LA CELAC O LA MANÍA REFUNDACIONISTA

“La desnuda y escueta verdad es que EEUU necesita de América Latina y América Latina necesita de EEUU”.

Rómulo Betancourt

En estos días que corren se está suscribiendo en Caracas el documento constitutivo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que fue acordada en la XXI Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo de 2010.

                 

32 presidentes del hemisferio nos visitan con motivo de ese evento, aunque la prensa de esos países, con la excepción de la oficial venezolana, ha mostrado poco interés por esta reunión en los días previos.  ¿Qué importancia real conceden los presidentes a la concreción de ese nuevo ente interestatal, supuestamente de integración, más allá del verbo grandilocuente?

Es más que sabido que la estructura institucional de relaciones políticas y económicas del último siglo en nuestro continente se ha ido tejiendo a partir de organizaciones diversas, como la OEA, CEPAL, el TIAR, el BID, el SELA, el Grupo de Río y los regímenes de integración económica, entre otras.

Todas ellas, en el fondo, han tenido como propósito consolidar el hemisferio como un bloque cooperativo frente al resto del planeta, dados los lazos históricos de amistad y comercio, manteniendo, obviamente, las peculiaridades de cada país.

En este largo camino, entre las “dos Américas” se han cruzado los desencuentros, incomprensiones y conflictos, sobre todo, porque en esta región está la potencia más grande, envidiada, admirada y cuestionada del orbe, cuya hegemonía vive un proceso menguante y paulatino que durará algunas décadas, sin que eso signifique su derrumbe como gran nación que es.

En la naciente CELAC, un rasgo primero a resaltar por incomprensible, es que es una organización que excluye a EEUU y CANADÁ, dos países que forman parte del hemisferio, y con los cuales se han tenido por siglos relaciones político-económicas  estrechas.

La idea de este nuevo invento latinoamericano no tiene otra explicación, a mi juicio, que ese prurito anacrónico que hoy ya no tiene sentido en un mundo amplia y profundamente interdependiente, de una supuesta identidad exclusiva o de unos presuntos intereses comunes que la historia, los valores o la etnia latinoamericana nos impondrían, y los cuales nos enfrentan a los de EEUU o CANADÁ, países que se presumen adversarios o ajenos a nosotros. Como si los problemas y las soluciones del mundo actual no trascendieran las fronteras, distancias, economías, lenguas, razas, religiones y tradiciones, y se pudieran asumir desde la “parroquia”, en este caso, “latinoamericana y del Caribe”. Como si esos dos países no fueran nuestros socios comerciales, y allí no vivieran millones de familias originarias de Latinoamérica. En fin, como si no nos necesitáramos.

Me temo que la CELAC, por otro lado, y principalmente, es una expresión más de la manía refundacionista – ¡el eterno retorno¡- de que adolecemos por estos pagos. No hemos terminado de consolidar o perfeccionar las organizaciones existentes, cuando ya creamos una nueva, con otra denominación, que se superpone a las anteriores, entrando en colisión de objetivos y competencias, redoblando o triplicando esfuerzos y consumiendo recursos que necesitamos para fines mejores. Es una suerte de “fuite en avant” permanente, que pretende enmascarar sin éxito nuestros fracasos; que evidencia la inconstancia y nos da una falsa sensación de progreso.

Sobre el objetivo de esta organización hemos leído y oído de parte de gobernantes interpretaciones incongruentes. Unos, los resentidos históricos, la ven como un ariete contra EEUU, y otros, los realistas y pragmáticos, la conciben como una instancia intergubernamental latinoamericana más que no pretende enfrentar a nadie. Unos la ven como instancia política (geopolítica) y otros la ubican en el campo de la integración futura.

Lo cierto es que no sabemos de manera transparente qué se busca con CELAC, que otras organizaciones vigentes no tendrían. ¿Qué sentido tiene crear una nueva organización cuando existen otras que a pesar de sus imperfecciones pueden ser mejoradas?

Con seguridad veremos en esta reunión de Caracas una retórica desbordada e inflamada de nacionalismo latinoamericano. En el altar de la “Patria Grande” se harán las ofrendas de rigor,  y ¡ay del que no se anote en el ritual¡ Golpes de pecho y nuevas promesas de unión y de integración férreas no faltarán en los discursos. Evocaremos a Bolívar, San Martín y Tiradentes. A Tupac Amaru, Lautaro y a Guaicaipuro. A Martí, Rodó y Vasconcelos. ¡Ahora sí será alcanzada la ensoñación bolivariana¡

Pero lo concreto, lo eficaz, lo pragmático, los mecanismos reales que efectivamente traerían bienestar a las mayorías irredentas de nuestros países, estoy seguro, pasarán al segundo o tercer plano, como siempre ocurre.

Y en medio de los vapores hipnotizantes de la hermandad reencontrada y traicionada tantas veces, callaremos antes las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Ecuador. Voltearemos hacia otro lado, al ver el irrespeto cotidiano y perverso del Estado de derecho en el país anfitrión. El realismo pérfido del que una vez habló Octavio Paz seguirá en vigor.

¿Qué hará la CELAC para evitar que las autocracias militaristas de nuevo se enseñoreen en nuestra región?

Tienen la palabra los 32 presidentes visitantes.

Emilio Nouel V.

LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES

 DE CHÁVEZ Y EL PRÓXIMO GOBIERNO

                        

                                       Firma de contratos China-Venezuela

En círculos políticos y de especialistas se ha debatido el tema del desconocimiento de los compromisos internacionales asumidos por el gobierno venezolano durante la última década, presuntamente violatorios del ordenamiento jurídico interno y/o lesivos a los intereses de la República. El asunto no tendría mayor relevancia si no estuviéramos ante la probabilidad cierta de un nuevo gobierno en Venezuela con orientaciones de política exterior diferentes.

La controversia generada no sólo tiene que ver con la cuestión de con quiénes se ha suscrito los pactos, sino también con los contenidos de ellos cuando se han podido conocer, porque en esta materia, hay que subrayarlo, la transparencia y la consulta con los distintos sectores políticos y económicos del país han estado ausentes.  

En tal sentido, han sido contestados, entre otros, las compras de material bélico, los contratos petroleros y los de deuda. Los primeros son cuestionados por innecesarios, habida cuenta de necesidades internas más apremiantes, y los demás por desventajosos para los intereses nacionales, discriminatorios de la empresa doméstica o por violar expresas normas constitucionales sobre los contratos de interés público.  

En relación, por ejemplo, con los compromisos de deuda con China o Rusia, algunos han planteado su desconocimiento, fundamentados en la teoría de la deuda odiosa, formulada por Alexander N. Sack, un ministro de la Rusia zarista. Éste planteaba que las deudas contraídas por los bolcheviques, podían ser, legítimamente, desconocidas por un gobierno diferente, en virtud de que aquellas fueron asumidas por un régimen despótico. Este desconocimiento, según el proponente, tendría que reunir ciertos extremos, a saber: a) “poder despótico”. ; b) “Deuda contraída no en interés del pueblo, sino para fortalecer el régimen despótico, para reprimir a la población que lo combate”; y c) “Conocimiento por parte del acreedor de los propósitos ilegítimos del deudor al contraer la deuda”.

Luce evidente que si se decidiera desconocer algún pacto asumido por el gobierno actual con base esa teoría, probar tales extremos ante un tribunal internacional, en nuestro caso, sería sobremanera problemático, por la naturaleza política indefinida de aquel, según los estándares políticos internacionales.  

Por otro lado ¿Cómo demostrar que la deuda contraída es para “reprimir al pueblo”? ¿Sabía la China, por ejemplo, de supuestos “propósitos ilegítimos” del gobierno de Chávez cuando concedió fondos a nuestro país?       

Esta polémica aún no saldada obliga a hacer algunas consideraciones que permitan a las nuevas autoridades gubernamentales hacer frente con responsabilidad y tino tales compromisos, siempre respetando la normativa internacional y salvaguardando los intereses nacionales.

En primer lugar, debe recordarse que los compromisos internacionales asumidos por el gobierno nacional pueden ser de diversa naturaleza. Por un lado, están los regulados por el Derecho Internacional Público; me refiero a los tratados bilaterales o multilaterales y otros instrumentos suscritos con otros países; y por otro, los asumidos por entes o empresas del estado (BANDES, PDVSA o CVG),  en los cuales entran en juego normas de derecho del comercio internacional, no necesariamente son firmados con gobiernos extranjeros, porque pueden contraerse con empresas foráneas públicas o privadas. Los primeros, por lo general, constituyen el marco general de los segundos, ya que éstos suelen ser la concreción de la voluntad política expresada en los primeros, aunque pueden tener vida propia y no estar conectados a tratados previos.

De modo que a la hora de evaluar el conjunto de compromisos (tratados, convenios y contratos) firmados por el gobierno nacional con entes extranjeros, habrá que precisar la naturaleza de cada uno de los instrumentos suscritos y examinar su estado de ejecución, para luego determinar, a la luz de las conveniencias nacionales, su mantenimiento, renegociación o terminación.

Obviamente, que la decisión que se adopte, sin duda, tendrá que hacerse con base en los principios, normas y reglas de Derecho Internacional, y de las cláusulas contenidas en los tratados y contratos respectivos. Es la conducta que corresponde a un gobierno respetuoso del estado de derecho internacional, en especial, al principio de que las obligaciones asumidas deben ser honradas en los términos que fueron pactadas (pacta sunt servanda), a menos que haya alguna razón jurídica válida que exima de tal cumplimiento.

Venezuela ha aprobado, según la Asamblea Nacional, alrededor de 320 tratados-leyes desde 1998 hasta el 2010. Estos compromisos nos ligan a países de diversas latitudes y tocan materias heterogéneas. Desde cooperación comercial, pasando por telecomunicaciones, armas, educación, tecnología, cultura, financiamiento, hasta el campo energético y el transporte. Resalta el número inusual de tratados-leyes: Irán, 14; Rusia, 19; China, 11; Brasil, 17; Bielorrusia, 16; Argentina, 15; Siria, 17; Libia, 4; Sudán, 5; Ecuador, 25; Uruguay, 18; Cuba, 5; y Bolivia, 21, entre otros.

En materia de contratos comerciales entre empresas estatales venezolanas y firmas comerciales de esos países, cientos son los instrumentos celebrados, y es en este espacio donde pueden presentarse mayores dificultades a la hora de efectuar cambios. Principalmente, son de compraventa de bienes, transferencia de tecnología, creación de empresas conjuntas y/o de financiamiento (deuda) para la ejecución de proyectos industriales, viviendas, ferroviarios, comunicaciones y agrícolas.

Como ejemplo, vale la pena referirse a los pactos VENEZUELA-CHINA, vistos por el gobierno como concreción de sus nuevas opciones estratégicas en política exterior. Han suscrito 310 compromisos (tratados, contratos y otros), sobre las más variopintas materias, lo que contrasta con apenas 20 firmados hasta 1998. Decenas de empresas chinas han concretado un sinnúmero de contrataciones con PDVSA, BANDES, PEQUIVEN, CVG, CANTV, CORPOELEC, FERROMINERA, CAVIM, FONDAFA, TELESUR, MERCAL, DIANCA y muchas otras. Se admite oficialmente que la deuda asumida llega a 32.000 millones de dólares, administrada por un Fondo Conjunto con cláusulas “de amarre” respecto de suplidores chinos para proyectos aprobados.

El cuadro con empresas rusas es similar, aunque no la extensión y los montos que han alcanzados con China; destacan las compras militares.  

Con Cuba, los compromisos son amplios y oscuros. En éstos las ventajas y liberalidades de que goza ese país son escandalosas. Para el período 2005-2010, el gobierno venezolano anunció un gasto, según datos de CIECA, de 34.400 millones de dólares para Cuba. En este intercambio de petróleo por servicios, se desconoce la fórmula para establecer el valor de los últimos (médicos, asesores deportivos, servicios educativos, etc).

La opacidad que hay en general respecto de gran parte de estos pactos internacionales hace difícil conocer hoy la magnitud y el tiempo exacto de las obligaciones asumidas. Será un problema a enfrentar, cuya solución determinará el curso futuro de las relaciones con los gobiernos de esos países.

La nueva administración venezolana se encontrará con este entramado de compromisos, frente al cual deberá asumir una posición inteligente, prudente y apegada en todo momento al derecho. Es muy probable que la renegociación de algunos de estos pactos sea lo más conveniente y viable. Siempre que su análisis lo imponga, la mayoría, a mi juicio, podrán ser denunciados y/o terminados con facilidad, sin sobresaltos o confrontaciones innecesarias,

Debe tenerse claro que anunciar el desconocimiento de esos compromisos con base en teorías controvertidas o no aceptadas por la comunidad internacional (deuda odiosa) constituiría una conducta desacertada generadora de controversias de resultados inciertos, por mucho que algún pacto o contrato haya sido suscrito en infracción de normas internas.

EMILIO NOUEL V.   

 

 publicado en Venepolicy    http://bit.ly/Diploos3

HIPÓLITO MEJÍA. ¿UN NUEVO HIJO DE CHÁVEZ?

El ex presidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía, miembro del Partido de Revolución Dominicana (PRD), es candidato de nuevo a la primera magistratura de su país, luego de una fuerte pugna interna en su partido.
Durante su mandato, ése país vivió una crisis económico-financiera bastante severa, ocasionada por la quiebra de algunos bancos. Así, entre la devaluación de la moneda, una alta inflación, el rescate bancario y la huida de capitales se debatió su gobierno.
En el año 2003, Hugo Chávez denunció, sin pruebas, una supuesta conspiración de funcionarios del gobierno de Mejía para asesinarlo. En tal conjura, según el fantasioso venezolano, estaría involucrado el ex presidente Carlos Andrés Pérez, quien a la sazón vivía en Santo Domingo. Esto llevó a la disparatada suspensión de la exportación de petróleo a ése país hermano. 

                       

                      Juan Pablo Duarte, prócer dominicano

Posteriormente, en las elecciones de 2004 en las que pretendió reelegirse, modificación de la Constitución mediante, Mejía, acusado de nepotismo y de ser intolerante ante la crítica de la prensa, hasta el punto de encarcelar periodistas, fue derrotado en los comicios por el opositor del Partido de la Liberación Dominicana,  Leonel Fernández.

Las elecciones dominicanas próximas están pautadas para el año entrante.

Mejía es criticado por ser de talante autoritario, y en la práctica lo ha demostrado en su relaciones con los medios. Él reconoce que esa tara la llevarían todos los políticos latinoamericanos, incluido él mismo. 

Recientemente, el autor de estas líneas vio una entrevista televisiva del señor Mejía (NTN24, programa "Conexión América", 13-10-2011) en la que llamó a Hugo Chávez “segundo padre” de su país. Ciertamente, esta exaltación desmedida llama mucho la atención.

No sé qué podrán pensar los dominicanos acerca de tal exageración, que más bien parece una adulación extravagante, innecesaria e indigna, por más que Chávez esté ayudando a RD con petróleo. Colocar a Chávez al nivel de próceres como Duarte, Mella o Sánchez, es un despropósito que insulta la memoria de éstos.

Sobre todo, porque sabemos que el presidente venezolano no otorga facilidades a ese país por razones sinceras de solidaridad o cooperación, sino por interés político.  Todo lo que sirva a su proyecto ideológico de poder militarista dictatorial, todo lo que lo mantenga al frente del gobierno, lo hará. Su estilo es comprar lealtades, conciencias y neutralidades, dentro y fuera de nuestro país.

Obviamente, como bien podría decir el campechano y populachero Mejía, “a nadie le amarga un dulce”. Una ventaja nadie la rechaza, ni esperamos otra conducta de quienes tienen la oportunidad de aprovecharla.

Lo que no nos termina de cuadrar en esta actitud, es que para seguir gozando de la ventaja alguien tenga que humillarse y llegar a extremos deshonrosos.  Aún no siendo dominicano quien esto escribe, sin embargo, se siente chocado por la equiparación impropia de Mejía. “Segundo padre de los dominicanos”, ¡Por Dios¡

Los gobiernos democráticos venezolanos fueron los que crearon el acuerdo para el suministro petrolero a precio preferencial a los países del Caribe. No fue Chávez, por si a alguien se le ha olvidado.

Con este caso de Mejía, me pregunto si para llegar al poder es necesario que los políticos rindan impúdicamente sus principios en el altar de las conveniencias crematísticas. El "realismo pérfido" del que hablaba Octavio Paz no debería llegar a tanto.

Quiero finalizar recordando las palabras de un gran dominicano, quien fue presidente de su país en un momento muy difícil a comienzos del siglo XX, y que debería releer el señor Mejía: "Convengo en que por la Patria debemos sacrificarlo todo; pero ni ella ni nadie puede exigirnos el sacrificio de nuestra dignidad y nuestra conciencia".   Ese dominicano no fue otro que el Arzobispo Adolfo Alejandro Nouel y Bobadilla.

EMILIO NOUEL V.

UNA CONTRALORÍA DE RODILLAS

                           

La función contralora, indispensable y necesaria en todo estado moderno, viene de lejos en el tiempo. Y en un Estado de derecho que respete la separación y autonomía de los poderes públicos, aquella función es crucial. En Venezuela,  el órgano llamado por la Constitución y la ley a vigilar por el correcto uso de los dineros públicos, no lo hace debidamente, amén de que está siendo utilizado con fines políticos, y el capítulo arbitrario de las inhabilitaciones electoraless lo demuestra.

Son miles las denuncias de irregularidades administrativas formuladas durante los 13 años del gobierno actual, caídas en saco roto. Cientos de pruebas han sido presentadas, incluso por parlamentarios, señalando presuntas violaciones cometidas por funcionarios de todo nivel, sin que hasta la fecha se conozcan resultas de las investigaciones ni mucho menos sanciones.  

Desde el Plan Bolívar 2000, pasando por PDVSA y PDVAL, hasta las emisiones de bonos de deuda, escándalo tras escándalo, hemos visto la indiferencia -¿cómplice?- de la Contraloría ante los principales responsables de estos delitos contra el erario público. ¿Donde están las averiguaciones?

Sin duda, la Contraloría no ha cumplido con su cometido; ha faltado gravemente a su deber. Como todas las instituciones, también ésta ha sido envilecida, desnaturalizada, corrompida, puesta de rodillas al servicio de una camarilla ávida de poder y riquezas, e inspirada en una ideología demencial. Para rematar el cuadro de irregularidades, no se ha realizado la elección del nuevo contralor, una vez producida la falta absoluta de su titular.

El contralor debe ser elegido por la Asamblea Nacional. A tal fin, el Consejo Moral Republicano debe convocar un Comité de Evaluación de Postulaciones (CEPPC), el cual debe estar integrado por diversos sectores de la sociedad. Este Comité debe abrir un proceso público, de cuyo resultado se escogerá una terna, que luego se somete a consideración de la Asamblea. Ésta, mediante el voto de las 2/3 partes de sus integrantes, escogerá en 30 días continuos, al titular de la Contraloría. Si no hubiese acuerdo, el Poder Electoral someterá la terna a consulta popular. No obstante, si el Poder Ciudadano no realizara el proceso señalado, la Asamblea deberá proceder dentro de un plazo que determine la ley, a la designación.

Clodosbaldo Russian falleció el día 20 de junio de 2011, es decir, han pasado 140 días. Esta falta absoluta debió activar al Poder Ciudadano. 

¿Por qué no se cumple este mandato constitucional? Obviamente, el gobierno no tiene los votos para designar un contralor de su confianza que siga apañando vagabunderías que se cometen impunemente.  

Éste es un tema que los venezolanos no deberíamos dejar pasar por debajo de la mesa. Harían bien los diputados democráticos en plantear este asunto importante. Los ciudadanos aspiramos a que se nombre un contralor que vigile de verdad los dineros de todos con escrupulosidad, transparencia y apego a la ley. Que no se preste a las trapisondas que maquine el gobierno contra sus oponentes.

EMILIO NOUEL V.

¿CUÁNTO VALE MERCOSUR? ¡LO COMPRO¡

                       

                                        Congreso paraguayo

La obcecación del gobierno revolucionario de Hugo Chávez por meter a Venezuela en Mercosur no ha rendido sus frutos. Afortunadamente. Sus “artes diplomáticas” no le han servido para obtener con facilidad tan anhelado objetivo. Desde el año 2006 en que se suscribió el Protocolo de Adhesión, el proceso de aprobación de los países del bloque comercial ha pasado por un vía crucis, en cuya última estación, la de Brasil, se demoró 4 años y medio. Allí, las reservas, al final, fueron vencidas después de un largo debate en el que fue expuesta con amplitud la naturaleza antidemocrática del gobierno venezolano. Pero razones de otro orden se impusieron.

Faltaba aún superar la última prueba. La del país de economía más pequeña del bloque mercosuriano: Paraguay.

Todo parecía indicar que el camino a Mercosur estaba expedito para el gobierno venezolano. Muchos llegaron a señalar que con seguridad Paraguay acompañaría a su poderoso vecino Brasil. No habría razones para que su parlamento se negara a la tan esperada aprobación. En la presidencia del país estaba un amigo de Chávez, y eso ya era una carta importante a jugar.

No obstante, el senado paraguayo se ha vuelto un hueso duro de roer. Los cuestionamientos al régimen político venezolano, considerado por la mayoría, contrario a los principios democráticos de Mercosur, han obstaculizado el visto bueno.   

Quien escribe, entonces, expresó sus dudas acerca de esa inevitable aprobación parlamentaria paraguaya. No obstante, me inclinaba por que tarde o temprano se daría en virtud de las presiones del bloque, de la dinámica política interna de Paraguay o de gestos u ofrecimientos atractivos de parte de Chávez que de alguna manera aflojaran las resistencias.

Como es harto conocido, la petrodiplomacia que ha adelantado el gobierno chavista le ha granjeado muchas amistades, apoyos y, cuando no, neutralidades en el ámbito internacional. Así, algunos países importantes del hemisferio y el mundo han sacado gran provecho de la generosidad del “amigo” presidente de nuestro país, obteniendo jugosos contratos de obras, ayudas financieras y enormes y multimillonarios pedidos de bienes de toda naturaleza. Otros, sin ningún pudor, como los anteriores, y más parecidos a una suerte de Corte de los Milagros mundial, ni cortos ni perezosos,  se han apuntado a la lista de las dádivas y facilidades de todo tipo, por aquello de que “donde las dan, las toman”. En retribución, Venezuela ha recibido poco, pero el gobierno mucho.

Este manirrotismo gubernamental, obviamente, tiene un propósito claro. Eternizar en el poder un régimen militar autoritario y corrupto es su prioridad, para desde allí proyectar una ideología demencial hacia el continente y el mundo. 

En su proyecto político o geopolítico, ingresar a Mercosur es uno de los objetivos a alcanzar. Esta aspiración es disfrazada con una hipócrita retórica integracionista y latinoamericanista. La “integración” en la que cree Chávez no es la misma que creemos los demás. Y ahí está esa estafa llamada ALBA para corroborarlo. Chávez no comparte los principios económicos y comerciales de mercado que inspiran a Mercosur; los aborrece. ¿La economía venezolana y sus empresas? Le tienen sin cuidado y poco le importa la opinión de sus compatriotas sobre tal ingreso. A Mercosur lo ve como un conveniente paraguas político para guarecerse, apuntalarse, protegerse, de cara a una fantasiosa invasión norteamericana en la que nadie cree.   

De allí que haga todo lo posible para entrar allí, en donde, si lo logra, no me cabe la menor duda, incordiará y creará problemas a los demás miembros.

Cuando leemos en la prensa paraguaya de estos días que una senadora de ese país, Zulma Gómez, denuncia que el senador Ramón Gómez Verlangieri, le ha ofrecido a ella y otros parlamentarios la suma de 100.000 dólares para que den su voto en la aprobación del ingreso de Venezuela a Mercosur, y recordamos también lo señalado en el mes de mayo próximo pasado por la senadora Ana Mendoza de Acha, en relación con la denuncia del también senador Juan Carlos Galerna en el sentido de que el presidente Chávez, presuntamente, estaría ofreciendo “hasta 200.000 dólares a cada parlamentario paraguayo a cambio  de su voto” a favor del aquel ingreso, no podemos menos que abochornarnos frente al espectáculo sórdido y deleznable en que nuestro país se ve envuelto.  Un año antes, el presidente del senado, Miguel Carrizosa, preocupado, se habría pronunciado en el mismo sentido. (Paraguay: "Denuncian maletines de Chávez", http://www.reportero24.com).

Si con lo del maletín lleno de dólares de PDVSA incautado al venezolano Antonini Wilson en Buenos Aires, supuestamente destinados para la anterior campaña electoral de Cristina Kirchner, ya teníamos un escándalo en Mercosur, de ser ciertas las denuncias paraguayas -y si el río suena es porque piedras trae-, el prestigio del gobierno venezolano, y desgraciadamente el de nuestro país, seguirá en caída en libre.

Porque no sería de extrañar que fueran ciertos tales señalamientos, habida cuenta del modus operandi que en otras situaciones se han visto, en las que el gobierno venezolano aparece involucrado financiando de manera opaca actividades políticas dentro y fuera de nuestras fronteras. 
Así como es su estilo el de hacer política al interior del país utilizando la compra de voluntades y conciencias, de igual manera lo practica en sus relaciones internacionales. 

“¿Cuánto vale Mercosur? ¡Lo compro¡”

EMILO NOUEL V.

  

LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN EL PENSAMIENTO DE RÓMULO BETANCOURT 

                               

En estos tiempos turbulentos y complicados, no está de más evocar el pensamiento de los políticos excepcionales, quienes igual que ahora vivieron situaciones críticas y reflexionaron profundamente sobre ellas, para formular soluciones viables y realistas a los diversos problemas que debieron encarar.

La propuesta de la integración económica entre los países ha sido una de las estrategias de crecimiento y desarrollo que se han manejado tanto en Europa como en América; de allí que los líderes políticos en ambos lados del Atlántico no hayan estado ajenos a ella y sus potencialidades.

Rómulo Betancourt, sin duda, fue uno de los grandes estadistas del hemisferio, no indiferente al tema y sus implicaciones.

De una sólida formación política y vasta cultura, Betancourt es considerado padre de la democracia venezolana o de “la democracia a la venezolana”, como dice el historiador Germán Carrera Damas.

Fundador del partido señalado como populista-desarrollista, Acción Democrática (AD) en Venezuela, en su juventud abrazó ideas marxistas y militó en organizaciones comunistas. Posteriormente, se deslindó de esta visión y comenzó a militar en las corrientes del nacionalismo revolucionario y antiimperialista. Al final de su vida política, tuvo algún un acercamiento con la Internacional socialdemócrata, aunque Luis J. Oropeza no lo sitúa en esta familia política. Por su parte, el historiador venezolano Manuel Caballero señaló que en la concepción y la práctica política de este líder pueden identificarse rasgos muy próximos a esa corriente ideológica.

Sus planteamientos doctrinales tenían hondas raíces en la realidad latinoamericana y venezolana. En los principios filosóficos y programáticos de AD, estaban presentes el nacionalismo económico y el regionalismo latinoamericano, los cuales tenían como corolario la integración de los países del continente.     

Betancourt luchó por el rescate de la industria petrolera para los venezolanos y abogó por una mayor participación de éstos en la renta que ella generaba. La OPEP es fruto directo de su política internacional.

Es conocida la doctrina que lleva su nombre, la cual planteó en 1960, en el II Congreso Interamericano Pro Democracia y Libertad, en Caracas: “Entre las cuestiones que en mi modesta opinión son de urgente necesidad está la de complementar la carta constitutiva de la OEA con un convenio adicional bien preciso y bien claro, según el cual no puedan formar parte de la comunidad regional sino los gobiernos nacidos de elecciones legítimas, respetuosos de los derechos del hombre y garantizadores de las libertades públicas Que contra los gobiernos dictatoriales al margen de esas normas se establezca no sólo la sanción colectiva del no reconocimiento diplomático, sino también la del aislamiento en el campo económico (...) que en torno a los gobiernos dictatoriales se tienda un riguroso cordón profiláctico multilateral a fin de asfixiarlos para que no constituyan oprobio de los pueblos y amenaza permanente…”  

Su gobierno participó en la creación de la ALALC-ALADI, aunque VENEZUELA, de inicio, no ingresó a ella. Su enfoque regional estuvo condicionado por los principios contenidos en la Constitución de 1961 que propiciaban la integración y estaban en concordancia con el planteamiento cepaliano predominante.

Betancourt enarboló la tesis de la sustitución de importaciones, y en su famoso libro “Venezuela, Política y petróleo” enfatizará la necesidad de “impulsar el desarrollo industrial”. Para el economista Emeterio Gómez, el líder venezolano subestimó el comercio, lo cual sería un rasgo de una supuesta concepción antiliberal. No obstante, en muchos escritos y discursos, se puede observar en Betancourt su inclinación por una América Latina integrada y en cooperación estrecha con “el gigante de la familia”: EEUU.

En diversas oportunidades señaló la necesidad de crear amplios bloques de países pobres para defender unidos sus intereses comunes y cambiar las reglas de juego del comercio mundial. Para él, la articulación de las economías dispersas y un activo intercambio comercial intrarregional, podrían generar un vigoroso desarrollo industrial que permitiera competir en el mercado mundial no sólo con productos primarios.

Ya fuera de la actividad política, Betancourt escribirá: “Creo que mientras no se llegue a la meta del Mercado Común Latinoamericano y a la formación de un Estado Mayor político que tome decisiones de proyección supranacional seguiremos incapacitados para defendernos y para realizar nuestros propios objetivos de desarrollo económico y de justicia social. Vivimos en un mundo de gigantes y seguiremos siendo enanos inaudibles y menospreciados, además de eso: explotados en beneficio de las naciones industriales de todos los continentes si no marchamos unidos.”

En cuanto a la integración hemisférica, Betancourt deploraba el desencuentro entre las “dos Américas”, la cuales, para él, se complementan. Llegó a decir en la ocasión de la IX Conferencia Internacional Americana de 1948: “La desnuda y escueta verdad es que EEUU necesita de América Latina y América Latina necesita de EEUU”. Aspiraba a que las relaciones hemisféricas se orientaran por nuevos cauces, “con voluntariosa decisión americanista”.

En momentos en que en América Latina hay enfoques extraviados que proponen un absurdo enfrentamiento con EEUU o la exclusión de Norteamérica de la institucionalidad hemisférica, el pensamiento visionario  y realista de un estadista como Rómulo Betancourt sigue alumbrando caminos a la necesaria reflexión acerca de lo más conveniente y eficaz para la prosperidad compartida de las naciones que pueblan el espacio continental americano.

EMILIO NOUEL V.

DE ENCUESTAS POLÍTICAS, ORÁCULOS Y CHAMUSCADAS

        

 

En los días que corren, las encuestadoras, en general, han recibido de parte de algunos analistas y/o articulistas, una severa e inusual andanada de cuestionamientos. Hasta retos han recibido, como el de nuestro amigo, el profesor Antonio Paiva Reinoso, quien las invita a debatir sobre el tema metodológico y a dejarse auditar.

¿Por qué se da en estos momentos tal debate?

Obviamente, por los resultados polémicos que en los últimos meses tales sondeos arrojan en el campo de lo político-electoral, los cuales, según una opinión, no serían reales, dados la crisis y el deterioro general de la situación económica y política del país. Y en este ámbito entran no sólo el tema de la popularidad del gobierno y los políticos y la intención de voto para el año entrante, sino también la disputa que se da en el sector opositor de cara a  las primarias.

Para algunos, aquellas resultas no se corresponderían con la “realidad” que los cuestionadores palpan por experiencia, “olfato” o percepción propia, amén de que sería legítimo y natural dudar de ellas, habida cuenta de ciertos aspectos a considerar a la hora de conferirles credibilidad.

Así, las encuestas adolecerían, por un lado, de errores de metodología o muestras engañosas, y por otro, estarían sesgadas por quienes las pagan. Dos asuntos éstos, ciertamente, que podrían ir juntos o separados. Las fallas metodológicas, por sí solas, pueden conducir a resultados equivocados. Pero en el caso del sesgo de quien paga, también. En el primero, está presente una carencia técnica involuntaria, y en el segundo hay una intención deliberada de mostrar un producto con miras a lograr ciertos efectos, en nuestro caso, políticos.

De modo que para saber a ciencia cierta frente a cuál de los dos casos estamos, habría que hacer una investigación exhaustiva que eventualmente realizaría una empresa independiente, imparcial, a la que se le permitiera una auditoría.

En las circunstancias actuales, este examen, a mi juicio, es de improbable realización, en el sentido de que no están obligadas a hacerlo, digo, legalmente. Por otro lado, ninguna encuestadora lo permitiría, no sólo las que supuestamente sesgan sus resultados respondiendo a los intereses del que la sufraga.

Quien escribe estas líneas, no es proclive a que se imponga una obligación legal de esta naturaleza para este tipo de firmas. Por sus obras los conoceréis, y el mercado, a mi modo  ver, se encargará de ellas tarde o temprano.

Ahora bien, otro asunto ligado íntimamente al tema es el de los exégetas, glosadores y demás intérpretes de los resultados presuntamente sesgados o no de las encuestadoras; me refiero a los que hemos llamado “los oráculos”. Aquí, principalmente, están personas de las mismas encuestadoras o no, que en su afán, legítimo por demás, de “vender” su marca y a ellos mismos, acostumbran ir a los canales de tv o radio, o utilizan las redes sociales, para emitir sus opiniones políticas o sus apreciaciones sobre lo que podría pasar en lo electoral -¡los escenarios¡-, incluidas las recomendaciones a las fuerzas políticas sobre lo que deben o  no hacer, o en qué se equivocan o aciertan.

Estos pareceres los exhiben en tanto que opinadores fundamentados, por supuesto, en los resultados de las encuestas de sus respectivas empresas. De allí que éstas hayan corrido con la suerte de las críticas que se hace a sus técnicos.

Es en este rol de opinadores en el que los encuestólogos, por lo general, se han excedido, y los ha colocado en el blanco de los que hoy los objetan. Y el que se mete al candelero pasional de la política, que no espere que le lancen sólo flores.

Así las cosas, se habla de encuestocracia, de la dictadura de las encuestadoras, las que por su proyección mediática influyen, sin lugar a dudas, en el ánimo o la voluntad del votante.

Claro, esto no es exclusivo de nuestro país. Lo que pasa es que en el nuestro, a diferencia de otros países, por la alta exposición mediática de sus representantes en los programas más vistos u oídos, se ha vuelto el de las encuestadoras un factor político de mayor influencia, lo que las hace susceptibles de las críticas señaladas más arriba.  

En la materia de encuestadoras y analistas de opinión pública, hay de todo. Los hay más o menos confiables. Siendo un venezolano de a pie, me inclino por confiar más en las encuestadoras que menos salen en los medios, en las que sus técnicos no andan todo el tiempo pontificando y han demostrado seriedad, ponderación, cuyos resultados pasados, por cierto, han estado más cerca de la realidad.

Pero hasta allí. En política, creo que si bien esos datos estadísticos son muy importantes a considerar a la hora de las decisiones, no pueden ser los únicos a tomar en cuenta. Lo que si me queda claro es que ellos no pueden dirigir o determinar la acción política. Y en el campo de la valoración y el análisis, la experiencia, el “olfato” y la intuición, aspectos más o menos “irracionales” de la política,  también aportan lo suyo, a veces más de lo que solemos creer. Lo mejor que podrían hacer los opinadores y exégetas pertenecientes a las encuestadoras es ser más comedidos, más profesionales y transparentes. Lo que sería por el bien y el prestigio de las empresas. No es mentira que algunas tuercen los resultados para favorecer una determinada opción política. Es verdad, igualmente, que los “oráculos” o exégetas, en lo individual, también lo hacen, aplicando su “olfato” y también sus preferencias personales o ideológicas.

Aquí reivindicamos el trabajo serio, científico, low profile y responsable de las encuestadoras. La que no quiera chamuscarse que no se arrime a la candela.

EMILIO NOUEL V.   

APROBADO TLC EEUU-COLOMBIA: HORA DE PENSAR EN GRANDE

                                 

¡Al fin aprobaron el TLC Colombia-EEUU en el Congreso norteamericano¡ Un vía crucis de alrededor 7 años, prácticamente, recorrió la negociación, firma y luego congelación de la aprobación de ese tratado, hasta que fue sancionado por la mayoría del senado.  

Con la aprobación de los TLC EEUU va a recuperar en América Latina cierto terreno perdido en los últimos años. Hilary Clinton ha declarado: “Colombia, Corea y Panamá son aliados importantes en regiones estratégicamente vitales. Con la aprobación de los acuerdos, EE. UU. le ha cumplido a sus amigos y aliados”. Son éstas palabras que no deben ser echadas en saco roto. 

Esta buena noticia económica, aunque ajena, cae como un bálsamo en un país que como el nuestro, durante 13 años ha visto hundir progresivamente su economía por un gobierno enloquecido por la ideología.

Junto a ese TLC, fueron aprobados también el de Corea del Sur y Panamá, también demorados un largo tiempo.

Esta tardanza injustificada no fue ajena a los vaivenes de la política interna norteamericana. Las objeciones a los TLC fueron esgrimidas principalmente por los miembros del partido demócrata. En la oposición de estos últimos ejercieron mucha influencia los sindicatos estadounidenses, ONG’s de los derechos  humanos y algunos sectores económicos proteccionistas. Sin embargo, los republicanos fueron más proclives a suscribirlos.


                           

Estos grupos, en el caso de Colombia, señalaban como razón de peso para oponerse el hecho cierto de los numerosos asesinatos a dirigentes sindicales en ese país, lo que, para ellos, sería motivo suficiente para bloquear tal aprobación legislativa.

Esa supuesta razón, sin embargo, ocultaba otro interés, más bien, de proteccionismo comercial. Muchos parlamentarios de aquel país representaban a ciertos sectores económicos que veían algunas amenazas a sus mercados, toda vez que se abriría una cierta competencia en algunos rubros, como es lo usual cuando se pone en práctica este tipo de acuerdos comerciales. Aunque esta postura era exagerada, a mi modo de ver, toda vez que las “amenazas” de los productos colombianos no serian de gran envergadura.

La suscripción de este tipo de acuerdos comerciales -debe señalarse- es la vía menos deseable que algunos países tuvieron que adoptar, habida cuenta del torpedeo y luego paralización que sufrieron las negociaciones multilaterales del ALCA. Centroamérica, República Dominicana, Perú, Chile y Panamá se vieron obligados a concretar estos tratados bilaterales.

Al entrar en vigencia el TLC entre EEUU y Colombia, tendrán acceso al gran mercado norteamericano, libre de aranceles, el 99% de los productos que hoy exporta Colombia (cárnicos, hortifrutícolas, textil, plásticos, autopartes, tabaco, azúcar, flores, etc). Ésta, a su vez, otorga al 82% de los productos provenientes de EEUU una desgravación arancelaria, principalmente, de bienes de capital y productos no producidos en Colombia.

Nuestro vecino espera que en los próximos 4 años, se creen 250.000 nuevos empleos como consecuencia del TLC. Que el PIB suba 1%. Que las exportaciones totales suban en un 6%. Y que el comercio bilateral se incremente en 6.000 millones de dólares.

Así las cosas, las perspectivas no pueden ser más halagüeñas.

Lo que viene ahora es la instrumentación del acuerdo. Los actores económicos colombianos tuvieron un largo período para prepararse de cara a la competencia que traería consigo la aprobación de este TLC.

No obstante, algunos observadores han señalado que Colombia no hizo sus deberes en este campo. La firma de este TLC demandaba la realización de obras y cambios institucionales que permitieran al país elevar su competitividad de cara al nuevo desafío, y aquella no tuvo lugar. Lo cual pudiera afectar los resultados positivos esperados, y reactivar los cuestionamientos formulados durante la discusión del tratado por los enemigos del libre comercio.

Por otro lado, hay sectores económicos que no están aun preparados para la competencia que vendrá. Son los que siempre han apostado al proteccionismo estatal y han hecho poco por adaptarse al comercio globalizado. El gobierno colombiano deberá tomar acciones al respecto.

Afortunadamente, Colombia dispone de importantes sectores económicos que se han volcado desde hace mucho tiempo al exterior y a los que este TLC, con seguridad, favorecerá e impulsará más.

Como observador desde un país vecino, cuyo aparato productivo es víctima de un demencial plan de destrucción económica jamás conocido en esta región, con la excepción de Cuba, la noticia de la aprobación de este TLC no puede sino producirle una gran envidia.

Con sus desafíos y amenazas,  y con las deficiencias nacionales que puedan estar presentes en la implementación y ejecución del TLC, vemos con optimismo que un país como Colombia se abra paso firme, sin complejos, en la escena económica internacional, siempre con la mira fija en la generación de una mayor riqueza y bienestar para sus ciudadanos a través del comercio con el gigante del continente.

Razón tiene el presidente Santos cuando dice que llegó la hora de pensar en grande. Ojalá los venezolanos nos contagiáramos de ese espíritu, sumidos como estamos en un marasmo político y económico.

EMILIO NOUEL V.