ANDRÉS OPPENHEIMER
AOPPENHEIMER@ELNUEVOHERALD.COM
Detesto tener que coincidir con el gobierno argentino, principalmente una banda de pseudo progresistas corruptos que han arruinado al país pese a haberse beneficiado con una bonanza sin precedentes gracias a los precios internacionales de las materias primas, pero Argentina tiene gran parte de la razón en su disputa con los tenedores de bonos que la llevó al default.
Sin entrar en detalles técnicos, el dictamen de un juez neoyorquino a favor de un pequeño grupo de tenedores de bonos argentinos sienta un peligroso precedente para la economía mundial, porque hace casi imposible que los países endeudados puedan renegociar sus deudas con acreedores privados.
Básicamente, el juez Thomas Griesa, de 83 años, le permitió a un pequeño porcentaje de tenedores de bonos —conocidos como “holdouts” en Wall Street y como “fondos buitre” en Argentina— impedir que Argentina le page sus deudas a la gran mayoría de sus tenedores de bonos.
Todo empezó cuando Argentina, después de su default del 2001, ofreció en dos oportunidades pagar a sus acreedores una parte de su deuda. El 93% de los acreedores aceptaron la oferta, pero el resto —los “holdouts”— la rechazaron, pidiendo el pago completo.
El problema es que una cláusula del contrato original establecía que todos los tenedores de bonos debían ser tratados de la misma manera. Los “holdouts” se aferraron a esa cláusula, argumentando que si Argentina no llegaba a un acuerdo con ellos, no le podía pagar a nadie. Griesa, en una interpretación sumamente estrecha de la ley, le dió la razón a los “holdouts”, y la Corte Suprema de Estados Unidos avaló esa postura.
Es cierto que el gobierno argentino cometió todo tipo de errores. A pesar de que el contrato original estipulaba que Argentina se sometía a la jurisdicción de Estados Unidos en caso de una disputa con los bonistas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó que pasaran años sin llegar a un acuerdo con los “holdouts”.
Cuando Argentina empezó a perder en las cortes de Estados Unidos, la presidenta comenzó a politizar el tema para consumo interno de su país. El gobierno argentino culpó a los “fondos buitre” por la crisis económica argentina, y comenzó a disparar contra Estados Unidos, pese al hecho de que el gobierno de Barack Obama respaldó a Argentina en el caso, mencionando el precedente legal que podría sentar para otras naciones endeudadas.
El gobierno de Fernández y sus partidarios llenaron las calles de Buenos Aires de carteles con la bandera de Estados Unidos y la leyenda “Basta Buitres!”. Luego, Fernández pidió la solidaridad de Latinoamérica en una cumbre de presidentes izquierdistas en Venezuela. El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, llegó a decir que el juez Griesa “es claramente un agente de los fondos buitre”, que Estados Unidos no tiene una justicia independiente, y que la responsabilidad última de la crisis es del gobierno de Estados Unidos.
Contemplando este despliegue de demagogia nacionalista del gobierno argentino, que convirtió una disputa legal en una especie de cruzada nacional contra el capitalismo salvaje estadounidense, resulta difícil no hacer paralelos con la época en que otro gobierno argentino celebró su invasión de las islas Malvinas asegurándole al país que Argentina ganaría la guerra contra los ingleses, o con el momento –más reciente— en que el Congreso argentino declaró el default del 2001, con los legisladores saltando y coreando eufóricamente “¡Argentina! ¡Argentina!”, como si hubieran ganado un partido de fútbol.
Como en ocasiones anteriores, todo indica que el triunfalismo populista de Fernández terminará en otra crisis, y otro desencanto. Ahora Argentina quedará aún más aislada del mundo, Fernández deberá emitir más dinero para mantener su ficción de que el país progresa, y la inflación —que ya es de casi el 40% anual— aumentará aún más.
Pero, habiendo dicho todo esto, Argentina y el gobierno de Obama tienen razón al decir que el fallo del juez Griesa sienta un peligroso precedente para la economía mundial.
José Antonio Ocampo, un ex ministro de Hacienda colombiano que ahora enseña en la Universidad de Columbia, me dijo que el dictamen de Griesa efectivamente aniquila el concepto de negociaciones voluntarias entre los países deudores y los acreedores privados.
De ahora en adelante, los tenedores de bonos ya no tendrán incentivos para negociar, porque saben que un pequeño porcentaje de “holdouts” pueden obligar a los países a pagar el 100% del valor de los bonos, me señaló.
Mi opinión: El gobierno de Fernández ha manejado este caso con su típica arrogancia e incompetencia, pero el dictamen de Griesa puede tener consecuencias internacionales negativas que trascenderán a Argentina.
Cualquier país debería poder negociar sus deudas con la mayoría de sus acreedores privados, sin ser rehén de un pequeño grupo de “holdouts”. Hay que encontrar un nuevo sistema legal para regir las deudas de los gobiernos con inversores privados. En eso, Argentina tiene razón.
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