Ahora que los venezolanos nos dirigimos a otro proceso comicial,
esta vez a las elecciones de gobernadores, resulta oportuno referirse a un tema
capital: la descentralización político-administrativa, principio constitucional absurdamente violado por el gobierno nacional.
En el mundo contemporáneo, es una fórmula de gobierno que
está fuera de discusión, al menos en los estados modernos. Sus incontables
ventajas son evidentes, de allí que sea incomprensible que algunos gobernantes,
muy pocos, por cierto, hagan lo contrario, es decir, reúnan en ellos todas las
competencias, atribuciones y fuentes de financiamiento, causando con ello enormes
estropicios en términos de eficiencia administrativa.
Los Estados que persiguen el éxito de sus sociedades y la
eficacia en sus ejecutorias, necesariamente deben descongestionar funciones en
unidades políticas-territoriales de menor tamaño, más cercanas a los ciudadanos,
que hagan manejables los asuntos de su incumbencia.
La experiencia mundial lo ha indicado así. La
desconcentración y la descentralización son las mejores vías para un aparato estatal
que busque cumplir adecuadamente con el rol social que le corresponde, como
proveedor de servicios de salud, educación y seguridad, principalmente. Desde
los aberrantes sistemas políticos colectivistas que conocimos el siglo anterior,
pasando por los estados intervencionistas, hasta los casos en que no existe
prácticamente institución alguna, no ha habido sistema superior al de la
administración gubernamental descentralizada.
El Banco Mundial, en un importante estudio que hizo a
mediados de los años noventa del siglo pasado, concluía que la reforma de las instituciones
estatales debe contemplar la descentralización, pues ésta es una tendencia
positiva en el grave asunto del suministro de los bienes públicos.
En ése trabajo titulado “El
Estado en un mundo en transformación” (Informe sobre el desarrollo mundial,
1997), el Banco Mundial, cuando nos habla de acercar el Estado a la sociedad,
nos plantea precisamente la fórmula de la distribución del poder y de los
recursos estatales. Así, afirma: “La
descentralización brinda la posibilidad de adaptar con mayor precisión los
servicios públicos a las demandas y preferencias locales y de instaurar, desde
abajo, un sistema de gobierno más atento y responsable”.
Aun cuando dicha institución alerta sobre algunos
inconvenientes políticos o financieros que puede haber en la descentralización
en algunos contextos sociales, no vacila en señalar que en cualquier caso
siempre el balance de esta política es positivo.
En nuestro país, la experiencia que se tuvo, sin duda, fue
satisfactoria, desde todo punto de vista, y a pesar de que aún era necesaria la
profundización de políticas descentralizadoras.
En lo político, el logro fue trascendental. La elección de
gobernadores y alcaldes por los ciudadanos de cada región o localidad ha sido, sin duda, la verdadera revolución política de los últimos tiempos en nuestro país. Esta
posibilidad de accountability (rendición
de cuentas) más cercana al ciudadano es un gran avance político y civilizatorio
de naturaleza democrática. El federalismo contemplado en nuestras
constituciones fue reconocido y realzado por los dispositivos legales
descentralizadores que fueron sancionados en las décadas últimas del siglo
anterior.
De este modo, los ciudadanos han tenido más visibles y
accesibles a sus gobernantes. Y en cuanto a ciertas necesidades de servicios
básicos han dejado de depender directamente del centro de poder ubicado en la
capital de la República.
Con este entramado institucional, las reivindicaciones de
provincia y locales se potenciaron, obligando a las instancias responsables a
mejorar en sus respuestas, aumentando su capacidad y la calidad de los
servicios. Incluso, la sana competencia entre gobernaciones y alcaldías por
brindar más y mejores bienes públicos a sus ciudadanos, ha tenido un efecto
positivo para éstos.
Hoy resulta un absurdo político, administrativo y práctico
pretender que todo se resuelva desde una oficina ministerial ubicada en
Caracas. Es un anacronismo seguir pensando que las colectividades regionales y
locales no están en capacidad de resolver sus propios problemas. Obviamente,
para ello requieren de los instrumentos legales y financieros que les permitan
realizar cabalmente la tarea.
Por otro lado, debe quedar claro que son sólo las
instituciones gubernamentales debidamente constituidas y provistas de los técnicos y profesionales necesarios, las que deben asumir ese
rol político-administrativo, y no fantasiosas organizaciones de masas,
incontrolables y/o anárquicas, frente a las cuales no se tienen, por
imposibles, mecanismos efectivos de vigilancia, evaluación y supervisión, propios
de todo ente estatal.
El federalismo y la descentralización que conlleva es la mejor vía para la perfección de la democracia política y
un desarrollo económico equilibrado. Pero también, bien estructurada y
ejecutada, es la solución más expedita, eficaz y menos costosa para los
problemas de la gente en punto a los servicios públicos. Oponerse o suprimir la
descentralización, tal y como lo ha hecho el gobierno actual, es colocarse a
espaldas de las corrientes modernas globales de transformación del aparato
estatal.
Las elecciones de diciembre próximo son una inmejorable
oportunidad para reafirmar nuestra voluntad de aspirar a un país mejor
gobernado, con una administración regional más eficaz en la solución de sus problemas y
cercana a los gobernados.
EMILIO NOUEL V.
@ENouelV
No hay comentarios:
Publicar un comentario