EL INFIERNO INSTITUCIONAL DE LA REVOLUCIÓN CHAVISTA

                            

Desde hace ya unos cuantos años venimos machacando el tema del deterioro progresivo y acelerado de la institucionalidad del país, hasta el punto alarmante en que hoy estamos.

Los aprendices de brujo que nos gobiernan han querido levantar una nueva estructura política inspirados en lo que algunos llaman una utopía regresiva o anacrónica, que no es otra cosa que un batiburrillo de ideas y creencias a cual más descabellada.

El resultado ha sido el desquiciamiento de las anteriores estructuras político-administrativas, que, con defectos, funcionaban, pero sin alcanzar a sustituirlas por las que sus cabezas afiebradas e ignorantes han concebido, ya que éstas no han podido ser puestas en práctica por ser inviables y rechazadas por gran parte de la colectividad.

Esta labor absurda de demolición institucional se ha expresado en todos los aspectos de la vida del Estado. Desde la concepción de una ley, pasando por el diseño de políticas hasta el nombramiento de un funcionario cualquiera.

Para importantes funciones estatales se designa a gente sin suficientes credenciales, conocimientos y experiencia. Hemos visto en los 15 últimos años personas al frente de Ministerios o empresas del Estado, cuya preparación académica o ejecutoria laboral no son mínimamente acordes con las responsabilidades que les han sido asignadas.

Los efectos nefastos de estas designaciones están a la vista. La economía es una calamidad. La educación, en calidad y cantidad, es un desastre mayúsculo. El descrédito internacional del país no puede ser mayor. La seguridad pública, una catástrofe. La administración de justicia, de vómito.  Las cárceles, un infierno, y paremos de contar.

Hasta ahora, los efectos de toda esta devastación inmisericorde del aparato estatal ha podido ser amortiguada a punta de miles de millones de dólares malversados y esquilmados por una casta política enquistada en el poder, la mar de incompetente y corrupta.

En este entorno de caos administrativo estatal ¿cómo extrañarse de que nulidades engreídas y osadas lleguen a ostentar cargos públicos para los que no disponen de respaldo alguno o suficiente en experiencia y formación profesionales, incluso en  política?

¿Cómo no ver en el desfile improvisado de ministros cada 3 o 4 meses, o menos tiempo, improvisación, desorden, irracionalidad, confusión y desorientación?

Si a esta situación de fondo, le sumamos los enormes y enconados conflictos al interior del saco de alacranes que luchan por el poder y el dinero público dentro del chavismo, el producto final no puede ser otro que el desmadre institucional presente, cuya gravedad se irá mostrando en toda su magnitud a medida que los ingresos petroleros vayan mermando.

Mientras siga este disparate de gobierno, seguiremos viendo ministros ignorantes, ministros inexpertos, ministros nulos y ministros ladrones. Mientras siga este gobierno, nos hundiremos más y más en el hueco en que nos metió y del cual no tiene voluntad de salir.

Éste es el infierno político-institucional chavista,del que saldremos mas temprano que tarde..

EMILIO NOUEL V.

@ENouelV

emilio.nouel@gmail.com

Más allá de un asunto interno: secesionismo e integración europea

Javier Tajadura Tejada. ARI 64/2014 - 22/12/2014

Tema: ¿Qué posición debería articular la UE, en base a consideraciones políticas y jurídicas, ante el riesgo de fragmentación y desestabilización que suponen los procesos secesionistas?

Resumen: El referéndum sobre la independencia de Escocia del pasado mes de septiembre se resolvió felizmente a favor de la integridad tanto del Reino Unido como de la UE. Sin embargo, su celebración podría abonar el precedente de que las tensiones centrífugas existentes en varios Estados miembros no deben resolverse a través del pacto, la convivencia y la moderación de los nacionalismos, sino aplicando el mero principio mayoritario coyuntural con el consiguiente efecto de potencial fractura territorial, daños específicos al contenido del proceso de integración y desestabilización general. Frente a ese riesgo, y en contra de la postura oficial más bien pasiva mantenida hasta ahora por las instituciones comunes, conviene que la UE delimite de forma muy clara las líneas rojas, señalando que no es compatible con el Derecho europeo la secesión de un Estado miembro y el posterior reingreso en la Unión.

Análisis

El referéndum escocés como punto de partida
Durante los días previos al referéndum sobre la independencia de Escocia del Reino Unido –celebrado el pasado 18 de septiembre– el mundo contuvo la respiración. Estaba en juego no sólo la integridad territorial de la segunda potencia militar de Occidente, sino la estabilidad económica y política de toda Europa. El contundente triunfo del “no” (con 11 puntos de diferencia) supuso un alivio considerable. Desde Washington hasta Bruselas, pasando por Berlín, el fracaso del independentismo fue recibido con júbilo en todas las cancillerías. Los mercados reaccionaron también positivamente. Los efectos de la victoria de los partidarios de la conservación del Reino Unido tal y como lo conocemos hoy se propagaron por toda Europa conjurando –a corto plazo y en un futuro inmediato– los riesgos de desestabilización general del continente europeo provocados por el arriesgado comportamiento del primer ministro británico.[1] Sin embargo, la celebración del referéndum de autodeterminación constituirá para movimientos y fuerzas políticas partidarias de la independencia en países como España, Italia y Bélgica un precedente digno de ser emulado. La mera posibilidad de que el Reino Unido hubiera quedado fragmentado es un riesgo que ningún político sensato hubiera debido correr. Cameron no fue pragmático, fue arrogante. También es muy discutible que su actitud fuera la de un demócrata pues la mera aplicación del principio mayoritario (cuando los sondeos señalaban una clara preferencia social de los escoceses por más competencias pero no la ruptura) buscaba más bien atajar el debate sobre la llamada devolution-max. Si hace dos años hubiera planteado a los escoceses las propuestas de mayor autonomía que ofreció días antes del referéndum, este podría y debía haberse evitado.

A pesar del contundente rechazo que suscitan las actuales políticas del gobierno británico entre la población de Escocia (sólo uno de los 60 diputados elegidos en los distritos electorales de Escocia pertenece al Partido Conservador, que ostenta actualmente la mayoría en la Cámara de los Comunes), la gran mayoría de los escoceses fue consciente de lo que realmente estaba en juego. Y lo que se votaba no era la aceptación o el rechazo de unas políticas concretas, sino el mantenimiento o la destrucción de una comunidad política que durante más de tres siglos ha garantizado la convivencia en paz y en libertad. Además, se votaba la apertura, o no, de la caja de Pandora de la secesión y la fragmentación de Estados con base en planteamientos –ideológicos y políticos– similares a los que hace exactamente 100 años condujeron al suicidio de Europa, y cuyo potencial destructivo se vio incrementado por el presidente Wilson al introducir en 1919 el principio de autodeterminación de las nacionalidades en virtud del cual las “naciones culturales” debían convertirse en Estados independientes. El principio sirvió para destruir comunidades políticas potencialmente inclusivas –aunque en aquél momento fueran oligárquicas– como el Imperio Austro-húngaro, para erigir fronteras, crear conflictos y sumir a Europa, 20 años después, en una nueva guerra. Sobre los escombros de una Europa destruida, y con el deseo de evitar una nueva guerra, dirigentes políticos dotados de una gran altura de miras y con sentido de la responsabilidad histórica sentaron las bases del proceso de integración europea. Este proceso se configura como el principal baluarte político, jurídico y moral contra los peligros del nacionalismo (estatal o infraestatal).

Por todo ello, puede hasta cierto punto sorprender que la UE no haya reaccionado con mayor firmeza ante unos actos (el referéndum de Escocia, el del Véneto o el catalán) que, desde una perspectiva política y axiológica, suponen un ataque a su línea de flotación, a su razón de ser y a sus valores fundacionales; y desde una perspectiva jurídica, una violación manifiesta de los artículos 3 y 4 del Tratado de la UE (entre otros). El objeto de este análisis es poner de manifiesto la incompatibilidad existente entre cualquier proceso secesionista en el interior de un Estado miembro con el Derecho europeo, así como formular algunas propuestas tendentes a evitar que el referéndum escocés se configure como un precedente desestabilizador del proyecto de integración.

Las instituciones europeas ante la ofensiva secesionista
Los responsables políticos de la UE –y, singularmente, la Comisión– se han limitado a recordar que los nuevos Estados surgidos de un proceso de secesión territorial respecto a un Estado miembro (sea Escocia respecto al Reino Unido, Cataluña respecto a España o cualquier otro) quedarían fuera de la Unión, se convertirían en terceros Estados (en el supuesto de ser reconocidos como tales)[2] y deberían pedir el ingreso, caso de querer formar parte de la UE.[3] Que lo lograran o no dependería del complicado proceso de adhesión regulado en los Tratados y que exige, en todo caso, la unanimidad de los Estados miembros (incluyendo ratificación parlamentaria). Estas advertencias han sido formuladas para rechazar las tesis de quienes sostenían –contra toda lógica jurídica– que un Estado surgido de la fragmentación de otro podía continuar en el seno de la Unión. Desde esta perspectiva, el recordatorio de lo obvio, esto es, de que abandonar el Estado (el Reino Unido, España o el que sea) implica dejar de pertenecer a la UE, ha tenido efectos positivos. Pero, a pesar de ello, la posición oficial de la Comisión Europea da a entender que, desde una perspectiva estrictamente jurídica, la fragmentación de un Estado miembro es posible. Es decir, la Comisión sostiene que esa eventual fragmentación de un Estado miembro no sería contraria al Derecho comunitario europeo.

Desde esta óptica, la UE ha sostenido –y continúa haciéndolo– que los conflictos secesionistas son asuntos internos de los Estados miembros que ellos mismos deben resolver y que, como tales, no afectan a sus relaciones con la Unión. En consecuencia, la Comisión Europea –y el resto de instituciones europeas– se limitan a permanecer como espectadoras de unos procesos que no les agradan pero en los que no se consideran legitimados para intervenir. Esta postura se fundamenta en el supuesto silencio que el Derecho comunitario guarda sobre la cuestión y en una determinada interpretación del artículo 4.2 del TUE.

La retirada de un Estado miembro –aunque el asunto es complejo y desborda los límites de este análisis– tiene una cobertura jurídica expresa en los Tratados. Sin embargo, el caso de la secesión de una parte de un Estado no tiene cobertura jurídica alguna. No está contemplado por los Tratados. Algunos deducen de esa omisión, esto es, de la ausencia de una prohibición expresa, que está permitido. Es decir, que la secesión del territorio de un Estado no es contraria al Derecho comunitario europeo y que, por tanto, si un Estado miembro consiente su fragmentación, y con ello la reducción del territorio de la Unión, no está violando el Derecho Europeo. Frente a esta tesis, considero que una interpretación sistemática y teleológica de los Tratados conduce a entender lo contrario. Si los Tratados no prohíben los procesos separatistas es porque no se considera necesario hacerlo expresamente en la medida en que dicha prohibición se deduce de los valores, principios y fines de la Unión (artículos 2, 3 y 4 del TUE). Estos se sintetizan en la voluntad de alcanzar “una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa”. El fortalecimiento de la Unión es absolutamente incompatible con la fragmentación de los Estados miembros.

¿Pero qué dicen realmente los Tratados sobre la secesión en la UE?
Al ingresar en la UE en virtud del correspondiente Tratado de Adhesión, los Estados asumen el “acervo comunitario”, e incorporan así a su derecho interno el derecho comunitario europeo en su totalidad. Los Estados se comprometen a respetar el cumplimiento de ese derecho en la totalidad de su territorio y en relación a toda su población. El territorio de un Estado no es algo irrelevante para la UE. Antes al contrario, es el ámbito de aplicación espacial de su Derecho y de realización de sus políticas.

Si el Reino Unido o España –o cualquier otro Estado miembro– consiente la reducción de su territorio está afectando de forma negativa y grave a la Unión al fragmentar el espacio europeo: el mercado interior y el espacio de libertad y justicia. Y desde un punto de vista jurídico, estarían violando de forma grave el artículo 4, apartado 3, auténtico pilar de la UE como Comunidad de Derecho:

“3. Conforme al principio de cooperación leal, la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión. Los Estados miembros ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión”.

La jurisprudencia constante y reiterada del Tribunal de Justicia de la UE sobre la primacía del Derecho europeo sobre el Derecho nacional disipa cualquier duda posible sobre esta cuestión. Desde el asunto Flaminio Costa (1964), el Tribunal afirmó que los Tratados prevalecen sobre cualquier norma de Derecho interno incluso de rango constitucional. Un Estado no puede ampararse en su Constitución nacional para llevar a cabo un incumplimiento del Derecho comunitario. Tampoco en una supuesta estructura constitucional que diera cobertura a la secesión (como se ha argumentado en el Reino Unido).[4] Si pudiera hacerlo, el Derecho comunitario no podría ser concebido como un auténtico ordenamiento jurídico o, dicho con mayor rotundidad, no sería Derecho. Por la misma razón, nadie discute que el principio de primacía opera también frente a cualesquiera reformas constitucionales que pueda emprender un Estado. Con independencia de su contenido y efectos, estas reformas nunca podrían ser alegadas para justificar el incumplimiento de obligaciones derivadas del Derecho comunitario.

En este contexto, la fragmentación de un Estado puede ser considerada como el resultado de una reforma constitucional (para quienes conciben esta como una operación materialmente ilimitada) o como una destrucción constitucional (para los que defendemos que la reforma tiene unos límites materiales que no puede sobrepasar, y la unidad de la comunidad política es uno de ellos), pero, al margen de ello, lo cierto es que para lo que nunca puede servir –desde el punto de vista del Derecho europeo– es para dejar sin efecto el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho ordenamiento. Entender lo contrario supone admitir que cualquier Estado miembro utilizando el expediente de una reforma/destrucción de su texto constitucional podría romper el mercado único y el espacio europeo de libertad y justicia, consintiendo la secesión de parte de su territorio nacional. Sólo desde un formalismo extremo podría replicarse que no hay incumplimiento alguno puesto que en el resto del territorio el Estado miembro sigue cumpliendo sus obligaciones. Ello supone olvidar que desde la perspectiva de los fines atribuidos a la Unión en el artículo 3, apartados 2 y 3,[5] el mantenimiento de su unidad es ya una obligación de todo Estado miembro.

Por todo lo anterior, es posible defender que una interpretación conjunta de los artículos 3 y 4 del TUE permite deducir de ellos la obligación de todo Estado miembro de mantenerse unido y de adoptar todas las medidas necesarias para evitar su fragmentación (y la del ámbito de aplicación espacial del Derecho europeo).

Frente a ello no cabe oponer –como suele hacerse con frecuencia– el apartado anterior de la disposición citada, esto es, el artículo 4.2 del TUE:

“La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional”.

En virtud de este principio, la Unión no puede interferir en decisiones políticas fundamentales de los Estados miembros como las relativas a la forma de la jefatura del Estado, la forma de gobierno o la articulación territorial del Estado. El respeto a la identidad nacional/constitucional supone que un Estado miembro puede organizarse territorialmente conforme a un sistema de centralización del poder político o bien adoptar una estructura federal. De ahí la referencia expresa a la autonomía regional y local. Según la interpretación mayoritaria, de este principio se deriva también el derecho de retirada recogido en el artículo 50 del Tratado.

Ahora bien, de este precepto no puede deducirse el derecho de los Estados a modificar unilateralmente su territorio, permitiendo, por ejemplo, la secesión de una parte del mismo. Esta interpretación no es, en modo alguno, la única posible. Un Estado miembro ha de tener en cuenta sus obligaciones europeas (y la posibilidad de crear peligrosos precedentes) antes de proceder a abrir la puerta a una secesión. Como hemos dicho, y sin entrar a analizar en profundidad el controvertido alcance del derecho de retirada previsto en el artículo 50 del Tratado, una cosa es que los Estados miembros puedan abandonar la Unión y otra muy distinta que sin hacerlo –esto es, permaneciendo en ella– puedan modificar –unilateralmente– su territorio y fragmentar así el mercado interior y el espacio de libertad y justicia. El razonamiento jurídico en virtud del cual quien puede lo más (abandonar la Unión) puede lo menos (reducir su territorio y excluir sólo a una parte del mismo del ámbito de la Unión, tal y como pretendía hacer el Reino Unido si Escocia se independizaba) no parece aquí fácilmente aplicable. Si un Estado miembro abandona la Unión, queda –en principio– desvinculado del Derecho europeo, y no cabe hablar de incumplimiento. Pero mientras un Estado permanezca dentro de la Unión está obligado a cumplir sus obligaciones (art. 3 y 4.3 del TUE) y entre ellas se encuentra la de garantizar su unidad territorial (y la del ámbito de aplicación espacial del Derecho europeo).

Tampoco son legítimas aquellas interpretaciones de este principio que pretenden atribuirle una finalidad absolutamente contraria a la que le otorgaron sus autores. Desde esta óptica, el hecho de que el principio de la “identidad nacional” o “constitucional” esté concebido como una garantía de la existencia misma del Estado miembro –y que, por tanto, la Unión debe respetar– impide cualquier interpretación del artículo 4.2 en el sentido de que la existencia misma (su conservación como una unidad de acción y decisión política) de un Estado miembro sea algo ajeno a la UE.[6] Esto supone transformar radical –e ilegítimamente– el significado y alcance del principio. Un principio configurado para garantizar la existencia y conservación de los Estados miembros (frente a la Unión) se ha utilizado –por algunos– para justificar la inacción y la pasividad de la Unión frente a los intentos de destrucción de un Estado miembro por fuerzas secesionistas o movimientos separatistas de diversa índole. Nadie pudo nunca sensatamente prever que el respeto del principio de identidad nacional y constitucional para lo que iba servir era para dar cobertura jurídica a la posible fragmentación de un Estado desde la perspectiva del Derecho europeo.

De una interpretación teleológica del principio de identidad nacional no se puede deducir que la conservación o fragmentación de un Estado miembro sea un asunto interno de éste y, como tal, ajeno a la UE. Al contrario, su recepción en los Tratados implica un compromiso activo por parte de la Unión y de sus instituciones en defensa de esa “identidad” en aquellos casos en que se ve existencialmente amenazada por fuerzas o procesos secesionistas. De una interpretación teleológica del principio de cooperación leal y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho europeo no se puede concluir que la fragmentación de un Estado –por la secesión de una parte de su territorio– sea una opción que este pueda contemplar, sin más consecuencias que la salida de ese territorio “independizado” de la Unión. Una interpretación sistemática del artículo 4 en su conjunto, y en el contexto del Título I del Tratado, singularmente, los fines atribuidos a la Unión en el artículo 3, debería conducir a una conclusión de actitud más activa que la mera reticencia espectadora mantenida hasta ahora. Y esa conclusión es que los fenómenos secesionistas son problemas que afectan directamente a la UE. No son meros asuntos internos de los Estados miembros. Es preciso revisar la consideración de que el separatismo es un problema interno, cuando es evidente que la secesión, reduciendo el territorio de la Unión, repercute sobre el ámbito de aplicación del Derecho comunitario, fragmenta el mercado único y el espacio de seguridad y justicia común, y contradice los valores fundacionales del proyecto europeo. Por ello mismo, carece igualmente de fundamento seguir afirmando que el Tratado guarda silencio sobre la posibilidad (jurídica) de que un Estado miembro se desintegre. En relación con ello, de los artículos 3 y 4.3 del TUE se puede deducir la existencia de una obligación jurídica por parte de todo Estado miembro de la Unión de mantenerse unido y evitar su fragmentación. Y ello porque el mantenimiento de esa unidad resulta imprescindible para garantizar el cumplimiento del Derecho comunitario en su territorio. Al mismo tiempo, del artículo citado cabe deducir igualmente la obligación de la Unión –derivada de los principios de cooperación leal y de respeto a la identidad constitucional de los Estados– de no permanecer pasiva ante un proceso secesionista. Obligación que resulta incompatible con el discurso actual de seguir considerando esos procesos como asuntos internos.

Podría entonces afirmarse incluso que la Comisión Europea –como guardiana de los Tratados– no ha estado a la altura de las circunstancias. Políticamente ha transmitido la imagen de una institución más preocupada porque un Estado se exceda en algunas décimas en su déficit público anual que por su posible fragmentación. Jurídicamente no ha velado por el cumplimiento de los Tratados al realizar una interpretación de los mismos incompatible –por las razones expuestas anteriormente– con el principio de primacía del Derecho comunitario. Bien es cierto que su interpretación de los Tratados en este punto es tributaria del amplio consenso existente entre los Estados miembros sobre lo que son “asuntos internos” de estos.

Conclusiones

¿Qué hacer para evitar los procesos secesionistas?
En este confuso y peligroso contexto urge dar una respuesta política y jurídica al problema de la secesión: ¿qué puede hacer la UE para que no vuelva a repetirse un experimento con un potencial desestabilizador tan formidable como el sufrido en Escocia? En España, Bélgica, Italia, Chipre, Rumanía, Eslovaquia o Letonia y el mismo Reino Unido, por citar sólo algunos casos muy claros, fuerzas políticas independentistas apelan al precedente escocés como modelo. A partir de ahora debería quedar muy claro que no es un modelo válido para la UE.

La UE debería recordar que los procesos secesionistas son contrarios a los valores y principios fundacionales del proyecto europeo. Y que esa incompatibilidad no sólo es política, sino que también lo es desde un punto de vista jurídico. Como he expuesto en las páginas precedentes, la fragmentación de un Estado miembro por secesión de una parte de su territorio resulta incompatible con los artículos 3 y 4 del TUE. A la vista de la confusión existente y ante la gravedad de las amenazas que se ciernen en el futuro sobre el proyecto de integración europea, sería conveniente que las instituciones europeas entraran al fondo del problema.

Lo deseable –una vez más– sería emprender una reforma de los Tratados que cerrase la vía –de forma clara y definitiva– a cualquier aventura o experimento secesionista. Se trataría de introducir en el Tratado una regulación expresa que no sólo prohibiera todo proceso de secesión en un Estado miembro, sino que garantizara también que, en el supuesto de que dicha prohibición no fuera respetada, el pretendido nuevo Estado nunca podría ser admitido en la Unión. En todo caso, y mientras no se plantee un proceso de reforma de los Tratados (que, por otro lado, la crisis de la eurozona convierte en un objetivo ineludible) las instituciones –cada una en el ámbito de sus competencias– deberían contribuir a clarificar la situación y a conjurar las amenazas secesionistas.

El Consejo Europeo –por unanimidad– y el Parlamento Europeo –por una mayoría muy cualificada de representantes de los partidos europeístas– deberían aprobar sendas declaraciones políticas recordando, por una parte, que el Derecho comunitario implica la prohibición por parte de los Estados miembros de consentir cualquier secesión dentro de ellos, y formulando también, como advertencia general, la prohibición de ingreso de cualquier Estado surgido de la fragmentación de otro. Para ello habría que incluir esta advertencia en los denominados criterios de Copenhague. Al fin y al cabo resulta absolutamente incomprensible que quien aspira a una soberanía propia, y para ello quiere independizarse de un Estado, sea admitido en una organización cuya razón de ser y finalidad es precisamente compartir la soberanía.

En la Europa del siglo XXI, la ruptura de una comunidad política y la fragmentación de una sociedad no pueden presentarse nunca como un objetivo democrático legítimo. El derecho de secesión sólo puede justificarse –desde un punto de vista ético y jurídico– en el caso de comunidades cuyos miembros no vean respetados sus derechos fundamentales. Y es evidente que no es el caso ni del Reino Unido, ni de España, ni de Bélgica, ni de Italia.

Javier Tajadura Tejada
Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco y autor de “El futuro de Europa: luces y sombras del Tratado de Lisboa” (Comares, Granada, 2010)

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[1] Valgan por todas las palabras del que fuera ministro de Asuntos Exteriores de Suecia y enviado especial de la ONU en los Balcanes, Carl Bildt: “La independencia escocesa significaría un proceso de balcanización. Un sí escocés a la independencia activaría una grave crisis en Europa”.

[2] La UE y los Estados miembros nunca podrían reconocer a un Estado surgido de un proceso secesionista respecto a uno de ellos (salvo que este eventualmente lo hubiera consentido). Un proceso de esa naturaleza constituye por definición un atentado al principio de integridad territorial (consagrado en el artículo 4. 2 del TUE), que vincula a la Unión y a sus miembros, impidiéndoles reconocer al pretendido nuevo Estado.

[3] Esto fue señalado por primera vez con absoluta claridad por el presidente de la Comisión, Romano Prodi, en febrero de 2004, ante el Parlamento Europeo: “cuando una parte del territorio de un Estado miembro deja de formar parte de ese Estado, por ejemplo porque se convierte en un Estado independiente, los tratados dejarán de aplicarse a este Estado. En otras palabras, una nueva región independiente, por el hecho de su independencia, se convertirá en un tercer Estado en relación con la Unión y, desde el día de su independencia, los Tratados ya no serán de aplicación en su territorio”. Prodi añadía que el nuevo Estado podría presentar la solicitud de ingreso en la Unión, lo que sólo lograría “si es aceptado por el Consejo Europeo por unanimidad”. Barroso y Juncker, además de múltiples comisarios y portavoces de la institución, han insistido luego en esta postura.

[4] “Al Derecho nacido del Tratado –afirma el Tribunal de Justicia de la Unión– surgido de una fuente autónoma, por su propia naturaleza no se le puede oponer ninguna norma del Derecho nacional, sin perder su carácter comunitario y sin que se cuestione el fundamento jurídico de la Comunidad misma”; de ahí que “la alegación de los derechos fundamentales, tal y como están formulados por la Constitución de un Estado miembro, o de los principios de una estructura constitucional nacional no pueden afectar a la validez de un acto de la Comunidad o a su efecto en el territorio de dicho Estado” (Asunto Internationale Handelsgsellschaft, 1970).

[5] Art. 3 TUE: “2. La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia. 3. La Unión establecerá un mercado interior (…) La Unión fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros”.

[6] Según el Consell Assesor per a la Transició Nacional de la Generalitatr, el art. 4.2 del TUE “no prohíbe la secesión interna” sino que se limita a establecer el compromiso de la Unión de mantener su neutralidad en las cuestiones que afecten a la integridad territorial de los Estados.

"L'EI est beaucoup plus dangereux que l'on croit"

Le Nouvel Observateur

Encadré par plusieurs hommes armés du groupe djihadiste Etat islamique (EI), foulard noué sur la tête, sac à dos porté à l'épaule, le journaliste allemand Juergen Todenhoefer a fait la tournée des places fortes tenues par le groupe terroriste : Raqqa, Deïr ez-Zor en Syrie et Mossoul en Irak où il a visité la mosquée dans laquelle le leader de l'EI, Abou Bakr al-Baghdadi, avait tenu son unique discours public.

Dans ces bouts de territoires contrôlés, le régime de la terreur règne. "Je pense que l'EI est beaucoup plus dangereux que ce que pensent les dirigeants occidentaux", a confié le journaliste à son retour de reportage à CNN qui a diffusé quelques extraits de son reportage.

Alarmiste, il estime que les combattants de l'EI "préparent la plus grande campagne de nettoyage religieux que le monde ait jamais vu".

Si rien ne permet aujourd'hui d'avancer un tel scénario, la lutte engagée par les forces de la coalition internationale emmenée par les Etats-Unis prometd'être de longue haleine. Et dans ces villes, les combattants ont écarté tous ceux qui pouvaient constituer un obstacle à leur volonté d'y installer leur "califat".

Il y un sentiment terrible de normalité à Mossoul", ville prise lors d'une offensive-éclair en juin dernier, explique Juergen Todenhoefer. "130.000 chrétiens ont été chassés, les chiites ont fui, beaucoup de gens ont été assassinés ; maintenant la ville fonctionne et les habitants ont l'air d'apprécier la stabilité retrouvée avec l'arrivée de l'EI [...] Bien sûr, nombre d'entre eux ont peur, car les punitions infligées en cas de manquement aux règles de l'EI sont sévères".

"Notre expansion sera sans fin" 

Juergen Todenhoefer explique avoir visité l'un des centres de recrutement de l'EI qui accueille près de 50 nouveaux combattants par jour. "Ils ont l'impression qu'ils viennent en terre promise, comme s'ils venaient se battre pour une bonne chose." Des apprentis djihadistes venus d'Europe et des Etats-Unis, certains avec un diplôme de droit en poche, des opportunités de job dans leur pays d'origine, tous prêts à sacrifier leur vie sur le champ de bataille.

L'un d'eux, un Allemand, affirme au journaliste : "La question n'est pas de savoir si nous allons conquérir l'Europe, mais quand. Pour nous, il n'y a plus de frontières, il y a juste des lignes de front [...] Notre expansion sera sans fin. Les Européens doivent savoir que lorsque nous arriverons, ce ne sera pas agréable. Nous serons avec nos armes. Et ceux qui ne voudront pas se convertir à l'islam ou payer la taxe islamique, seront tués".

Pour Juergen Todenhoefer, aucun signe sur place ne montre que l'EI perd du terrain dans les principales zones que l'organisation terroriste contrôle, malgré les quelques victoires enregistrées ces derniers temps par les forces kurdes dans le nord de l'Irak. 

S. D.

Etats-Unis vs Corée du Nord : qu'est-ce qu'un "Etat soutenant le terrorisme" ?

Celine Lussato

Le Nouvel Observateur

Pyongyang, soupçonné par Washington d'avoir orchestré le piratage de Sony Pictures, pourrait être réinscrit sur la liste américaine des "Etats soutenant le terrorisme", a affirmé ce week-end Barack Obama. "Nous allons procéder à un examen par le biais d'un processus déjà en place", a déclaré le président américain dans une interview accordée à l'émission "State of the Union" sur CNN et diffusée dimanche, soulignant qu'il ne s'agit pas là d'émettre "des jugements uniquement sur la base des événements du jour".

Cette liste, moins connue que celle, plus médiatisée mais abandonnée, des "rogue states"ou "Etats voyous", comporte les pays qui, selon Washington, entretiennent clairement des relations avec des organisations considérées comme terroristes. Mais qui fait partie de cette liste des "Etats soutenant le le terrorisme" ? Pourquoi ? Et quelle est l'histoire de la Corée du Nord avec cette liste ? Eclairages. 

# Quels critères pour y figurer ?

Selon le Département d'Etat américain, les pays désignés par ses services comme devant incorporer la liste des "Etats soutenant le terrorisme" sont ceux apportant de façon répétée un soutien à des actes de terrorisme international.

Ils sont ainsi désignés en vertu de trois lois : l'article 6 de la législation sur les exportations, l'article 40 de la loi sur le contrôle du commerce des armes et l'article 620A de la loi sur l'aide étrangère, précise le Département d'Etat américain.

# Quels pays font parti de la liste ?

Année après année, la liste s'est resserrée sur elle-même. N'y subsistent plus que l'Iran (inscrit depuis le 19 janvier 1984), le Soudan (12 août 1993), la Syrie (29 décembre 1979) et Cuba (1^er mars 1982).

Mais, à la lumière du récent rapprochement entre Washington et La Havane, Barack Obama a demandé au département d'Etat d'envisager le retrait de Cuba de cette liste.

# Et la Corée du Nord ?

La Corée du Nord faisait parti des "sélectionnés" depuis 1988, peu après l'attentat du 29 novembre 1987 contre le vol KAL 858 de la compagnie sud-coréenne qui reliait Bagdad à Séoul. Attentat imputé à la Corée du Nord, qui a fait 115 morts. Mais en 2008, elle est sortie du classement américain des Etats soutenant le terrorisme. Pyongyang avait alors promis d'ouvrir ses installations nucléaires aux inspecteurs internationaux et selon le Département d'Etat, Washington avait obtenu l'assurance que Pyongyang n'avait participé à aucune action terroriste depuis 6 mois.

# Devenir un "Etat soutenant le terrorisme", qu'est-ce que ça change ?

La désignation d'un pays comme "soutenant le terrorisme" entraîne quatreprincipales catégories de sanctions, indique le Département d'Etat :

- Restrictions sur l'aide étrangère des États-Unis,

- Interdiction des exportations de matériel de défense,

- Contrôles sur les exportations de biens à double usage (civil et militaire, comme des véhicules, voire des matériaux de construction), 

- Restrictions financières.

Ce que cela signifie pour la Corée du Nord ? Elle mène ses propres recherches et développements en matière d'armement, elle réceptionne chaque année une importante aide alimentaire. Ainsi le Programme d'aide alimentaire de l'Onu (le PAM) a prévu un plan de 200 millions d'euros pour 2015 en vue de nourrir une bonne partie de la population nord coréenne menacée de famine. Ce plan dépend des aides des pays, notamment de celle des Etats-Unis qui pourraient revoir leur versement en cas d'entrée dePyongyang dans la liste des soutiens au terrorisme.

# La France a-t-elle une liste équivalente ?

D'autres pays et organisations, comme le Canada, le Royaume-Uni ou l'Union européenne dressent également une liste d'Etats ou d'organisations soutenant le terrorisme. Pas la France, qui traite au cas par cas sa politique en la matière, que ce soit en termes de collaboration économique, vente de matériel militaire ou aide humanitaire.

La France est, avec l’Estonie, le seul pays européen à ne pas avoir de relations diplomatiques avec la Corée du Nord, précise le Quai d'Orsay. Mais elle a, depuis le 10 octobre 2011, un Bureau de coopération destiné à établir des liens culturels et humanitaires.

Paris conditionne en fait une amélioration de la relation franco-nord-coréenne à des avancées sur le dossier nucléaire, les relations intercoréennes, la situation humanitaire et celle des droits de l’Homme.

Céline Lussato

Un crecimiento más rápido mediante una reglamentación más estricta

ROD HUNTER
Project Syndicate

WASHINGTON, DC – Cuando el Primer Ministro de la India, Narendra Modi, estaba en plena campaña electoral, prometió mejorar la forma como se gobierna el país. Desde que tomó posesión de su cargo el pasado mes de mayo, se ha esforzado por cumplirlo. Recientemente, declaró que quiere impulsar la posición de la India en “la encuesta de opinión DoingBusiness del Banco Mundial, que evalúa el ambiente reglamentador en 189 países. El objetivo de Modi es elevar a la India hasta los 50 puestos superiores: muy ambicioso, en vista de que ese país ocupa actualmente el 142.

Reducir el papeleo burocrático puede fomentar una cultura caracterizada por el espíritu empresarial y el dinamismo, pero la creación de una infraestructura eficaz en materia de reglamentación y observancia puede ser igualmente importante, sobre todo en zonas en las que los consumidores tienen dificultades para apreciar el valor de los productos y los riesgos que pueden entrañar.

En todos los países –pero sobre todo en las economías en desarrollo– un sistema reglamentador sólido es esencial para crear confianza en el mercado. Los consumidores necesitan saber que los alimentos y los medicamentos que toman son inocuos y los automóviles que conducen son seguros. La confianza en los productos locales impulsa el consumo interno y vuelve más atractivas las exportaciones en los mercados extranjeros.

En cambio, un país plagado de deficiencias en materia de reglamentación tendrá sus arterias comerciales atascadas y la incertidumbre sobre la calidad y la competencia desleal de unos productores sin escrúpulos ahuyentarán a los inversores extranjeros. En los países en desarrollo, una “deficiente reglamentación de la calidad y de su aplicación son obstáculos formidables para el espíritu de empresa y la inversión”, según un informe del Banco Mundial. “Los fallos en materia de reglamentación exponen a la población y el medio ambiente a riesgos horribles”.

Al mejorar los países en desarrollo sus sistemas de reglamentación, deben centrarse en colmar las lagunas que suponen riesgos para los consumidores y socavan la credibilidad del mercado. En China, por ejemplo, los fabricantes de ingredientes farmacéuticos pueden eludir la reglamentación de los medicamentos alegando que se utilizarán sus productos para fines no médicos. Aun cuando las empresas reputadas velen por la calidad de todos sus insumos, ese resquicio puede permitir la entrada en el mercado de productos peligrosos, como ocurrió en 2008, cuando al menos 81 americanos murieron después de recibir dosis del anticoagulante Heparin, que contenían material chino adulterado.

Por la misma razón, los reglamentos deben estar basados en normas internacionales, en los casos en que existan. Por ejemplo, los reglamentadores de medicamentos americanos, europeos, japoneses y de otros países han formulado orientaciones, por mediación de la Conferencia Internacional sobre Armonización, que aprovechan sus conocimientos técnicos colectivos. Países como, por ejemplo, Corea del Sur y Singapur están recurriendo a dichas orientaciones para precisar sus propios sistemas reglamentadores. Gracias a ello, sus ciudadanos disfrutarán de un acceso rápido a nuevos medicamentos y a sus investigadores les resultará más fácil participar en la investigación clínica mundial, lo que constituye una enorme ventaja para las industrias nacionales.

Como una institución reglamentadora sólo puede ser tan eficaz como las personas que trabajen para ella, otro sector en el que deben centrar la atención los países en desarrollo debe ser el de la capacitación del personal especializado. En China, menos de 200 personas trabajan en el Centro de Evaluación de Medicamentos, el organismo que examina las solicitudes relativas a nuevos medicamentos. En cambio, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos emplea a 4.000 examinadores y la Agencia Europea de Medicamentos tiene 3.000. Como era de esperar, el proceso de aprobación de nuevos medicamentos en China es uno de los más lentos del mundo: ocho años por término medio. A consecuencia de ello, los pacientes se ven privados de los medicamentos que necesitan.

La creación de capital intelectual y competencia institucional puede requerir años, pero se puede lograr. Hace un decenio, el proceso de aprobación de medicamentos del Japón era letárgico en comparación con el de otras economías desarrolladas. Este país concedió la máxima prioridad a la aceleración del proceso de aprobación con seguridad y ha habido unos avances enormes. El tiempo medio que se tarda en aprobar nuevos medicamentos se redujo de 833 días en 2006 a 306 días en 2012, según el Centro de Innovación en Ciencia Reglamentadora, con sede en Londres.

Para que la reglamentación sea de verdad eficaz, debe estar respaldada por una observancia sólida y sanciones por inobservancia, lo que requiere un sistema judicial que pueda arbitrar en casos de controversias y garantizar un tratamiento oportuno, equitativo y justo. En el caso de la India, que sólo tiene 1,2 jueces por 100.000 habitantes (frente a 10,8 en los EE.UU), será un empeño difícil. Según el Tribunal Supremo de la India, en marzo de 2012 este país tenía 31,2 millones de causas pendientes, más del 80 por ciento de ellas en los tribunales inferiores. Semejantes acumulaciones han persistido y pueden socavar el imperio de la ley.

Los países más ricos del mundo crearon su infraestructura reglamentadora a lo largo de generaciones, en una época en la que había poca competencia mundial directa. Los mercados en ascenso deben crear las suyas en un marco cronológico muy inferior.

No será fácil en ninguna parte. Requerirá recursos importantes y el proceso podría irritar a las empresas nacionales, acostumbradas a la falta de supervisión reglamentadora, pero, si se aplica correctamente, la reglamentación racional puede fortalecer la capacidad de crecimiento de los países, sin por ello dejar de proteger a los ciudadanos y mejorar los niveles de vida a largo plazo.

Traducido del inglés por Carlos Manzano.

                     UN  NUEVO  TIEMPO  EN LAS RELACIONES  HEMISFÉRICAS

                               

Es la noticia de la semana, del mes, del año, o según algunos, del siglo. Por tanto, resulta impropio para quienes nos atrevemos a menudo a analizar los temas internacionales, no comentarla, al menos en una primera aproximación.

Después de varias décadas de belicoso y amargo desencuentro, dos países vecinos de nuestro hemisferio, ligados por la historia, la política y la geografía, reinician sus relaciones diplomáticas abriendo una ventana que quizás pueda con el tiempo ampliarse para empujar la libertad y la democracia en uno de ellos: Cuba, un país que pudo tener otro destino, pero que ha estado sometido a una tiranía totalitaria que lo hundió en la ruina económica y la desesperanza.

Con lo ocurrido esta semana, Obama da cumplimiento a lo que fue, junto a la de hacer menos dependiente a su país respecto de proveedores externos de energía, una de las promesas de su programa de gobierno en 2008.

Entonces, a pesar de que no mostraba tener mucho conocimiento sobre los asuntos de Latinoamérica, declaró: “Mi política hacia Cuba será guiada por una sola palabra: Libertad”.

Por aquellas fechas, en un discurso en Miami acusó de negligente la política de Bush hacia América Latina, lo que según él, habría propiciado que demagogos como Chávez llenaran ese vacío. De éste dijo: “Su predecible pero peligrosa mezcla de retórica antiamericana, gobierno autoritario y diplomacia de chequera, ofrece la misma falsa promesa de las conocidas y fracasadas ideologías del pasado.” Y concluía: “Hemos fallado en la batalla por los corazones y las mentes. Es tiempo de reconocer que la seguridad futura y la prosperidad de EEUU está fundamentalmente ligada al futuro de las Américas. Es tiempo para una nueva alianza de las Américas ”.

Si bien hasta hace poco la conducta general de Obama hacia la mayoría de  sus vecinos hemisféricos ha sido distante, por causa de atender otros asuntos, por lo que respecta a Cuba mantuvo el objetivo.

Las negociaciones secretas de años lograron romper el hielo y hay espacio para un optimismo prudente y expectante.

Ya muchos empresarios americanos y/o cubano-americanos están preparando maletas y tienen un pie en el avión, no vaya a ser que otros se les adelanten. Los empresarios españoles están de plácemes, ven también la posibilidad de expandir los negocios que tienen en un futuro no tan lejano.

Obama, al anunciar el restablecimiento de relaciones diplomáticas, habla de promover los intereses de su país y de crear más oportunidades para ambos pueblos.  Cooperación en comercio, transacciones bancarias, transporte y flujo de información, están en la lista de tareas.

Así como se abren caminos para los asuntos económicos, Obama ha dejado claro su posición frente al asunto de las libertades y de la democracia en Cuba. “Estados Unidos cree que ningún cubano debe enfrentar acosos, arrestos o golpizas simplemente porque ejerce un derecho universal de expresar su pensamiento, y continuaremos apoyando a la sociedad civil en ese asunto”.

De forma realista dijo que no espera que los cambios brinden a la sociedad cubana una transformación de un día para otro. “EEUU quiere ser un socio para hacer que la vida de los cubanos sencillos sea un poco más fácil, más libre y más prospera.”

Obama enmarca esta decisión en un momento que considera de liderazgo renovado para el continente, y afirma que su país eligió deshacerse de las cadenas del pasado en busca de un futuro mejor para el hemisferio y el mundo.

Sin duda, estamos ante un viraje crucial para la política hemisférica que ojalá llegue a buen puerto.

El debate está abierto, sobre todo en EEUU. No será fácil para Obama avanzar en este propósito, y ya hay oposición a la jugada. Y se debe tener presente que dos años más le quedan en la Casa Blanca.

Esta decisión trascendental toca a muchos actores de la política de la región y el planeta.  Colombia, Europa, China, Venezuela, entre otros.

No sería aventurado decir que la jugada descoloca al gobierno venezolano, empeñado en mantener una relación pugnaz gratuita de cara a EEUU y con una retórica anacrónica al estilo de la Guerra fría. Es temprano para saber cómo se va a comportar en lo sucesivo frente a esta dinámica nueva. ¿Lo moderará? ¿Lo radicalizará?

Estamos entrando a una nueva etapa en las relaciones hemisféricas que nos traerá muchas noticias y sorpresas.

Volveremos sobre el asunto.

EMILIO NOUEL V.

@ENouelV

LAS SANCIONES DE EEUU A LA CÚPULA CHAVISTA

Está claro que la ley acordada por el Congreso estadounidense apunta a un grupo de la nomenklatura autoritaria que gobierna a nuestro país, que a juicio de los parlamentarios norteamericanos está envuelta en flagrantes violaciones a los Derechos Humanos.

Era esperable que la reacción de la cúpula chavista fuera la de proyectar hacia todo el país la idea de que es éste el sancionado, cuando no es así. Con tal discurso se busca lo de siempre, cerrar filas a lo interno de cara a un supuesto enemigo foráneo.

Este objetivo, en alguna medida, pero cada vez menos, lo logra en aquella parte de la ciudadanía más sencilla y menos informada. De allí la importancia que cobra el que la oposición democrática haga un esfuerzo mayor para explicar al pueblo de qué se trata el asunto y no sea manipulado.

Lo primero que debe decirse es que el Congreso de EEUU está en su derecho de legislar en su territorio acerca de los temas que considere conveniente. Al igual que lo puede hacer la Asamblea Nacional de Venezuela. Los parlamentos regulan las más variadas materias, y estas normativas tendrán aplicación y alcance nacional. Así, todo aquel individuo o bien que esté bajo esa jurisdicción sería afectado si se ajusta a los presupuestos de la ley.

El Congreso estadounidense, después de los “afeites” al proyecto inicial, aprobó una ley que establece que el presidente Obama podrá imponer sanciones a cualquier persona extranjera que él determine, incluidos funcionarios o ex funcionarios del gobierno de Venezuela, o que hayan actuado en nombre de este último, en virtud de la comisión de actos violentos o serios abusos contra los derechos humanos durante las protestas escenificadas en Venezuela en el año 2014. 

Podrá sancionar a las personas que hayan ordenado o dirigido el arresto a personas que ejercieron su legítimo derecho de expresión o de reunión, o que  hayan asistido, patrocinado o proveído significativo apoyo financiero, material o tecnológico, para tales actos.

Las penas contempladas son de dos tipos: a) bloqueo de activos y prohibición de todo tipo de transacciones y b) exclusión de EEUU o pérdida de la visa u otros documentos.

La ley remite a otras leyes vigentes y establece también ciertas excepciones, como por ejemplo, los casos en que el Presidente podría suspender sus efectos cuando esté envuelto el interés nacional de EEUU o en ciertos casos de importación de bienes. (¿petróleo, por ejemplo?)

La Ley, entre otros asuntos,  reafirma en su texto que es política de aquel país apoyar al pueblo venezolano en sus aspiraciones de vivir en paz y en democracia representativa, tal y como lo establece la Carta Democrática Interamericana,  y trabajar mancomunadamente con otros miembros de la OEA, así como de la Unión Europea, en asegurar una solución pacífica de la actual situación venezolana y el cese de la violencia contra manifestantes opositores.

Muchas interpretaciones exageradas han salido por ahí que no se corresponden con el alcance de la ley.

Sobre su contenido y motivaciones reales y/o aparentes, hay comentarios varios. Particularmente, en relación con la conveniencia o no para la oposición democrática venezolana, y sus efectos, habida cuenta de la experiencia con iniciativas parecidas.

Es lícito entonces preguntarse si tal instrumento legislativo ayudará o no a salir del atolladero crítico en que está nuestro país, más allá de sus buenas intenciones, las cuales, para algunos, tienen más que ver con la política interna norteamericana.

Como venezolano uno agradece con sinceridad la preocupación de los parlamentarios norteamericanos acerca del destino de nuestra democracia en decadencia y la persecución y cárcel de políticos venezolanos. Y nada tenemos que objetar a eventuales sanciones que se apliquen en su territorio contra violadores de los derechos humanos.  Están en su pleno derecho soberano de hacerlo.

Sin embargo, se debe comprender que visto desde Venezuela el asunto es mucho más complejo que la aplicación de esas sanciones merecidas, aunque es probable que no perjudiquen a los que ya pusieron a buen resguardo sus activos mal habidos, transfiriéndolos a otras jurisdicciones o a testaferros.   

Queda ahora a Obama refrendar la ley y determinar a quiénes concretamente castigará, tarea que no luce sencilla. Listas van y vienen por las redes sociales, incluyendo a algunos que no podría alcanzar la ley, por no estar entre los sujetos sancionables. En esto los wishful thinkings abundan.

¿Esta ley con efectos en EEUU nos ayudará? ¿En qué medida?

Que el lector juzgue y no se equivoque en la apreciación de las consecuencias que puede producir esa ley.

Los problemas del país son en extremo graves y demandan diálogo y acuerdos de los venezolanos. Los que gobiernan no muestran capacidades ni deseos de solucionarlos. Mucho menos disposición para llamar a todas las fuerzas políticas y económicas del país en función de salir de la crisis actual y del desastre que se nos viene encima.

Sólo lo que hagamos aquí, más allá de las sanciones que acuerden otros países, determinará el camino a seguir. Y es la unidad de las fuerzas democráticas la que garantizará el triunfo.  

EMILIO NOUEL V.

@ENouelV 

ENTREVISTA A MARTA NUSSBAUM: 

"Hay que cultivar un amor por el disenso"

PABLO MAURETTE

LA NACIÓN

CHICAGO.- Martha Nussbaum (Nueva York, 1947) es una de las filósofas contemporáneas más influyentes del mundo. Ha publicado una enorme cantidad de libros y artículos sobre filosofía antigua, ética, filosofía política y del derecho, feminismo y justicia social. Entre sus obras más importantes se cuentan La fragilidad del bien (1995), La terapia del deseo (2003), Las fronteras de la justicia (2007) y El cultivo de la humanidad (2012). Nussbaum es profesora de Derecho y de Ética en la Universidad de Chicago. En 2012 fue galardonada con el premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales.

Desde la ventana de su oficina en el quinto piso de la Facultad de Derecho, Martha Nussbaum tiene una vista privilegiada de Hyde Park, el elegante barrio de casas bajas donde se encuentra la Universidad de Chicago. Del otro lado del Midway Plaisance, una ancha avenida ajardinada que separa la parte antigua de la parte moderna del campus, se ven los edificios gótico-victorianos por donde pasaron, en calidad de alumnos o docentes, Carl Sagan y Edwin Hubble, Leela Ghandi y Barack Obama, Milton Friedman y Eugene Fama, Leo Strauss, Hannah Arendt, Bertrand Russell, Rudolf Carnap y Paul Ricoeur, T. S. Eliot, Saul Bellow, Kurt Vonnegut y Philip Roth. Si uno estira el cuello puede incluso ver el sitio donde, el 2 de diciembre de 1942, Enrico Fermi logró la primera reacción en cadena controlada de fisión nuclear, uno de los pilares del Proyecto Manhattan. Pero todo esto está al norte, del otro lado del Midway, en la zona más tradicional y más opulenta del barrio. La Facultad de Derecho, como otros edificios modernos del campus, fue construida en la vereda sur del Midway, una zona históricamente marginal y bastante peligrosa. A Martha Nussbaum le gusta estar del lado sur, a pesar de que una tarde de invierno de hace años fue víctima de un asalto al cruzar la avenida. Es que para Nussbaum el Midway Plaisance, con su rica historia, representa uno de los proyectos más exitosos de integración urbana en Chicago, una ciudad profundamente dividida tanto social como racialmente. Durante la Exposición Universal de 1893 -esa "celebración de la codicia y el egoísmo sin límites", según Nussbaum-, cuando Chicago le dio la bienvenida al mundo desde la Ciudad Blanca, un complejo de edificios neoclásicos de estuco erigidos a orillas del lago Michigan, la Midway Plaisance cumplió un rol profundamente simbólico. Mientras que en la Ciudad Blanca se festejaba la industria, la innovación y el lujo de un país que ya era más rico y poderoso que Europa, en el Midway se instaló la primera vuelta al mundo (Ferris Wheel) y el Show del Salvaje Oeste de Buffalo Bill. Así, al mismo tiempo que en la Ciudad Blanca se emulaba a Europa, en el Midway se celebraba un carnaval autóctono. Los casi treinta millones de visitantes de cientos de nacionalidades y de todas las clases sociales que tuvo la exposición a lo largo de cinco meses repartían su tiempo entre ambas atracciones. Huelga decir que los espectáculos populares del Midway fueron los más exitosos y redituables. Y mientras que de la Ciudad Blanca no quedó más que un edificio apenas interesante (que alberga hoy el Museo de la Ciencia y de la Industria), el legado del Midway fue una invención que se encuentra hasta el día de hoy en ferias de pueblos y ciudades de todo el planeta: la vuelta al mundo.

Para Martha Nussbaum, quien en su nuevo libro le dedica más de una página a la ciudad de Chicago, el Midway, al igual que el Parque del Milenio, constituyen ejemplos de cómo un Estado democrático puede fomentar la integración social y cultural sin recurrir ni a la coerción ni al adoctrinamiento. Emociones políticas: ¿Por qué el amor es importante para la justicia? (Paidós, 2014), puede leerse, como dijo Alan Ryan, como una larga "serie de notas a pie de página" a Teoría de la justicia de John Rawls. La misma Nussbaum admite sin pruritos la enorme deuda con la obra de Rawls, a la que considera el aporte más importante a la filosofía política en el siglo XX. Pero, allí donde Rawls opera con nociones abstractas, ideales, hipotéticas, Nussbaum hace trabajo de campo e intenta mostrar con ejemplos concretos cómo el Estado puede y debe involucrar las emociones de los ciudadanos (en particular el amor) en pos de un proyecto social más inclusivo, más igualitario y más justo.

-Emociones políticas trata sobre lo que usted llama el "cultivo de emociones públicas." ¿Cómo hace un Estado para cultivar y fomentar emociones sin caer en el adoctrinamiento o la coerción?

-Ésa es la gran pregunta, claro, porque las emociones pueden ser utilizadas por Estados fascistas o represores para sus propios fines. Lo que me interesaba a mí era instar a los progresistas, que creen en la libertad de expresión, a pensar esta idea del cultivo de emociones. Lo fundamental es centrarse en objetivos políticos y dejar grandes espacios para que la gente explore sus propios intereses. Por ejemplo, no puedo imaginar un Estado progresista que cultive emociones religiosas; eso es algo que debería quedar restringido a la cosmovisión personal de cada individuo. Pero para perseguir objetivos políticos hay que pensar en las libertades individuales y eso se hace de varias maneras. En primer lugar, no sólo no se castiga el disenso, sino que además se deja en claro que el disenso es una parte valiosa de la política. Acá antes se mandaba preso a quien se negaba a saludar a la bandera, eso es terrible. Hay que cultivar un amor por el disenso. Hacer que los chicos lean Matar un ruiseñor es una forma de celebrar el valor del disenso; en India la canción favorita de Ghandi era una canción sobre el disenso solitario. Un país libre necesita de gente que se anime a expresar descontento frente al dolor y la adversidad. Hay maneras de promover esto. Me gustan particularmente ciertas esculturas y monumentos en espacios públicos ante los cuales la gente se siente invitada a experimentar algo de manera personal, pero en un contexto comunal. Si uno va al Monumento a los Caídos en Vietnam en la ciudad de Washington, encuentra que ha sido diseñado especialmente para despertar cierta autoconciencia respecto de distintas posturas porque, por empezar, uno ve reflejada su cara en el muro de granito. Al leer los nombres de los muertos puede reflexionar sobre el belicismo en general, o rescatar el valor de los soldados o buscar el nombre de algún conocido. Lo importante es que mientras uno recorre el monumento ve a otra gente recorriéndolo, llorando por sus parientes muertos o buscando el nombre de alguien en especial; y esto inicia un diálogo: ¿qué es la guerra?, ¿por qué habría de ir a la guerra un Estado democrático? Son espacios así, reservados para la conciencia personal, la reflexión, la empatía y el disenso, los que impiden que el cultivo de emociones se transforme en adoctrinamiento, me parece.

-En un momento del libro habla de "crear" emociones más que cultivarlas. Casi como si estas emociones positivas tuvieran que ser artificialmente inculcadas en el ser humano. ¿Cuán resistente es la naturaleza humana (que usted define como egoísta, estrecha, discriminadora) al cultivo de emociones positivas, de amor y respeto por el otro?

"Las cuestiones de género siguen siendo muy complicadas, pero toda feminista debe ser optimista"

-Estas emociones están en nosotros, pero tendemos muchas veces a pasarlas por alto. Con tratar de fomentar la compasión no alcanza; por eso hablo de amor, una emoción primordial en todo ser humano. Cuando somos chicos podemos expresar mucho amor por padres y hermanos, pero no amamos a los desconocidos, le tenemos miedo a la gente distinta, etcétera. El amor es un sentimiento muy provinciano, por decirlo de alguna manera, y hay que desarrollarlo, expandirlo. Necesitamos construir puentes entre nuestros intereses particulares y un amor más inclusivo. Pero hay que tener cuidado. Aquí es cuando pienso en los grandes festivales de tragedia en la antigua Atenas: ¿cómo hacían para tomar una emoción tan acotada y particular, y lograr que uno sintiera compasión por un absoluto desconocido? ¿Cómo podemos nosotros lograr eso? Mi libro es, en gran parte, un intento de respuesta a esta pregunta. Y hablo de amor porque compasión se queda corto. Yo creo que el amor por ciertos ideales políticos debe ser una emoción cálida más que un mero objetivo. Debe poder inspirarnos a actuar de maneras que nos lleven a trascender nuestro interés propio, debe ser una emoción fuerte. Cuando somos chicos no tenemos esas emociones fuertes que nos permiten salir de nosotros mismos. El amor de la infancia es particularista. La política debe de alguna manera construir puentes entre estos amores particulares, mezquinos acaso, y el amor por un bien común. Martin Luther King, que era un genio del corazón, entendía que para que la gente luchase por un futuro mejor era necesario que relacionase este objetivo con algo muy particular y emotivo, algo personal. Entonces hablaba de las ondulantes colinas de Allegheny en Pensilvania, las pendientes curvilíneas de California, todo bastante erótico, la verdad; y lo hacía para tocar la imaginación particular, el orgullo regionalista de cada persona.

-El amor a la patria es uno de los grandes temas de su libro. En América Latina, por ejemplo, el patriotismo es una bandera tanto de la derecha como de la izquierda. ¿Por qué cree que el patriotismo es una emoción tan resistida por la izquierda y el progresismo en Europa y Norteamérica?

-El país donde he encontrado que la gente se opone más a mi interés por el patriotismo es, previsiblemente, Alemania. Es muy difícil vivir con la conciencia de que el país de uno hizo algo tan pero tan malo en pos de valores patrióticos. Los alemanes lidian con esto, por ejemplo, ocupándose de la parte "comercial" del patriotismo y dejando de lado la parte emocional; y la autocrítica que hacen, sobre todo la gente más educada, suele ser despiadada. Pero éste es un caso extremo. Todo conjunto de objetivos que lleve adelante la construcción de una sociedad está ligado con emociones, y no se puede abandonar la esfera emocional sólo porque en el pasado nos metió en problemas. Lo importante es disponer de buenos principios y éstos no vienen de las emociones sino que deben fundarse sobre ideas y argumentos filosóficos. Pero una vez que disponemos de estos principios en la constitución y en las leyes, es preciso pensar en cómo cultivamos el amor por la patria de manera edificante, inclusiva y justa. Creo que Europa ha descuidado este aspecto, y me atrevo a decir que a eso se deben, en parte, estas nuevas y muy desagradables versiones del nacionalismo que estamos viendo surgir en Grecia y otros sitios. La gente necesita esta sensación de pertenencia y, si el Estado no se la da, buscará llenar ese vacío en otra parte. La Unión Europea ha puesto toda su energía en la economía y ha dejado de lado el aspecto emocional de la política.

-Su proyecto parte de lo que usted llama una "desafortunada realidad": la gente es proclive a la discriminación y a la avaricia, y es reacia a participar de proyectos en pos del bien común que exijan sacrificios. ¿Es optimista respecto de la posibilidad de que estas emociones positivas prevalezcan por sobre esos instintos negativos?

"Naciones Unidas, una institución bastante anodina, no ha explotado el recurso de las emociones"

-Bueno, claro, mi libro empieza con el positivismo optimista del siglo XIX, con gente que creía que la humanidad lograría superar todas sus miserias en pos de un bien común de progreso global. Creo que gente como Mill y Comte descuidaron los costados más oscuros de la naturaleza humana. No sólo tenemos tendencia al egoísmo y a la avaricia, sino que también tenemos una tendencia a sentir asco por nuestro propio cuerpo y proyectar ese asco hacia los otros. Es imprescindible pensar estas cuestiones y enfrentarlas porque, si no, van a volver a causar problemas serios y, posiblemente, tragedias como lo han hecho tantas veces en el pasado. ¿Cuán optimista soy? Bueno, los dos países de los que hablo en este libro (Estados Unidos e India) a veces me llenan de optimismo y otras todo lo contrario. India en este momento me tiene muy preocupada porque hay un nacionalismo feo que está en ascenso y que utiliza la retórica del asco para conseguir lo que se propone. Estados Unidos tiene aún problemas gravísimos (la pobreza, sobre todo), pero en otros aspectos muy complejos creo que estamos progresando. Piense en el matrimonio igualitario, por ejemplo. La Corte Suprema acaba de dictaminar que la gente del mismo sexo se puede casar en cinco estados más. Mi colega Richard Posner aquí tuvo mucho que ver con este dictamen, o sea que la Universidad de Chicago jugó un papel importante en este tema, lo cual me llena de orgullo. Las cuestiones de género siguen siendo muy complicadas, pero toda feminista debe ser optimista: hace cien años las mujeres sólo podían votar en un par de países y hoy pueden hacerlo en todos (salvo Arabia Saudita y esperemos que eso cambie el año que viene). Kant decía sobre la Revolución Francesa que, aún si termina siendo un fracaso absoluto, el hecho mismo de que se haya logrado expresar a nivel masivo la idea de que el feudalismo está mal es en sí un avance. De modo que hay razones para ser optimista. Pero dada mi visión de la naturaleza humana, tengo que concluir que esto es una batalla constante y hay que estar atento siempre a la manifestación de estas emociones perniciosas.

-La religión es otro de los temas sobre los que vuelve una y otra vez en el libro: la posibilidad de una religión laica, la cuestión de cómo llenar el vacío que dejó la fuga de los valores religiosos al ámbito de lo privado en un mundo secular. ¿Ha pensado sobre el conflicto con el radicalismo islámico, un problema que afecta a muchos países, incluidos Estados Unidos e India, en términos de emociones políticas?

-En un libro que publiqué en 2007, La nueva intolerancia religiosa, hablo de eso en relación con Europa y Estados Unidos. Estados Unidos tiene una larga tradición de respeto y tolerancia del espacio personal de cada persona en lo que concierne a la religión. Esto incluye permitir que cada grupo se vista como quiera, por ejemplo. Los cuáqueros usaban sombreros altísimos y no se los quitaban cuando entraban en un tribunal, los judíos se vestían y se visten a su manera y nunca se intentó asimilar a todos al mismo estilo de vida. Mientras que en Europa no. En parte porque LA NACION ha sido definida en términos étnico-culturales más que políticos. Y entonces producen estos argumentos ridículos e hipócritas acerca de por qué es necesario prohibir la burka. "Hace de la mujer un objeto", dicen. ¿Y la pornografía no, acaso? O señalan que es por razones de seguridad; sin embargo, en muchos de esos países en invierno la gente debe salir a la calle toda cubierta por el frío y nadie lo toma como una amenaza contra la seguridad nacional. La ley francesa que prohíbe la burka es muy graciosa porque incluye una lista larguísima de excepciones, casos en que uno sí puede cubrirse la cara: se pueden cubrir la cara los atletas, los médicos (con el barbijo) y dentistas, y también se puede uno cubrir la cara en razón de "manifestaciones culturales", por ejemplo si tiene que ir a una fiesta de disfraces. Toda esta gente se puede cubrir la cara, pero las mujeres musulmanas no. No tiene ni pies ni cabeza. Creo que Estados Unidos hizo bien en dejar siempre en claro que la guerra no es con el islam sino con ciertos grupos radicalizados, mientras que Europa ha tomado medidas que claramente atentan contra la inclusión de los inmigrantes musulmanes.

-Me gustaría que hablara un poco de Mozart. Las bodas de Fígaro es uno de los textos que usted considera fundacionales de la posición que propone en su libro. Ha escrito sobre La clemencia de Tito y para el programa de Don Giovanni (que inauguró la actual temporada en la Ópera Lírica de Chicago) contribuyó con un texto en el que también reflexiona sobre el amor y la compasión. ¿Qué es lo que hace de Mozart un compositor tan relevante para pensar la política y la justicia hoy en día?

-Soy una gran melómana, además de ser una cantante amateur, y pasé parte de mi vida pensando y escribiendo sobre música. Mozart me interesa particularmente y un día quisiera escribir un libro sobre sus óperas. En el contexto del ocaso del ancien régime creo que a él lo obsesionaba la cuestión del trato entre los hombres y de cómo relacionarnos humanamente. Existía una jerarquía social fija y uno debía obedecer reglas y aceptar situaciones de sumisión y dominación, lo mismo sucedía entre hombres y mujeres. Él relaciona el nuevo mundo de la democracia con la emancipación de la mujer y esto en sí ya es muy interesante porque no muchos trazaban este paralelo en ese entonces. Mozart entendía muy bien las emociones femeninas y tenía muy en claro que, si no cambiaba la política de las relaciones interpersonales, nunca iban a cambiar realmente las relaciones políticas y sociales. Por eso creo que Las bodas de Fígaro es mucho más política que la obra de Beaumarchais en la que está basada, y que no presta demasiada atención a los sentimientos del corazón. Mozart entiende tan bien y siente con tanta intensidad la necesidad de salir de nosotros mismos y llegar al otro, y éste es el comienzo de todo amor político genuino. Lo mismo sucede en La clemencia de Tito cuando, hacia el final, Sexto le pide a Tito -su viejo amigo, a quien trató de matar por el amor de una mujer- que mire dentro de su corazón y lo comprenda. De eso se trata mi propio trabajo y este libro en particular, de la necesidad de realmente ver y apreciar la posición del otro y comprender sus emociones. El libro que estoy escribiendo ahora trata sobre la ira y la venganza. Antes creía que la ira justificada era algo bueno, ahora no lo veo tan así. Sin embargo, no me considero pacifista. Por ejemplo, creo que la Segunda Guerra Mundial debía suceder y es bueno que haya sucedido. La idea de Gandhi de que se podía convertir a Hitler con lisonjas y diplomacia me parece un delirio. Mandela, por ejemplo, llevó la política de no violencia hasta el límite de lo posible, pero luego tuvo que recurrir a la violencia y estuvo bien que así lo hiciese, era necesario. Lo importante es que el espíritu que anime una empresa tal sea, a la larga, un espíritu conciliador y que tenga como objetivo último la construcción de un futuro conjunto.

-Ya que menciona la Segunda Guerra Mundial quiero terminar con una pregunta sobre la posibilidad de trasladar esta idea suya de cultivar emociones públicas de la esfera nacional (que es la que le interesa a usted) a la internacional. ¿Se puede cultivar emociones positivas, amor incluso, entre países?

-Se puede, pero es mucho más difícil. Usted habrá notado que yo me centro en ciudades más que en países. Es más fácil gestionar esto en Chicago, por ejemplo, o en Nueva Delhi, porque en las ciudades la gente entra en contacto la una con la otra constantemente. Los ejemplos que doy son de parques urbanos, esculturas, monumentos, barrios, etcétera. A nivel nacional esto es mucho más difícil y en el mundo. El problema es: ¿qué cosas compartimos? Desde luego compartimos principios y para recordarnos estos principios están las organizaciones de derechos humanos. Pero francamente Naciones Unidas, una institución bastante anodina, no ha explotado el recurso de las emociones de ninguna manera que sea valiosa. La pregunta es: ¿cómo podemos compartir una cultura de sentimientos, cómo podemos participar todos de una misma manifestación cultural que involucre emociones compartidas y deje espacio para reflexionar? Quizás la música y el deporte sean formas de generar emociones positivas a nivel internacional e intercultural. Mandela, por ejemplo, tuvo una enorme influencia emocional a nivel mundial en parte gracias a su retórica, pero también por medio de la música, de la danza, y del deporte, en especial del rugby. El deporte podría ser una manera; claro que también ha sido usado en formas muy nocivas, que separan a la gente en vez de unirla, exacerbando el chauvinismo. Quizás los nuevos medios de comunicación permitan en algún momento un acercamiento global profundo, significativo, transformativo. Veremos. Ojalá