martes, 26 de julio de 2011

HUMALA Y EL PICAO DE MACAGUA


Tomó posesión Ollanta Humala y su discurso inicial podría ser tranquilizador para algunos. Ningún desplante, no hay amenazas ni a propios ni a extraños, muy conciliador. Lució prudente, comedido, sosegado, lejos de ser pugnaz.

Por otro lado, después de leer la conformación que tendrá su gabinete ministerial, se podría pensar de manera apresurada que como a Pablo de Tarso de camino a Damasco, él haya tenido una visión que lo convirtió de militar golpista de pensamiento colectivista y salpicado de indigenismo fascistoide, a demócrata liberal y partidario ferviente del capitalismo.

No obstante, el optimismo, el posibilismo y hasta la ingenuidad de algunos no debería llegar a tanto.

Resulta muy difícil creer que un hombre con las ideas que conocemos ampliamente haya sufrido una mudanza de 180 grados en su visión de las cosas en tan corto tiempo.

Ciertamente, los nombres que han sido publicitados para estar al frente de las carteras más importantes en ese gobierno gozan de la confianza de los mercados. Los factores económicos no los ven con malos ojos; al contrario, los reciben como una buena señal de la administración próxima a estrenarse. Incluso Keiko Fujimori ha manifestado su complacencia con algunos.

Según los parte de prensa, el primer ministro o presidente del consejo de Ministros será Salomón Lerner, empresario de origen judío, fue funcionario en el gobierno de Velasco Alvarado, amigo del ex presidente Toledo, con notoria participación política en los últimos años y de quien dicen hizo cambiar las orientaciones económicas en el programa y el discurso de Humala; el de Economía será Luis Miguel Castilla, viceministro de Hacienda de Alan García, graduado en John Hopkins, ex funcionario del Banco Mundial y de la CAF, dicen que es neoliberal; de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, profesor universitario, sociólogo, fue Presidente de las Juventudes demócrata cristianas de América; de Defensa, Daniel Mora, general retirado, del partido de Toledo, y quien había sido designado hace poco vocero de la bancada de ese partido en el parlamento; de Comercio Exterior, José Luis Silva, empresario del sector exportador; del Trabajo, Rudecindo Vega, miembro del partido de Toledo, y Julio Velarde, actual presidente del Banco Central, continuará en estas funciones, entre otros.

Este cuadro ministerial podría cambiar la percepción que muchos tenemos de Ollanta Humala y esperar un gobierno distinto al de Chávez o Correa. Sin embargo, la trayectoria del peruano a cualquier venezolano que ha vivido la pesadilla chavista de la última década, lo pone en guardia; o como se dice por estos pagos: "el picao de macagua cuando ve bejuco se le paran los pelos".

Obviamente, las condiciones político-económicas peruanas no son las mismas que las de Venezuela o Ecuador, y transpolar estas experiencias a Perú sería un despropósito.

Humala ganó la presidencia con un apoyo electoral que está alrededor del 30 % de la población. No dispone de mayoría parlamentaria, y para remate, la publicitada visita de negocios de su hermano a Rusia, le quitó a éste, de un sólo tajo, 20% de la popularidad que había logrado después del triunfo.

Por otro lado, el poder económico del estado peruano no es igual que el del venezolano. La situación económica no es la que tenía Chávez al llegar al poder. Las condiciones sociales tampoco son similares. Para lograr el triunfo, Humala se vio obligado a coaligarse con otras fuerzas políticas en la segunda vuelta electoral. así las cosas, la gobernabilidad no es de su exclusivo control.

Asimismo, el entorno internacional ha cambiado en los últimos años. Aliarse a un gobierno como el de su amigo Chávez, hoy debilitado y aislado, y enrolarse, por ejemplo, en las huestes de la ALBA, son opciones que en el Perú actual están muy lejanas. Pareciera, más bien, que el papel del hegemón del patio suramericano, BRASIL, será decisivo en las estrategias que siga Perú en sus relaciones internacionales. La participación activa de los brasileños en la campaña de Humala refuerza esta idea.

Algunos han señalado que estos primeros nombramientos de Humala fueron tomados como primer paso calculado para más adelante sacar las garras, toda vez que sus intenciones totalitarias soterradas saldrían a flote cuando estén dadas las condiciones. Quién sabe. El ejemplo de Chávez sería aleccionador al respecto. Si sacamos la cuenta de los políticos, empresarios y medios que lo apoyaron en 1998, muy pocos se salvan. Fue saliendo de ellos progresivamente. Sus “compañeros de ruta” iniciales han sido apartados y execrados para gobernar él solo, autocráticamente, según el plan trazado en la logia militar que lo ha acompañado durante 3 décadas o más y conforme a una ideología que camufló varios años.

¿Es Humala su émulo?

A mi juicio, es probable que en el fondo las intenciones de Humala sean parecidas a las de Chávez. Su pensamiento se inscribe en esa corriente confusa y anacrónica llamada “socialismo del siglo XXI”; de allí que este opinador no crea en conversiones repentinas al credo democrático. La realpolitik lo constriñe, lo obliga a hacer lo que que no desea. No tiene las fuerzas propias suficientes para llevar a su país adonde él cree que debe ir; afortunadamente, por ahora.

Fue a EEUU y ha sido recibido por Obama; cosa lógica, éste es el presidente del país más poderoso de la tierra y del hemisferio, socio comercial de Perú. Pero también fue a visitar a Fidel Castro. ¿A santo de qué?

Está claro que el curso de los acontecimientos políticos en el Perú dependerá de los contrapesos y salvaguardias políticas que las fuerzas democráticas pongan para impedir cualquier desnaturalización del régimen vigente de libertades y de economía de mercado.

Que la amarga experiencia venezolana sirva de ejemplo -¡de mal ejemplo¡- a los peruanos para evitar equivocaciones que abran paso a la destrucción de su democracia desde adentro, utilizando las propias instituciones para la vil tarea, tal y como lo ha hecho el autócrata venezolano.

De repente por mal pensados nos equivocamos, y el gobierno de Humala transcurre como otro más de una democracia liberal cualquiera. Ojalá sea así. Ver para creer.

EMILIO NOUEL V.

jueves, 21 de julio de 2011

EL PRÓXIMO GOBIERNO DE VENEZUELA Y LAS NUEVAS POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA



No hay duda de que en la presente coyuntura histórica resulta oportuno exponer al debate algunas ideas sobre el futuro de la integración hemisférica, sobre todo, cuando se han lanzado en el continente nuevas iniciativas en este campo, como la Comunidad Sudamericana-Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), impulsada por BRASIL, la CELAC o proyectos político-ideológicos supuestamente integracionistas como la llamada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), propuesta por el actual gobierno venezolano.

No escapará al lector que este tema, íntimamente ligado al desarrollo histórico de la interdependencia económica continental, por su trascendencia política y económica, ha generado no pocas polémicas en todos los campos del acontecer que se relacionan directa o indirectamente con él.

Por décadas, los países latinoamericanos han enfrentado los desafíos que conlleva el difícil camino hacia el desarrollo y la prosperidad. Mucha tinta se ha vertido sobre este sensible asunto. Las diversas corrientes de pensamiento se han abocado a su estudio desde los tiempos en que nuestros países iniciaron su trayectoria como naciones independientes. Políticos y pensadores de nuestro hemisferio han opinado desde hace más de 200 años sobre el tema. Desde Washington hasta Buenos Aires, hemos visto desfilar el monroismo, el bolivarianismo, el panamericanismo, el antiamericanismo, el nacionalismo, el tercermundismo, la dependentología, el antiimperialismo, el marxismo, el foquismo, el indigenismo, el liberalismo y el neoliberalismo, cada uno con su receta.

La integración económica entre los países de América Latina (AL) ha sido una estrategia que se ha puesto en práctica con resultados que no fueron los esperados, habida cuenta del tiempo de vigencia que ha tenido aquella. En el trayecto, se ha creado y experimentado varios modelos de integración, algunos de éstos se han remozado o refundado, pero las carencias, las marchas y contramarchas, los momentos críticos, los desencuentros, han persistido. No obstante, el balance es agridulce, y aún falta mucho trecho por recorrer en esta materia, si es que aún queda alguna posibilidad para esa estrategia, después de haber desperdiciado tantas oportunidades y llegados a una interdependencia global que restringe o más bien dificulta la viabilidad de los bloques de comercio cerrados o regionalizados.

Visto desde hoy tal recorrido accidentado durante más de cinco décadas, sólo queda constatar que el tiempo no perdona. Las coyunturas no aprovechadas ya no regresarán, aunque resten opciones con cierta viabilidad.

Mientras el mundo seguía su curso, y la brecha con los países desarrollados se ensanchaba, los países de AL quedábamos rezagados por causa de nuestros males políticos, sociales y económicos no resueltos; en su mayoría, atribuibles a nosotros mismos. A pesar de que en los últimos tiempos y de la crisis financiera que golpea los países desarrollados, en algunos países de AL se han producido importantes avances en términos de crecimiento económico y bienestar, siguen presentes los lunares de la pobreza, las debilidades institucionales e importantes carencias educativas, entre otros problemas.

El mundo de hoy no es aquel en que se creó la Asociación LatinoAmericana de Libre Comercio (ALALC). La interdependencia global, particularmente la económica, ha arribado a cotas insospechadas entonces. Han transcurrido 51 años. Pocos años menos de vida que los de la Unión Europea. Y los contrastes y logros están allí, a la vista de todos.

¿Qué hicimos o dejamos de hacer los latinoamericanos durante estas décadas o antes para alcanzar los insatisfactorios resultados obtenidos? ¿En qué hemos fallado? ¿Qué hicieron países exitosos en la actualidad cuyos niveles de desarrollo hace 50 años estaban por debajo de los nuestros? Son preguntas lacerantes y legítimas.

En un mundo en extremo interdependiente como el actual ¿tenemos las mismas opciones que hace 60 años? ¿Cabe pensar en la misma integración que nos propuso PREBISCH y la CEPAL a mediados del siglo pasado? ¿Es viable y/o conveniente hoy la integración sólo entre latinoamericanos cerrándonos a una integración hemisférica, excluyente de EEUU y CANADÁ? ¿Cual es planteamiento más adecuado a las circunstancias actuales en la materia de integración para los países latinoamericanos? ¿Vale la pena seguir insistiendo en una integración latinoamericana que no se da después de décadas, que se funda en criterios de supuestas identidades que no todas son reales, y que poco importan en el mundo globalizado de hoy? ¿Estamos conscientes de que algunos supuestos proyectos de integración que se intentan en nuestra región no son más que instrumentos al servicio de una estrategia hegemónica de alguna potencia emergente?

Para este opinador está claro que en el fondo de este debate subyacen, desde luego, cuestiones de diversa naturaleza, no sólo las estrictamente económico-comerciales. La política, como siempre, juega. Y las fuerzas que operan en nuestro hemisferio y el mundo incidirán en este entorno complejo y en permanente mutación. Así, las exigencias de la competencia política, las inclinaciones ideológicas y los mitos acendrados en el imaginario colectivo, para bien o para mal, repercuten en el curso de los acontecimientos. De allí que debamos contar con los imponderables de este campo.

Sin embargo, en tanto que venezolano, y después de ver los desaguisados que en esta materia ha perpetrado el gobierno actual, pareciera que lo conducente para el próximo gobierno que se inicie en el 2012 sea aprovechar las circunstancias negativas en que nos ha colocado aquel, para reformular nuestro pensamiento en la materia y establecer un conjunto de prioridades que nos permitan, con base en los superiores intereses, los vínculos naturales e históricos, y las necesidades económicas y sociales del país, enfrentar los desafíos en las mejores condiciones posibles y de una forma pragmática y flexible, sin obstaculizar los beneficios que trae el libre comercio, y sin posiciones trasnochadas y anacrónicas proteccionistas.

Obviamente, el marco general de la política económica y de relaciones internacionales que se establezca en el gobierno entrante deberá condicionar lo que se ponga en práctica en materia de integración económica.

Lo que sí considero prioritario, como muchos especialistas lo han planteado, es definir las relaciones económicas y las reglas de juego con nuestros vecinos, principalmente Colombia.

Se ha planteado un regreso de Venezuela a la CAN, pero es un asunto que no veo claro, dada la situación crítica en que la han puesto otras iniciativas.

Nuestro ingreso a Mercosur debe ser suspendido con el propósito de diseñar una negociación adecuada en la que participen los sectores productivos que pueden verse afectados. Es imperativo que se valore experiencias como la chilena y los nuevos esquemas que se han planteado en el continente y sus consecuencias en los desarrollos futuros, como es el caso de la nueva alianza comercial del Pacífico.

Pienso, igualmente, que si bien podemos hasta cierto punto, por razones políticas, saludar iniciativas supuestamente integracionistas recientes, aún muy incipientes, no debemos apostar a ellas como algo que estaría dado o que nos vaya a beneficiar siquiera en el mediano plazo. Sobre ellas, soy escéptico, son una manifestación más del refundacionismo estéril latinoamericano y poco futuro les veo, sobre todo cuando están presentes orientaciones excluyentes de actores fundamentales. Además, algunas de ellas, amén de que son instrumentos notorios para la instauración de una hegemonía, atentarían de forma inconveniente contra instituciones establecidas y arraigadas en el hemisferio (OEA, Corte Interamericana, por ejemplos), cuya utilidad para la cooperación, el diálogo y la defensa de la democracia y los derechos humanos, ha sido históricamente demostrada a pesar de sus deficiencias.

Paradójicamente, el descrédito en que ha caído la imagen de Venezuela en el ámbito internacional por la acción de un gobierno personalista, ideologizado, ignorante de los asuntos exteriores y sin personal profesional calificado que los maneje, podría ofrecer al nuevo gobierno una oportunidad ideal de hacer los cambios de orientación y de políticas que en términos de modernización demanda el país y las circunstancias exigen. Un país que esté a tono con los tiempos es un objetivo inaplazable.

EMILIO NOUEL V.

viernes, 15 de julio de 2011

NOTAS HISTÓRICAS SOBRE LA INTEGRACIÓN EN EL HEMISFERIO AMERICANO VII

LA COMUNIDAD SURAMERICANA DE NACIONES (CSN) Y UNASUR.


El 8 de diciembre de 2004 los países suramericanos suscribieron en el Cuzco el tratado de la Comunidad Suramericana. El origen de esta propuesta parte de los acuerdos tomados en el año 2000 en el marco de la reunión del Grupo de Río. Pretende esta iniciativa, fundamentalmente política, “desarrollar un espacio suramericano integrado en lo político, social, económico, ambiental y de infraestructura que fortalezca la identidad propia de América del Sur.” Para alcanzar este fin se propiciará la concertación y coordinación política y diplomática, la convergencia de los procesos de MERCOSUR, CAN y CHILE, y la integración física y energética. [1]

Si apartamos la retórica ambiciosa del texto, no encontramos allí objetivos concretos ni siquiera un cronograma de pasos a seguir en función del fin perseguido. Lo que sí se observa es una marcada ideologización del nuevo bloque comercial.

La constitución de esta organización que en teoría podría ser bienvenida, viene a agregar un escollo adicional que hace más complicado el camino hacia la integración hemisférica. Es, igualmente, una expresión más del refundacionismo característico de los latinoamericanos, que ha demostrado ser ineficaz y frustrante.

Con la creación de la COMUNIDAD SURAMERICANA, las quimeras y el voluntarismo se imponen una vez más a las realidades (Financial Times la llama “sueño distante”). Pero estas las ideas, vistas a la luz de la dinámica y los hechos actuales, no podemos menos que cuestionarlas por inconvenientes y por el potencial de frustración futura que traen consigo. [2]

UNASUR

La denominación UNION DE NACIONES SURAMERICANAS (UNASUR) aparece el 16 de Abril de 2007 como sustituta de la Comunidad Suramericana de Naciones. Ésta apenas duró 3 años sin resultados concretos, como algunos lo avizoramos. El Tratado Constitutivo de la UNASUR fue suscrito por todos los paíse suramericano en Brasilia, el 23 de mayo de 2008. Se requería que 9 de los 12 países miembros ratificaran el Tratado para su entrada en vigor y esto se cumplió en 2011.

UNASUR tiene como objetivo, según se desprende del artículo 2 de su tratado, “construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados.”

Tiene como objetivos específicos, entre otros: el fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros que asegure un espacio de concertación para reforzar la integración suramericana y la participación de UNASUR en el escenario internacional; el desarrollo social y humano con equidad e inclusión para erradicar la pobreza y superar las desigualdades en la región; la erradicación del analfabetismo, el acceso universal a una educación de calidad; la integración energética; el desarrollo de una infraestructura para la interconexión de la región; la integración financiera; el desarrollo de mecanismos concretos y efectivos para la superación de las asimetrías; la consolidación de una identidad suramericana; el acceso universal a la seguridad social y a los servicios de salud; la cooperación económica y comercial; la integración industrial y productiva; la definición e implementación de políticas y proyectos comunes o complementarios de investigación, innovación, transferencia y producción tecnológica; la participación ciudadana; la coordinación entre los organismos especializados de los Estados Miembros, para fortalecer la lucha contra el contra el terrorismo, la corrupción, el problema mundial de las drogas, la trata de personas; la promoción de la cooperación entre las autoridades judiciales; el intercambio de información y de experiencias en materia de defensa; y la cooperación sectorial como un mecanismo de profundización de la integración suramericana, mediante el intercambio de información, experiencias y capacitación.

La institucionalidad de UNASUR está conformada así: El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; El Consejo de Delegadas y Delegados y La Secretaría General.

El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno es el órgano máximo de UNASUR y establece “los lineamientos políticos, planes de acción, programas y proyectos del proceso de integración suramericana” y decide “las prioridades para su implementación”.

El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores tiene, entre otras, las siguientes atribuciones: adoptar Resoluciones para implementar las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; coordinar posiciones en temas centrales de la integración suramericana; desarrollar y promover el diálogo político y la concertación sobre temas de interés regional e internacional; y realizar el seguimiento y evaluación del proceso de integración en su conjunto.

El Consejo de Delegadas y Delegados tiene, entre otras, las siguientes atribuciones: implementar mediante la adopción de las Disposiciones pertinentes, las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, y las Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; elaborar proyectos de Decisiones, Resoluciones y Reglamentos para la consideración del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; y compatibilizar y coordinar las iniciativas de UNASUR con otros procesos de integración regional y subregional vigentes.

La Secretaría General es el órgano que ejecuta los mandatos que le confieren los órganos de UNASUR y ejerce su representación por delegación expresa de los mismos. Tiene su sede en Quito, Ecuador. Le corresponde apoyar al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, al Consejo de Delegadas y Delegados y a la Presidencia Pro Tempore, en el cumplimiento de sus funciones.

Las fuentes jurídicas de UNASUR son las siguientes: El Tratado Constitutivo de UNASUR y los demás instrumentos adicionales; Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; Las Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores y Las Disposiciones del Consejo de Delegadas y Delegados. Toda la normativa de UNASUR se adoptará por consenso.

Sobre el tema del diálogo político, el artículo 14 establece que la concertación política entre los Estados Miembros de UNASUR será un factor de armonía y respeto mutuo que afiance la estabilidad regional y sustente la preservación de los valores democráticos y la promoción de los derechos humanos.

Sobre la posibilidad de ser Estados asociados se dispone que los demás Estados de América Latina y el Caribe que soliciten su participación como Estados Asociados de UNASUR, podrán ser admitidos con la aprobación del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

En cuanto a la solución de diferencias respecto de la interpretación y aplicación de las normas del Tratado, se privilegia la negociación directa entre los estados Miembros. En su defecto, el Consejo de Delegadas y Delegados o el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, harán sus recomendaciones sobre el caso.

El Tratado tendrá una duración indefinida. Podrá ser denunciado por cualquiera de los Estados Miembros mediante notificación escrita al Depositario, que comunicará dicha denuncia a los demás Estados Miembros. La denuncia se hará efectiva una vez transcurrido el plazo de seis (6) meses desde la fecha de la notificación.

EL ACUERDO DEL PACÍFICO

Los presidentes de CHILE, COLOMBIA, MÉXICO y PERÚ (Alan García, Sebastián Piñera, Juan Manuel Santos y Felipe Calderón) han suscrito el Acuerdo del Pacífico en Lima en abril de 2011, el cual contempla la mejora de las condiciones de tránsito de bienes, servicios, personas y capitales a través de estos 4 países.

Según el presidente GARCÍA, la “nuestro acuerdo, permitirá alcanzar una escala productiva mucho mayor y dará competitividad a nuestras economías y productos; posibilitará establecer cadenas entre nuestros países y entregar productos finales muy competitivos al resto del mundo".

En el mismo sentido, el presidente mexicano CALDERÓN, enfatizó las implicaciones que este pacto tendrá en el desarrollo de estos países en el ámbito de la democracia, los Derechos Humanos y la justicia.

Este acuerdo pretende servir de instrumento para la conquista de otros mercados internacionales desde una perspectiva regional, pues persigue formar alianzas con otras organizaciones como MERCOSUR y a sustituir la CAN.

Contempla, en una primera fase, la liberalización del tráfico de bienes, servicios y personas; y en una segunda fase, más ambiciosa, pretende la creación del primer mercado bursátil latinoamericano, con la integración de las bolsas de valores de los 4 países. En la misma fecha, la Bolsa de Valores de Lima aprobó su fusión con las de Bogotá y Santiago.

Las 4 economías poseen más de 200 millones de habitantes y generan un PIB de 1,4 billones de dólares, equivalente al 34,4% del total de la región.

Las balanzas comerciales de estos países representan el 55% del comercio exterior de la región, con 438.000 millones de dólares en exportaciones y 418.000 millones de dólares en importaciones.

Este proyecto resulta de mucho interés en el análisis prospectivo del cuadro de la integración hemisférica. Su influjo será crucial en el desarrollo futuro de la interdependencia comercial del continente.

EL BLOQUE DEL NORTE: TLCAN

Hemos señalado más arriba que la integración comercial de Norteamérica comienza a partir de la creación de EEUU, y con la federación de las trece colonias inglesas que se independizaron, proceso inverso al que siguió Latinoamérica.

El recorrido del Norte es muy diferente al experimentado en AL. Las condiciones y circunstancias que han rodeado la creación y desarrollo de los países en esa región son otras. La presencia geográfica de EEUU es determinante. Éste país es, prácticamente, varios países en uno, y abarca casi la entera geografía de Norteamérica, compartida por el Sur con MÉXICO, y por el Norte, con CANADÁ. Las relaciones históricas entre estos 3 países han sido muy estrechas a pesar de los conflictos bélicos y los desencuentros que el primero ha tenido con el segundo. En cualquier caso, se puede decir que la integración económica del Norte, en términos históricos, ha sido llevada adelante por EEUU, en un primer momento, por la vía de la expansión o dominación, y en tiempos recientes, por la de la negociación cooperativa. Esta trayectoria que ha seguido el Norte, a nuestro juicio, le confiere ventajas innegables frente a la “balcanización” de AL. [3]

EEUU Y CANADÁ (1988).

En 1988, EEU y CANADÁ firmaron un acuerdo bilateral de libre comercio que buscaba asegurar, sobre todo para el segundo, un acceso al mercado estadounidense que contribuyera con el desarrollo de su industria manufacturera, lo que estimularía su competitividad y productividad y le permitiría recibir flujos de inversión e incrementar el empleo. Con esta firma, la industria canadiense podría sortear en mejores condiciones las medidas proteccionistas impuestas a sus productos para ingresar al mercado estadounidense. Es de destacar, que para el momento de iniciar las negociaciones, el 78 % del valor total de las exportaciones canadienses se dirigía a EEUU.

Ciertamente, a la firma de este acuerdo, la economía canadiense ya estaba muy integrada a la de EEUU, aun cuando había mantenido en las décadas anteriores políticas comerciales que habían sido criticadas también por su proteccionismo.

TLCAN o NAFTA (1994)

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido por sus siglas TLCAN o NAFTA, fue suscrito en 1994 por EEUU, MÉXICO y CANADÁ. Con este instrumento internacional los tres países del norte del hemisferio pretenden establecer una Zona de Libre Comercio entre ellos. El proceso que culminó con la suscripción de este tratado no estuvo exento de dificultades, intensos debates y contratiempos a lo interno de cada uno de los 3 países. En todos hubo oposición a la concreción de este acuerdo, pero se impuso la corriente que lo favorecía. Para muchos analistas, este acuerdo se había tornado, además de indispensable, inevitable.

Los objetivos del Tratado son: la eliminación de los obstáculos al comercio y la facilitación de la circulación fronteriza de bienes y servicios entre las partes; la promoción de condiciones de competencia leal; el aumento de las inversiones; la protección y garantía de los derechos de propiedad intelectual; la creación de procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del Tratado, para su administración conjunta y la solución de controversias; y el establecimiento de lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios del Tratado. En la misma disposición queda expresada que las partes interpretarán y aplicarán las reglas del Tratado a la luz de los objetivos señalados y de conformidad con las normas aplicables de Derecho Internacional.

El Tratado contempla disposiciones relativas a: procedimientos aduanales; energía y petroquímica; sector agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias; medias de emergencia; compras del sector público; inversión, servicios; telecomunicaciones; servicios financieros; política de competencia, monopolios y empresas del Estado; propiedad intelectual; medidas antidumping y derechos compensatorios; instituciones del tratado; y unos acuerdos de cooperación ambiental y laboral.

Respecto de la dimension institucional del Tratado, en el Capítulo XX, Sección A, queda creada una Comisión de Libre Comercio integrada por representantes de las Partes con rango de Secretarios de Estado (Ministros). Corresponde a esta instancia supervisar la puesta en práctica del Tratado, vigilar su desarrollo, resolver las controversias que se susciten y supervisar la actividad de los Comités y grupos de trabajo. Esta Comisión establecerá también reglas y procedimientos y sus decisiones serán tomadas por consenso, a menos que ella misma disponga otra cosa. Se reunirá, al menos, una vez al año en sesión ordinaria.

Por otro lado, se crea el Secretariado conformado por secciones nacionales, el cual proporcionará asistencia a la Comisión y brindará apoyo administrativo a los paneles y comités.

En cuanto a la solución de controversias, el artículo 2003 dispone que las partes procurarán en todo momento llegar a acuerdos sobre interpretación y aplicación del Tratado, y mediante la cooperación y las consultas, se esforzarán siempre por alcanzar una solución mutuamente satisfactoria de cualquier asunto.

El artículo 2004, relativo a los recursos a procedimientos de solución de controversias, establece mecanismos de consultas, buenos oficios, conciliación o mediación (art. 2007). Igualmente, contiene normas sobre los paneles arbitrales (art. 2008) y sus procedimientos; los casos de incumplimiento de las decisiones arbitrales (art. 2019); la suspensión de beneficios del Tratado y los derechos de los particulares (art. 2021).

Los resultados de la aplicación de este tratado durante sus primeros 10 años son ampliamente conocidos. La mayoría de los analistas coinciden, al examinar las cifras, en que ha sido un rotundo éxito. Para el año 2003 el comercio trilateral se había más que duplicado, pasando de 300.000 millones de US-dólares en 1993, a 626.000. NAFTA representó hasta entonces 1/5 de las exportaciones del mundo y 1/4 de las importaciones. Ninguna de las reservas y advertencias que hicieron los que se opusieron a su suscripción se cumplieron.

Así, hasta 1993, el comercio (exportaciones-importaciones), para MÉXICO, sumaba 88.000 millones de US-dólares, y en 2002 alcanzó la cifra de 350.000. El comercio exterior representaba para este país el 22% de su PIB; en el 2003 llega al 53%. Representaba el 11,5 % de las importaciones estadounidenses. Antes de la firma del TLCAN, MÉXICO tenía un déficit comercial con EEUU, hoy tiene un saldo a su favor. MÉXICO Exporta equipos de alta tecnología, 25 millones de televisores y más de un millón de automóviles. Las exportaciones totales de MÉXICO en 1994 estaban alrededor de los 50.000 millones de dólares.

Según la embajada norteamericana en MÉXICO, para el periodo 1993-2006, el comercio agrícola entre Estados Unidos y México creció 260%, de 6.7 mil millones a 24.3 millones-USD. Las exportaciones mexicanas han aumentado 300%, pasaron de 2.8 mil millones USD a 11.2 mil millones-USD. México tenía un déficit de 3 mil millones de dólares con Estados Unidos al momento de iniciar negociaciones del TLCAN. Al año 2008, se registra un superávit favorable a México de 64 mil millones de dólares. (Ver “Favorable balance del TLCAN: consultoría”, M. Lombera M. El Universal, México, 2-1-2008).

En materia de inversiones, las de EEUU en MÉXICO pasaron de 1.300 millones en 1992 a 15.000 millones en 2001. Es el socio más importante de CANADA en AL.

Cifras más recientes (2008) del Banco Mundial registran que el comercio entre los 3 países aumentó 227% entre 1993 y 2008. La suma anual de los intercambios de bienes y servicios asciende a 15,3 trillones de dólares. La participación de MÉXICO aumentó dramáticamente respecto de la época previa al TLCAN. Las importaciones de MÉXICO desde CANADÁ subieron un 704%; sus exportaciones a ése país 482%; las importaciones de MÉXICO desde EEUU 206 % y las exportaciones hacia este último país 440º%.

Desde que entró en vigor el TLCAN hasta el año 2008, los 3 países han experimentado crecimiento en su PIB. EEUU y CANADÁ: 53% y MÉXICO, 51%. (Cifras tomadas de World Savvy Monitor, Issue 10, Economy and Trade (NAFTA), August 2009: http://worldsavvy.org ).

Por otro lado, debe decirse que en cuanto a la disparidad del ingreso, a lo interno de MÉXICO la brecha se amplió, pero sólo porque las regiones que no comercian con EEUU crecieron mucho más lentamente que las que sí lo hacen. La mayoría de los analistas coinciden en que la causa de esta situación no ha sido la aplicación del tratado, sino la falta de él en esos sectores no integrados. No obstante, gracias al TLCAN, MÉXICO pudo convertirse en el primer exportador de AL.[4] Este tratado ha permitido, igualmente, a MÉXICO acelerar las transformaciones políticas y económicas y a elevar los estándares de regulación ambiental. Sin embargo, se ha señalado que el gobierno mexicano no ha sido capaz de tomar medidas de política interna que coadyuven a los sectores más débiles a enfrentar las exigencias del TLCAN.

Para EEUU, en los primeros 10 años del TLC se crearon 18 millones de nuevos empleos. El comercio con MÉXICO se triplicó. Para la industria automotriz ha sido altamente positivo. La manufactura total ha aumentado en 41% en los últimos diez años, comparado con el 34% de los diez años precedentes, a pesar de la recesión de este sector a partir de 2000, la que no puede ser razonablemente atribuido al NAFTA, sino a la crisis financiera del Este Asiático, los escándalos corporativos, la incertidumbre derivada del terrorismo y del estallido de la burbuja de las telecom y dot.com. [5]

Para CANADÁ, el tratado ha significado que sus inversiones han aumentado, principalmente en MÉXICO y en EEUU; en el premier país se han cuadruplicado. La industria automotriz (automóviles y partes) ha crecido sostenidamente y en volúmenes. Han aumentado sus exportaciones de petróleo a EEUU. Éste aumentó sus inversiones en CANADÁ, pasando de 2 billones en 1994 a 16 billones de US-dólares en 2000.[6]

Sin embargo, y a pesar de la contundencia de las cifras mencionadas, el NAFTA sigue teniendo detractores, que por lo general, resaltan sólo los aspectos negativos de las economías involucradas, atribuyéndolas a la aplicación del tratado. Pero lo cierto es que una observación detallada y más profunda de sus efectos conduce a concluir que aquellos aspectos desventajosos tienen más que ver con causas internas que con la aplicación de las normas del tratado. Esto, por supuesto, no quiere decir que no existan temas que deban ser abordados, y que constituyen retos o problemas aún no resueltos.

Uno de esos asuntos toca directamente a MÉXICO. Nos referimos al gap que se ha abierto y ahondado entre las zonas del Norte vinculadas al comercio con EEUU y las otras regiones más deprimidas del país. Esta situación plantea un desafío a todos los miembros del tratado, toda vez que de no ser resuelto este problema, la inestabilidad que de allí se deriva, afectará a los tres países. Ha sido recomendado que el NAFTA acometa la creación de un fondo de financiamiento para atacar los efectos de estos desniveles, y que el gobierno mexicano diseñe una estrategia de desarrollo que vaya al encuentro de este problema crucial.

Al cumplirse los 15 años del TLCAN, se ha señalado que la economía mexicana no ha crecido al ritmo que se esperaba; los bajos salarios han persistido, la pobreza no ha sido erradicada aún; y la migración hacia EEUU, que se reduciría, no ha parado; los avances tecnológicos, si bien se han producido, son lentos; no se ha incrementado lo suficiente el valor agregado de los productos manufacturados y las exportaciones de bienes agrícolas no ha crecido como se había anticipado.

No obstante, debe recordarse aquí lo señalado por un renombrado intelectual mexicano, Enrique KRAUSE, sobre la pobreza de MÉXICO: “En la vasta medida en que existe, no se debe a la cercanía con EEUU. Lo contrario parece más cierto: la pobreza en MÉXICO se mitiga gracias a –y no a pesar de- la cercanía con EEUU.” (“La brecha entre América Latina y EEUU”, FCE, 2006, pag. 97)

Otro asunto, entre otros, que han mencionado algunos analistas es el relativo a la necesidad de una nueva visión de la soberanía en el marco del NAFTA. Y el tema que aquí aparece es el de la supranacionalidad para avanzar en la profundización de la integración de Norteamérica con políticas comunes, como ocurre en la UNIÓN EUROPEA. En tal sentido, ROBERT PASTOR ha escrito que las evidencias sugieren que los norteamericanos están ya listos para una nueva relación en el NAFTA que convierta la vieja concepción de soberanía en obsoleta. A nuestro juicio, quizás haga falta aún recorrer un largo camino en este sentido, antes de que los gobiernos y las fuerzas vivas de los tres países se convenzan de las ventajas de la supranacionalidad.

El éxito de esta experiencia es muy importante para el resto del continente, toda vez que representa un modelo en el que están envueltos en un mismo bloque comercial países desarrollados y un país latinoamericano emergente. Este modelo de integración, obviamente, ha tenido un impacto importante y sus repercusiones hemisféricas están reflejándose en las opciones que están tomando los demás países.



[1] Texto del Tratado

[2] Alan WAGNER, Secretario General de la CAN no ha dudado en reconocer que la CS « es un gran programa político». Nota de Prensa de la CAN, Lima, 10 de Marzo, 2005.

[3] El término alude, en general, a la fragmentación de un continente o región en unidades político-territoriales menores separadas y hasta enfrentadas, tal y como ocurrió en los Balcanes.

[4] Ver artículos de: PASTOR, Robert (``La segunda década de América del Norte´´), C. Salinas de Gortari (``Diez años de TLCAN y el fracaso de Cancún´´), y CLINTON, Bill (``La agridulce interdependencia´´) en Foreign Affairs (en español), Vol. 4, Num. 1, 2004; Embajador Gaetan Lavertu, ``TLCAN: 10 años de éxito´´, Discurso en México, texto en website de Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, 6-10-2004.

[5] Ver artículo de Daniel T. GRISWOLD : ``After 10 years, NAFTA continues to pay dividends´´, CATO Institute, Washington, 2004.

[6] PASTOR, R. ya citado.

miércoles, 13 de julio de 2011

LA SOBERANÍA: ¿EXISTE? ¿ES ÚTIL? ¿ES DEFENDIBLE ETICAMENTE HABLANDO?


De forma recurrente observamos cómo de tiempo en tiempo se vuelve sobre este viejo concepto, sobre todo, en el ámbito de las relaciones internacionales; espacio en el que, precisamente, ha adquirido progresivamente menor sentido real desde que existe el modelo normativo de las Naciones Unidas y la globalización ha alcanzado niveles nunca antes vistos.

Obviamente, en las formas, en los tratados y discursos la noción de soberanía sigue teniendo su puesto central. Pero realmente ¿tiene contenido efectivo en el mundo de hoy? ¿No es acaso una hipocresía hablar de ella? ¿Es incluso ético seguir echando mano de ella de cara a los principios democráticos y los derechos humanos? ¿Es útil, pragmáticamente hablando, la soberanía? ¿tiene sentido darle realce en un programa político?

Sin entrar en mayores profundidades sobre el concepto, sabemos que fue producto de unas circunstancias políticas concretas de los siglos XV y XVI y que sirvió a los monarcas absolutos y soberanos de entonces para justificar su poder frente a las pretensiones de dominio del Papa romano. “Fue elaborado y desarrollado en nuestra cultura occidental -dice Bodenheimer- para lograr unos fines políticos específicos y no puede ser comprendido sino en relación con el contexto de su finalidad histórica”. En tal sentido, es un concepto con raíces históricas muy concretas; de allí que no haya existido en otras épocas como tal, y hablar en abstracto sobre él resulta fútil.

Con la revolución francesa y la llegada del constitucionalismo, la soberanía, atributo absoluto y exclusivo del rey, pasa al pueblo, quien la ejerce a través de sus representantes. Así, el carácter absoluto de la soberanía, como consecuencia del constitucionalismo que se inicia, se rompe, toda vez que incluso el nuevo soberano, el pueblo, deberá someterse al imperio del derecho. No deberá haber entonces poderes omnímodos y sin límites de nadie, o lo que es lo mismo, no hay soberano absoluto, porque la ley está por encima.

En el mundo real de hoy, recurrir al concepto que nos ocupa es un anacronismo, al menos en su versión externa, que es la que interesa para las relaciones internacionales. En estos escenarios es cada día más relativa, a pesar de la retórica. No sólo en lo formal-legal, sino también y sobre todo, en lo concreto.

En lo formal-legal, la primacía de las normas y principios de los tratados en general, y de los derechos humanos (y en algunos casos los tratados de integración económica) en particular, sobre las constituciones y leyes nacionales nos indica que la soberanía absoluta es cosa del pasado; afortunadamente. Los estados, gobiernos y gobernantes deben someterse no sólo al derecho interno, también al internacional, ergo, no son soberanos, porque soberano significaría no sujeción a ningún poder, norma o jurisdicción externos a ellos.

Sin embargo, si vamos al mundo real de la política y la economía, al de la interdependencia global, el asunto es más dramático. Allí la soberanía de los estados está aún más menoscabada. Harta razón tiene el constitucionalista italiano Gustavo Zagrebelsky cuando nos habla de los factores demoledores de soberanía que contiene la globalización, y las fuerzas de ésta, sin duda, han cumplido con creces ese trabajo.

Los márgenes de maniobra de los gobiernos frente a diversas situaciones internacionales -la financiera actual lo testimonia- son cada vez más estrechos. Incluso los gobiernos de los países más poderosos no tienen la libertad de actuar “soberanamente” sin ponerse de acuerdo con los otros sobre políticas y reglas, y muchas veces en contra de su voluntad e intereses. La autarquía y el aislacionismo son cada vez más inconcebibles e inconvenientes para grandes, medianas y pequeñas naciones. Es por eso que los países buscan cooperar e integrarse para hacer frente a los problemas diversos del planeta. Es un asunto pragmático, para el cual seguir enarbolando la noción de soberanía, constituye una rémora, un obstáculo, una inutilidad.


¿Qué queda entonces de la soberanía? No pocos nos hemos hecho esa pregunta. Lo cierto es que como concepto clave de un programa, de una propuesta o de un discurso político moderno, actualizado y acorde con las circunstancias presentes, no tiene vigencia alguna. Respondió a un mundo que se ha estado yendo paulatinamente, aunque todavía persistan o reaparezcan manifestaciones inéditas de él. El que tenemos ante nosotros es uno que debe perseguir la confluencia, la integración y los consensos posibles. Para lograr ese difícil objetivo, la soberanía no nos sirve. Finalmente, compartimos con algunos pensadores que la soberanía, desde el punto de vista ético, es sospechosa, particularmente, cuando detrás de ellas se esconden los tiranos para impedir que la mano de la justicia los atrape por las tropelías que contra los derechos humanos cometen.

EMILIO NOUEL V.

lunes, 4 de julio de 2011

NOTAS HISTÓRICAS SOBRE LA INTEGRACIÓN EN EL HEMISFERIO AMERICANO VI

Emilio Nouel V.



LA GEOPOLÍTICA CARIBEÑA: EL G-3

El Tratado que constituye el Grupo de los Tres (G) fue suscrito, después de muchos contratiempos, en Cartagena de Indias, el 12 de Junio de 1994. Con este instrumento COLOMBIA, MEXICO y VENEZUELA inician un proceso de integración económica que pretendía converger con el Mercado Centroamericano y el CARICOM. Este esquema tiene sus antecedentes en diversas acciones de cooperación concretadas desde los años setenta del siglo pasado, y ha sido subrayado su carácter geopolítico. Por otra parte, este tratado se firma en el mismo año en que se termina la Ronda Uruguay y se suscribe el TLCAN.

Se ha señalado también que el G-3 nace, primero, como un mecanismo de cooperación y consulta regional en la 5ª Reunión del Grupo de Río en 1989, para luego convertirse en una iniciativa integracionista que se caracterizaba como “selectiva, sectorial y gradual” entre los tres países. Por otro lado, el G3 respondía a una política de sus miembros que tenía como objetivo la estabilidad en la Cuenca caribeña, habida cuenta de la nueva situación internacional a raíz del fin del Guerra Fría. Según J. BRICEÑO y C. VIELMA, el G3 sería el eje del polo caribeño, por contraste con el MERCOSUR, cuya área de influencia es América del Sur.[1]

Los aspectos más resaltantes del tratado son: una desgravación lineal y automática de todo el universo arancelario en un plazo de 10 años y a una tasa de 10 % anual; trato nacional y acceso de mercados, sector automotor, reglas de origen, procedimientos aduanales, prácticas desleales de comercio, normas técnicas, agricultura, salvaguardias agrícolas, tratamiento especial para sector textil, regulaciones sobre servicios (telecomunicaciones, financieros), inversiones, propiedad intelectual, compras gubernamentales y solución de controversias.

Por último, se crea una Comisión Administradora del Tratado, la cual hará un seguimiento de la aplicación de la normativa establecida.

De los tres países que conforman este acuerdo, MÉXICO es el que logró mayores beneficios, al aumentar sus volúmenes de comercio con los otros socios. El gobierno venezolano actual denunció el tratado en el año 2006.

MICROPAISES EN BUSCA DE FUERZA: EL CARICOM


La Comunidad del Caribe quedó establecida por el Tratado de Chaguaramas en el año de 1973. Posteriormente, han sido suscritos varios protocolos adicionales y modificatorios sobre diversos temas: política industrial, política comercial, competencia y consumidores, solución de disputas y la Corte de Justicia Caribeña. Este esquema de integración está conformado por un grupo de países, en su mayoría mini-Estados: ANTIGUA, BARBADOS, BAHAMAS. BELICE, DOMINICA, GRENADA, GUYANA, JAMAICA, TRINIDAD y TOBAGO, entre otros.

Los objetivos de esta comunidad de integración económica son: el desarrollo equilibrado, armonioso y acelerado; la expansión sostenida y la integración contínua de la actividad económica; obtención de una mayor independencia económica y la cooperación funcional en materia de ciertos servicios (salud, ecuación, transportes, etc)

Los órganos de la Comunidad caribeña son: la Conferencia de Jefes de Gobierno, la cual define la política de la comunidad, puede crear órganos, emitir normas de carácter general o particular, establecer sus procedimientos propios y emite decisiones respecto de los distintos asuntos de su competencia; el Consejo de Mercado Común, las Conferencias de Ministros (salud, educación, trabajo, agricultura, finanzas, etc) y la Secretaría de la Comunidad (órgano administrativo).

Uno de los instrumentos anexos al tratado constitutivo de CARICOM es el que establece el Mercado Común del Caribe. Allí se regula varias materias, entre ellas, la relativa al Consejo de Mercado Común (MC), instancia ésta que tiene como cometidos asegurar el funcionamiento eficiente y el desarrollo del MC, incluida la solución de problemas derivados de su funcionamiento; recibir y considerar denuncias de violaciones de obligaciones, regular su propio funcionamiento, entre otras. El Consejo tiene una Secretaría con funciones administrativas.

En este mismo anexo se establece un procedimiento para solución de conflictos entre las partes; se prevé un Tribunal arbitral; reglas de origen; normas sobre derechos de importación, Draw back y tributación interna.

Debe señalarse que a partir del mes de febrero de 2005, ha sido instrumentado entre Barbados, Jamaica y Trinidad-Tobago, el Mercado y Economía Únicos del Caribe (MEUC).

Por último, hacemos referencia a la Corte Caribeña de Justicia cuyo inicio de funciones estaba prevista para el año 2005, la cual no ha podido concretarse debido a problemas jurídicos derivados de una decisión jurisdiccional del Reino Unido que declaró su invalidez.

EL CAFTA-EEUU-R.DOMINICANA.

En Agosto de 2004, los países centroamericanos GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, COSTA RICA y NICARAGUA, por un lado, y por otro, REPÚBLICA DOMINICANA y EEUU suscribieron un Tratado de Libre Comercio, el cual a la presente fecha no ha entrado en vigencia a la espera de la aprobación legislativa en tres países (C.R., Nicaragua y RD)

El objetivo central del acuerdo es el establecimiento de una zona de libre comercio cuyas disposiciones se ajusten a las disciplinas de la OMC. Mediante este tratado se pretende estimular y diversificar el comercio entre las partes; eliminar los obstáculos al intercambio, promover condiciones de competencia leal; aumentar las inversiones y proteger los derechos de propiedad intelectual.

La normativa del tratado es muy amplia en cuanto a las materias reguladas. Están normadas las reglas sobre acceso a mercados, origen de las mercaderías, defensas comerciales, medidas sanitarias y fitosanitarias, compras públicas, inversiones, comercio electrónico, lo laboral y ambiente, la solución de controversias, excepciones y los mecanismos de administración del acuerdo.

Este acuerdo reviste una enorme importancia por la potencialidad económica y política que tiene para los países latinoamericanos que en él participan. Con la firma de este TLC, estos países se adelantan a las negociaciones estancadas del ALCA, estableciendo así, las reglas de juego en su relación con el principal mercado del hemisferio.



[1] GIACALONE, Rita y otros (1997): “Venezuela en la Integración regional: mapa tentativo de sus perspectivas”, Caracas, Nueva Sociedad, pp. 89 y sgtes.