La función
contralora, indispensable y necesaria en todo estado moderno, viene de lejos en
el tiempo. Y en un Estado de derecho que respete la separación y autonomía de
los poderes públicos, aquella función es crucial. En Venezuela, el órgano llamado por la Constitución y la
ley a vigilar por el correcto uso de los dineros públicos, no lo hace
debidamente, amén de que está siendo utilizado con fines políticos, y el
capítulo arbitrario de las inhabilitaciones electoraless lo demuestra.
Son miles las
denuncias de irregularidades administrativas formuladas durante los 13 años del
gobierno actual, caídas en saco roto. Cientos de pruebas han sido presentadas,
incluso por parlamentarios, señalando presuntas violaciones cometidas por
funcionarios de todo nivel, sin que hasta la fecha se conozcan resultas de las
investigaciones ni mucho menos sanciones.
Desde el Plan
Bolívar 2000, pasando por PDVSA y PDVAL, hasta las emisiones de bonos de deuda,
escándalo tras escándalo, hemos visto la indiferencia -¿cómplice?- de la
Contraloría ante los principales responsables de estos delitos contra el erario
público. ¿Donde están las averiguaciones?
Sin duda, la
Contraloría no ha cumplido con su cometido; ha faltado gravemente a su deber.
Como todas las instituciones, también ésta ha sido envilecida, desnaturalizada,
corrompida, puesta de rodillas al servicio de una camarilla ávida de poder y
riquezas, e inspirada en una ideología demencial. Para rematar el cuadro de
irregularidades, no se ha realizado la elección del nuevo contralor, una vez
producida la falta absoluta de su titular.
El contralor debe
ser elegido por la Asamblea Nacional. A tal fin, el Consejo Moral Republicano
debe convocar un Comité de Evaluación de Postulaciones (CEPPC), el cual debe
estar integrado por diversos sectores de la sociedad. Este Comité debe abrir un
proceso público, de cuyo resultado se escogerá una terna, que luego se somete a
consideración de la Asamblea. Ésta, mediante el voto de las 2/3 partes de sus
integrantes, escogerá en 30 días continuos, al titular de la Contraloría. Si no
hubiese acuerdo, el Poder Electoral someterá la terna a consulta popular. No
obstante, si el Poder Ciudadano no realizara el proceso señalado, la Asamblea
deberá proceder dentro de un plazo que determine la ley, a la designación.
Clodosbaldo
Russian falleció el día 20 de junio de 2011, es decir, han pasado 140 días.
Esta falta absoluta debió activar al Poder Ciudadano.
¿Por qué no se
cumple este mandato constitucional? Obviamente, el gobierno no tiene los votos para
designar un contralor de su confianza que siga apañando vagabunderías que se
cometen impunemente.
Éste es un tema
que los venezolanos no deberíamos dejar pasar por debajo de la mesa. Harían bien
los diputados democráticos en plantear este asunto importante. Los ciudadanos
aspiramos a que se nombre un contralor que vigile de verdad los dineros de
todos con escrupulosidad, transparencia y apego a la ley. Que no se preste a
las trapisondas que maquine el gobierno contra sus oponentes.
EMILIO NOUEL V.
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