organización y en sus demás instrumentos fundamentales relacionados con la seguridad, la democracia, la autodeterminación, la no intervención, los derechos humanos y el desarrollo”; también señala que en el caso de que el país en cuestión quiera reingresar, deberá abrirse “un proceso de diálogo iniciado a solicitud del Gobierno de Cuba y de conformidad con las prácticas, los propósitos y principios de la OEA.”

   ¿Y cuales son estos últimos? Nada más y nada menos, entre otros, la vigencia de los derechos humanos  y la democracia, para lo cual Cuba es difícil que califique, a menos que ocurran cambios sustanciales en su régimen político.

   Lo que no dice, por cierto, el presidente, en su discurso triunfalista, es que lo que los gobiernos bolivarianos querían, fue derrotado en las negociaciones, y que los grandes del patio (EEUU y Brasil) fueron determinantes en el resultado. Deseaban, prácticamente, que se le pidiera perdón al gobierno tiránico de Cuba, que los países miembros se hicieran la vista gorda sobre el régimen tiránico y totalitario cubano, y se condenara a algunos gobiernos, principalmente, a EEUU. Para ello, amenazaron con salirse de la OEA, como si ellos fueran indispensables para que la organización funcione. 

  Así las cosas, la decisión tomada por al OEA, aunque inusual en las relaciones internacionales, representa, si nos atenemos a sus términos, un triunfo y una reafirmación de los principios democráticos y de libertad que inspiran a la organización sobre las pretensiones aviesas de gobernantes autoritarios que apoyan una tiranía que ha hundido a un país hermano en la miseria, la represión y la desesperanza a lo largo de muchas décadas. Se impuso el consenso, el apego a los valores y la sensatez de las fuerzas democráticas del hemisferio de frente a los sectores más oscuros y retrógrados del continente. Ganó la civilización y perdió la barbarie.

 

EMILIO NOUEL V.

        

   

.Políticos consideran insuficiente discusión de nueva ley electoral

(UNION RADIO)- Organizaciones políticas y ONG’s consideran que el proyecto de Ley Orgánica de Procesos Electorales persigue que el gobierno obtenga un control total del Parlamento, en vista de que ha perdido apoyo popular.

Escuche a Ismael García Escuche a Luis Ignacio Planas Escuche a Vicente Bello Escuche a Juan Carlos Caldera Escuche a Dashiell López

(UNION RADIO)- Alertaron que el proyecto de Ley tiene el propósito de la desmovilización y desmotivación de los ciudada

En este sentido explicó que el gobierno ha reducido su capacidad y el presidente Chávez en la encuesta más conservadora, producto de todo lo que está pasando, “ha perdido más de 13 puntos y eso va a seguir ocurriendo”.

 “Frente a esta situación necesita una ley que, siendo minoría, le garantice su estabilidad en el tiempo y que con menos votos que los que hoy tienen, puedan garantizarse en la Asamblea Nacional una inmensa mayoría que no es legítima, como la de hoy no la es”, advirtió.

Alertó que el proyecto de Ley Orgánica de Procesos Electorales tiene un segundo propósito, “la desmovilización y desmotivación de los ciudadanos”. Exhortó a los venezolanos a no dejarse desmotivar con cualquiera que sean las estrategias del ejecutivo nacional. “Vamos a dar la batalla”, aseguró.

Aplaudió la propuesta del partido Patria Para Todos de 50-50; es decir “que los votos que salen en la lista sean descontados del nominal o viceversa para que no haya posibilidad de que se pueda armar una morocha”, frente a la presentada por el gobierno de 80-20, “80 circuitos y 20 lista”.

“Lo que se está planteando es legalizar las morochas y hasta peor que eso”, denunció.

Sobre la decisión el Consejo Nacional Electoral de suspender las elecciones mientras no haya ley, García insistió que lo único que puede sostener la democracia es el poder del voto, “por eso lo quieren deslegitimar para que la gente no vaya a votar”.

Indicó que los partidos políticos al unísono deben colocarse al frente de los propósitos fundamentales.

Ley regresiva

El presidente de Copei, Luis Ignacio Planas destacó que la búsqueda de la propuesta de ley electoral, “es una respuesta al avance de la oposición y al crecimiento progresivo del capital político de más de 5 millones 200 mil votos obtenidos en el referendo de febrero”.

“El fin último de esta ley es asegurarse la mayoría en la AN, ante los avances de la oposición; legaliza las irregularidades de las elecciones pasadas; otorga una grosera discrecionalidad normativa al CNE; y avala el ventajismo gubernamental”, insistió.

Entre las observaciones a la ley que tiene la tolda verde, Planas manifestó que “es una ley regresiva, no es progresiva”, es decir “la ley no incorpora los elementos que se han logrado en los últimos años a favor de la trasferencia electoral”.

Indicó que tampoco recoge las resoluciones del CNE, las cuales a su juicio, “han mejorado la trasparencia del sistema”, citando como ejemplo que no se incorpora la auditoría del 54% de las mesas.

“Nosotros queremos que se establezca el porcentaje que habíamos logrado”, y agregó que la discusión que se ha producido en torno a la ley es insuficiente.

“Una ley que es tan importante como esa requiere un consenso importante de la sociedad venezolana, ha sido una cosa llevada por los cabellos y atropellada”, considera.

Denunció que a la AN se le ha olvidado el parlamentarismo de calle y “el CNE tampoco fue tomado en consideración para la elaboración de esta ley”.

Criticó la decisión del CNE de suspender las elecciones, sentenciando que es “es un poder que está secuestrado como los otros poderes públicos”.

Advirtió que la propuesta de ley establece mecanismos que sustituyen el valor del voto. “Lo que se pretende con esta ley es convertir a la primera minoría en una mayoría del 80%. El chavismo es la primera minoría del país y la quieren convertir en una gran mayoría, quieren aprovecharse de algunos mecanismos ventajosos para arrebatarlo todo con unos votos que no dan para eso”, dijo Planas.

Planas denunció que es una propuesta de ley que afecta además la representación proporcional. “La afecta porque los candidatos uninominales que sean electos no excluyen a la lista que se presenta; y se quiere reducir también la representación”, dijo.

Cobardía electoral

El miembro de la Dirección Nacional de Primero Justicia, Juan Carlos Caldera considera que el proyecto de ley electoral no aporta nada beneficioso al sistema electoral venezolano. “La hemos llamado la ley de cobardía electoral, porque tiene un espíritu de cobardía al voto popular”, señaló.

Puntualizó que “nada se hace por la regulación de las nuevas figuras de referendo de auditorías, guarda silencio sobre las figuras de los observadores internacionales y nacionales; guarda silencio sobre los lapsos que deben cumplirse para convocar un proceso electoral y cuánto debe durar una campaña electoral, dejando discrecionalidad al CNE para seguir con la misma situación que vivimos que semanas antes de los procesos electorales”.

A su juicio el gobierno sabe que “como van las cosas y como se ha venido avanzando la foto es un gobierno hacia atrás y una alternativa democrática creciendo”.

“Esta es una ley que castiga a quien tiene una manera distinta de pensar”, dijo.

Exigió que, en beneficio del país, “cada voto pese y cuente para tener la misma representación”.

Ir donde sea necesario

El coordinador de asuntos electorales de Un Nuevo Tiempo, Vicente Bello, insistió que unas de las objeciones fundamentales al proyecto de ley es que es un retroceso. “Venezuela es una sociedad plural y se ha evidenciado en los último dos eventos nacionales, con la reforma del 2007 o la enmienda del 2009”, señaló.

Criticó que la ley deja en manos del CNE muchos elementos de forma discrecional.”El RE y la deficiencia de la identificación en el país es un problema muy importante, la ubicación de los centros de votación, la conformación de los circuitos electorales queda de manera totalmente discrecional y allí está una de nuestras mayores observaciones”, agregó.

Informó que al respecto han solicitado un derecho de palabra en la Comisión de Participación de la AN. “Vamos a ir en conjunto todos los partidos a los organismos que sean necesarios, vamos a recurrir al Tribunal Supremo de Justicia porque existen elementos que vician el mismo procedimiento de cómo está siendo elaborada esta ley”, manifestó.

Recordó que el CNE que tiene la prerrogativa de la iniciativa legislativa presentó un proyecto de ley que tenía 324 artículos y “la AN ni siquiera lo consideró, sino que está discutiendo y aprobó en primera discusión un proyecto de ley firmado por nueve diputados y eso es un procedimiento ilegal y nosotros vamos a impugnarlo ante el TSJ para dejar constancia histórica de todos los reclamos”.

Además resaltó que acudirán a los organismos internacionales.

Amenaza al derecho a elegir

Por otra parte, el coordinador de Contraloría Electoral de Súmate, Dashiell López indicó que este proyecto de ley viola tres principios fundamentales del proceso electoral y que están establecidos en la Constitución nacional: “Transparencia, confiabilidad y confianza”.

“Es un nuevo paso que amenaza nuestro derecho a elegir en el país y se legalizan todas aquellas irregularidades y violaciones que ha venido cometiendo el CNE”, dijo.

Mencionó que elimina la obligación del CNE, que tiene la ley actual en su artículo 95, de entregar las direcciones asociadas al Registro Electoral. “Es la única forma de poder hacer una verdadera auditoría de ese RE”, advirtió indicando que la propuesta de ley “tampoco establece que información contiene el registro”.

De igual forma enfatizó que en la propuesta no se mencionan a los coordinadores electorales y “el Plan República se menciona, pero no se especifica sus funciones dentro de las distintas etapas del proceso electoral”.

López expresó que los venezolanos han aprendido a convertir el voto de un derecho a un deber y que “lo hemos aprendido a defender”.

“La defensa de los votos, en este momento, pasa por revisar este proyecto de ley de procesos electorales”, exhortó a los venezolanos y sectores de la sociedad.

“Los futuros procesos electorales del país van a depender de la aprobación de ese proyecto de ley”, advirtió.

Creación de una instancia democrática

El presidente de la tolda verde, Luis Ignacio Planas informó que la oposición se ha venido organizando en los últimos meses en la idea de constituir una instancia permanente de organización y coordinación para “unidos enfrentar esta arremetida del gobierno”.

“Ya hay comprometidos más de 10 partidos y esta semana hay reuniones con otra serie de organizaciones políticas, de la sociedad civil, gremios y movimiento estudiantil, allí vamos a unirnos todos”, informó.

No descarta que entre las propuestas esté la consolidación de una tarjeta única. “Vamos a esperar como queda la ley electoral y frente a eso vamos a tomar decisiones”, dijo.