JUAN CARLOS HIDALGO
La renacionalización de los ferrocarriles en Argentina siguió un 
patrón que, con algunas excepciones, ha sido una constante en la era Kirchner:
 el apoyo de la oposición a buena parte de la agenda estatista de Casa 
Rosada. Este panorama debería atemperar las expectativas de que un nuevo
 gobierno cambie de manera sustancial las políticas económicas 
implementadas en ese país en la última década.
Con 223 votos a favor y apenas 5 en contra, la Cámara de Diputados 
votó el proyecto de re-estatización del servicio ferroviario. A favor de
 la medida estuvieron, además del oficialismo, los opositores de la 
Unión Cívica Radical (centro), PRO (centroderecha), Frente Renovador 
(peronismo disidente), Coalición Cívica (centroizquierda) y los 
socialistas. Para ser justos, PRO justificó su voto señalando cambios 
que permitirían eventualmente más competencia y participación privada. 
Aún así, la medida denostó un alto consenso de la clase política 
argentina.
No es la primera vez. Otros proyectos importantes que aumentaron la 
participación del Estado en la economía han contado con la venia directa
 o implícita de un sector nada despreciable de la oposición.
Un ejemplo fue la expropiación del 51 por ciento de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Argentinos (YPF)
 que pertenecían a la española Repsol. Esto no solo marcó la 
estatización de la compañía petrolera más grande del país, sino que 
representó la radicalización del modelo económico populista de los 
gobiernos kirchneristas. En la Cámara de Diputados el proyecto recibió 
208 votos a favor y 32 en contra. En el Senado, la votación fue de 63 
votos positivos y únicamente 3 negativos. Gil Lavedra, entonces líder 
del bloque de diputados de la UCR, justificó su apoyo a devolver YPF a 
control estatal diciendo, “Nosotros la creamos, la defendimos y pensamos
 que es una empresa estratégica para el país”.
Más resistencia enfrentó en el 2008 el proyecto para nacionalizar las
 Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), mediante 
el cual el Estado se adueñó de US$29.300 millones en ahorros 
previsionales de 9,5 millones de trabajadores argentinos. Esta medida 
constituyó el robo legalizado de mayor envergadura en Argentina desde el
 corralito del 2001.
La ley también le garantizó al gobierno ingresos adicionales por 
US$5.000 millones anuales en cotizaciones y un ahorro de US$3.500 
millones que el Estado dejó de pagarles a las AFJP por concepto de 
capital e intereses por los bonos públicos que tenían en sus carteras. 
Además, ya que las administradoras eran dueñas de acciones en una 
multitud de empresas, la Casa Rosada utilizó la nacionalización para 
nombrar representantes del gobierno en las juntas directivas de estas 
compañías, incluyendo Grupo Clarín, cuyo periódico es uno de los 
principales críticos de la presidenta Fernández de Kirchner.
La complicidad de la oposición hacia la 
agenda estatista de los Kirchner revela que probablemente no haya un 
giro radical en las políticas económicas
Para ese entonces el oficialismo contaba con mayoría en ambas Cámaras
 del Congreso, por lo que no necesitó del apoyo de la oposición para 
aprobar el proyecto. Las bancadas de la UCR, PRO y peronistas disidentes
 votaron en contra. Sin embargo, los presidenciables opositores Mauricio
 Macri (PRO) y Sergio Massa (Frente Renovador) han manifestado que de 
llegar al poder mantendrían la estatización de las AFJP.
La nacionalización de Aerolíneas Argentinas en el 2008 también 
recibió el voto negativo de PRO, Coalición Cívica y la UCR, pero en el 
caso de estos dos últimos, su oposición radicó más en el hecho de que el
 gobierno asumiera los pasivos de la compañía, valorados en US$890 
millones. Estos partidos proponían, en cambio, que el Estado se hiciera 
de Aerolíneas mediante la creación de una nueva empresa estatal.
La manera poco transparente y no competitiva en que se realizaron 
muchas de las privatizaciones en la década de los noventa ha servido a 
los gobiernos K como justificante para su programa de 
renacionalizaciones. Pero la oposición, en lugar de proponer más 
competencia en los mercados o eliminar aquellas distorsiones 
regulatorias que afectan la calidad de los servicios privatizados –como 
los controles tarifarios–, más bien comparte en gran medida la visión 
kirchnerista de que el Estado debe retomar el control de estas empresas.
No todo es negativo. Macri, en particular, ha sido el candidato que 
ha enviado más señales de cambio en materia económica. Por ejemplo, 
prometió eliminar el “cepo cambiario” y dejar flotar el tipo de cambio 
el mismo día que asumiera el poder. Sin duda, esto enviaría una señal 
contundente de que Argentina busca poner orden en su política monetaria.
 Curiosamente, por estas declaraciones el bando de Massa acusó a Macri 
de querer un “ajuste sangriento”.
Sin duda, la salida del poder del kirchnerismo trae aparejada la 
esperanza de que un nuevo gobierno sea más respetuoso del Estado de 
Derecho y la libertad econonómica. No obstante, la complicidad que en 
gran medida ha mostrado la oposición hacia la agenda estatista de los 
Kirchner revela que probablemente no haya un giro radical –y necesario– 
en las políticas económicas de Argentina.
Juan Carlos Hidalgo es analista de políticas 
públicas sobre América Latina en el Centro para la Libertad y 
Prosperidad Global del Cato Institute en Washington, DC. Twitter: 
@jchidalgo.
 
