El órdago del Reino Unido a la Unión Europea

  

Federico Steinberg y Salvador Llaudes. Opinión - 21/11/2014

(*) Publicado el 19/11/2014 en Elmundo.es.

Desde su gestación, la Unión Europea ha sido un animal político no identificado. El Tratado de Roma de 1957 y sus subsiguientes actualizaciones hablan de una “unión cada vez más estrecha” (‘ever closer union’) entre los países que la conforman. Esta imprecisa expresión plasma las ansias del continente de avanzar gradualmente hacia un objetivo no definido, que logre desterrar para siempre los conflictos bélicos del espacio europeo al tiempo que se garantizan la libertad, la seguridad y la prosperidad de sus ciudadanos.

Sin embargo, dadas las distintas idiosincrasias nacionales, desde los años 90 se viene admitiendo que el proceso de integración podría no ser simétrico ni homogéneo, y de ahí la creación del concepto de una “Europa a múltiples velocidades”, plasmada tanto en la existencia de opt-outs para algunos Estados en algunas políticas como de instrumentos para la cooperación reforzada, que permiten a los países que así lo desean avanzar más rápidamente en la integración.

La crisis de la deuda que comenzó en 2009 ha obligado a acelerar la integración económica y política en la zona euro. Conscientes de que la deficiente arquitectura institucional de la moneda única ponía en duda la viabilidad del proyecto monetario, así como de la propia Unión Europea, los países del euro han profundizado su integración fiscal y bancaria, haciendo mucho más evidentes las divisiones entre ins y outs, es decir, entre los países que pertenecen a la eurozona y los demás.

Es necesario señalar que los Tratados son meridianamente claros: únicamente el Reino Unidoy Dinamarca, tienen la posibilidad, si lo estiman conveniente, de mantenerse fuera del euro. El resto de estados miembros, actualmente 8 países de los 28 que conforman la Unión, tendrán que acabar uniéndose (aunque algunos sean renuentes, como Suecia) al grupo de la moneda única. Eso sí, no podrán hacerlo hasta que cumplan los criterios de convergencia fijados en Maastricht, como han hecho recientemente Letonia o Lituania (que adoptará el euro en enero de 2015).

Esto supone que, si el euro sobrevive (y cada vez hay más motivos para pensar que lo hará), países como Polonia, Hungría o Bulgaria, por mencionar algunos, tendrán que adoptar la moneda única en el futuro, del mismo modo que no pueden mantenerse dentro de la Unión y rechazar la Política Agrícola Común.

Sin embargo, el concepto de ‘ever closer union’ parece ya no estar garantizado, debido fundamentalmente a la posición del Reino Unido. David Cameron dice querer reformar la Unión y repatriar algunas competencias que cedió a Bruselas sin molestar al resto, pero su actitud en realidad revela una intención de viajar en una dirección distinta. Estaríamos pasando, por tanto, de la “Europa a múltiples velocidades”, que es un equilibrio difícil pero sostenible, a una “Unión con dos destinos distintos”, en la que algunos países (entre los que también se incluyen Hungría, los países escandinavos u Holanda) preferirían pararse en una estación, mientras que la mayoría seguiría hasta el final del trayecto.

Es cierto que los británicos nunca creyeron en la construcción de unos “Estados Unidos de Europa”, y que su ingreso en la Unión en 1973 sólo se produjo por interés económico, al ver cómo su propio proyecto de integración comercial, la EFTA, no lograba los mismos resultados que la Comunidad Europea. También es cierto que los niveles de europeísmo nunca han sido muy altos en el Reino Unido y que existe una arraigada desconfianza ciudadana hacia las instituciones comunitarias.

No obstante, hoy la situación es más compleja que nunca. Desde que Cameron se convirtiera en primer ministro, se han sucedido una serie de acontecimientos que demuestran el interés británico por alejarse lo más posible de quienes apuestan por una mayor integración. Así, ya en 2009, Cameron hizo que los 'tories' abandonasen el Partido Popular Europeo.

Si no lo hubiera hecho, tal vez habrían podido bloquear la elección de Juncker como Presidente de la Comisión y no hubiéramos asistido al lamentable espectáculo del verano pasado, en el que el líder tory y medios afines británicos atacaron sistemáticamente al nuevo Presidente de la Comisión y negaron la validez del proceso del spitzenkandidaten, por el que las principales familias europeas intentaban colocar los primeros cimientos de la Unión Política al plantear un proceso por el que los ciudadanos europeos votaban indirectamente al líder del ejecutivo comunitario.

Pero no ha sido éste el único episodio turbulento. Con su negativa a firmar el Pacto Fiscal en diciembre de 2011, Cameron forzó que éste tuviese que adoptarse por vía intergubernamental, y también se opuso a que el Reino Unido formara parte de la Unión Bancaria, el proyecto más ambicioso de la integración europea desde la creación del euro.

Más recientemente, y con el objetivo de ganarle en su terreno al partido radical UKIP que propugna la salida del Reino Unido de la Unión, se está produciendo la queja sistemática de losconservadores británicos contra la inmigración, aunque los recientes datos del Centre for Research and Analysis of Migration de la University College London demuestren que la llegada de inmigrantes ha sido positiva (el saldo es de +25 millones de euros entre lo que han dejado en las arcas británicas y lo que han recibido por prestaciones sociales).

En este sentido, la canciller Merkel ha señalado que la libre circulación de personas es una línea roja y que no aceptará restricciones, como se había sugerido desde Londres. Las polémicas más recientes han surgido por los más de 2.000 millones de euros que el Reino Unido debe abonar a las arcas europeas por al buen comportamiento de su economía en los últimos tiempos y por la negativa británica a financiar rescates de inmigrantes en el Mediterráneo.

Cameron anunció ya en 2013 que, en caso de ser reelegido, convocará un referéndum para 2017 en el que se decidirá la permanencia o no del Reino Unido en la Unión Europea. El Primer Ministro dice que buscará negociar con la Unión un nuevo status para su país y que, si lo consigue, hará campaña a favor de la permanencia. Pero, por el momento, no ha especificado si pretende acercarse al modelo noruego, suizo, turco, o a uno diferente.

Y tampoco se sabe cuál sería la respuesta de Bruselas ante el órdago de Londres, aunque llegado ese caso la Unión haría bien en negociar, ya que la salida del Reino Unido le supondría un duro golpe, si bien resultaría todavía más letal para la City de Londres.

En todo caso, los británicos parecen querer dejar claro que la idea de una ‘ever closer union’ es historia, al menos para ellos. La Europa Continental mira con preocupación al otro lado del Canal, intentando vislumbrar si todavía queda algún resquicio de ese Reino Unido que existió en el pasado, que negociaba duramente en Bruselas pero que era un socio fiable que aportaba importantes valores a la Unión. Por el momento, cada vez queda menos rastro de él.

Federico Steinberg es investigador principal de Economía Internacional del Real Instituto Elcano | @Steinbergf

Salvador Llaudes es ayudante de investigación del Real Instituto Elcano | @sllaudes

                REVENTÓN TRANSNACIONAL DE CLOACAS

                                        

En las últimas semanas ha estallado de manera simultánea en el vecindario y Europa, una serie de escándalos de corrupción político-administrativa, frente a la cual se ha levantado una ola de repudio que a más de un político tiene en vilo.

Las consecuencias negativas de esto para el sistema democrático son claras.  La corrupción indigna tanto como preocupa.

Desde la Tangetópoli italiana, en los años noventa del pasado siglo, en la que se hizo famoso el juez Antonio di Pietro  (proceso Mani pulite), los medios no se habían ocupado sobre el tema como en los días que corren.

Una suerte de efecto dominó se ha producido con las denuncias sobre casos de tráfico de influencias, peculado, lavado de dinero y otros delitos, cuya repercusión se ve potenciada por los problemas económicos que sufren algunos países.

Principalmente, Argentina, Brasil, Italia, España y Portugal, entre otros, están en la palestra pública.

La corrupción del kirchnerismo en Argentina es a cielo abierto. Lo que se lee al respecto es repugnante. Desde la presidencia y la vicepresidencia de la República hacia abajo es un estercolero. Una trama de negociados ilícitos a la sombra del poder, que ha hecho ricos a la familia presidencial, sus más cercanos colaboradores y allegados, cuyos vínculos, incluso, con Venezuela, fueron evidenciados con los dólares dirigidos a apuntalar la campaña presidencial de la Kirchner. Hasta ahora, ningún preso, y sabemos en qué medida controla y mediatiza los tribunales de ese país el gobierno.

En Brasil, no es muy distinto. El Partido de los Trabajadores y los partidos políticos aliados, desde el gobierno de Lula Da Silva al de Dilma Rousseff, han sido beneficiarios de fondos provenientes de las empresas que han sido las principales contratistas del Estado. Han sido detenidos al día de hoy decenas de empresarios y políticos que han estado por años hundidos en un chiquero nauseabundo de tráfico de influencias, que hasta cierto punto puso en riesgo la reelección de la presidente, y en este momento la tienen en jaque. Los contratistas detenidos representan negocios con el gobierno de alrededor de 30.000 millones de dólares. Y la dirección de la empresa Petrobras en el banquillo.

El inefable Silvio Berlusconi, conocido como il cavalieri, ha sido el protagonista de un juicio interminable por corrupción en Italia, que va y viene por los vericuetos de los procedimientos tribunalicios, pero que muestran un entramado de irregularidades enorme, sin mencionar otros episodios escandalosos.  

España es escenario también de hechos irregulares que vienen siendo investigados y enjuiciados. Líderes y militantes de casi todos los partidos aparecen involucrados, y hasta una hermana del rey está envuelta en estos hechos por causa de las andanzas de su marido. En Cataluña, a un personaje político que había gozado largo tiempo de la adhesión y el respeto de sus conciudadanos, se le descubre un entramado de negocios supuestamente ilícitos.

El escándalo del Banco Espírito Santo de Portugal hace pocos meses fue el abreboca para que en estos días reventara otro caso por el que el ex primer ministro socialista José Sócrates, ingresa a la cárcel bajo graves acusaciones de enriquecimiento ilícito. Cuentas bancarias en Suiza y bienes inmuebles en Paris han aparecido como de su propiedad, sin que hasta ahora haya justificación o demostración alguna del origen lícito de ellos.

Desde hace algunos años vengo hablando de la existencia de una suerte de organización transfronteriza informal a la que he denominado Corruptos sin fronteras, por el ámbito global de acción de estas mafias transideológicas, que en funciones o no de gobierno hacen negocios entre ellas y se protegen mutuamente. Argentinos, rusos, brasileños, cubanos, chinos, colombianos, nicaragüenses, españoles y venezolanos, entre otros, forman parte de esta internacional de la corrupción, desde la cual se ha tejido una madeja de relaciones ilegales (tráfico de influencias, lavado de dinero, narcotráfico, etc)  por parte de  funcionarios públicos y empresarios privados cuyo propósito es manejar el poder y de paso hacerse ricos, blandiendo como estandarte un discurso hipócrita para atrapar incautos.

Bajo el manto de una supuesta afinidad política, estos políticos se financian entre sí actividades proselitistas y/o campañas electorales, con dinero público.

Le oí decir a Mario Vargas Llosa una vez que si detestamos la política, la política se puede volver detestable, lo cual sería muy grave.

Recuerdo ese pensamiento porque si bien está claro que lo que debemos repudiar con rigor, como ciudadanos, son las manifestaciones disfuncionales de la política, y en el caso que nos ocupa, la corrupción, no podemos extender este rechazo a la política y los partidos en general, incluso, con sus naturales defectos.

La corrupción político-administrativa es un fenómeno de muy difícil erradicación; siempre la habrá, aunque es posible reducirla a una expresión “tolerable” socialmente.

El Estado tiene que poner todos los recursos legales y técnicos a su disposición para lograr la minimización de este grave flagelo que sobre todo afecta a las mayorías y de paso puede acabar con la democracia.

Obviamente, en esta materia hay un problema cultural y otro moral, cuya solución es de naturaleza profunda e involucra todos los estratos sociales y políticos.

No hay que olvidar que hay una suerte de demagogos autoritarios que están al acecho para desacreditar a la democracia por causa de los problemas que trae la corrupción.

Sobre un discurso anticorrupción se han levantado opciones políticas populistas-demagógicas, que al llegar al poder han sido peores que aquellos que cuestionaban.

En Venezuela, lo estamos viviendo con amargura y calamidades económicas, con un gobierno en el que la impunidad reina y sus más altos jerarcas militares y civiles han sido denunciados sin que ninguno haya sido enjuiciado. En otros países se asoman también amenazantes oportunistas de la misma calaña.

EMILIO NOUEL V.

@ENouelV

                     OPOSICIÓN: COHERENCIA O FRACASO

                                              

Desde la oposición democrática venezolana, mucho nos ufanamos, por considerarlo muy positivo, que exista en su seno una pluralidad de opiniones, pareceres diferentes ante muchos temas. Y eso no tiene nada de malo…. hasta cierto punto.

Porque si hay visiones controvertidas sobre el cambio climático, el precio del petróleo, el Estado islámico o la filosofía de Schopenhauer, uno no se preocupa tanto. Pero sobre temas de la política concreta, de lo que debe hacerse o declararse, ahí ya entramos en temas más espinosos.

Cuando se habla del asunto, siempre nos recuerdan que en ella -quiero decir en la MUD- conviven representantes de todo el menú ideológico. Desde neoliberales hasta algunos que se reclaman del marxismo, pasando por diversas versiones de socialdemócratas, demócrata-cristianos o simplemente quienes se dicen de centro.

Y uno, en tanto que convencido de las virtudes de las libertades de pensamiento y expresión, no puede, sin caer en inconsistencias, cuestionar ese collage de tendencias, algunas de la cuales, y en honor a la verdad hay que decirlo, no se avienen muy bien, no sólo en lo que a asuntos de gran calado se refiere, sino también en las estrategias y tácticas de la política concreta, o sea, en el día a día. 

Dicho lo dicho, y esperando haberme ya curado en salud, y para que no vayan a acusarme de revivir el centralismo democrático leninista después de leer estas líneas, quiero pasar a comentar algo que no deja de ser inquietante, sobre todo, por las apreciaciones que hemos oído de gente de fuera consternada por lo que aquí ocurre, y particularmente, por la imagen incongruente que transmite en general la dirección opositora hacia el mundo y a lo interno del país.

Lo que para nosotros es algo muy positivo (me refiero a la diversidad de la oposición), para muchos de los que nos miran allende las fronteras es una mala señal, al menos en el aspecto discursivo que reflejan los medios. Y no es porque esos observadores descrean del pluralismo, o estén contra la diversidad de corrientes ideológicas y el debate, o planteen un monolitismo.

Ellos ven como inadecuado y causa de cierto descrédito, el que no haya un discurso único en una oposición que se supone está unida contra un gobierno autoritario. Porque no basta que exista una instancia como la MUD y que los dirigentes de los partidos que la conforman digan que están unidos.

Ciertamente, un discurso político único –dicen nuestros amigos- no significa pensamiento único, pero sí una línea de acción política clara ante la opinión, que es lo que no se está percibiendo. 

Tienen razón los que del extranjero hacen esos comentarios. Para que haya ese discurso debe existir previamente una estrategia compartida que haya sido consensuada y que se adelante sin fisuras, de manera coherente entre todos los actores que la han diseñado. Lo cual también impone unos movimientos tácticos conjuntos, aunque pueda haber matices, ritmos o estilos divergentes.

Es inaceptable, por tanto, que el discurso y las iniciativas de algunos dirigentes pongan en entredicho o contradigan una estrategia acordada.

Si la oposición decidió una estrategia democrática y electoral –me dicen los fuereños- que implica prepararse para las elecciones del año entrante y las que vengan ¿cómo es que en algunas declaraciones de opositores se oyen voces que hablan de promover una Constituyente y otros piden la renuncia del presidente, sin mencionar los que andan promoviendo salidas de fuerza? ¿Qué clase de unidad es ésa?

Incluso, admitiendo que la Constituyente es un mecanismo lícito, preguntan ¿cómo puede la oposición enviar un mensaje tan confuso, dual, inconsistente, a los que estamos afuera y que deseamos que triunfe? ¿Cómo sentir seguridad y claridad en ella si un grupo dice una cosa y otro busca otra? ¿Por qué la MUD extrañamente acepta tal disonancia? Una oposición así no es garantía de nada, rematan estos observadores externos.

El comentado aquí es un problema, sin lugar a dudas, que debería ser resuelto por la dirigencia política democrática. Hace mucho daño. Si no hay coherencia en lo estratégico y lo táctico, si se dispersa los esfuerzos, si el mensaje es contradictorio, los resultados serán los peores.

Soy de los que está comprometido con la UNIDAD y cree firmemente en la pluralidad. Pero también tengo la convicción de la necesidad de la eficacia política y ésta sólo se logra con coherencia y una dosis sólida de disciplina política mínima de parte de los que se llaman líderes, entendida en los términos señalados.

Si somos serios, responsables y abandonamos los arrestos de soberbia y megalomanía, y si somos consecuentes con las decisiones tomadas democráticamente, es posible un triunfo rotundo en las próximas elecciones de 2015.  Desterremos la dispersión, no sigamos enviando un mensaje confuso.

EMILIO NOUEL V.

@ENouelV

emilio.nouel@gmail.com

La discutible potencia económica de China

 Joseph S. Nye

TOKIO – El Banco Mundial ha anunciado recientemente que este año la economía de China superará la de los Estados Unidos, según la paridad del poder adquisitivo (PPA), pero no se trata de una descripción holística de la posición económica mundial de China.

Aunque la PPA puede servir en parte para comparar el bienestar de unas y otras economías, queda afectada en gran medida por el tamaño de la población. La India, economía que ocupa el décimo puesto mundial por tamaño conforme al tipo de cambio en el mercado del dólar de los EE.UU. y la rupia india, es la tercera conforme a la PPA. Además, la mejor forma de juzgar los recursos de una potencia, como, por ejemplo, el costo del petróleo importado o de un motor de avión de combate avanzado, es mediante los tipos de cambio de las divisas que se deben utilizar para pagarlos.

Desde luego, el tamaño total es un aspecto importante de la potencia económica. China tiene un mercado atractivo y es el socio comercial mayor de muchos países, fuentes importantes de influencia que los dirigentes de China no tienen reparo en ejercer.

Pero, aun cuando el PIB total de China supere el de los EE.UU. (sea cual fuere la medición), las dos economías seguirán teniendo estructuras y niveles de complejidad muy diferentes. Además, los ingresos por habitante de China, medida más precisa de la complejidad económica, ascendieron a tan sólo el 20 por ciento de los de los Estados Unidos y harán falta decenios, al menos, para que los alcance (en caso de lo consiga).

Además, como han reconocido funcionarios e investigadores de China, aunque este país superó a Alemania en 2009 como mayor país exportador del mundo por volumen, aún no ha llegado a ser un auténtico país “fuerte” comercialmente por culpa de su deslucido comercio de servicios y su escasa producción de valor añadido. Además, China carece del tipo de marcas comerciales fuertes de las que pueden jactarse potencias comerciales como los EE.UU. y Alemania; de hecho, 17 de las 25 principales marcas mundiales son americanas.

El retraso de China en cuanto a complejidad económica se refleja también en sus mercados financieros, que representan tan sólo una octava parte de los de los Estados Unidos, pues a los extranjeros sólo se les permite comprar una porción muy pequeña de la deuda de China. Aunque este país ha intentado aumentar su poder financiero fomentando la utilización internacional de su divisa, el comercio denominado en renminbi aún representa tan sólo el nueve por ciento del total mundial, comparado con el 81 por ciento correspondiente al dólar.

Ni siquiera las enormes reservas de divisas de China, las mayores del mundo, pues ascienden a casi cuatro billones de dólares, bastarán para intensificar su influencia financiera, a no ser que las autoridades creen un mercado de bonos profundo y abierto con tipos de interés liberalizados y una divisa fácilmente convertible. Dichas reservas tampoco confieren a China demasiada capacidad de negociación directa respecto de los EE.UU., en vista de que las relaciones interdependientes dependen de asimetrías.

China posee dólares que recibe por sus exportaciones a los Estados Unidos, mientras que estos últimos, al mantener su mercado abierto a los productos chinos, contribuyen a engendrar crecimiento, empleo y estabilidad en China. Sí, este país podría poner de rodillas la economía de los EE.UU. inundando el mercado con sus dólares, pero no sin sufrir un grave batacazo, a su vez.

Las diferencias entre China y los EE.UU. en cuanto a complejidad económica resultan extensivas también a la tecnología. Pese a algunos logros importantes, China depende de la copia de invenciones extranjeras más que de la innovación nacional para sus avances tecnológicos. Aunque está emitiendo más patentes que nunca, pocas de ellas representan invenciones innovadoras. Los chinos se quejan con frecuencia de que producen empleos para fabricar iPhones, pero no a personajes como Steve Jobs.

En los próximos decenios, el crecimiento del PIB de China se aminorará, como ocurre en todas las economías una vez que alcanzan cierto nivel de desarrollo: por lo general, el nivel de ingresos por habitante, en materia de PPA, al que China está acercándose. Al fin y al cabo, China no puede depender eternamente de tecnologías importadas y de una mano de obra barata para mantener el crecimiento. Los economistas de Harvard Lant Pritchett y Lawrence Summers han concluido que la regresión hasta el término medio situaría el crecimiento chino en el 3,9 por ciento durante los dos próximos decenios.

Pero ese cálculo estadístico sencillo no explica los graves problemas que China debe abordar en los próximos años, como, por ejemplo, el aumento de la desigualdad entre las zonas rurales y las urbanas y entre las regiones costeras y las interiores. Otros problemas importantes son un sector estatal hinchado e ineficiente, la degradación medioambiental, una migración interior en masa, una red de seguridad social insuficiente y un débil imperio de la ley.

Además, China afrontara condiciones demográficas cada vez más adversas. Después de  imponer una política de hijo único durante más de tres decenios, la fuerza laboral de China alcanzará su punto culminante en 2016 y en 2030 el número de dependientes de edad avanzada superará al de niños, lo que ha inspirado la preocupación de que la población se haga mayor antes de hacerse rica.

El autoritario sistema político de China ha demostrado una capacidad impresionante para alcanzar objetivos concretos, desde la construcción de ferrocarriles de gran velocidad hasta la creación de enteras ciudades nuevas. Lo que el Gobierno de China aún no está preparado para hacer es reaccionar eficazmente ante las exigencias cada vez más sonoras de participación política –si no democracia– que suelen acompañar al aumento del PIB por habitante. ¿Se producirá el cambio político cuando el PIB nominal por habitante, que ahora asciende a 7.000 dólares, aproximadamente, se acerque a los 10.000 dólares, como ocurrió en las vecinas Corea del Sur y Taiwán?

Está por ver si China podrá idear una fórmula para gestionar una clase media urbana en aumento, la desigualdad regional y, en muchos lugares, minorías étnicas inquietas. Su rezagada complejidad económica puede complicar la situación aún más. En cualquier caso, significa que el PIB agregado, comoquiera que se mida, es insuficiente para determinar si China superará a los EE.UU. en potencia económica y cuándo.

Traducido del inglés por Carlos Manzano.

Project  Syndicate

LOS PRÓXIMOS LOGROS COMERCIALES

MICHAEL J, BOSKIN

Project Syndicate

STANFORD – Las noticias económicas son sombrías en todas partes del mundo. El crecimiento de la producción este año ha dejado que desear y las previsiones del Fondo Monetario Internacional muestran apenas una ligera mejoría para 2015. Europa podría estar volviendo a caer en una recesión, e incluso la alguna vez robusta economía alemana está tambaleante. La economía China se está desacelerando, y Brasil, Rusia e India están luchando para evitar un estancamiento.

Así pues, es una pena que se estén desatendiendo tres oportunidades importantes de crecimiento mediante una liberalización comercial –la Ronda de Doha para el Desarrollo de la Organización Mundial del Comercio, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP) de la región Asia-Pacífico, y la Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Si se diseñan adecuadamente, las tres tienen el potencial de estimular el crecimiento mundial. Mediante la reducción de aranceles y barreras no arancelarias, la protección de la propiedad intelectual y la armonización de la reglamentación, se podrían generar cientos de miles de millones de dólares de producción –y millones de empleos mejor pagados.

Esta es una lección del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que cumple su vigésimo aniversario este año. En NAFTA at 20, publicación que edité, los expertos académicos y los responsables del diseño de políticas explican cómo el emblemático tratado de libre comercio es un ejemplo de los beneficios de la liberalización comercial –y por qué los líderes políticos deberían seguirlo.

La eliminación de aranceles entre Canadá, México y los Estados Unidos fue innovadora, riesgosa y controvertida. El TLCAN se convirtió en el foco de quejas sobre la globalización, el capitalismo y la decadencia del sindicalismo. Muchos señalaron que el tratado reduciría los salarios, eliminaría empleos y arrasaría con la industria agrícola en los Estados Unidos. En cambio, el TLCAN estimuló a las economías signatarias y se convirtió en el modelo de cientos de acuerdos de libre comercio subsiguientes.

El TLCAN contribuyó a abrir lo que el ex secretario mexicano de Comercio, Jaime Serra Puche, señaló había sido “una economía altamente proteccionista durante cinco o seis décadas”. Las exportaciones agrícolas estadounidenses sí supusieron un riesgo para algunos agricultores mexicanos, pero otros pudieron impulsar sus exportaciones hacia los Estados Unidos –y ver cómo aumentaban sus ganancias. Mientras tanto, los consumidores del país, en particular la clase urbana pobre, se beneficiaron de precios menores de los alimentos. De acuerdo con Stephen Haber, mi colega en la Hoover Institution de la Universidad de Stanford, “después del TLCAN, y en gran medida debido a él, la economía mexicana y el proceso político se hicieron mucho más competitivos”.

Canadá también tuvo beneficios. La productividad de las empresas y trabajadores del país aumentó en 14%, lo que condujo a una década de mejora en los estándares de vida, según explicó el economista de la Universidad de Toronto, Daniel Trefler. Por otro lado, el ex ministro de Finanzas canadiense, Michael Wilson, explica: “Canadá es una economía mucho más moderna ahora de lo que hubiera sido”.

Mientras tanto, Canadá y México se han convertido en los dos principales mercados de exportación de los Estados Unidos y en 2013 representaron en conjunto 625,000 millones de dólares, más que los siguientes diez mercados de exportación más grandes combinados. Antes del TLCAN, las exportaciones a México equivalían más o menos a las del Reino Unido, y a la mitad de lo que se exportaba a Japón. Asimismo, este aumento del comercio creó numerosos empleos bien pagados.

El TLCAN produjo algo muy diferente al fenómeno de subcontratación externa que sus oponentes pronosticaron. Alrededor del 40% de lo que los Estados Unidos importan de México, de hecho se origina en los Estados Unidos. En el caso de Canadá esa cifra es del 25%. En contraste,  en lo que respecta a China, la proporción es de solo 4%. “No solo estamos vendiendo bienes mutuamente, sino que ahora los producimos conjuntamente”, señala Serra Puche.

De acuerdo con Lorenzo Caliendo, economista de la Escuela de Gestión de Yale (Yale School of Management), el aumento del comercio transfronterizo e incremento de los salarios reales (ajustados a la inflación) en los tres países se puede atribuir al TLCAN –incluso si se toman en consideración factores como la apertura de China, la crisis del peso, la burbuja tecnológica y la gran recesión. En resumen, como lo describió el ex Secretario de Estado de los Estados Unidos, George Shultz, “el TLCAN ha transformado la región”.

Ahora, el TLCAN puede seguir sirviendo como modelo para negociaciones comerciales que están en curso. Un TLCAN 2.0 podría centrarse en áreas que originalmente se excluyeron, como la movilidad laboral y la energía. El desarrollo de las arenas petrolíferas de Canadá, la revolución en el sector de la energía a partir de esquisto en los Estados Unidos, y la apertura a la inversión extranjera del sector petrolero mexicano implican el viraje geopolítico más importante desde el colapso del comunismo.

Asimismo, la conclusión del TPP o del TTIP podría impulsar el avance de la Ronda de Doha para el Desarrollo. “No hay duda de que un acuerdo mayúsculo de calidad ahora, como fue el TLCAN en 1994, podría significar un gran avance para el multilateralismo”, señala la ex representante comercial de los Estados Unidos, Carla A. Hills.

La liberalización comercial ha estado paralizada durante mucho tiempo. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, los presidentes estadounidenses, demócratas y republicanos por igual, han promovido el libre comercio como un pilar clave del crecimiento. John F. Kennedy lanzó lo que se convirtió en la Ronda Kennedy del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y Bill Clinton ayudó a garantizar la aprobación del TLCAN en el Congreso, así como la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales, que se habían iniciado y negociado durante los mandatos de los Presidentes George H.W. Bush y Ronald Reagan.

El Presidente Barack Obama ha promovido el TPP en Asia, pero solo recientemente solicitó al Congreso facultades de negociación por la vía rápida (la capacidad para solicitar un voto de aprobación o de rechazo sin enmiendas). Harry Reid, líder de la mayoría demócrata en el Senado, denegó la solicitud de Obama. El nuevo Senado controlado por los republicanos debe actuar rápido para aprobarla. Según Hills, "De ningún modo habríamos podido terminar las negociaciones del TLCAN sin la vía rápida".

Nadie negociará seriamente con los Estados Unidos si el Congreso puede escoger las enmiendas que prefiera. El ex representante comercial de los Estados Unidos, Mickey Kantor, recuerda los regateos de Clinton con los demócratas en el Congreso para que se unieran a los republicanos a fin de superar a las alas proteccionistas de ambos partidos y aprobar el TLCAN. Obama y la nueva mayoría Republicana deben decidir ahora si seguirán los pasos de sus predecesores para dar lugar a una nueva era de crecimiento económico.

Traducción de Kena Nequiz

Elogio de los desequilibrios mundiales

Sanjeev Sanyal

SINGAPUR – En las últimas semanas, ha habido un coro de opinión partidario de un fuerte aumento de la inversión mundial, en particular en infraestructuras. El ex Secretario del Tesoro de los Estados Unidos Lawrence Summers ha afirmado que la inversión pública es, en realidad, gratuita, mientras que la Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, ha sostenido que, para que la economía mundial “supere un nuevo período mediocre”,  hace falta un impulso a la inversión.

Esas observaciones indican que el mundo lleva muchos años padeciendo una inversión inferior a la necesaria. En realidad, según los datos del Fondo Monetario Internacional, la tasa de inversión mundial total actual, que asciende al 24,5 por ciento del PIB mundial, está cerca del máximo habido a lo largo de sus variaciones a largo plazo. La cuestión no es una falta de inversión total, sino el hecho de que un porcentaje desproporcionado proceda de China.

El porcentaje de inversión mundial correspondiente a China se ha disparado desde el 4,3 por ciento en 1995 hasta el 25,8 por ciento en este año. En cambio, el porcentaje de los Estados Unidos, cuyo punto máximo fue el 36 por ciento en 1985, ha bajado hasta el 18 por ciento. La dismunición del del Japón ha sido más espectacular, desde un máximo del 22 por ciento en 1993 hasta tan sólo el 5,7 por ciento en 2013.

China domina la inversión mundial porque ahorra e invierte casi la mitad de los 10,5 billones de dólares de su economía, pero es probable que su tasa de inversión se reduzca marcadamente a lo largo de los cinco o diez próximos años, porque ya cuenta con nuevas infraestructuras, tiene un exceso de capacidad manufacturera en muchos sectores y está intentando cambiar su actividad económica para que predominen los servicios, que requieren menos inversión. Además, el rápido envejecimiento de la población de China y la disminución de la correspondiente a la edad de trabajar reducirá la demanda de inversión a largo plazo.

Como el balance por cuenta corriente es la diferencia entre la tasa de inversión y la de ahorro, la reducción de la inversión creará grandes superávits, a no ser que también disminuya el ahorro, y la experiencia de otras sociedades que están envejeciendo, como las de Alemania y del Japón, indica que la inversión interna disminuye antes que las tasas de ahorro.

Así, pues, China puede esperar que grandes superávits exteriores la transformen de la mayor fábrica del mundo a su financiero principal. De hecho, la magnitud de la salida de capitales podría ser tal, que el capital a largo plazo seguiría siendo barato aun después de que los más importantes bancos centrales del mundo endurezcan la política monetaria. La forma como el mundo absorba dichos superávits determinará el próximo período de expansión económica mundial.

Los mercados en ascenso podrían aprovechar en cierta medida esa financiación barata. La India se beneficiaría sin lugar a dudas, aunque no es probable que absorba una parte importante del ahorro excedentario de China. El porcentaje de la inversión mundial correspondiente a la India es de tan sólo el 3,4 por ciento y ni siquiera una gran expansión compensará una pequeña reducción de la inversión china. Además, el modelo de crecimiento del Asia oriental se ha mantenido en última instancia gracias a la movilización del ahorro interno en aumento y a las exportaciones constantes. De modo, que, aunque la India podría absorber en un principio algún capital internacional, podría preferir en útima instancia crear reservas de divisas acumulando pequeños déficits exteriores o incluso un superávit.

Tampoco es probable que otros países en ascenso absorban demasiado capital de China. Pese a abogar por el gasto en inversión pública, incluso el FMI reconoce que es más probable que un aumento repentino de la inversión pública cause más endeudamiento que crecimiento en los países en desarrollo.

Ésa es la razón por la que los llamamientos del FMI y otros en pro de un aumento del gasto en infraestructuras públicas van dirigidos en realidad a los países desarrollados. Sin embargo, también eso podría resultar insuficiente. El desfase entre la inversión y el ahorro de Alemania es tal, que, aun cuando aumente la inversión interna, lo máximo que podemos esperar de Europa es que no contribuya a aumentar la saturación de ahorro mundial.

Sólo una reavivación de la inversión en infraestructuras en los EE.UU. puede crear una recuperación económica mundial sostenida. Los EE.UU. tienen el tamaño necesario para absorber el superávit de China y sus insuficientes infraestructuras brindan numerosas vías de inversión fructífera.

Resulta irónico que la nueva cantinela del FMI sobre la inversión vuelva a contribuir a unos grandes desequilibrios mundiales, pero, lejos de censurarlo como un grave fallo de la coordinación de las políticas mundiales, los economistas deberían aceptar los desequilibrios como el estado natural del mundo e intentar gestionar las distorsiones resultantes.

De hecho, casi todos los períodos de mundialización y prosperidad han ido acompañados de desequilibrios simbióticos. Siempre han causado distorsiones económicas y quejas políticas, pero muchos de ellos han persistido durante períodos sorprendentemente largos.

Pensemos, por ejemplo, en el comercio indorromano que impulsó la economía mundial en los dos primeros siglos d.C. La India acumuló un superávit por cuenta corriente, mientras que los romanos se quejaban de la pérdida de oro y, sin embargo, el sistema persistió. De forma semejante, el primer sistema de Bretton Woods se sostuvo con capital europeo y el de Bretton Woods 2 fue impulsado por capital asiático, mientras que los EE.UU. aportaron los déficits en los dos casos.

No hay razón para que un Bretton Wood 3 no experimentara desequilibrios semejantes, pero, si por alguna razón la economía mundial no llegara a despegar, tendríamos que resignarnos a un largo período de crecimiento mediocre en el que un capital barato reduzca los rendimientos, aumente los precios de los activos, infle burbujas y busque activos prestigiosos. Ése no es el tipo de desequilibrios al que las autoridades del mundo deberían aspirar.

Traducido del inglés por Carlos Manzano.

China’s New World Order

Lee Yong-Wha

SEOUL – China – already the world’s largest exporter, manufacturer, and international-reserve-asset holder – is poised to overtake the United States as the world’s largest economy (measured according to purchasing power parity) this year. Now, it is using its growing clout to reshape global economic governance. Indeed, the country’s days of following Deng Xiaoping’s injunction to “hide brightness and cherish obscurity” are long gone.

After decades of actively participating in international economic institutions – including the G-20, the International Monetary Fund, the World Bank, and the World Trade Organization – China has begun to resemble a revisionist power seeking to create a new world order. Last month, China and 20 other Asian countries signed a memorandum of understanding to establish a new multilateral development bank, the Asian Infrastructure Investment Bank. Viewed as the first serious institutional challenge to the World Bank and the Asian Development Bank (ADB), the AIIB was proposed by China.

In a sense, this shift should not be surprising, given the widespread debate over the inherent weaknesses of existing international institutions and governance structures – in particular, China’s disproportionately small role in them. China accounts for a 3.8% voting share of the IMF and a 5.5% share of the ADB, compared to 16.8% and 12.8%, respectively, for the United States and 6.2% and 12.8% for Japan.

Moreover, the advanced economies have staked their claim to leadership in these institutions. Europeans have led the IMF and Americans have controlled the World Bank since their establishment after World War II. Likewise, the ADB has had Japanese presidents since its founding in 1966.

Meanwhile, emerging economies like China face significant barriers to boosting their capital contributions to – and their status in – these institutions. And reforms, though widely discussed, have faced long delays. For example, IMF quota and governance reform, on which G-20 leaders agreed in 2010, has yet to be implemented.

Frustrated, China finally decided to push for the establishment of the AIIB, in which it will be the largest shareholder, with a stake of up to 50%. China will also provide the AIIB’s first president, and the bank’s headquarters will be in Beijing.

China can leverage its considerable influence over the AIIB to bolster its international image, particularly by strengthening its relationships with developing countries. Many developing Asian countries, for example, have significant unmet need for infrastructure investment to buttress their long-term economic growth.

The AIIB can not only channel more resources toward developing countries; it can do so in a way that is better suited to their needs, with fewer bureaucratic barriers and more flexibility than its more established counterparts. The AIIB would complement China’s rapidly increasing bilateral development financing, with the added benefit of a multilateral structure that ensures better governance and higher operating standards.

What the AIIB may not be able to do is contribute to improved economic governance in Asia – not least because Japan, Australia, Indonesia, and South Korea, whose total GDP is roughly equal to China’s, are not yet members. Without these economies to counterweigh China’s influence or a resident board of directors, the AIIB could allow China to impose its will on members and beneficiaries alike.

For example, as former Indian Minister of State for External Affairs Shashi Tharoor has suggested, China may use the AIIB to help finance a new Silk Road, an overland and maritime route connecting East Asia with Europe. While the project could have significant regional benefits, stimulating economic development by promoting integration and connectivity, it would serve primarily China’s interests, expanding the country’s international influence and reducing the gap between its eastern and western regions. At the same time, it could exacerbate geopolitical tensions and territorial disputes between China and its neighbors.

More generally, some development experts have raised concerns about whether the AIIB can operate according to international standards of governance and transparency, enforce safeguards, refuse to work with incompetent or corrupt governments, and follow effective procedures. They also worry that, by fragmenting international development finance, the AIIB could weaken its impact considerably.

To be sure, China has made an effort to address such concerns, emphasizing repeatedly that the AIIB aims to complement, not compete with, other institutions. Following the AIIB’s launch, Chinese President Xi Jinping declared that it “needs to follow multilateral rules and procedures” and should learn from “existing multilateral development institutions in their good practices and useful experience.”

But China must support such statements with an active commitment to fair and efficient governance. Specifically, it should consider lowering its own voting share, instituting a rotating presidency, and broadening membership to include advanced Asian economies.

The AIIB is a welcome initiative. But, given deep mistrust and a multitude of conflicts involving China, its regional neighbors, and the United States over security, environmental, and human-rights issues, its success is far from guaranteed. It is up to China to make the necessary compromises to enable the AIIB to reach its potential.

China’s approach to influencing global governance is only beginning to emerge. One hopes that it starts off on the right foot.