Emilio Nouel
Parece que Brasil no se enganchó en la
deriva absurda que adelantan unos gobiernos, encabezados por el de Caracas, en
relación con la posible expulsión de Paraguay de Mercosur y Unasur, después de
la salida de la presidencia del inefable Fernando Lugo.
Es probable que haya sopesado mejor
lo que hubiera sido un mal paso, sobre todo, cuando el más interesado en el
asunto, el mismo Lugo, acató la decisión que tomó casi unánimemente la
representación democrática legítima de su país y repudió cualquier bloqueo
contra Paraguay.
No hay duda de que Lugo había
perdido su piso político e institucional. Hasta la iglesia le pidió la
renuncia. Los empresarios también lo rechazaban. Quedó solo con sus allegados
cercanos. Políticamente hablando, su gobierno era inviable, no tenía sustento
alguno, era una figura casi decorativa.
Su incompetencia gubernamental, los
escándalos personales, las distintas torpezas cometidas con sus aliados, los
intentos por politizar a los militares, sumados al manejo del incidente en que
murieron 17 personas en una invasión de tierras estimulada por su gobierno,
configuraron un marco propicio para que se decidiera expulsarlo del poder,
mediante un mecanismo establecido en la Constitución.
Este dispositivo constitucional es de
naturaleza política, no de carácter penal, aunque puede conducir a procesos en
esta última materia. Se llama Juicio Político y está contemplado en el
articulado de la Constitución.
Podemos estar de acuerdo o no con este
tipo de salidas, pero está en la Carta Magna de Paraguay, y no puede afirmarse
seriamente que no es legítimo ni democrático.
En regímenes parlamentarios es muy
usual que la mayoría representada en los parlamentos le quiten el apoyo
político a un gobernante, y que esto lleve a la disolución del gobierno y a un
eventual llamado a elecciones.
Esta suerte de válvula de escape
política existe en Paraguay, guste o no al observador.
Que el procedimiento fue muy
expedito, es muy cierto. Pero es que no hay un procedimiento específico
establecido, de allí que al órgano que corresponde llevar adelante este caso,
tenga toda la libertad de fijar las condiciones, lo cual también puede o no
agradar al observador, pero es legal.
De modo pues que a mi juicio es
inobjetable el proceso formal realizado.
Se ha cuestionado, por otra parte,
que se violó el principio del debido proceso. Sin embargo, en este punto
pareciera estar presente un error conceptual en los que así opinan.
No estamos ante un proceso
jurisdiccional penal, administrativo o civil, sino ante un “juicio” de
naturaleza eminentemente política, que valora la performance de la cabeza del
gobierno paraguayo; que estima si se condujo bien o mal. Así, la decisión que
se toma es consecuencia de la opinión política mayoritaria que
la representación popular legítimamente elegida tiene sobre el gobernante, con
la cual los paraguayos podrían estar o no en desacuerdo, pero es la opinión
abrumadora del parlamento.
Definitivamente, no hubo golpe de
estado en Paraguay, mucho menos puede utilizarse la expresión absurda, la “contradictio
in terminis”, “golpe de estado constitucional” o la de “golpe
de estado parlamentario”.
Volviendo al tema de las reacciones
sobre el evento en comento, principalmente, las de algunos países de UNASUR,
ALBA y Mercosur, a mi juicio, sería absurdo acosar o bloquear política o
económicamente a un país que ha actuado de conformidad con su ordenamiento
jurídico-político interno. Además de ser un exabrupto político, es la expresión
más patente de las incongruencias en las posiciones que se adoptan.
Es inexplicable que se critique
acerbamente el embargo a Cuba, y se pretenda bloquear al pueblo paraguayo. Este
doble rasero dice mucho sobre la poca moral a la hora de abordar los asuntos
internacionales de algunos gobiernos.
A la cabeza de esta locura se han
colocado los gobiernos de ALBA, de dudosa o ninguna condición democrática, y
Argentina.
Si a esto sumamos, el hecho ya
comprobado, de que el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, intentó soliviantar
a los militares paraguayos, demostrando una vez más su vocación injerencista en
los asuntos internos de otros países, el asunto se vuelve más demencial y
delicado.
Esta acusación que hace la Ministra
de Defensa María L. García, es un asunto muy grave, sobre el cual deberían
pronunciarse los gobiernos de UNASUR y MERCOSUR reunidos en Mendoza, tan
diligentes en otros temas. Si esta conducta se permite y no hay un
pronunciamiento contundente de parte de los países democráticos y respetuosos
de la soberanía, flaco servicio se le habrá hecho al prestigio y respetabilidad
de esas organizaciones.
No sólo aquellos entes
internacionales están obligados a tomar cartas en el asunto; igualmente la OEA.
A Paraguay hay que dejarlo en paz
para que resuelva soberanamente su problema, como hasta ahora lo ha hecho.
Saldrá adelante, estoy seguro, en democracia y libertad. ¿Qué medida va a
adoptar UNASUR frente a la grosera intromisión de Venezuela en los asuntos internos
de Paraguay?
Emilio Nouel V.
TWITTER: @ENouelV
EMAIL: emilio.nouel@gmail.com
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