Hemos escuchado y leído sobre la última reunión del Consejo Permanente
(CP) de la OEA interpretaciones erróneas, incluso jurídicas, acerca de lo que
en definitiva allí ocurrió en el Caso Venezuela.
No voy a explayarme sobre los enfoques generados al respecto
por la ignorancia, los simplismos o los intereses políticos subalternos.
Desde el mismo momento en que el SG de la OEA, Luis Almagro, introdujo su
petición de reunión del CP para considerar un Informe suscrito por él sobre la
grave situación venezolana, basado en el artículo 20 de la CDI, ésta se activó.
No tengo la menor duda.
La primera fase del mecanismo contemplado por aquel instrumento se cumplió, independientemente de que no fuera acordado expresamente por esa instancia.
La primera fase del mecanismo contemplado por aquel instrumento se cumplió, independientemente de que no fuera acordado expresamente por esa instancia.
Estas fueron las
palabras de Almagro: “Conforme al
artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, y en pleno cumplimiento del
derecho internacional y de las disposiciones de esta Organización, y en mi
calidad de Secretario General, solicito al Consejo Permanente que realice ‘una
apreciación colectiva de la situación’ en Venezuela y adopte ‘las decisiones
que estime conveniente’".
Para que tal ‘apreciación
colectiva’ ocurra es necesario tal impulso procedimental, el cual podía realizarlo o un Estado miembro o el
mismo SG.
No comparto, por tanto, la opinión de algunos de que la CDI
no está activada ya. Para éstos pareciera que sólo se ‘activa’ cuando se vota alguna medida por parte del CP o cuando se
adopta una sanción. Éstos son esclavos de los formalismos o las solemnidades jurídicas.
Según el
Diccionario de la Academia de la Lengua española, activar es “Hacer que se ponga en funcionamiento un
mecanismo”.
Al ejercer una competencia que le otorga la CDI, el SG está
disparando un procedimiento, poniendo en acción un mecanismo previsto en ese
instrumento jurídico. Que este llegue o no a una conclusión, no significa que
el dispositivo no haya sido activado.
A mi juicio, el SG Almagro impulsó la aplicación de la CDI
hasta donde él está facultado, todo de conformidad con el marco de sus
atribuciones. Incluso expresó claramente su propósito al final de su Informe: “El objetivo hoy no es castigar
ni sancionar a Venezuela. Estamos aquí para apoyar a un Estado miembro y
ayudarlo a volver al camino de la democracia”.
Es decir, el SG ha
abierto una fase inicial que apunta a la consideración por parte de los decisores,
de un problema a resolver.
Es más, el propio Almagro interpreta que la Carta ya está activada,
cuando declara, con posterioridad a la reunión del CP del pasado 23 de Junio,
que se está “en el proceso de ‘evaluación
colectiva’ de Venezuela, al amparo de la CDI”.
¿Cómo afirmar entonces lo contrario, jurídicamente hablando?
Lo que ha pasado es que muchos esperaban candorosamente que
de una vez se aceptara el Informe del SG y se asumiera una posición
condenatoria del gobierno de Venezuela, aun cuando, por cierto, se pudo inferir
de varias intervenciones que lo planteado por Almagro es compartido.
Particularmente, quien escribe estas líneas albergaba la
esperanza de que al menos se aprobara la creación de un grupo de países amigos
que abordara el caso venezolano, quedando así asumido un rol central de parte
de la OEA.
Pero como se ha dicho hasta la saciedad, y ocurre en las
cosas de Palacio, en los ambientes diplomáticos también todo va despacio, y detrás
de bastidores se pueden estar moviendo hilos que no son evidentes al observador
de a pie.
En el Caso Venezuela,
es probable que los representantes de los países en la OEA se mantengan a la
espera del desarrollo de los acontecimientos al interior del país y de los
contactos informales que se vienen dando entre los distintos actores nacionales
e internacional que están involucrados en nuestro drama.
No descartaría que un gobierno, a partir de como vayan dándose
los eventos internos, pida, de conformidad con la normativa, una nueva reunión
del CP.
Las gestiones que adelantan los 3 ex presidentes designados
desde UNASUR, han sido vistas con buenos ojos en la OEA y gozan, en principio,
de su apoyo.
Es posible que ese grupo pueda ser ampliado tal y como lo
plantearon algunos gobiernos.
No obstante, si nos atenemos a las palabras de Almagro, por
lo pronto, se está haciendo, a la chita callando, la ‘evaluación colectiva’ de Venezuela, conforme al procedimiento de la
CDI. es decir, se está aplicando esta última.
Una sanción para el gobierno de Venezuela, como sería la
suspensión de su membresía en la organización, no está planteada.
Lo que sí es ya un triunfo para los demócratas venezolanos es
que ha sido conocida y reconocida por la mayoría de los gobiernos del
continente, incluso algunos que votaron con el de Maduro en la OEA, que hay una
crisis gravísima en nuestro país.
Que, igualmente, el camino hacia una sanción política y moral
es ahora más factible.
Que en los organismos internacionales no valdrán las marramucias
de una canciller de muy lamentable performance
y de sus amanuenses, para impedir que se
sepan los atropellos que cometen contra el Estado de Derecho y la democracia. La
derrota sufrida en las votaciones lo demuestra.
Está visto que La lucha desigual que estamos librando los
venezolanos contra un gobierno incapaz de gobernar, corrupto y perverso, está
teniendo también un sustento formidable en el ámbito internacional, en particular, en el Sistema Interamericano. No estamos
solos.
La CDI está activada gracias a la valentía y consecuencia de
un funcionario internacional que ha puesto por delante los valores de la
democracia y la libertad.
EMILIO NOUEL V.
No hay comentarios:
Publicar un comentario