FRANCISCO FONSECA M.
EL PAÍS
Con las elecciones europeas de mayo de 2014 ya a la vuelta de la esquina, como quien dice, quisiera hacer una reflexión acerca de un tema tan importante y de tanta actualidad como es la legislación en la Unión Europea (UE). Se habla con frecuencia de que la UE es una máquina de producir legislación excesiva y que esta carga burocrática lastra a las economías europeas y a sus ciudadanos. Lamento disentir en cuanto a esta visión: aun admitiendo que hay importantes mejoras que hacer, la realidad es que la UE no sufre de hiperregulación, como explicaré a continuación.
En primer lugar, la Comisión Europea (CE), como iniciadora exclusiva de la legislación de la UE, solo legisla dentro del estricto ámbito de las competencias que le son atribuidas por los Tratados —artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE)— y las competencias que no están atribuidas a la UE competen a los Estados —artículo 4 del TUE—.
En segundo lugar, existe un estricto control de la subsidiariedad, concepto que obliga a la UE a actuar solamente dentro del límite de sus competencias y solo cuando su actuación sea más eficaz que la que se pudiera ejecutar a nivel nacional. Además, se ejerce un férreo control estatal sobre las propuestas de legislación europea a través de los Parlamentos nacionales, que tienen un plazo de ocho semanas desde que la CE presenta una iniciativa y antes de que se inicie el proceso de codecisión, para efectuar un dictamen positivo o negativo sobre el respeto por parte de la CE del principio de subsidiariedad en la propuesta concreta (protocolo número 2 anexo al TUE).
En tercer lugar, antes de la presentación de cualquier propuesta, la CE lleva a cabo un extenso proceso de consultas (Green Paper, White Paper y similares) con todas las partes implicadas y, adicionalmente, está obligada a adjuntar a la propuesta una detallada evaluación de impacto (Impact Assessment).
El desarrollo mediante legislación delegada significa que el legislador (Parlamento Europeo y Consejo de Ministros) puede en todo momento revocar la delegación si considera que la CE ha excedido el alcance para el que se le concedió dicha delegación. En cuanto al proceso de adopción en “comitología”, se sigue una negociación transparente y equilibrada entre la CE y las Administraciones nacionales para asegurar la correcta conclusión de los actos de ejecución. El Parlamento y el Consejo vigilan el proceso y pueden paralizar la adopción por la CE de las medidas de ejecución.En cuanto a la cantidad misma de legislación europea producida cada año, en este mismo periódico el señor José Carlos Cano hablaba de 3.076 normas jurídicas europeas aprobadas anualmente, cantidad que sin duda parece llamativa. Sin embargo, es necesario saber que la CE está, en gran número de materias (protección de datos, medio ambiente, agricultura, etcétera), obligada a adaptar el acervo legislativo de la UE a los avances científicos y técnicos, que se suceden a gran velocidad hoy en día. Para que nuestra legislación ordinaria no se vea desfasada por los cambios tecnológicos y no sea necesario aprobar una nueva norma de alcance general para cada pequeña modificación (proceso largo y complejo), existe un método para poner al día regularmente la legislación, ya sea mediante la legislación delegada —artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE)— o el llamado proceso de “comitología” —artículo 291 del TFUE—.Por tanto, el número de 3.076 normas jurídicas al año que menciona el señor Cano debe de ser matizado, ya que ahí se incluyen las múltiples adaptaciones reglamentarias de la legislación primaria. En realidad, sin contar con simples comunicaciones sin efecto legislativo, acuerdos internacionales o decisiones individuales (por ejemplo, en materia de competencia), la producción de la legislación de alcance general (decisiones, reglamentos, directivas) está más bien en torno a 150-200 al año (168 en 2012). Tampoco parece tanto si pensamos que se trata de legislación para un área de más de 500 millones de personas.
Por otro lado, es recurrente la crítica que declara que toda esta masiva producción legislativa es producto de una tecnocracia burocrática, aislada en su torre de marfil bruselense y alejada de la sociedad y de los ciudadanos. Nada más lejos de la realidad: la CE presenta anualmente su programa de trabajo al Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros de la UE en función de un programa legislativo refrendado previamente en la investidura inicial al principio del mandato de la CE (cinco años).
Dicho esto, es obvio que todo no es perfecto y que algunas de las preocupaciones de la ciudadanía en este contexto son legítimas. Somos conscientes de que hay mejoras que hacer y estamos en ello. La CE ha adoptado en los últimos años un concepto esencial, la idea de better regulation (es decir, legislar mejor). En particular se están centrando los esfuerzos en reducir la carga regulatoria sobre las pymes en Europa, para que puedan operar en la UE sin trabas ni obstáculos. También se está realizando un gran esfuerzo de simplificación de la legislación, redactando las nuevas leyes de forma más transparente y clara, y refundiendo múltiples directivas anteriores en directivas nuevas unificadas, para evitar la dispersión y confusión legislativa.Este programa legislativo ve la luz tras un largo proceso de consulta y es aprobado mediante un proceso democrático de acuerdo con el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la UE, con lo cual todos los intereses en juego (ciudadanos, Gobiernos, actores sociales) están debidamente representados.
Espero que con todo lo anterior haya podido clarificar alguna de las cuestiones evocadas. La maquinaria legislativa europea no es sin duda perfecta, pero los que trabajamos en ella nos esforzamos día a día para que incremente su eficacia y eficiencia, ante el objetivo último, que no es sino contribuir a una Europa fuerte y con futuro. Ahora bien, lo que no se puede es acusar a la UE los días impares de no responder a los problemas de los ciudadanos europeos y los días pares acusarla de hiperregulación.
Francisco Fonseca Morillo es director de la Representación en España de la Comisión Europea.
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