EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE JUAN GUAIDÓ COMO ENCARGADO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

Más allá de las circunstancias políticas internas que rodean el acto mediante el cual se juramenta como Encargado de la Presidencia de la República y asume las competencias del poder ejecutivo, Juan Guaidó, el asunto del reconocimiento internacional de él como tal resulta de mucho interés comentarlo, desde el ángulo del Derecho y la práctica internacionales.

Obviamente, por lo general, todo reconocimiento internacional de un gobierno está directamente vinculado al ordenamiento jurídico interno de ese país; más concretamente, a situaciones de conformidad o de violación de normas constitucionales y/o legales por parte del gobierno que pretende tal reconocimiento.

En estas líneas haré fundamentalmente una aproximación jurídica, aunque no dejaré de lado una valoración política sobre el tema en cuestión.

De arrancada reitero de forma enfática y clara, que estoy, sin ninguna duda, en contra de la tiranía de quien desde el 10 de Enero próximo pasado, es un gobernante de facto, un usurpador del poder, que está en Miraflores sin ningún soporte constitucional y legal.

Además, considero a la representación popular que integra la actual Asamblea Nacional,  el único poder que goza de legitimidad constitucional y política.

Pasando ya a lo que deseo referirme en concreto, la primera interrogante general que debemos formular es la siguiente:

¿Qué nos dice el Derecho Internacional y la práctica Internacional sobre el reconocimiento de los Estados y los gobiernos?

En relación con la creación de un nuevo Estado -lo que no es materia de este artículo- está lo referido a la efectividad de él, por un lado, y por otro,  la actitud que tengan los Estados frente a ese nuevo actor internacional.

Esa efectividad se da, desde el punto de vista del Derecho Internacional, cuando una entidad determinada posee, de hecho, los elementos de la llamada estatalidad. A partir de allí solo resta que el Estado sea tenido por tal y como un sujeto de Derecho Internacional. 

Por lo que respecta al régimen aplicable a los casos de cambios de gobierno realizados violentando las normativas constitucionales y/o legales internas de un país, como es la circunstancia particular que vive Venezuela, habría que hacer algunas puntualizaciones.

En esta materia se parte del principio que establece que la identidad de un Estado no se modifica porque se produzca un cambio de régimen político. Como dice Fernando Mariño Méndez, “la personalidad del Estado permanece la misma”, y además,  los compromisos internacionales que ha asumido se mantienen intactos. Hay que recordar que los bolcheviques, al momento de tomar el poder, intentaron desconocer ese principio, con el propósito de no pagar las deudas del Estado ruso. En otras ocasiones, se ha esgrimido tal argumento, que hoy no es aceptado por la mayoría. 

Por otro lado, se señala que todo gobierno efectivo, independiente y estable, es un gobierno según el Derecho internacional, independientemente de su no constitucionalidad, y esto no significa una merma de sus competencias para actuar en nombre del Estado de que se trate.

Dicho lo anterior, sobre el reconocimiento de los gobiernos de facto han tenido lugar en la historia diversas visiones políticas o doctrinas.

Las hay que niegan legitimidad a esos gobiernos para actuar en el plano internacional en representación de sus Estados.

Se llama a esa doctrina, la de la “legitimidad democrática”. Para ésta el gobierno en cuestión debe gozar del apoyo de su pueblo para poder ejercer su representación internacionalmente. Esta tesis es atribuida al presidente norteamericano Thomas Jefferson.

Está, igualmente, la doctrina de la “legitimidad constitucional”, del ecuatoriano Carlos Tobar y el presidente estadounidense Woodrow Wilson.  

Por su parte, la doctrina del mexicano Estrada, plantea otra visión. Para éste, “México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos (…) se limita a mantener o retirar cuando lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin calificar ni precipitadamente ni a posteriori, al derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o substituir a sus gobiernos o autoridades….”.

Sin embargo, en el Derecho internacional se fue imponiendo la opinión de que la ilegalidad de origen o sobrevenida de un gobierno sería irrelevante.  En la práctica, al Estado y al gobierno se le identifica, y el reconocimiento del primero, en principio, arrastra al segundo.

En todo caso, los Estados siempre consideran la efectividad de la circunstancia concreta, en otras palabras, quién tiene la sartén por el mango realmente.

Lo cierto de todo esto es que reconocer un gobierno cualquiera es siempre un acto político, no jurídico.

En el Derecho Internacional no hay prohibición de reconocimiento de gobiernos ilegales.

En el ámbito de las regulaciones de los entes internacionales pudieran haber obligaciones que establezcan sanciones a ciertos países, entre las cuales, el no reconocimiento de gobiernos autocráticos o violadores de los DDHH. Rómulo Betancourt llegó a proponerlo en la OEA, a mediados del siglo pasado, como medida sancionadora para las dictaduras.

En el seno de la ONU, en 1946, se decidió como obligación para los países miembros, el desconocimiento del gobierno de Franco.

En el caso del gobierno de facto del usurpador Nicolás Maduro, un número considerable de importantes gobiernos democráticos del mundo estiman que las farsa electoral del 20M de 2018 no constituye sustento legal válido para asumir un nuevo período presidencial, por tanto, no lo reconocen.

Como quiera que no existe una normativa internacional sobre estos casos, y mucho menos sobre la inédita situación venezolana presente, son las consideraciones políticas y principistas las que se han venido imponiendo.

La Comunidad Internacional tiene en sus manos un sin número de evidencias sobre la perpetración de violaciones a las libertades y a los DDHH por parte del régimen chavista. Está convencida también de que Nicolás Maduro es un usurpador. Que su gobierno es inconstitucional.

Cuando reconoce a Juan Guaidó como Encargado de la Presidencia de la República lo hace no solo porque tiene un basamento constitucional que lo acredita como tal, aplicándose en este caso la doctrina de la legitimidad constitucional, sino también porque hay una valoración política e incluso moral, principista, lo cual viene a configurar, en la práctica, una conducta  excepcional en el ámbito de las relaciones internacionales.

                  VENEZUELA: “RESETEO” POLÍTICO

                                             

No me cabe la menor duda de que los venezolanos seguimos viviendo momentos bien complicados y quizás cruciales.

A los que veíamos desde finales del 2018 al 10 de Enero como una fecha clave, los acontecimientos que se han desencadenado en los días que corren vienen a confirmar nuestras conjeturas.

En noviembre, con diversos actores de la sociedad civil, habíamos comenzado a instar a quienes quisieran oírnos a que nos preparáramos con tiempo para el importante evento que se avecinaba. Que no era otro que el final del mandato de Maduro, sin que se hubieran realizado elecciones de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. 

Situación inédita, por cierto, que nuestro ordenamiento jurídico no contempla.

Porque el tan mentado artículo 233, a mi juicio, no es aplicable en la situación de hecho que tenemos enfrente, sino a otras circunstancias en un entorno de normalidad institucional.  

Y este asunto solo lo menciono sin ningún ánimo de entrar en polémica con algún jurista, ni  sumergirme en discusiones de formalismo jurídico a las que son muy dados los abogados, toda vez que creo que el problemón que tenemos encima es más bien de naturaleza política, aunque en la hora actual, se puede echar mano del artículo 333 de la Constitución y con toda propiedad.

Dicho lo dicho, no queda otra que subrayar, a estas alturas del partido, lo que ha sido planteado como ruta política por la Asamblea Nacional, única institución con legitimidad popular y constitucional, para salir de la calamidad política que en mala hora se abalanzó sobre el país.

Está claro que lo primero es ponernos en acción para concretar el fin de la usurpación de la presidencia de la República que se ha consumado, lo cual, obviamente, no es una menuda tarea.

Esta implica poner en práctica un plan de movilización combinado de fuerzas políticas y sociales nacionales e internacionales que presionen al régimen de facto establecido a apartarse o lo obliguen a negociar una salida eficaz y satisfactoria, todo en un ambiente que esperamos sea pacífico. 

Por lo pronto, ya la Asamblea ha sancionado importantes instrumentos que apuntan a aquel primer objetivo.

Solo cumplido ese objetivo se podrá pasar a las otras fases del plan (gobierno de transición y elecciones libres); las más lógicas en todo proceso de esta naturaleza.

De allí que nos toque a todos los venezolanos que anhelamos recuperar la democracia y las libertades, dar un paso decisivo al frente para que tal camino sea recorrido en el más breve tiempo, sorteando o impidiendo todo intento de frustrar un curso que ha sido concebido de manera inteligente y razonable por nuestros representantes legítimos, y que goza del respaldo de las más importantes democracias occidentales y la Comunidad Internacional.

Obviamente, estos propósitos sólo serán alcanzados en el marco de la mayor unidad posible de las fuerzas democráticas opositoras, incluidos los que han ido retirando su apoyo al gobierno.

Maduro está en Miraflores como gobierno de facto, sin ninguna legitimidad; su soporte, ya sabemos, es el de las bayonetas. Los que absurda y/o interesadamente, desde una supuesta oposición, le confieren alguna legalidad al tirano, tengan por seguro destino -si es que ya no están allí- el tacho de la basura de la historia política de nuestro país. Con políticos amortizados, por un lado, y por otro, con los delirantes fantasiosos, no se llegará a puerto. 

A la Asamblea Nacional y a quien la preside, el joven político Juan Guaidó, en estas difíciles circunstancias debemos prestarles nuestro más resuelto respaldo, en el entendido de que ellos solos no podrán culminar la tarea sin el concurso activo de todos los venezolanos. El recurso de los cabildos abiertos con las comunidades es un gran acierto, y está dando resultados satisfactorios. A esos representantes populares, les demandamos que mantengan ojo avizor y oídos abiertos al clamor que se levanta a diario desde nuestras distintas colectividades. 

Que ésta sea la oportunidad de recuperar la esperanza y  comenzar a transitar un nuevo derrotero de prosperidad y libertad para Venezuela y, por qué no, de regeneración de la política.  Por ahora, no hay toalla que tirar. 

EMILIO NOUEL V.        

¿VA EN RETROCESO LA INTERDEPENDENCIA ECONOMICA INTERNACIONAL?

Hace un tiempo expuse algunas ideas sobre el principio de irreversibilidad en los procesos de integración económica.

Allí decíamos que era muy dificultoso e inconcebible que un país que haya experimentado los beneficios que trae consigo el intercambio mercantil internacional, se devolviera a una situación de retraimiento económico, desdeñando las ganancias de la interdependencia.

Así, una vez que un país se inserta en un régimen de unión aduanera y/o mercado común, los lazos económicos y de otra naturaleza se hacen tan fuertes entre los países que conforman un bloque comercial, que desprenderse de ellos es un contrasentido y una tarea muy complicada. De allí deriva la casi imposible reversión, a menos que se esté dispuesto a soportar los daños a sus empresas, no solo las volcadas al exterior, y a los trabajadores que de esos negocios dependen.

Y eso es lo que estamos presenciando hoy con el enorme embrollo político que se ha desatado en Europa y el Reino Unido, que amenaza con la caída de la Primera Ministra Theresa May.

Es sabido que luego de producirse el insólito referéndum sobre el Brexit, se iniciaron complicadas negociaciones para concretar el “divorcio” con el resto de Europa, en un entorno británico de creciente opinión pública a favor de la realización de un  nuevo referéndum que abra la posibilidad de enmendar el entuerto generado.   

La señora May ha suscrito en días pasados un pre-acuerdo con la Unión que debe ser aprobado  por el Parlamento de su país.  Ese extenso documento y sus anexos establecen, entre otros asuntos, un periodo de transición que se iniciaría en Marzo del 2019 y duraría 21 meses, con posibilidad de ser prorrogado.

Los temas más importantes son los relativos a: restricciones de los europeos residentes en el Reino unido y los británicos que viven en Europa; un régimen arancelario de los productos importados y denominaciones de origen;  saldar compromisos presupuestarios y financieros; resolver los problemas que plantea la frontera de las dos Irlanda y el funcionamiento futuro del mercado financiero-bancario. 

Este preacuerdo ha desatado una tormenta política en el Reino Unido. Se oponen a él tanto los que están de acuerdo con el Brexit como los que no. Conservadores, laboristas y liberales están envueltos en un duro debate, que puede llevar a un nuevo gobierno o un llamado a elecciones. 

Esta situación en desarrollo, de nuevo plantea la discusión referida en mi primer artículo sobre el tema, y evidencia la importancia que cobran estos asuntos en el ámbito económico global.

La interdependencia in crescendo que vivimos en el mundo actual es una amplia y profunda tendencia de siglos que va a contrapelo de las manifestaciones de nacionalismo exacerbado, aislacionismo y proteccionismo comercial que han resurgido en algunos países.

Esta ola de onanismo económico conlleva también arremetidas contra los mecanismos y soluciones negociadas que propicia y puede seguir promoviendo el multilateralismo.

Es un mal que comienza a parecer endémico, sobre todo, en países desarrollados.

Es ya preocupante esta deriva insólita. A tal punto, que un ministro francés en estos días, refiriéndose a la igualmente complicada circunstancia que vive la Organización Mundial del Comercio,  la llama suicidio económico.

Tanto en EEUU como en Europa, han venido tomando cuerpo estas erradas visión y políticas que ponen en riesgo las economías del mundo. La guerra comercial desatada por Trump contra China es una muestra patente de este despropósito, que lleva a algunos a hablar del inicio de una nueva Guerra fría.

En Suramérica, por ejemplo, sobre la política que en este campo implemente el nuevo gobierno de Brasil, hay también ciertos temores, habida cuenta del peso regional que ese país tiene. El pensamiento expresado por el que estará al frente de Itamaraty, pareciera inscribirse en esa ola ultranacionalista y en contra del multilateralismo. 

Así como aspiramos, quizás muy optimistas, a que el Reino Unido eche para atrás su salida de la Unión Europea, de igual modo apostamos a que el camino irracional que algunos gobiernos están recorriendo o parecen anunciar hacia el aislamiento económico, sea reconsiderado con realismo y prudencia, de modo que la larga y compleja marcha hacia la prosperidad global y a la solución y/o alivio de los grandes problemas del planeta, no se vea aún más comprometida por políticas de comercio exterior inspiradas en ideas que han probado ser perniciosas.

 

EMILIO NOUEL V.

Emilio.nouel

 

UN TRIUNFO DE ZAPATERO Y SU REPRESENTADO: MADURO 

                                    
                                                        Zapatero y Maduro

Los únicos que salieron victoriosos de la absurda votación que se dio en la Asamblea Nacional el día martes pasado son el inefable señor Zapatero y su mandante.

Es deprimente que nuestros diputados pierdan el tiempo en un debate de esa naturaleza cuando hay otros asuntos más importantes y de mayor interés para un país agobiado como el nuestro. 

Es sabido que un grupo de diputados propuso al parlamento censurar al ex presidente del gobierno español, por su actuación y declaraciones en la crisis venezolana.

Pero más allá del resultado cuantitativo de ese episodio en el seno de una oposición dispersa y sin norte claro, el resultado político es lastimoso, sin mencionar lo que ha generado en las redes sociales.

Para el que no lo tenga claro, Zapatero no solo en Europa sino también en su propio país, es un personaje que no tiene la relevancia ni la audiencia en relación con la crisis venezolana, que algunos le adjudican. Basta conocer lo que dicen de sus gestiones los funcionarios diplomáticos, incluso españoles. Como decimos en Venezuela coloquialmente, nadie de importancia “le para”. Es insignificante su influencia, si es que tiene alguna. 

Lo que sí está claro es su compromiso con el gobierno chavista, al cual asesora y sirve.  Sus declaraciones sobre lo que ocurre en Venezuela dejan a las claras con quien se identifica. Decir, por ejemplo, que en relación con el asesinato del concejal Alban hay que esperar que las instituciones actúen, es poco menos que una burla cínica y macabra de Zapatero, habida cuenta de cómo sabemos que ellas funcionan en la actualidad.

Zapatero es un mensajero tarifado de la tiranía militar venezolana. No debe quedar dudas al respecto. No fue ni es un mediador o facilitador en el conflicto venezolano, como algunos, incluso en la oposición, erróneamente lo creyeron.

En tanto que correveidile del gobierno, es un mandatario de este último. Lo representa, y tiene hasta cierto punto derecho a ello. Cada quien hace de su vida lo que me mejor le convenga.

¿Qué podemos entonces esperar de él? Lo mismo que de Jorge Rodríguez o su hermana, con seguridad, aunque mejorado en las formas. 

Sin embargo, hay un “detalle” que no podemos pasar por alto, porque tiene que ver con la relevancia que algunos le dan en el seno de la oposición.

No es un secreto que el “interfecto” tiene sus amiguetes en el campo opositor, unos pocos, eso sí, y que en este sector político se ha pretendido vender interesadamente la idea de que a través de aquél se puede llegar mejor al gobierno en función de un eventual diálogo o negociación. Es decir, que Zapatero, según sus carnales venezolanos, sería un canal idóneo y hasta conveniente para los intereses de la oposición. 

Más allá de para qué pueda servirnos Zapatero, queda claro su papel y a quien representa.

Pero lo que es inaceptable es que tal personaje genere en la oposición, que ya tiene suficientes problemas que enfrentar en el país y a su interior, un debate absurdo e inútil; que no aporta nada a la lucha que estamos librando por salir de una tiranía que destruye el país y su gente.

Razón tuvo la diputada Delsa Solórzano al asumir la posición que adoptó ante un tal despropósito. A ella envío un reconocimiento especial por una conducta que la enaltece. Era la posición correcta política, a mi juicio, la de no prestarse a una diatriba insustancial, que no ve el bosque, sino los árboles. Una polémica que no aporta ningún beneficio a la oposición democrática; que más bien la perjudica, ahondando las diferencias que la consumen. Y que desgraciadamente, solo la motivan intereses políticos mezquinos de ciertos grupos en su seno, en su propósito de imponerse a los demás en una lucha suicida incomprensible.   

De toda esta estupidez política, los que han salido triunfantes son Maduro y su recadero Zapatero.  

EMILIO NOUEL V.

¿Qué haremos los venezolanos a partir del 11 de enero, fin del mandato constitucional de Maduro?

Solo restan pocas semanas para que el gobierno de Nicolás Maduro concluya su mandato constitucional. Como sabemos, se inició en el año 2013.

El próximo 11 de enero de 2019, de no producirse una elección de conformidad con las leyes de la República, estaríamos ante un gobierno, desde el punto de vista formal-constitucional, de facto, aunque ya lo sea, de hecho, desde hace unos cuantos años.

La parodia de elección convocada el 20 de Mayo próximo pasado por una espuria Asamblea constituyente al servicio de la tiranía chavista y desconocida por la mayoría del pueblo venezolano, en modo alguno significó un proceso electoral ajustado a la Constitución de la República y las leyes venezolanas. Fue un proceso fraudulento que no cumplió con las garantías legales y estándares establecidos para este tipo de elecciones, amén de haber sido extemporáneo. De allí que de ningún modo pueda ser considerado como una reelección; no tiene fundamento constitucional ni legal, como lo ha pretendido el gobierno.  No otro proceder, por supuesto, se podía esperar de un gobierno arbitrario y al margen de la Constitución.

La Comunidad Internacional, la mayoría de los países democráticos, desconocieron la legitimidad y legalidad de tal evento y sus resultas. Sin embargo, parte del país pareciera pasar por alto o haber olvidado ese hecho, su gravedad, atareada como está en sobrevivir y resolver, como puede, su situación personal,  en medio de una hecatombe económica.

El país todo debería estar consciente de la trascendencia política y social del momento que se avecina.

La fecha en cuestión no es un “deadline”, una suerte de hora cero, ni se trata de anunciar que ese día se vaya Maduro.

Lo que si aparece claro, que las fuerzas democráticas deben aprovecharla para profundizar la presión nacional que abra paso a una transición política, a una negociación, antes de que la crisis nos lleve a quien sabe dónde. En eso, son seguridad, nos acompañará la Comunidad Internacional.

No hace falta abundar mucho en las calamidades de la hora presente que todos conocemos y padecemos. Estamos ante un país que día a día va apagándose. Sus actividades económicas han ido paralizándose.  Los servicios públicos de salud, seguridad, electricidad y aguas, entre otros, son un horror. Las empresas del Estado están por el suelo, campeando en ellas la mayor corrupción nunca vista en nuestra historia. El Estado venezolano es un Estado fallido. Hay regiones en donde no existe y el “gobierno” lo ejerce la delincuencia organizada. Los venezolanos, por millones, huyen de un país que no ofrece condiciones de vida medianamente aceptables.

El país reclama un cambio urgente del estado de cosas ruinoso que tenemos. Maduro y su pandilla deben irse, antes de que ocurra lo peor. Pero no basta con desearlo y/o decirlo.

Los venezolanos queremos que ese cambio sea pacífico. No otra cosa está demandando. Una salida negociada es lo más deseable.

En cualquier caso, para abrirse a una transición política y encaminar el país por senderos de reconstrucción, prosperidad y en un entorno de libertad, seguiremos aspirando a elecciones libres y justas, en las que se respeten los estándares internacionales, organizadas por una institución electoral imparcial y supervisadas por organismos internacionales.

El fin del mandato constitucional formal el próximo mes de Enero impondría la realización de un acto electoral con esas características. ¿Hay tiempo, a estas alturas, para ello? No pareciera.

¿Qué deberíamos hacer los venezolanos, entonces, llegada la fecha de marras?

Los partidos políticos, los empresarios, los sindicatos, la sociedad civil en general, tienen una oportunidad importante ante sí en muy pocas semanas, para su recomposición y retomar la iniciativa política.

Deberían comenzar a diseñar una estrategia política general que, entre otros elementos, contenga acciones y movilizaciones concretas y conjuntas para la fecha que comentamos. La Comunidad internacional, los principales países democráticos, están muy claros al respecto. Hasta el Ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell, lo mencionó en días pasados. Dijo que el gobierno de Maduro concluye el 11 de Enero que viene.

¿Qué vamos a hacer los venezolanos para el 11 de Enero de 2019, cuando se inicie un gobierno de facto, ya en términos constitucionales formales?

EMILIO NOUEL V.

El delito transnacional organizado y la corrupción en nuestro hemisferio

                                                   

En otro sitio he expresado que no solo la política, la economía, la tecnología y la cultura se han globalizado; también la corrupción gubernamental y el crimen organizado han trascendido las fronteras nacionales para convertirse en un problema que atañe a todos los países y sus gobiernos.

Las dimensiones de estos fenómenos globales y disfuncionales son enormes. Sus repercusiones políticas, sociales y económicas no pueden ser desestimadas.

Si bien son dos tipos delictivos que tienen sus motivaciones y especificidades particulares, los estrechos vínculos entre el delito trasnacional organizado y la corrupción gubernamental, son innegables, ambos se complementan, uno no tendría lugar sin el otro. De hecho, la corrupción se ha convertido también en un crimen globalizado, cuando vemos casos muy sonados en los últimos tiempos, especialmente, en nuestro hemisferio.

De allí que grupos de países y organismos internacionales públicos y privados hayan tenido que abordar el tema, estudiarlo y proponer medidas, acciones y recomendaciones conjuntas, que apunten a su solución, o al menos, a un control y/o reducción del problema, mediante políticas públicas e instrumentos jurídicos concertados que establezcan compromisos y obligaciones para los Estados, los individuos y las empresas.

En tal sentido se ha venido imponiendo la necesidad de una estrecha cooperación entre los gobiernos del mundo para combatir esos graves delitos.

No hay duda de que son moralmente reprobables y condenables, y en términos legales, prohibidos y sancionables.
Desde el punto de vista económico, son también lesivos para los países. El dinero de procedencia ilícita que se va por los caminos de la delincuencia transnacional y la corrupción hacia bolsillos particulares, es, principalmente, un recurso que se sustrae de las colectividades y que podría ser utilizado para satisfacer muchas de las más sentidas necesidades de las mayorías, en especial, en los países emergentes o con problemas de pobreza.

Se ha señalado, con razón, que en el caso de la corrupción de funcionarios públicos y/o de directivos o empleados de empresas privadas en general, se trata, igualmente, de una conducta desleal con sus respectivas organizaciones, que debe ser sancionada.

Hasta hace pocas décadas estos asuntos eran abordados desde los espacios estrictamente nacionales. Su tratamiento era una tarea que correspondía a las autoridades estatales. A sus distintas manifestaciones, había que aplicar, fundamentalmente, las leyes internas. Para su persecución, represión y sanción bastaban los cuerpos contralores y policiales establecidos, así como los códigos, leyes y tribunales nacionales. De hecho, si existe una disciplina jurídica fundamentalmente conectada con un territorio estatal, esa es el Derecho Penal.

La realidad presente es otra. La actividad criminal ha desbordado los límites político-territoriales de los Estados. La interdependencia global también potencia al mundo del crimen. Los medios y herramientas que ofrece la globalización para las iniciativas humanas lícitas, son aprovechados, igualmente, por el crimen organizado tanto en el sector público como en algunas empresas privadas que operan en el ámbito internacional.

La incidencia política y económica del mundo de lo ilícito ha ido cobrando mayor impacto, alcance y envergadura en un planeta en que las fronteras se han hecho cada vez más porosas.

Es por todo ello que se ha impuesto la imperiosa exigencia de suscribir acuerdos, convenios y tratados que establezcan mecanismos de acciones conjuntas, intercambio de información, cooperación policial y judicial, y obligaciones jurídicas, entre otros aspectos, que garanticen resultados eficaces en esa lucha contra el crimen organizado, cuya letalidad está más que demostrada por la experiencia.

El caso del tráfico de influencia transnacional de la empresa brasileña Odebrecht en nuestro hemisferio, que ha salpicado a varios países; los negociados entre el gobierno chavista y los gobiernos argentinos de los Kirchner, el brasileño de Lula y el del Ortega en Nicaragua; la mil millonaria corrupción de la empresa petrolera PDVSA y su lavado de dinero; las poco transparentes importaciones de alimentos y la exportación ilegal de metales preciosos desde Venezuela, entre otros, son ejemplos claros de delitos transnacionales cometidos por grupos organizados con evidentes vínculos políticos, ideológicos y económicos.

EMILIO NOUEL V. 

BOLSONARO, OTRO DOLOR DE CABEZA PARA EL CHAVISMO

El arribo del polémico ex militar brasileño Jair Bolsonaro a Planalto luce casi inevitable. En la votación del pasado fin de semana, la amplia diferencia de votos con el segundo en liza parece preanunciarlo. No mucho le faltó para ganar.

El hartazgo de la sociedad brasileña de los políticos y su monumental corrupción, aunado a los problemas económicos y de seguridad pública, determinó ese resultado hasta cierto punto inesperado en su dimensión cuantitativa.

La votación obtenida por Haddad pareciera, más bien, en contra de Bolsonaro no a favor de él y su Partido (PT), sobre cuyo líder en prisión por corrupción, Lula Da Silva, hay un vasto rechazo. Una gran polarización social y política se ha instalado en ese país que hace vislumbrar dificultades.

Los análisis y opiniones sobre ese triunfo preliminar y lo que augura son de diversa naturaleza. Hay reacciones para todos los gustos. Alarmados algunos, llegan a decir que Brasil está al borde del abismo, otros se mantienen expectantes, sin dejar de mencionar los que no ven, dentro y fuera de Brasil, nada grave en tal perspectiva y más bien se sienten complacidos. Hasta una carta dirigida a la comunidad intelectual mundial ha aparecido en la que el conocido sociólogo Manuel Castells afirma que Brasil está en peligro y que evitar la llegada de Bolsonaro a la presidencia sería un caso de defensa de la humanidad.

Desde los países limítrofes con Brasil, el resultado es visto, principalmente, desde el punto de vista de las repercusiones económicas que traería tal gobierno.

De allí que importe mucho saber quiénes tendrán a su cargo el manejo de una economía en crisis.  

En esa área se oyen nombres de destacados economistas y hombres de negocio.

Para Ministro de Economía o Finanzas se menciona a Paulo Guedes, egresado de postgrado de la Fundación Getulio Vargas y PHD de la Universidad de Chicago. Ha sido banquero, Director Técnico del Instituto Brasileño de Mercado de Capitales y directivo de empresas, entre otros cargos en el sector privado. Igualmente, columnista de O Globo y la Folha de Sao Paulo.  

Es un liberal partidario de un programa de amplias privatizaciones en su país. Ha dicho que debe privatizarse desde el Banco do Brasil hasta Petrobras.  Para el Estado, según él, esas ventas significarían alrededor de 215 millardos de dólares, lo que le permitiría reducir en gran parte la deuda del Estado.

Otro que ha sido mencionado es el economista Roberto Campos Neto, actual director de mercados globales de Santander Brasil, quien estaría al frente del Banco Central.  

No son pocos los nombres que se publican pertenecientes a grandes empresas privadas e instituciones financieras.

El presidente chileno Sebastián Piñera ha declarado que en lo económico ve a Bolsonaro bien orientado.

Para la tiranía venezolana, mientras dure, un presidente como Bolsonaro será un dolor de cabeza. Él ha dejado claro lo que piensa sobre nuestro país y su gobierno.

Es de esperar entonces que el nuevo gobierno de Brasil se mantenga en la misma postura que el actual de Michel Temer respecto de Venezuela.

El peso económico y geopolítico de Brasil en la región no hace falta subrayarlo. Su influencia en las relaciones hemisféricas no puede ser soslayada. Lo que allí ocurra en lo político y económico tendrá efectos en la región.

30 partidos estarán representados en su parlamento y otras instancias político-institucionales. No será fácil gobernar a Brasil en lo adelante, habida cuenta de los problemas que padece y de las tensiones polarizantes. Los contrapesos jugarán un papel decisivo. La negociación entre las fuerzas políticas, como en toda democracia, será aún más importante, vista la dispersión de la representación popular.     

Si se confirma lo que parece ser un hecho irreversible, es decir, el triunfo de Bolsonaro, solo queda aspirar a que por el bien de ese gran país y del hemisferio, gobierne democráticamente, respetando los derechos humanos y las libertades conquistadas.

EMILIO NOUEL V.

  

LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER (R2P) EN EL DERECHO INTERNACIONAL

    

La reciente Asamblea General de las NN.UU. aprobó incluir en su agenda un tema de crucial trascendencia, el principio que se conoce con las siglas R2P.

A solicitud de un grupo de países (Dinamarca, Japón, Países Bajos, Rwanda y Uruguay, entre otros) se logró que se remitiera al pleno del organismo reunido el tema titulado: “La responsabilidad de proteger y la prevención del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad”.

Este asunto ha venido siendo analizado y debatido en el ámbito internacional desde hace algunos años, y en no pocas ocasiones se ha echado mano de tal principio a la hora de graves situaciones puntuales.

La noción de responsabilidad de proteger nos remite a la cuestión de los efectos y la eficacia de los principios rectores del ordenamiento jurídico internacional.

El marco sustantivo de principios de la sociedad internacional, siempre en desarrollo, recoge la necesidad de sancionar normas que establezcan derechos y prescriban obligaciones a los Estados y gobernantes.

Y es precisamente en ese contexto que aquel principio (RP) se inscribe. 

Hoy por hoy, no existen normas que lo regulen o expliciten su contenido y extensión. Mucho menos hay un procedimiento o una interpretación pacífica aceptada por todos.

Aún estamos en presencia de un valor, de una idea o desiderátum, que no se ha concretado en una obligación jurídica, si bien ha sido utilizado para justificar una conducta o acción determinada, al ser un “componente necesario en la aplicación de normas esenciales de Derecho internacional”, como bien lo dice el catedrático español Castor Díaz Barrado.

Ciertamente, se ha señalado con razón que la noción de RP comporta una perspectiva distinta para encarar los problemas de conflictos y circunstancias en los que los derechos humanos y la paz están en juego. Ya no se trata de ver el problema desde la legalidad o no de las llamadas “intervenciones militares humanitarias” (Bosnia, Kosovo, Somalia); el enfoque diferente de la RP, como afirma el autor citado, es el de la población civil envuelta en el conflicto y la responsabilidad del Estado y el de la Comunidad Internacional  de garantizar su protección.

Cuando los gobiernos no dan respuesta a los graves problemas a que están llamados a resolver, la Comunidad Internacional (CI) podría hacerlo.

Ahora bien, ¿de qué tamaño debe ser el problema, el nivel de gravedad, para que la CI se vea obligada a actuar legítimamente? 

Como diría Cantinflas: “ahí está el detalle”, asunto no muy fácil de dilucidar de cara a circunstancias concretas. Lo que para unos es una situación catastrófica, para otros, no lo es tanto.  No son lo mismo los casos de Rwanda o Libia, o el de Siria hoy, que el de Venezuela, siendo que en todos esos países se cometen delitos de lesa humanidad, pero en diferentes grados.

Para los venezolanos, la tragedia que hoy vivimos, por ser inédita, la vemos enorme. El horror del hambre en mucha gente, la desconcertante y destructiva hiperinflación y la dolorosa emigración de millones de compatriotas, sin mencionar las arbitrariedades gubernamentales y la repugnante corrupción del gobierno, son para cualquier venezolano el infierno.

Sin embargo, visto desde fuera, y por gente que conoce otros trágicos casos, nuestra crisis no llega a ser de una gravedad que amerite la intervención de la CI.     

Esto último lo señalo sobre todo para que estemos claros acerca de la naturaleza de las medidas que la CI, un grupo de países o países aislados, puedan decidirse a tomar.

¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar en el caso de Venezuela?

La respuesta a esa interrogante está en el aire.

Hasta ahora la CI ha adoptado medidas de presión pacíficas pocas veces vistas frente a los gobernantes de un país y en muy corto tiempo. 

Con ello se demuestra que los gobiernos no sólo se muevan por los intereses políticos, geopolíticos o económicos de sus países. Obviamente, estos son sus motivaciones principales. Pero en no pocas oportunidades también lo han hecho por principios y valores.  

Cuando se habla de la R2P, se menciona la prevención, la reacción y la reconstrucción, como expresiones graduales de tal noción. La R2P aún no está sancionada como norma de derecho internacional, no obstante haber servido como principio para adoptar ciertas medidas.

En el caso de Libia bajo Gadafy, por ejemplo, una Resolución de las NNUU llamaba al gobierno a cumplir el derecho internacional humanitario y los DDHH, y que tomase las medidas necesarias para proteger a los civiles, satisfacer sus necesidades básicas y asegurar el tránsito y sin trabas de la asistencia humanitaria, al tiempo que autorizaba a la CI adoptar medidas de protección.  Ya sabemos lo que allí sucedió.

¿En cuál nivel está Venezuela según la CI, si es que en su caso cabe alegar la  obligación de proteger?  ¿Prevención? ¿Reacción?

¿Se podría esperar realistamente una Resolución sobre Venezuela como la de Libia en el marco de las NNUU?

Sin duda, el grave caso venezolano está abierto al debate, y su vía de solución y desenlace siguen siendo inciertas, visto desde la perspectiva internacional.

Las acciones políticas en el ámbito nacional son harina de otro costal, aunque, obviamente, al ser cruciales, no pueden estar desconectadas de lo que sucede en el exterior. 

EMILIO NOUEL V.