REVENTÓN TRANSNACIONAL DE CLOACAS
En las últimas semanas ha estallado de manera simultánea en
el vecindario y Europa, una serie de escándalos de corrupción
político-administrativa, frente a la cual se ha levantado una ola de repudio
que a más de un político tiene en vilo.
Las consecuencias negativas de esto para el sistema
democrático son claras. La corrupción indigna tanto como preocupa.
Desde la Tangetópoli
italiana, en los años noventa del pasado siglo, en la que se
hizo famoso el juez Antonio di Pietro
(proceso Mani pulite), los
medios no se habían ocupado sobre el tema como en los días que corren.
Una suerte de efecto dominó se ha producido con las denuncias
sobre casos de tráfico de influencias, peculado, lavado de dinero y otros
delitos, cuya repercusión se ve potenciada por los problemas económicos que
sufren algunos países.
Principalmente, Argentina, Brasil, Italia, España y Portugal,
entre otros, están en la palestra pública.
La corrupción del kirchnerismo en Argentina es a cielo
abierto. Lo que se lee al respecto es repugnante. Desde la presidencia y la
vicepresidencia de la República hacia abajo es un estercolero. Una trama de
negociados ilícitos a la sombra del poder, que ha hecho ricos a la familia
presidencial, sus más cercanos colaboradores y allegados, cuyos vínculos,
incluso, con Venezuela, fueron evidenciados con los dólares dirigidos a
apuntalar la campaña presidencial de la Kirchner. Hasta ahora, ningún preso, y
sabemos en qué medida controla y mediatiza los tribunales de ese país el
gobierno.
En Brasil, no es muy distinto. El Partido de los Trabajadores
y los partidos políticos aliados, desde el gobierno de Lula Da Silva al de
Dilma Rousseff, han sido beneficiarios de fondos provenientes de las empresas
que han sido las principales contratistas del Estado. Han sido detenidos al día
de hoy decenas de empresarios y políticos que han estado por años hundidos en
un chiquero nauseabundo de tráfico de influencias, que hasta cierto punto puso
en riesgo la reelección de la presidente, y en este momento la tienen en jaque.
Los contratistas detenidos representan negocios con el gobierno de alrededor de
30.000 millones de dólares. Y la dirección de la empresa Petrobras en el
banquillo.
El inefable Silvio Berlusconi, conocido como il cavalieri, ha sido el protagonista de
un juicio interminable por corrupción en Italia, que va y viene por los
vericuetos de los procedimientos tribunalicios, pero que muestran un entramado
de irregularidades enorme, sin mencionar otros episodios escandalosos.
España es escenario también de hechos irregulares que vienen
siendo investigados y enjuiciados. Líderes y militantes de casi todos los
partidos aparecen involucrados, y hasta una hermana del rey está envuelta en
estos hechos por causa de las andanzas de su marido. En Cataluña, a un
personaje político que había gozado largo tiempo de la adhesión y el respeto de
sus conciudadanos, se le descubre un entramado de negocios supuestamente ilícitos.
El escándalo del Banco Espírito Santo de Portugal hace pocos
meses fue el abreboca para que en estos días reventara otro caso por el que el
ex primer ministro socialista José Sócrates, ingresa a la cárcel bajo graves
acusaciones de enriquecimiento ilícito. Cuentas bancarias en Suiza y bienes
inmuebles en Paris han aparecido como de su propiedad, sin que hasta ahora haya
justificación o demostración alguna del origen lícito de ellos.
Desde hace algunos años vengo hablando de la existencia de
una suerte de organización transfronteriza informal a la que he denominado Corruptos sin fronteras, por el ámbito
global de acción de estas mafias transideológicas, que en funciones o no de
gobierno hacen negocios entre ellas y se protegen mutuamente. Argentinos,
rusos, brasileños, cubanos, chinos, colombianos, nicaragüenses, españoles y
venezolanos, entre otros, forman parte de esta internacional de la corrupción,
desde la cual se ha tejido una madeja de relaciones ilegales (tráfico de
influencias, lavado de dinero, narcotráfico, etc) por parte de
funcionarios públicos y empresarios privados cuyo propósito es manejar
el poder y de paso hacerse ricos, blandiendo como estandarte un discurso
hipócrita para atrapar incautos.
Bajo el manto de una supuesta afinidad política, estos
políticos se financian entre sí actividades proselitistas y/o campañas
electorales, con dinero público.
Le oí decir a Mario Vargas Llosa una vez que si detestamos la
política, la política se puede volver detestable, lo cual sería muy grave.
Recuerdo ese pensamiento porque si bien está claro que lo que
debemos repudiar con rigor, como ciudadanos, son las manifestaciones
disfuncionales de la política, y en el caso que nos ocupa, la corrupción, no
podemos extender este rechazo a la política y los partidos en general, incluso,
con sus naturales defectos.
La corrupción político-administrativa es un fenómeno de muy
difícil erradicación; siempre la habrá, aunque es posible reducirla a una
expresión “tolerable” socialmente.
El Estado tiene que poner todos los recursos legales y
técnicos a su disposición para lograr la minimización de este grave flagelo que
sobre todo afecta a las mayorías y de paso puede acabar con la democracia.
Obviamente, en esta materia hay un problema
cultural y otro moral, cuya solución es de naturaleza profunda e involucra
todos los estratos sociales y políticos.
No hay que olvidar que hay una suerte de demagogos
autoritarios que están al acecho para desacreditar a la democracia por causa de
los problemas que trae la corrupción.
Sobre un discurso anticorrupción se han levantado opciones políticas
populistas-demagógicas, que al llegar al poder han sido peores que aquellos que
cuestionaban.
En Venezuela, lo estamos viviendo con amargura y
calamidades económicas, con un gobierno en el que la impunidad reina y sus más
altos jerarcas militares y civiles han sido denunciados sin que ninguno haya sido
enjuiciado. En otros países se asoman también amenazantes oportunistas de la
misma calaña.
EMILIO NOUEL V.
@ENouelV
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