LA DESCENTRALIZACIÓN, MÁS EFICACIA Y
BUEN GOBIERNO
La descentralización político-administrativa en el mundo
moderno es una fórmula de gobierno que está fuera de discusión. Sus incontables
ventajas son evidentes, de allí que resulte incomprensible que algunos
gobernantes, muy pocos, por cierto, hagan lo contrario, es decir, reunir en
ellos todas las competencias, atribuciones y fuentes de financiamiento.
Los Estados que persiguen la eficacia en sus ejecutorias
necesariamente deben desconcentrar funciones en unidades
políticas-territoriales de menor tamaño, más cercanas a los ciudadanos.
La experiencia mundial lo ha indicado así. La
desconcentración y la descentralización son las mejores vías para un Estado que
busque cumplir adecuadamente con el rol social que le corresponde, como
proveedor de servicios de salud, educación y seguridad, principalmente. Desde
los aberrantes sistemas políticos colectivistas que conocimos en el siglo XX, pasando
por los estados intervencionistas, hasta los casos en que no existe
prácticamente institución alguna, no ha
habido sistema superior al de la administración gubernamental descentralizada.
El Banco Mundial, en un importante estudio que hizo a
mediados de los años noventa, concluía que la reforma de las instituciones
estatales debe contemplar la descentralización, pues ésta es una tendencia
positiva en el grave asunto del suministro de los bienes públicos.
En ése trabajo titulado “El
Estado en un mundo en transformación” (Informe sobre el desarrollo mundial,
1997), el Banco Mundial, cuando nos habla de acercar el Estado a la sociedad,
nos plantea precisamente tal fórmula de desconcentración del poder y de los
recursos estatales. Así, afirma: “La
descentralización brinda la posibilidad de adaptar con mayor precisión los
servicios públicos a las demandas y preferencias locales y de instaurar, desde
abajo, un sistema de gobierno más atento y responsable”.
Aun cuando dicha institución alerta sobre algunos
inconvenientes políticos o financieros que puede haber en algunos contextos sociales, no vacila en señalar que en cualquier caso
siempre el balance de esta política es positivo.
En nuestro país, la experiencia que se tuvo, sin duda, fue
satisfactoria. Desde todo punto de vista, y a pesar de que aún era necesaria la
profundización de políticas descentralizadoras.
En lo político, el logro fue trascendental. La elección de
gobernadores y alcaldes por los ciudadanos de cada región o localidad ha sido
la verdadera revolución política de los últimos tiempos en nuestro país. Esta posibilidad
de rendición de cuentas más cercana al ciudadano es un gran avance político. El
federalismo contemplado en nuestras constituciones fue reconocido y realzado
por los dispositivos legales descentralizadores que fueron sancionados en las
décadas últimas del siglo anterior.
De este modo, los ciudadanos han tenido más visibles y
accesibles a sus gobernantes, y en cuanto a ciertas necesidades de servicios
básicos han dejado de depender del centro de poder ubicado en la capital de la
República.
Con este entramado institucional, las reivindicaciones de
provincia y locales se potenciaron, obligando a las instancias responsables a
mejorar en sus respuestas, aumentando su capacidad y la calidad de los
servicios. Incluso, la competencia entre gobernaciones y alcaldías por brindar
más y mejores bienes públicos ha tenido un efecto positivo para los ciudadanos.
Hoy resulta un absurdo político, administrativo y práctico
pretender que todo se resuelva desde una oficina ministerial ubicada en
Caracas. Es un anacronismo seguir pensando que las colectividades regionales y
locales no están en capacidad de resolver sus propios problemas. Obviamente,
para ello requieren de los instrumentos legales y financieros que les permitan
realizar cabalmente la tarea.
Por otro lado, debe quedar claro que son sólo las
instituciones gubernamentales debidamente constituidas las que deben asumir ese
rol político-administrativo, y no fantasiosas organizaciones políticas de masas,
incontrolables y/o anárquicas, frente a las cuales no se tienen, por
imposibles, mecanismos efectivos de vigilancia y supervisión, propios
de todo ente estatal. Al César lo que es del César.
El federalismo y la descentralización que conlleva, con sus
inconvenientes, es la mejor vía para la perfección de la democracia política y
un desarrollo económico equilibrado. Pero también, bien estructurada y
ejecutada, es la solución más expedita, eficaz y menos costosa para los
problemas de la gente en punto a los servicios públicos que el Estado ha asumido. Oponerse y suprimir la
descentralización, tal y como se ha hecho recientemente en nuestro país, es colocarse a
espaldas de las corrientes modernas globales de transformación del aparato
estatal.
EMILIO NOUEL V.
@ENouelV
emilio.nouel@gmail.com
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