El tema de la corrupción gubernamental o de los políticos,
aunque es asunto permanente, enfermedad crónica que a veces empeora con
gobiernos tomados por asalto por bandas de delincuentes, se ha alborotado de
nuevo. En esta oportunidad han estallado simultáneamente escándalos en muchos
países. Desde la lejana China, pasando por Corea del Sur y España, hasta
Argentina y Brasil, la onda expansiva recorre el mundo, dejando sus estragos en
cada país, siendo los más pobres los que pagan el pato al final, pues la
corrupción significa una disminución de bienes sociales para las mayorías.
En nuestro hemisferio, un país como Chile, que hasta ahora
tenía un récord muy bueno en la materia, ha hecho su debut también.
Obviamente, en todas partes se cuecen “guisos”, como decimos
en Venezuela, pues pensar que de la corrupción de los gobernantes o
funcionarios públicos algunos países pudieran estar exentos, es ser muy ingenuo
o desconocedor de la historia del hombre. Aquella siempre la habrá, aquí y en
donde sea, por tanto, lo que corresponde a toda sociedad es tratar de
controlarla, perseguirla, sancionarla y minimizarla en la medida de lo posible,
a sabiendas de que la naturaleza humana es imperfecta.
La corrupción no es un asunto exclusivo de los que están en
el sector público. En el privado, igualmente, tiene lugar el fenómeno, y no me
refiero en este último caso sólo a los particulares en su relación con el
Estado.
El “lavado” o “blanqueo” de dinero, llamado técnicamente,
legitimación de capitales, y efecto directo, tanto de los diferentes delitos
como de la corrupción política, se ha colocado en la palestra pública nacional
e internacional en días recientes, con ocasión de investigaciones realizadas
por autoridades norteamericanas y españolas en un banco de Andorra. Es, sin
duda, un escándalo propio de lo que estamos comentando.
Grandes sumas de dinero, procedentes o bien de los negocios
gubernamentales, del tráfico de drogas o de otras actividades ilegales, están relacionadas con personas
naturales y empresas de nacionalidad venezolana con vínculos gubernamentales.
Lo grave de todo esto es el entrevero perverso que tiene
lugar, y en el cual jerarcas del gobierno chavista, contratistas, mafiosos y
narcos convergen en operaciones de trasiego bancario, que muestran los vasos
comunicantes existentes entre ellos.
Queda claro que este delito transfronterizo no puede ser
combatido sólo con medidas domésticas. La eficacia en tal tarea debe contar con
normas de obligatorio cumplimiento y acciones internacionales conjuntas. De
allí que la cooperación operativa y judicial entre los países sea fundamental.
Para tal fin se han suscrito convenios bilaterales y
multilaterales. Quienes sigan viendo este grave asunto desde los estrechos
márgenes de un territorio o con concepciones soberanistas anacrónicas, no ha
comprendido el mundo que vivimos, ni la incidencia global de la delincuencia.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Transnacional Organizada, conocida también como Convención de Palermo, de la cual es signataria Venezuela, es un
instrumento, como otros instituidos en el campo internacional, adecuado para
lograr una mayor eficacia en la lucha contra las distintas manifestaciones
criminales cuyo ámbito de acción es el globo terráqueo. Allí los países se
comprometen a penalizar el blanqueo de
dinero y la corrupción, pero también regula las materias de decomisos,
extradiciones, investigaciones conjuntas, recopilación, intercambio y análisis
de información, asistencia judicial recíproca, entre otros asuntos.
Vistas las revelaciones recientes en que aparecen
involucrados funcionarios públicos y contratistas venezolanos, cabe preguntarse si nuestras autoridades
están echando mano de los mecanismos de cooperación establecidos en las regulaciones
internacionales sobre la materia, o si se están haciendo la vista gorda porque
los que aparecen mencionados son próceres de la revolución bolivariana.
EMILIO NOUEL V.
@ENouelv
emilio.nouel@gmail.com
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