EL BLOG DE EMILIO NOUEL

VENEZUELA, DEMANDADA Y DESPRESTIGIADA COMO NUNCA

                            

Evaluar la ejecutoria general del gobierno implica juzgar la forma contraria a los intereses nacionales que ha mostrado en el manejo de las relaciones económicas y comerciales del país de cara al exterior. Éstas, en general, comportan un marco de compromisos jurídicamente obligatorios que deben ser honrados, así como la aceptación de un conjunto de principios y garantías que el mundo moderno y la comunidad internacional reconocen como beneficiosos para la buena marcha de la  economía global.

Hoy es imposible sustraer los asuntos domésticos de una nación del entorno constituido por la intensa interdependencia global. Son dos espacios íntimamente ligados, que se condicionan y determinan mutuamente. De allí que cualquier gobernante deba poner especial cuidado en el tema.

Se impone entonces la necesidad de denunciar los desaguisados e irregularidades del gobierno y de cómo el desprecio por los derechos económicos consagrados en el ordenamiento jurídico constitucional y legal ha perjudicado nuestro prestigio y credibilidad en el exterior.

Uno de los temas en que se ve reflejada tal conducta inadecuada es el relativo a las relaciones con las empresas extranjeras que invierten en nuestro país.

El irrespeto a la propiedad privada y a las demás garantías de seguridad jurídica han conducido a que Venezuela se vea demandada en instancias internacionales por montos mil millonarios.

En el Centro Internacional de arbitraje conocido como CIADI Venezuela ha sido demandada 29 veces, de las cuales 28 corresponden al gobierno actual. Las empresas abarcan casi todos los sectores económicos. Los montos sobrepasan la cifra de 33.000 millones de dólares.

Gracias a ese proceder absurdo, estamos corriendo el riesgo de perder enormes cantidades de dinero y bienes que requerimos para solventar prioritarias necesidades de salud, educación, infraestructura y seguridad. Y lo peor de todo es que tales controversias son injustificadas. No tenían ningún sentido las expropiaciones realizadas. Mucho menos cuando hemos visto que el gobierno ha fracasado estruendosamente en la gestión de esas empresas estatizadas.

Tales dislates han tenido lugar en el marco de un cambio de las opciones estratégicas en materia de política internacional.

Los gobiernos democráticos de nuestro país se destacaron por ser escrupulosos en la observación de las obligaciones internacionales, y de lo cual da cuenta el hecho de que muy pocos litigios de relevancia internacional tuvo que enfrentar el Estado.

En los últimos años, la radicalización del debate político y las tensiones consecuentes condujeron a una profundización en la aplicación del proyecto político-ideológico del chavismo. Los nuevos y preferentes vínculos internacionales se hicieron más evidentes. Las afinidades ideológicas y los intereses geopolíticos con algunos gobiernos han sido determinantes. Así: Rusia, China, Bielorrusia, Irán, Irak, Libia y Siria. Y en Latinoamérica: Argentina, Brasil, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Uruguay.

Con Cuba, por ejemplo, los compromisos son abundantes, poco transparentes y alcanzan montos significativos, sobre todo, por concepto de petróleo. En éstos las ventajas y liberalidades de que goza ese país son escandalosas. Con CHINA, se han suscrito alrededor de 340 compromisos (convenios y contratos), sobre las más variopintas materias, lo que contrasta con apenas 20 firmados hasta 1998. Decenas de empresas chinas han concretado un sinnúmero de contrataciones. Con un país sancionado por la comunidad internacional como Irán se han firmado 265 acuerdos y contratos, de los cuales se habrían generado 56 proyectos en las áreas energética, agrícola, científico-tecnológica, económico-financiera y de desarrollo social.

Lo cierto es que la opacidad presente en la mayoría de las obligaciones internacionales contraídas por el gobierno venezolano no ha permitido a los venezolanos calibrar en toda su extensión todas las cargas financieras, convenientes o no, que el Estado ha tomado para sí.

El ordenamiento vigente ha sido desnaturalizado y violentado por el gobierno venezolano, al crear un clima hostil hacia la inversión nacional y foránea; y en consecuencia, se ha afectado el empleo productivo, la transferencia tecnológica, la competitividad y el desarrollo económico.

Con este tipo de políticas no lograremos el desarrollo ni el bienestar anhelado por todos. Por eso debemos cambiar de gobierno, y dentro de poco tendremos la oportunidad dorada para hacerlo.

EMILIO NOUEL V.