DERRIBAR
LA OEA ES EL OBJETIVO
Acaba de finalizar la reunión que ha tenido lugar en
Cochabamba, Bolivia, con ocasión de la 42ª Asamblea General de la Organización
de Estados Americanos.
Allí se llevó a discusión el funcionamiento de la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos, y a propósito de tal tema se presentó
un informe del Grupo de Reflexión pedido por el señor Secretario General
Insulza, el cual proponía algunos cambios que no dejan de ser turbadores.
Según declaración de Insulza, dicho Informe fue acogido
mediante Resolución y se encargó al Consejo Permanente para que en diálogo con
todas las partes involucradas, formule propuestas para su aplicación.
El tema nos concierne directamente, habida cuenta que el
presidente Chávez en días pasados pidió a un Consejo de Estado recién nombrado,
un estudio sobre la forma de sacarnos de aquel ente hemisférico, al que se
acusa de estar contra el gobierno de Venezuela.
La tirria que éste tiene contra esa instancia no lo es tanto,
creo, porque haya dictaminado de manera desfavorable en su contra, sino más
bien porque esa vigilancia supraestatal, que por lo demás hemos aceptado y
reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, es inaceptable para su concepto
particular del poder, de las relaciones con organismos internacionales y de la
noción de soberanía absoluta que defiende.
Porque el gobierno sabe muy bien que muchos países del
continente han recibido los mismos o mayores cuestionamientos de parte de la
CIDH, y que, en consecuencia, es falso que haya una particular animadversión de
los funcionarios de ese organismo hacia el gobierno chavista. Obviamente,
reconocer esto no es conveniente para sus propósitos últimos, que, a mi juicio,
son otros.
El problema de fondo que subyace a este rechazo a la CIDH es,
y esto tiene que ver con su noción anacrónica de soberanía, apartar o
minimizar todo dispositivo internacional
que signifique una vigilancia eficaz del uso arbitrario del poder y una
garantía de la vigencia de los derechos humanos de los ciudadanos.
Para el gobierno venezolano las organizaciones
internacionales de cualquier naturaleza son camisas de fuerza, a menos que sus
decisiones no comporten una obligación jurídica vinculante y exigible, que no
tengan poderes realmente coercitivos o que respondan a intereses
político-ideológicos que comparta. En cierta oportunidad, Chávez utilizó la
palabra monstruo para referirse a una de ellas; de allí su demonización
permanente, que las colocaría al servicio de los grandes y más oscuros poderes
mundiales.
Para la ideología de Chávez, el Estado venezolano no debería
estar sometido a los tratados que suscribe ni al derecho que generan las
organizaciones internacionales a las que pertenecemos voluntariamente (excepción:
la subordinación al gobierno cubano). De acuerdo con esta visión demodé el
territorio de una nación es una suerte de coto cerrado en el que nadie ni nada
que no sea nacional puede inmiscuirse, intervenir u opinar, incluso en la
materia de derechos humanos.
Si un gobernante machaca a su pueblo o a sus opositores, si
persigue, tortura y asesina, como en la actualidad sucede, por ejemplo, en
Siria, ningún extranjero tiene el derecho de decir una palabra de condena, ninguna
organización internacional puede intentar corregir tal matanza despiadada. La
sacrosanta soberanía está por encima de los derechos fundamentales del ser
humano y punto.
Así, como lo hemos dicho cientos de veces, la soberanía se
convierte en el argumento y escudo preferido de los tiranos para evitar que la
mano de la justicia los alcance.
El principio de la universalidad de los derechos o el de la
persecución penal de los delitos de lesa humanidad, no tienen cabida en tal
concepción de soberanía absoluta.
La CIDH, por tanto, es una piedra en el zapato para muchos,
incluso para algunos gobiernos que se dicen demócratas.
Plantear, como parece ser la propuesta que llevaron a la
Asamblea de la OEA, que la CIDH no tenga autonomía e independencia para decidir
abrir investigaciones, es un duro golpe al principio de protección de los
derechos humanos en el hemisferio. Es mediatizar el papel que debe jugar esa
instancia; es, más bien, volverla inútil, aniquilarla. La CIDH y la Corte no
pueden ser apéndices de los gobiernos, como pretende el canciller de Venezuela
al decir que los integrantes de estos órganos son empleados nombrados por los Estados
parte.
El canciller Maduro, obviamente, desconoce la necesidad de
que estos órganos sean independientes de los gobiernos, así como en su país no
admite el imperativo de la división y los contrapesos de los poderes públicos.
Soy de los convencidos de que el ataque a la CIDH es por
mampuesto a la OEA. Ésta ciertamente precisa de reformas. Pero para mejorarla
en su funcionamiento, hacerla más eficaz, no para fragilizar uno de los
mecanismos más importantes en defensa de los ciudadanos.
"Estamos
transformando Estados burgueses, estamos cambiando esos Estados aparentes en
Estados que velen por el interés general, Estados de plastilina por Estados
reales", ha señalado el pupilo de Chávez, Correa, al arremeter contra
la OEA y presentarse como representante de un supuesto proceso revolucionario
en marcha en el continente.
Chávez, por su parte, dictó la línea a sus lacayos de ALBA: “¿Para qué la Organización
de Estados Americanos? ¿Para qué la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Vamos a crear nuestros mecanismos en estos espacios geopolíticos de unidad y de
integración que están naciendo".
Éste es el verdadero objetivo, el que camuflaron cuando
apoyaron la creación de CELAC o UNASUR: dinamitar a la OEA desde adentro. Es la
prioridad. Creen que con tal acción debilitarán a un supuesto imperio opresor.
Aunque sabemos que el fin último es mantenerse en el poder.
Si se salen con la suya los que buscan destruir abiertamente
el sistema hemisférico, secundados desde
la sombra por algunos gobiernos, no sólo la causa de los derechos humanos
sufrirá uno de sus reveses más importantes, también la estabilidad de la
región.
EMILI
NOUEL V.
Twitter:
@ENouelV
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