JUAN CARLOS HIDALGO
La renacionalización de los ferrocarriles en Argentina siguió un
patrón que, con algunas excepciones, ha sido una constante en la era Kirchner:
el apoyo de la oposición a buena parte de la agenda estatista de Casa
Rosada. Este panorama debería atemperar las expectativas de que un nuevo
gobierno cambie de manera sustancial las políticas económicas
implementadas en ese país en la última década.
Con 223 votos a favor y apenas 5 en contra, la Cámara de Diputados
votó el proyecto de re-estatización del servicio ferroviario. A favor de
la medida estuvieron, además del oficialismo, los opositores de la
Unión Cívica Radical (centro), PRO (centroderecha), Frente Renovador
(peronismo disidente), Coalición Cívica (centroizquierda) y los
socialistas. Para ser justos, PRO justificó su voto señalando cambios
que permitirían eventualmente más competencia y participación privada.
Aún así, la medida denostó un alto consenso de la clase política
argentina.
No es la primera vez. Otros proyectos importantes que aumentaron la
participación del Estado en la economía han contado con la venia directa
o implícita de un sector nada despreciable de la oposición.
Un ejemplo fue la expropiación del 51 por ciento de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Argentinos (YPF)
que pertenecían a la española Repsol. Esto no solo marcó la
estatización de la compañía petrolera más grande del país, sino que
representó la radicalización del modelo económico populista de los
gobiernos kirchneristas. En la Cámara de Diputados el proyecto recibió
208 votos a favor y 32 en contra. En el Senado, la votación fue de 63
votos positivos y únicamente 3 negativos. Gil Lavedra, entonces líder
del bloque de diputados de la UCR, justificó su apoyo a devolver YPF a
control estatal diciendo, “Nosotros la creamos, la defendimos y pensamos
que es una empresa estratégica para el país”.
Más resistencia enfrentó en el 2008 el proyecto para nacionalizar las
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), mediante
el cual el Estado se adueñó de US$29.300 millones en ahorros
previsionales de 9,5 millones de trabajadores argentinos. Esta medida
constituyó el robo legalizado de mayor envergadura en Argentina desde el
corralito del 2001.
La ley también le garantizó al gobierno ingresos adicionales por
US$5.000 millones anuales en cotizaciones y un ahorro de US$3.500
millones que el Estado dejó de pagarles a las AFJP por concepto de
capital e intereses por los bonos públicos que tenían en sus carteras.
Además, ya que las administradoras eran dueñas de acciones en una
multitud de empresas, la Casa Rosada utilizó la nacionalización para
nombrar representantes del gobierno en las juntas directivas de estas
compañías, incluyendo Grupo Clarín, cuyo periódico es uno de los
principales críticos de la presidenta Fernández de Kirchner.
La complicidad de la oposición hacia la
agenda estatista de los Kirchner revela que probablemente no haya un
giro radical en las políticas económicas
Para ese entonces el oficialismo contaba con mayoría en ambas Cámaras
del Congreso, por lo que no necesitó del apoyo de la oposición para
aprobar el proyecto. Las bancadas de la UCR, PRO y peronistas disidentes
votaron en contra. Sin embargo, los presidenciables opositores Mauricio
Macri (PRO) y Sergio Massa (Frente Renovador) han manifestado que de
llegar al poder mantendrían la estatización de las AFJP.
La nacionalización de Aerolíneas Argentinas en el 2008 también
recibió el voto negativo de PRO, Coalición Cívica y la UCR, pero en el
caso de estos dos últimos, su oposición radicó más en el hecho de que el
gobierno asumiera los pasivos de la compañía, valorados en US$890
millones. Estos partidos proponían, en cambio, que el Estado se hiciera
de Aerolíneas mediante la creación de una nueva empresa estatal.
La manera poco transparente y no competitiva en que se realizaron
muchas de las privatizaciones en la década de los noventa ha servido a
los gobiernos K como justificante para su programa de
renacionalizaciones. Pero la oposición, en lugar de proponer más
competencia en los mercados o eliminar aquellas distorsiones
regulatorias que afectan la calidad de los servicios privatizados –como
los controles tarifarios–, más bien comparte en gran medida la visión
kirchnerista de que el Estado debe retomar el control de estas empresas.
No todo es negativo. Macri, en particular, ha sido el candidato que
ha enviado más señales de cambio en materia económica. Por ejemplo,
prometió eliminar el “cepo cambiario” y dejar flotar el tipo de cambio
el mismo día que asumiera el poder. Sin duda, esto enviaría una señal
contundente de que Argentina busca poner orden en su política monetaria.
Curiosamente, por estas declaraciones el bando de Massa acusó a Macri
de querer un “ajuste sangriento”.
Sin duda, la salida del poder del kirchnerismo trae aparejada la
esperanza de que un nuevo gobierno sea más respetuoso del Estado de
Derecho y la libertad econonómica. No obstante, la complicidad que en
gran medida ha mostrado la oposición hacia la agenda estatista de los
Kirchner revela que probablemente no haya un giro radical –y necesario–
en las políticas económicas de Argentina.
Juan Carlos Hidalgo es analista de políticas
públicas sobre América Latina en el Centro para la Libertad y
Prosperidad Global del Cato Institute en Washington, DC. Twitter:
@jchidalgo.
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