LOS PEORES JUECES DE LA HISTORIA

                                        

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Lo he dicho unas cuantas veces y lo vuelvo a repetir: la actuación del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela es de vómito. Su obsecuencia ante la bota militar es repugnante. La visión política perversa y aberrante que inspira a sus integrantes no solo es anacrónica. Es también canallesca, patibularia.

Los fundamentos de las sentencias, por su postración ante el poder,  nada tienen que envidiar a los de aquel juez en tiempos del nazismo, Roland Freisler, célebre por su asqueroso “método sumarial”, humillante e inhumano para los que caían en mala hora en su tribunal, el cual le hizo acreedor del título de “el peor juez de la historia”. Como se sabe Freisler llegó a condenar a muerte a gente por escuchar radios extranjeras, repartir panfletos antibélicos o criticar al Führer en privado.

De un tiempo a esta parte hemos podido leer, impactados, decisiones insólitas de ese bajo tribunal que llaman TSJ en Venezuela. Las que tienen que ver con el pisoteo a los derechos humanos son las que más llaman la atención. Juristas extranjeros que las han analizado no salen de su estupor, no las pueden creer.

Cómo un Tribunal pudo haber caído tan bajo en el descrédito, no sólo en el ámbito de lo jurídico, sino también en el moral, es la pregunta que nos hacen.

Y la respuesta no está sino en una ideología demencial y en un talante antidemocrático, que, al fin de cuentas, son las dos dimensiones que dictan tales sentencias, en nuestro caso.

Jean-François Revel escribió que hay en toda sociedad, incluso en las democráticas, una proporción importante de hombres y mujeres que odian la libertad, y por consecuencia, la verdad. “La aspiración a vivir en un sistema tiránico bien sea para participar en el ejercicio de esa tiranía, o más extrañamente, para sufrirla, es una causa sin la cual serían inexplicables el advenimiento y la duración de los regímenes totalitarios en países considerados los más civilizados”, afirma el escritor francés.

Cuando un personaje de éstos que ostentan el cargo de magistrado en el TSJ, escribe que la distinción entre el Estado, por un lado, y por otro, la sociedad civil y los ciudadanos, sería “una construcción ideológica liberal, en la cual hay reminiscencias censitarias, de desprecio a las clases populares y de odio al Estado como unidad política” y que sólo existe una “totalidad social que es inescindible” (Delgado, Arcadio "Reflexiones sobre el Estado político y el Estado social"), queda claro cuál es la ideología estatista-totalitaria-colectivista a la que adhiere. Es una visión en la que el individuo es anulado y diluido en una masa informe que lo sería todo, como era en la URSS y es en CUBA. 

Cuando otra magistrada, como la inefable Luisa E. Morales, dice que "No podemos seguir pensando en una división de poderes porque eso es un principio que debilita al Estado", ya se apunta de manera impúdica a la eliminación de los contrapesos de todo sistema plural democrático, con vista a una uniformidad también colectivizante en la que un poder omnímodo se imponga. 

Por otra parte, cuando desde ese mismo tribunal se desconocen las sentencias vinculantes de la corte Interamericana de los DDHH, aduciendo la inejecutabilidad de ellas, también se hace gala de una perspectiva atrasada, inconstitucional e inmoral, propia de los tiranos que hacen lo que les viene en gana enarbolando el principio de soberanía.

Sentencias como la reciente, en la que el TSJ  pretende regimentar y penalizar el derecho constitucional a la protesta, interpretando erróneamente la Carta Magna, es otra muestra adicional de una conducta condenable que se aparta de un enfoque jurídico, político y moral consistente con los principios y valores de la libertad y la democracia.

Estas barbaridades perpetradas por jueces confirman en nosotros la convicción de que en nuestro país  se ha entronizado un régimen político que ha pretendido fundir al Estado con un parcialidad política y su visión ideológica, lo que va contrapelo de toda democracia plural en la que las libertades estén garantizadas.

Esta reiterada conducta del TSJ, despreciable a mi juicio, es una manifestación clara de la degradación política y ética de la democracia venezolana, que hemos experimentado en los últimos años.

EMILIO NOUEL V.

@ENouelV

emilio.nouel@gmail.com

Xi Jinping: reformista, ¿pero a qué precio?

Mario Esteban y   Miguel Otero Iglesias

Cuando Xi Jinping sucedió a Hu Jintao al frente del Partido Comunista Chino (PCC) en noviembre de 2012, se le veía como un líder eminentemente continuista. Sus actuaciones en su primer año de gobierno han desmontado esas previsiones. Xi se ha mostrado como un líder resuelto y enérgico, dispuesto a acumular poder para acelerar el ritmo de reforma de un modelo de desarrollo que considera difícilmente sostenible. En este sentido está demostrando ser un hombre de Estado que quiere pasar a la historia china y que no se conforma con seguir la corriente marcada por sus predecesores.

Xi, hijo de un ex alto cargo del régimen, fue un candidato de consenso, que llegó al poder por ser aceptable para las dos principales facciones que dominan el partido. Su llegada a la secretaría general se había cimentado sobre su capacidad para mantener, a la vez, buenas relaciones con los dos secretarios generales anteriores: Jiang Zemin y Hu Jintao. Esta tarea, harto complicada, exige una capacidad innata para nadar entre dos aguas y evitar riesgos innecesarios.

Además, aunque estaban apareciendo signos de agotamiento, el parsimonioso ritmo de reformas seguido durante la década anterior por la dupla Hu Jintao / Wen Jiabao, había llevado a China a convertirse en la segunda economía del mundo, y en el primer exportador y tenedor de divisas. Todo ello combinado con un mayor nivel de protección social y un descenso de la dependencia del mercado exterior. Es decir, Xi no sólo parecía tener el perfil personal, sino también la excusa necesaria para seguir una política continuista. Es más, incluso quienes aventuraban que podría sorprendernos con un cambio de actitud una vez aupado a la cúspide del partido, aclaraban que no le sería posible lograr grandes cambios, ni siquiera en la esfera económica. Esta incapacidad vendría propiciada por los mecanismos institucionales instaurados en las últimas décadas para reducir el poder del máximo mandatario chino, especialmente durante sus primeros años al frente del país.

El caso es que en su primer año de mandato Xi ha acumulado más poder que ninguno de sus predecesores desde la época de Deng Xaoping. El actual presidente chino se ha hecho rápidamente con las riendas del ejército, asumiendo inmediatamente la presidencia de la Comisión Militar Central y colocando a protegidos suyos en puestos clave, y con el control de las políticas económicas y de seguridad mediante la creación de sendas comisiones bajo su presidencia.

Xi también está afianzando su poder a través de una política anticorrupción que tiene como objetivo eliminar tanto “las moscas” (funcionarios de rango medio o bajo) como “los tigres” (altos cargos) del PCC que se están aprovechando del erario público. Esta política de lucha contra la corrupción en el primer año de mandato es bastante común en los presidentes chinos para eliminar rivales y ganarse la simpatía de la población, pero el calado de las medidas de Xi es llamativo. No sólo ha caído fuertemente la venta de productos de lujo y la asistencia a los restaurantes más caros de Pekín, Shanghái y las capitales provinciales (la austeridad también ha llegado a China). Mucho más significativo es que en los últimos 12 meses han sido imputados ya 11 altos cargos y actualmente está bajo investigación un antiguo miembro del Comité Permanente del Buró Político. Si se le condenase, sería la primera vez desde la fundación de la República Popular China que un líder de tan alto rango fuese encontrado culpable de corrupción. Esto está inquietando a una parte importante de la cúpula del partido, que se pregunta ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Xi?

Esta política de concentración del poder es vista por muchos como un proceso necesario para poder liberalizar la economía frente a la resistencia de poderosos sectores del régimen que tienen enormes incentivos para mantener los privilegios que les concede el sistema actual. La estrategia descrita tiene su lógica. Históricamente, en China las reformas estructurales en profundidad han venido de la mano de un líder fuerte, capaz de enfrentarse a los altos cargos en el gobierno central y los barones regionales. Deng Xiaoping, que abrió en los años 80 la economía china al mundo, y Zhu Rongji, que a principios del siglo XXI metió a China en la Organización Mundial de Comercio, han sido los últimos ejemplos destacables.

Paradójicamente, para lograr más mercado, Xi parece estar obligado a reforzar la centralización política. Sin embargo, ese mayor aglutinamiento de poder y su creciente popularidad –precisamente por su aura de hombre fuerte dispuesto a limpiar el partido– están levantando una serie de temores entre las clases medias chinas. ¿Degenerarán estas medidas en un régimen autocrático dónde un líder carismático hace y deshace a su antojo?

Probablemente no, pero la incertidumbre es el sentimiento más palpable en la China actual. Casi todo el mundo está de acuerdo en que Xi es un reformista, pero nadie sabe hasta qué punto, ni cuáles son sus verdaderas intenciones. Por ejemplo, ¿hasta cuándo y hasta dónde va a llegar su política anticorrupción? Lo cierto es que si realmente quiere eliminar la corrupción del partido se va a tener que enfrentar a una enorme resistencia. Hay muchos tigres y moscas que disfrutan del statu quo. Estos están dispuestos a aceptar un período de austeridad, pero si esta política restrictiva continúa es posible que empiecen a cuestionar la autoridad de Xi.

Esto nos lleva a una preocupación diferente, también perceptible entre las clases medias chinas. Muchos temen que Xi haga unas reformas demasiado ligeras que no resuelvan los graves problemas que tiene la economía, como son la sobrecapacidad, la contaminación, el endeudamiento de las empresas y los gobiernos provinciales, la burbuja inmobiliaria y la creciente desigualdad. Gran parte de los ciudadanos chinos que anhelan un sistema más liberal aplauden los “pequeños” pasos que Xi Jinping y Li Keqiang (el primer ministro) han dado hacia un mayor papel del mercado y un reequilibrio de la estructura económica hacia un mayor consumo doméstico para poder evitar la “trampa de la renta media”. Pero temen que si la economía se estanca y la presión dentro del partido en contra de las reformas se hace más fuerte, Xi se amedrente y suavice o incluso paralice el ritmo de las reformas.

Otros son incluso más escépticos y opinan que Xi nunca ha creído en las virtudes del mercado. Su campaña anticorrupción es una manera de ganarse a la gente y eliminar a sus rivales para afirmarse en el poder, y su retórica reformista se va a quedar en un mero maquillaje de las estructuras económicas del país. El objetivo en este caso sería limar las deficiencias del sistema actual, no cambiarlo por otro donde el mercado tenga un papel determinante.

Por ahora es difícil saber hasta qué punto va a llegar Xi Jinping con sus reformas. En su primer año ha introducido cambios importantes en lo político, social y financiero que han levantado esperanzas y temores. No cabe duda de que está jugando fuerte y que muchas de sus propuestas siguen el camino correcto. Ahora falta ver si conseguirá implementarlas y a qué precio.

Mario Esteban es investigador principal de Asia-Pacífico del Real Instituto Elcano | @wizma9.

Miguel Otero-Iglesias es investigador principal de Economía Europea y los Mercados Emergentes del Real Instituto Elcano | @miotei.

El triste estado de la Unión. Europa necesita un nuevo gran pacto

Loukas Tsoukalis. 9/4/2014

Resumen

La crisis en Europa se ha manifestado de muchas maneras diferentes: economías que languidecen e incluso implosionan, partidos antisistema en alza, un creciente alejamiento entre la política y la sociedad, y el apoyo a la integración europea a mínimos históricos. Todo ello de la mano de una fragmentación cada vez mayor entre y dentro de los países.

Algunos de los problemas se remontan a más atrás. Con el tiempo, el proyecto europeo se ha hecho más grande, más intrusivo y menos inclusivo, mientras se intensificaba la competencia externa en un mundo en rápida globalización. El consenso permisivo en el que se basaba durante décadas ya no se puede dar por hecho.

La creación del euro fue el acto de integración más audaz y su motor fue la política más que la economía. Hoy en día está claro que los europeos querían una unión monetaria, pero no tenían medios para hacerla viable a la larga. En ese sentido, el euro fue un terrible error y ahora estamos pagando el precio.

Fue un proyecto defectuoso, pero también fue mala suerte que la primera verdadera prueba llegase con la crisis financiera internacional más grave desde 1929. Fruto de fallos colosales en los mercados y las instituciones que desde luego no se limitaban solo a Europa, la crisis reveló en su curso la debilidad de la construcción de Maastricht así como la fragilidad de los lazos entre gobiernos y dentro de los países. También sacó a la luz a todo tipo de hijos problemáticos en la familia europea y desveló las limitaciones del poder político respecto a una economía sin fronteras que marca el ritmo y a menudo dicta las reglas.

Sin embargo, contra los pronósticos de los euro-escépticos, se ha evitado lo peor. El fin del euro habría tenido unas consecuencias económicas y políticas incalculables dentro y fuera de la unión monetaria. Muchas cosas “impensables” han ocurrido para prevenirlo. Por otra parte, el ajuste resultó ser más doloroso y duró mucho más en la zona euro que en cualquier otro sitio. Los líderes políticos europeos intentaron ganar tiempo, mostrando un fuerte instinto de supervivencia cada vez que se asomaban al borde del precipicio aunque muy poca visión estratégica. ¿Quién paga la factura de la salida de la crisis? sigue siendo la pregunta política más difícil de contestar.

Europa se ha dividido entre deudores y acreedores, entre los países del euro y los demás. Asimismo, la separación se hizo más profunda dentro de los países a la vez que aumentaba la desigualdad. La confianza ha sido poca, la economía débil y la política tóxica. Mientras tanto, la austeridad impuesta a los países deudores tuvo efectos devastadores en sus economías, sociedades y sistemas políticos. Es cierto que estos países habían vivido a base de tiempo y dinero prestado durante demasiado tiempo.

Algunos creen, o esperan, que lo peor haya acabado. Los mercados llevan un tiempo relativamente tranquilos mientras que los países empiezan a resurgir de sus dolorosos programas de ajuste y aparecen los primeros signos de recuperación económica. Este es el escenario positivo. Otros, sin embargo, son menos optimistas. Nos recuerdan que Europa coquetea con la deflación mientras que parece que el crecimiento seguirá siendo modesto, frágil y desigual en el futuro próximo. Un gran número de desempleados no podrá encontrar trabajo pronto y el extremismo político está en alza. La deuda pública es ahora mucho más alta que al inicio de la crisis y la deuda privada también sigue siendo muy significativa. Europa parece caminar hacia el futuro con fe en los milagros.

Alemania surgió como el indispensable prestamista de último recurso y la canciller Merkel como la líder indiscutible de Europa en crisis. El equilibrio de poder dentro de Europa se ha desplazado. Alemania disfruta de una ventaja estructural en la unión monetaria que opera como una versión moderna del patrón oro y poco más. La experiencia histórica, sin embargo, advierte que tal situación quizá no sea viable por mucho más si la unión monetaria europea no adquiere además una base fiscal y un soporte político legítimo sobre los que apoyarse.

Las fuerzas centrífugas son fuertes, entre países y dentro de ellos. Lo que sigue manteniendo a Europa unida es el pegamento político que se ha ido solidificando durante varias décadas de estrecha cooperación y, lo que es más importante, el miedo a la alternativa. Existe un gran descontento con el estado de la Unión hoy en día y la integración se ha convertido en un juego de suma negativa en los ojos de muchos europeos. Con todo,la mayoría sigue convencida de que los costes de la desintegración serían aún mayores. En cierto sentido es un equilibrio de terror, que es a la vez un equilibrio inestable y propenso a accidentes.

Europa necesita un nuevo acuerdo general para romper su nudo gordiano. La iniciativa puede llegar solo de parte de los fuertes, no los débiles. ¿En qué medida están los alemanes dispuestos a –o son capaces de– comprometerse con el proyecto europeo? ¿Hasta qué punto están los países deudores (y otros) dispuestos a –o son capaces de– emprender reformas? ¿Los franceses están dispuestos a –o son capaces de– reclamar de modo creíble su papel de co-líder? Son piezas esenciales del puzzle, aunque no las únicas. El nuevo acuerdo general va a requerir que una amplia coalición de países y los principales grupos políticos en Europa reconozcan el valor del proyecto europeo y la necesidad de darle otra forma en un entorno de rápidos cambios.

La economía de la oferta y el objetivo de la consolidación fiscal a largo plazo tienen que empezar a concordar urgentemente con las medidas que reaviven la demanda y promuevan el crecimiento. Sin respuestas aceptables a los problemas de deuda y recapitalización de bancos, sin un programa claro dirigido hacia el fortalecimiento de la faceta económica de la unión económica y monetaria, las perspectivas de crecimiento serán inciertas, si no sombrías, y la viabilidad del euro decaerá más y más.

El proyecto europeo tiene que volver a ser más inclusivo, y así atender cada vez más las necesidades de aquellos que están en el bando perdedor de una larga transformación económica que culminó en la gran crisis de los últimos años. La agenda europea conservadora de hoy en día no puede dar una respuesta adecuada. A menos que cambie, los partidos antisistema y los movimientos de protesta seguirán con su día de gloria, y lo mismo ocurrirá con los nacionalismos y el populismo. Sería muy miope agrupar todas las protestas como populistas y simplemente descartarlas. En cambio, el populismo y el creciente euro-escepticismo deberían servir de alerta de unas heridas que se han estado infectando durante años. Pueden hasta llegar a convertirse en una alerta roja cuando se anuncien los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo a finales del mes de mayo.

El euro se ha convertido en un asunto decisivo para Europa. También, ha llegado a ser el núcleo central del proyecto europeo y parece improbable que eso cambie pronto. Por tanto, debemos extraer las conclusiones necesarias. Tal y como está, la gestión del euro no es ni eficaz ni legítima. Necesita herramientas políticas efectivas, instituciones comunes fuertes, mayor responsabilidad democrática y un ejecutivo capaz de actuar a discreción. Es lo que proporcionará el equilibrio con respecto a una serie de reglas sobre las políticas nacionales que también son necesarias. Y todo ello conduce hacia un tratado nuevo sobre el euro que debería poder enfrentarse a los exámenes democráticos en los países miembros, bajo la condición de que ningún país tenga derecho a impedir que otros avancen, y que a cada parlamento nacional –y/o a los ciudadanos, si se convocara un referéndum– se le presente una opción clara, concretamente: estar dentro o fuera. Habrá que luchar por la legitimidad democrática; no se puede dar por hecho.

Algunos países europeos, especialmente el Reino Unido, aunque también otros, no estarán ni dispuestos ni preparados a emprender el salto adelante en el terreno político. Debería haber sitio para ellos bajo un paraguas más amplio de la UE que se estableciera en el proceso de revisión de los tratados existentes. En una Europa de 28 o de más, serán necesarias más flexibilidad y diferenciación.

Si seguimos improvisando para salir del paso, Europa continuará siendo débil, dividida por dentro y con la mirada puesta en sí misma: un continente que envejece y se deteriora, cada vez menos importante en un mundo de rápidos cambios y con unos vecinos muy pobres e inestables. El reto no consiste solo en preservar la moneda común. También se trata de proporcionar una gestión más eficaz de la interdependencia, apaciguar los mercados, crear las condiciones para un desarrollo sostenible y unas sociedades más cohesionadas, fortalecer la democracia y convertir la integración regional otra vez en un juego de suma positiva, y aunque todo ello ciertamente representa un ambicioso cometido, también supone un desafío digno de luchar por él. Más integración donde se necesita y más responsabilidad nacional y local siempre que sea posible: esta debería ser la consigna para Europa. Si lo logramos, también podremos enseñarle al resto del mundo una lección útil.

Loukas Tsoukalis
Profesor de integración europea en la Universidad de Atenas y profesor visitante en el King’s College de Londres y el Colegio de Europa en Brujas.

El Estado con derecho de Xi Jinping

       Xulio Ríos

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Tradicionalmente, a la hora de evaluar los ejes del cambio iniciado hace más de tres décadas en China con Deng Xiaoping otorgamos más importancia a la reforma que a la apertura al exterior. Sin embargo, para una civilización que ha vivido siglos y siglos encerrada en sí misma, es la apertura al mundo la clave de mayor trascendencia. De hecho, nunca China ha sido tan interdependiente como ahora y ello señala una transformación de gran envergadura.

Del mismo modo, hoy día, cuando China asiste a una oleada de nuevas reformas, gran parte del acento se traslada a la magnitud de los cambios económicos, ciertamente importantes porque deben auspiciar un nuevo modelo de desarrollo y reforzar y completar los engarces pendientes con el exterior incluso en áreas de tanta relevancia como la financiera. No obstante, en paralelo, se está alentando igualmente un cambio en la cultura política de gran significación histórica. En efecto, si el mandato de Hu Jintao apostó con su “armonía” por una revitalización adaptada del discurso confuciano, la clave que aflora de Xi Jinping y su clan de Shaanxi radica en el impulso al legismo, la escuela filosófica justamente opuesta al confucianismo que en los siglos V a III a.n.e. defendía el gobierno mediante la ley frente al gobierno mediante los ritos.

El neolegismo de Xi Jinping, evocado con una retórica que apunta a mejorar la gobernanza del Estado mediante la implementación de la ley, tiene como principal objetivo el fortalecimiento del poder del Partido Comunista Chino (en la escuela legista era el poder del monarca), situando la norma como base esencial del funcionamiento institucional a todos los niveles y fuente básica de autoridad para impedir que otros idearios desafíen el control de la primera dinastía orgánica de su historia.

La reforma política en curso no supone afectar las columnas de la estructura sistémica vigente, sino de asociarlas con una institucionalidad basada en un cuerpo normativo que sirva de referencia para una gobernanza más transparente y moderna. Esto se aprecia en el empeño de los actuales líderes por dotar de base normativa las nuevas políticas, retrasando su aplicación hasta contar con las leyes y reglamentos adecuados.

En dicho proceso, un elemento esencial es la reforma de la justicia, hoy más fiel al Partido que a la norma. Su actuación adolece de importantes taras y la mayor de todas es su crisis de credibilidad. La limitación de los errores judiciales o de la corrupción forma parte de una agenda que propone un reajuste de la intervención del PCCh en dicho orden con vistas a ampliar la esfera de la imparcialidad. La intervención política va a reducirse, aunque no será eliminada del todo, especialmente en los casos considerados políticamente más sensibles. Fortalecer la independencia y la profesionalidad de los jueces, hasta ahora obligados a coordinar posiciones con el PCCh, la policía o los fiscales, constituye el mayor reto.No solo se trata pues de que el mercado tenga un rol más decisivo, sino que también lo tenga la ley. La práctica habitual en esta China, conforme al viejo axioma de que “mandan los hombres y no las leyes”, siempre ha consistido en llevar a cabo las reformas a partir de decisiones políticas que no han contado con soporte normativo estatal e incluso a veces siendo adoptadas por órganos no institucionalizados. La codificación debe rigorizar dichos procesos, reducir la opacidad y contribuir a mejorar el control del PCCh. En suma, en una China gobernada por una ley que entroniza el papel del Partido, sus gestores deben interiorizar la necesidad de la legislación, actuando no ya en función de los principios de legitimidad revolucionaria o crecimiento sino de legalidad.

El tercer elemento a considerar es la concepción de los derechos de las personas. La abolición del sistema delaojiao, por ejemplo, que permitía condenar a criminales de poca monta —y también peticionarios— hasta cuatro años de cárcel sin juicio, o la exclusión de las pruebas y testimonios obtenidos bajo tortura, como medio para prevenir los errores judiciales estableciendo que sin evidencias claras no puede haber condena, concretan una apuesta por un enfoque diferente de la ciudadanía para quien la ley debe ser guía de su conducta pero también base irrenunciable de su derecho.

Son pasos positivos, pero que nadie se engañe. Xi Jinping reforzará por esta vía el fundamento jurídico, la transparencia normativa y el valor del procedimiento en la acción de gobierno, pero no permitirá que la disidencia se interponga en sus planes y será tan duro con ella como sus antecesores. Cuánto afectará este proceso a un PCCh habituado a instrumentar la norma únicamente en su propio beneficio es una incógnita. La jaula de regulaciones aludida por Xi como sustento para subordinar el Partido y el Estado al orden jurídico ambiciona sentar las bases de una nueva concepción política de la estabilidad, pero ese Estado con derecho, observador del principio de legalidad, estará más próximo, al menos a corto plazo, al utilitarismo del legismo que a la limitación del poder instituida en un Estado de derecho y cuya primera misión es proteger las libertades fundamentales de sus ciudadanos.

Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China.

El centinela de Europa se repliega

      José Esteve Pardo

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A las naturales incertidumbres que se ciernen sobre el proceso de integración europea se añadía en las dos últimas décadas la generada por un Tribunal que, paradójicamente, es por completo ajeno al orden institucional de la Unión Europea. Se trata del Tribunal Constitucional Federal alemán desde el momento que tuvo ocasión de pronunciarse sobre la compatibilidad del Tratado de Maastricht —que suponía un notable avance en ese proceso integrador— con la Ley Fundamental, la Constitución alemana. Lo hizo en su sentencia de 12 de octubre de 1993, comúnmente conocida allí como la sentencia Solange; adverbio que corresponde a nuestro “mientras” o “en tanto que”. El Tribunal admitía la compatibilidad del Tratado de Maastricht con la Ley Fundamental sólo “mientras” (solange) de la aplicación de aquél no resultasen afectados o desvirtuados elementos esenciales de la identidad constitucional alemana. El alto Tribunal alemán concebía así el ordenamiento europeo como un ordenamiento secundario, derivado de los Estados miembros que se mantienen así como los verdaderos “dueños de los tratados de la Unión Europea”; la ciudadanía europea se percibía como un status derivado que no habría de alterar la existencia del pueblo alemán. Pero lo más destacable era el poder que se reconocía y reservaba el Tribunal de revisar y declarar contrario a la Ley Fundamental cualquier desarrollo del Derecho europeo que pudiera atentar contra la identidad constitucional alemana. Al afirmarlo así, el Tribunal Constitucional alemán se situaba en una insólita posición de vigía del proceso de integración europea.

Cierto es que altas instancias de control de constitucionalidad de otros Estados miembros manifestaron también sus reservas ante un proceso de integración europea que pudiera desnaturalizar su orden constitucional interno. Así lo hicieron el Consejo Constitucional francés, la Corte Suprema danesa o, más recientemente, la Corte Constitucional checa; pero ninguna lo hizo con la firmeza del Tribunal Constitucional Federal alemán y, sobre todo, se extendió la fundada impresión de que un fallo adverso suyo, al afectar de lleno al Estado con la economía más pujante de la Unión, podría dar al traste con la evolución en el proceso integrador.

La posición adoptada por el Tribunal Constitucional de Karlsruhe se puso entonces a prueba ante dos serios envites planteados al concluir la primera década del presente siglo. Uno fue el giro de tuerca que en el proceso de integración europea se producía con el Tratado de Lisboa. El otro, la crisis económica desatada en un espacio trasnacional, global, que reclamaba un rearme de la Unión Europea con los instrumentos de intervención necesarios para combatirla eficazmente.

La sentencia, que concluía con la afirmación “la Ley Fundamental dice sí al Tratado de Lisboa”, fue severamente criticada en los círculos universitarios más avanzados, resueltamente europeístas, que de modo irónico entendieron así su conclusión: “el Tribunal Constitucional dice sí a Alemania”. Las críticas a la orientación adoptada por el Tribunal de Karlsruhe se centraban en tres puntos fundamentales. Primero, su marcado tono identitario, poco abierto a concepciones multiculturales y pluralistas extendidas por Europa y plenamente aceptadas por los Tribunales Constitucionales de otros Estados miembros. Segundo, el previsible conflicto que se suscitaría ante políticas y regulaciones comunitarias que comportasen un apoderamiento de instancias europeas, particularmente el Banco Central Europeo, para poder afrontar una crisis económica de dimensiones planetaria que amenazaba la propia supervivencia del euro. Jürgen Habermas criticó con dureza ese redescubrimiento del Estado nacional alemán cuando más necesaria era la respuesta europea a la crisis.La cuestión de la compatibilidad del Tratado de Lisboa con la Ley Fundamental fue resuelta por la sentencia de 30 de junio de 2009. En ella el Tribunal Constitucional alemán fijó por vez primera —tampoco la había hecho ningún otro Tribunal de los Estados miembros— el elenco de materias que constituyen el núcleo de materias que, al conformar la identidad constitucional, resultan intransferibles a la Unión Europea. En esa relación de materias y funciones ocupan un lugar central, nuclear, las que afectan a la cultura, los valores, la estructura institucional característica de sustrato federal, estableciéndose así una fusión o equiparación entre identidad constitucional e identidad cultural alemana.

El tercer aspecto en cuestión era la propia deriva del Tribunal Constitucional alemán que, al autoerigirse en celoso vigilante del proceso de integración, se adentraba de lleno en el espacio europeo donde serían inevitables los conflictos —frecuentes, aunque no dramáticos, en los últimos años— con dos poderosos competidores que tenían ya ganada esa posición: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, establecido en Luxemburgo, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. Hace un par de años, cuatro destacados profesores de Derecho público de distintas Universidades alemanas publicaron un libro muy clarificador y a la postre influyente: El Tribunal sin fronteras. Un balance crítico de sesenta años del Tribunal Constitucional Federal.

La primera, la decisión de hace un mes por la que el Tribunal Constitucional se declara incompetente para apreciar si el Banco Central Europeo, en su plan de compras de deuda pública de Estados amenazados, se excedió del mandato que le atribuyen los Tratados de la Unión Europea. Esa es una cuestión en la que el Tribunal de Karlsruhe reconoce novedosamente la exclusiva competencia del de Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La segunda es la reciente decisión del 18 de marzo por la que se desestima la acción colectiva de un heterogéneo grupo de personas, que alcanzó la cifra de 37.000, de políticos, asociaciones diversas y ahorradores individuales contra la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Una acción que, como anticipara la profesora y magistrada Lübbe-Wolff en un voto particular anterior, no debería haberse admitido nunca a trámite. El Tribunal la admitió en septiembre de 2012 con la idea de contrarrestar de algún modo el famoso déficit democrático de la Unión Europea, abriendo así una vía a la acción ciudadana, por la que entró también alguna corriente populista. Pero en su reciente decisión el Tribunal Constitucional deja claro que el principio democrático queda salvaguardado si se garantiza la capacidad de decisión y autonomía presupuestaria del Parlamento como genuina instancia representativa.Reconociendo el prestigio alcanzado en todo ese tiempo por el Tribunal, se destacaba críticamente como en los últimos años —desconcertado tal vez por su propio éxito— había perdido la noción de sus límites y con ella su legitimación para resolver cuestiones que tienen su adecuado planteamiento más allá de donde su jurisdicción alcanza. Los autores del libro pertenecen a la misma generación —todavía joven y muy activa— de profesores de la que forman parte el presidente, Andreas Vosskuhle, y otros magistrados de un Tribunal en el que la Universidad ha tenido siempre una representación mayoritaria. De ahí que esa reflexión crítica desarrollada en foros académicos no parece ajena a la posición, más contenida y por ello más deferente ante las instancias europeas, adoptada en el último mes por el Tribunal Constitucional alemán. Tres decisiones u orientaciones merecen destacarse.

La tercera, es la orientación que ahora se abre a favor de la integración europea, con los instrumentos de intervención necesarios para afrontar las crisis que pudieran amenazarla. Un horizonte que parece ahora más seguro al abandonar el Tribunal Constitucional alemán esa torre en Europa a la que inopinadamente se había subido.

José Esteve Pardo es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona

Tantas naciones floreciendo…

SANTOS JULia

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Las naciones —escribió en 1968 el eminente historiador de la España moderna Antonio Domínguez Ortiz— no son, se hacen. Si lo escribiera hoy, mejor que se hacen, diría se construyen, en adaptación literal de la crecida bibliografía sobre nation building en la que navegamos durante los últimos 30 años. Una tarea esta, la construcción de naciones, propia del liberalismo romántico del siglo XIX, llegada a su primera apoteosis con el nacional-imperialismo —británico, francés, alemán, ruso— que arrastró a Europa a su Gran Guerra, y alcanzada la cima con el nacionalsocialismo y el fascismo, religiones políticas que desencadenaron la segunda guerra grande. Años después de cerrarse este doble ciclo de horror y devastación provocado por dos nacionalismos sucesivos, el imperial y el totalitario, cuando los nacidos en los años cuarenta despertábamos a la razón política, era lugar común pensar que la tarea de la construcción de naciones había quedado obsoleta de por vida, que el problema no radicaba tanto en la identidad colectiva como en la estructura social y en la configuración del Estado, no era tanto cuestión de nación como de transformación de la sociedad y conquista o consolidación de la democracia. Más aún, ante el proyecto vivo de unos Estados Unidos de Europa no faltaron quienes sin derramar ni una lágrima entonaron el réquiem por los Estados-nación.

Hasta que el único imperio superviviente de dos guerras —Rusia, imperial con los zares; totalitaria, pero no menos imperial con los bolcheviques— estalló desde dentro, dando origen a nuevas naciones-Estado en un doble proceso: de liberación, que fue pacífico a orillas del Báltico, y de fragmentación, que fue sangriento a las del Adriático. Pues con el hundimiento del imperio ruso-soviético y, en su estela, del Estado comunista multinacional de Yugoslavia, y el consiguiente florecer de naciones oprimidas, corrió como la pólvora el sentimiento de que la modificación de fronteras era de nuevo posible en Europa. Mímesis se enseñoreó una vez más del arte de la construcción de naciones y, ante las consecuencias del colosal hundimiento, el presidente de la Generalitat de Cataluña no tardó ni un minuto en proclamar: Cataluña es como Lituania o Eslovenia, una nación. Y el presidente del PNV, devolvía amplificado el eco de esas palabras: nosotros tenemos un plan diseñado ya y le hemos puesto fechas: entre 1998 y 2002 proclamar la soberanía de Euskadi, estilo Lituania.

Lo cual, bien mirado, tampoco tendría que resultar tan difícil: Cataluña, Euskadi y Galicia disfrutaban, como todas las naciones habidas y por haber, de un nutrido y variado repertorio de relatos legendarios sobre sus orígenes, de territorios con límites bien definidos a lo largo de una historia milenaria, de lenguas propias cultivadas frente a agresiones externas, de culturas e identidades diferenciadas, de altos lugares y de símbolos sagrados. No faltaba, pues, ninguna pieza, solo rematar los trabajos de construcción nacional procediendo a una política de nacionalización, para lo que disponían, desde fecha reciente y a diferencia de Lituania, de un poder de Estado. Tal era, en efecto, la mayor originalidad entre los procesos conocidos de construcción nacional: que Cataluña, Euskadi y Galicia, definidas tácitamente en la Constitución española como nacionalidades, disponían de poderes típicamente de Estado —un Gobierno, un Parlamento, un tribunal superior de justicia, universidades públicas, medios de comunicación sin límites presupuestarios, editoriales, museos nacionales, escuelas— para devenir en poco tiempo, si esa era la meta de su élite político-intelectual, naciones en plenitud de sentido político y jurídico.Lo interesante de la nueva situación, como observó sagazmente el secretario general de los jóvenes convergentes, era que el mito de las fronteras inamovibles de Europa se había roto. De pronto, pues, el modelo a seguir era Lituania, que había quedado presa del Estado imperial ruso-soviético cuando al resto del continente, y muy especialmente al imperio de los Habsburgo, había llegado la primavera de las naciones. Nación milenaria, Lituania ponía su reloj a la hora de Europa con un retraso de medio siglo, pero al fin ahí estaba, como nación-Estado, con el solo hecho de proclamar su soberanía. No era necesario forzar mucho la imagen para considerar ahora a España como un viejo imperio austro-húngaro, o una vieja Rusia, a la que con años de atraso había llegado también la hora de abrir las rejas de la prisión en que gemían condenadas tantas naciones. Cataluña, Euskadi y, en su estela, Galicia, aspiraban a ser como Lituania.

Al cabo, es siempre el Estado el que culmina la construcción de nación; siempre, claro está, que el Estado disponga de políticos, intelectuales y artistas con fuertes bases institucionales para acometer la tarea. Y así al acabar el siglo fue llamativa la modificación del lenguaje de la clase política que en 1978 había pugnado con bravura por introducir en la Constitución el término nacionalidad, de larga raigambre en los léxicos políticos catalán y español. Nacionalidad, se dijo con notorio desprecio de la historia recién pasada, había sido un expediente impuesto por el ruido de sables o por un fantástico —más bien fantasmal— influjo de la Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas: un término, afirmaron distinguidos intelectuales otrora marxistas, de origen leninista-stalinista, importado en España ¡para protegernos de los militares! Su destino no podía ser otro, por decirlo al modo de Marx y de Trotsky, que acabar en el basurero de la historia: ni regiones autónomas, como habían sido reconocidas por la Constitución de la República en 1931, ni nacionalidades, como las identificaba la Constitución de 1978: Cataluña, Euskadi y Galicia eran naciones, como Lituania.

Al transformarse de regiones en nacionalidades históricas por declaración de unos estatutos de autonomía elevados tras su paso por las Cortes a bloque constitucional como leyes orgánicas, las comunidades valenciana, andaluza, balear y aragonesa han dejado al Estado español con un resto de regiones que equivale a lo que antes se llamaba resto de España, a la vez que muestran, por si falta hacía, la razón que asistía a Domínguez Ortiz cuando escribía que las naciones no son, se hacen. Sí, maestro, pero una vez hechas, son, y sería propio del avestruz negarse a ver el ser de lo hecho. Mal que nos pese a quienes creímos un día periclitada la emoción nacionalista y arrumbadas en el desván de la historia las banderas nacionales como fuerza movilizadora, ahí está el hecho más asombroso de las últimas décadas: asistir, como si de una nueva primavera romántica se tratase, al florecimiento de tantas naciones. Lo que vaya a ocurrir con el Estado, ¿a quién importa? Naciones sin Estado, aunque con poderes de Estado: esta era la originalísima situación al comenzar el siglo. Y ocurrió entonces que mirando hacia atrás a la manera calderoniana, como el sabio que se preguntaba si habría algún otro tan pobre y mísero como él, la respuesta hallaron viendo que otros sabios iban recogiendo las hojas que ellos acababan de desechar. Desde el año de gracia de 2006, Valencia, primero, y luego Andalucía, las Illes Balears y Aragón dieron un paso de gigante en su construcción como naciones políticas proclamándose, en los estatutos reformados de sus respectivas comunidades autónomas, como nacionalidades históricas. En los preámbulos de los, más que reformados, nuevos estatutos, ninguna pieza falta de las habitualmente utilizadas en la construcción nacional: una comunidad armónica de personas libres, una robusta y sólida identidad forjada a lo largo de su historia, un carácter singular como pueblo asentado desde épocas milenarias en un ámbito geográfico diferenciado, una lengua o en su defecto una manera propia de hablar, un derecho foral cuando lo hubiera, una ferviente pasión identitaria, en fin, que convertía en juego de adolescentes aquella búsqueda de señas de identidad que llenó los años de transición.

Santos Juliá es profesor emérito de la UNED.

Rusia y Alemania, una historia de amor y odio

MONIKA ZGUSTOVA

El País

Alemania es el país que desde el inicio del conflicto se opuso a que se impusieran sanciones a Rusia por haber anexionado Crimea. Al mismo tiempo, Angela Merkel es la jefe de Estado que más veces y más seriamente conversó con Putin sobre lo ocurrido y las posibles consecuencias. ¿Es una contradicción?

La relación entre Rusia y Alemania siempre ha sido bastante cercana o muy tensa. En su magnífica e injustamente olvidada novela Oblómov, el clásico ruso decimonónico Goncharov contrapone a dos tipos humanos como símbolos de lo europeo y lo ruso: el alemán Stolz, un hombre pragmático y activo, y el flemático Oblómov; mientras el alemán triunfa en todo lo que toca, el perezoso ruso es un perdedor nato.

Catalina la Grande, la gran europeizadora de Rusia, era de origen alemán: la zarina invitó a alemanes de distintos gremios, que huían de las guerras religiosas en la Europa Central, para que se instalaran en Rusia. El país llegó a tener una densa población alemana; en el censo de 1914 el número de alemanes en Rusia se elevaba a casi dos millones y medio. Alemania fue uno de los destinos predilectos de los aristócratas rusos. Dostoievski, visitante asiduo de los balnearios alemanes, resumió sus impresiones lamentando que “los rusos en Europa parecemos unos tártaros”, queriendo decir que los rusos se comportaban en el mundo civilizado como unos provincianos salvajes.

Ya en el siglo XX, castigadas por el Tratado de Versalles tras la I Guerra Mundial, Rusia y Alemania mantuvieron buenas relaciones comerciales, selladas por varios pactos, entre ellos el Molotov-Ribbentrop sobre la no intervención bélica, que Hitler acabó incumpliendo. Fue Rusia quien, en la batalla de Stalingrado de 1942, dio el primer golpe de gracia definitivo a las tropas de la Alemania nazi.

Durante la guerra fría, el canciller alemán socialdemócrata Willy Brandt fue el primero en poner en marcha la Ostpolitik, política de acercamiento a la Unión Soviética y Alemania del Este. Tras la caída del comunismo, el canciller Gerhard Schröder insistió en unas estrechas relaciones comerciales con la Rusia entonces ya de Putin e hizo que entre ambos países se construyera el gasoducto Nord Stream por donde llega a Alemania el gas ruso, aumentando la dependencia entre ambos países.

En la actualidad, la canciller Angela Merkel contempla en su despacho el retrato de Catalina la Grande, la zarina que convirtió a Rusia en un imperio. Nacida en Alemania del Este, donde fue disidente del totalitarismo comunista, Merkel entiende perfectamente qué puede esperar de un exempleado de la KGB como Vladímir Putin. Pero a pesar de todas las diferencias, Merkel y Putin se llevan correctamente: se tutean y ambos hablan el idioma del otro (generalmente se comunican en alemán, que Putin aprendió como enviado de la KGB a la DDR, con algunas frases en ruso). Durante los sucesos en Crimea, en varias conversaciones telefónicas Merkel intentó quebrantar la voluntad de su colega ruso sobre la anexión de la península, pero sin resultado. “¡Putin vive en otro mundo!” exclamó entonces la canciller.

Los rusos desean arreglar su país a la manera civilizada y europea, pero aplauden los actos bárbaros de su presidente.

Según unas encuestas del BBC World Service de 2013 sobre la relación alemano-rusa, solo un 20% de alemanes tiene una visión positiva de Rusia, mientras que un 61% de alemanes expresó una opinión negativa. Los rusos, en cambio, ven de forma mucho más positiva a Alemania: un 55% consideran positiva la influencia alemana y solo un 10% negativa. Al igual que en la citada novela de Goncharov el ruso Oblómov admiraba al alemán Stolz pero fue incapaz de seguirle, en la actualidad los rusos desean lo que llaman evroremont, o sea arreglar su país a la manera civilizada y europea, y en cambio aplauden los actos bárbaros de su presidente.

De varias de las encuestas publicadas recientemente por el prestigioso periódico ruso Kommersant se desprende que los rusos se sienten satisfechos de que su país haya anexionado Crimea donde, además de otras utilidades, “planean ir de veraneo”, según declaran, y por todo eso asumen sin protestar que, tras la implantación de las sanciones por parte de la comunidad internacional, pueden llegar a ser bastante más pobres que ahora. Además, también según recientes encuestas, los rusos confían en que su país se convierta otra vez en una superpotencia. Y, como ya demostraron durante la guerra fría, la conciencia de ser importantes para la mayoría de los rusos cuenta más que la democracia y el bienestar.

Aunque mayoritariamente respaldado por su pueblo en sus actos que violan las leyes internacionales, Putin está perdiendo la partida: la UE ya ha firmado su pacto de aproximación con Ucrania y está a punto de firmarlo con Moldavia y Georgia. Por más que lo anhele, Rusia no podrá construir su imperio. Por un lado hoy posee menos territorio, recursos naturales y población que cuando era la Unión Soviética, y por otro, los países que codicia ya se han unido a China o a la UE. Y tanto los políticos mundiales —los alemanes entre ellos— como los mercados financieros se han reafirmado en lo sabido: que Putin es un autócrata nada fiable. Así pues, Rusia se está quedando sola. Pero si alguien puede servir de puente entre Occidente y Rusia, será Alemania.

Monika Zgustova es escritora; su última novela es La noche de Valia (Destino).

EL “CONSEJO DE LOS DERECHOS HUMANOS” DE MADURO O DE CÓMO LOS ZAMUROS CUIDARÁN CARNE
  

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Lo lógico, racional y procedente es que un organismo que  va a velar por la vigilancia y respeto de los derechos humanos (ddhh) en un país o desde una organización internacional, tenga un carácter independiente y autónomo de cualquier instancia gubernamental que pudiera mediatizarlo.  De no ser así, sería un disparate, sólo concebible por quienes enarbolan una ideología totalitaria.

Violan los derechos humanos los gobiernos, concretamente, las personas que están investidas de autoridad para ejercer la violencia legítima de conformidad con el ordenamiento jurídico de un Estado determinado, aunque podría incluirse a particulares que cooperen en tales delitos. Cuando un ciudadano del común comete un crimen contra las personas (homicidio, lesiones, etc), la sanción para él está contenida en el Código Penal; en este caso no hay violación de ddhh, es un delito perpetrado por un particular. 

Estaríamos en presencia de una violación de tales derechos (los derechos contra el gobierno, como los llama Ronald Dworkin), por ejemplo, cuando un funcionario público que cumple funciones represivas (policías, militares) comete delitos conceptuados como de lesa humanidad (asesinatos, persecuciones, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones, desaparición forzada, entre otros) en ejercicio de su cargo.

Es por tal razón, que en un régimen genuinamente democrático los entes del Estado que persigan y sancionen tales crímenes deban gozar de independencia absoluta. Es el principio de la división de los poderes en acción. Fiscales, jueces o cualquier otro órgano contralor no pueden estar sometidos al poder ejecutivo de un país, ellos tienen el encargo de vigilar la actuación de éste. Sería un contrasentido, un absurdo inaceptable, que desnaturalizaría el principio de la vigencia plena de aquellos derechos.

Pero, obviamente, eso sería en un entorno en que la democracia existe, no en un país como la actual Venezuela.

La última aberración del gobierno militar, si es que ya no teníamos suficientes, es la creación de un Consejo Nacional de Derechos Humanos. Lo pudimos leer en Gaceta Oficial (No. 40.386  de fecha 3 de Abril de 2014). Este ente rendirá cuentas y recibirá instrucciones del Presidente de la República.

Obviamente, el origen de ese decreto es el escándalo nacional e internacional generado por la brutal y desmedida represión de los últimos días frente a las protestas. Se quiere lavar la cara el gobierno ante el mundo, manifestando su “preocupación” por el tema. Pero su cinismo e hipocresía han quedado al descubierto.

Queda claro que la creación de un ente como ése, y en los términos del decreto en cuestión, es un exabrupto, cuyo propósito es propagandístico.

Constituye un absurdo que desde el gobierno, es decir, desde la posición del sujeto que deberá ser controlado, se conforme un órgano que, en teoría, impulsará políticas de defensa de los derechos humanos. Los miembros de ese Consejo, entre otros, serán el Vicepresidente Ejecutivo, los Ministerios de Relaciones Interiores, Defensa y Penitenciario, el Tribunal Supremo, Fiscalía General, Defensoría del Pueblo.  ¡Qué locura!

¿Los que deben ser controlados van a denunciar sus propias violaciones?  ¿En qué cabeza cuerda cabe esto?  ¿Cómo un órgano que esté en relación de subordinación va a acusar a su superior de una violación a los derechos humanos? Esto, sin duda, es una farsa, una burla más del gobierno. 

Tal decreto trasluce la visión ideológica que el gobierno venezolano ha querido imponer, avalada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y otras instituciones sumisas a él.  Cuando el TSJ sentencia que la distinción entre el Estado, por un lado, y por otro, la sociedad civil y los ciudadanos, sería “una construcción ideológica liberal, en la cual hay reminiscencias censitarias, de desprecio a las clases populares y de odio al Estado como unidad política que es concebido como una amenaza latente contra la concepción individualista”, y que sólo existe una “totalidad social” que es inescindible (Delgado, Arcadio. Reflexiones sobre el Estado político y el Estado social, www.tsj.gov.ve),  podemos explicarnos sin dificultad el disparate del decreto y su naturaleza totalitaria. Es la misma ideología que subyace a una aberrante sentencia reciente contra la diputada María Corina Machado, en la que se dice cínicamente que estarían dando cumplimiento al “principio de colaboración entre los Poderes” al abogar “por los fines esenciales del Estado trabajando de manera coordinada”, cuando es un hecho evidente que la división de los poderes no existe. 

En Venezuela, se ha querido fundir al Estado con una parcialidad política y su visión ideológica y borrar, así, la separación de los poderes públicos, en abierta contravención de nuestra Constitución nacional. La denuncia de la Convención Americana de los Derechos Humanos por el gobierno venezolano ya fue un acto que forma parte de una deriva antidemocrática sostenida, incongruente con instrumentos internacionales firmados por Venezuela (Carta Democrática Interamericana, Protocolos de Ushuaia), que se inscriben en el sistema hemisférico de protección de aquella Convención.

El referido Consejo no es otra cosa que poner zamuros a cuidar carne.

EMILIO NOUEL V.

@ENouelV

emilio.nouel@gmail.com

El panorama cambiante del riesgo mundial

Nouriel Roubini

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NUEVA YORK – Los riesgos económicos, financieros y geopolíticos del mundo están cambiando. Algunos de ellos presentan ahora una menor probabilidad, aunque no hayan desaparecido del todo. Otros están volviéndose más probables e importantes. Hace uno o dos años, seis riesgos principales estaban en el centro del escenario:

• Una desintegración de la zona del euro (incluida la salida de Grecia y la pérdida de acceso a los mercados de capitales para Italia o España, o las dos).
• Una crisis fiscal en Estados Unidos (debida a nuevas luchas políticas sobre el límite de la deuda y otro cierre de la Administración).
• Una crisis de la deuda pública en el Japón (pues la combinación de recesión, deflación y déficit elevados aumentó la relación entre la deuda pública y el PIB).
• Deflación en muchas economías avanzadas.
• Guerra entre Israel e Irán por la supuesta proliferación nuclear iraní.
• Una mayor desintegración del orden regional en Oriente Medio.

Ahora esos riesgos se han reducido. Gracias al discurso relativo a “hacer lo que sea necesario” del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, a las nuevas facilidades financieras para estabilizar a los deudores soberanos con problemas y al comienzo de una unión bancaria, la zona del euro ya no está al borde del desplome. En Estados Unidos, el presidente Barack Obama y los republicanos del Congreso han acordado una tregua de momento para evitar la amenaza de otro cierre de la Administración por la necesidad de aumentar el límite de la deuda.

En Japón las dos primeras “flechas” de la estrategia económica del primer ministro Shinzo Abe –la relajación monetaria y la expansión fiscal– han impulsado el crecimiento y han detenido la deflación. Ahora la tercera flecha de la “abenomía” –las reformas estructurales–, junto con el comienzo de la consolidación fiscal a largo plazo, podría propiciar la estabilización de la deuda (si bien las repercusiones económicas de la próxima subida del impuesto al consumo son inciertas).

De forma similar se ha contenido el riesgo de deflación a escala mundial mediante políticas monetarias exóticas y heterodoxas: tipos de interés cercanos a cero, relajación cuantitativa, relajación crediticia y orientación sobre las perspectivas. Y el riesgo de una guerra entre Israel e Irán se ha reducido gracias al acuerdo provisional sobre el programa nuclear de Irán concertado el pasado mes de noviembre. La reducción de la prima del miedo ha propiciado una bajada de los precios del petróleo, aún cuando muchos duden de la sinceridad de Irán y les preocupe la posibilidad de que tan solo esté intentando ganar tiempo y siga enriqueciendo uranio.

Aunque muchos países de Oriente Medio siguen siendo muy inestables, ninguno de ellos es sistémicamente importante desde el punto de vista financiero y hasta ahora ningún conflicto ha provocado una crisis grave en los suministros de petróleo y gas, pero, naturalmente, la exacerbación de algunas de esas crisis y conflictos podría provocar nuevas preocupaciones sobre la seguridad energética. Más importante es que, cuando los riesgos de los últimos años han desaparecido, otros seis riesgos han ido en aumento.

Para empezar, existe el riesgo de un aterrizaje forzoso de China. La reequilibración del crecimiento, que se aleja de la inversión fija y se aproxima al consumo privado, está ocurriendo demasiado despacio, porque, siempre que el crecimiento anual del PIB baja hacia 7%, las autoridades sienten pánico e insisten en lanzar otra ronda de inversión de capital impulsada por el crédito, lo que después provoca más activos dudosos y créditos morosos, más inversión excesiva en propiedad inmobiliaria, infraestructuras y capacidad industrial y más deuda pública y privada. El próximo año no habrá posibilidad de continuar por esa vía.

También existe el riesgo de errores normativos por parte de la Reserva Federal de los EE UU al abandonar su relajación monetaria. El año pasado, el simple anuncio de que reduciría sus compras mensuales de activos financieros a largo plazo desencadenó una “rabieta” al respecto en los mercados financieros y en los mercados en ascenso del mundo. Este año la reducción se da por descontada, pero la incertidumbre sobre la oportunidad y la velocidad de las medidas de la Reserva Federal para normalizar los tipos de interés oficiales está creando inestabilidad. Algunos inversores y gobiernos están preocupados ahora por la posibilidad de que la Reserva Federal aumente los tipos demasiado pronto y demasiado rápido, lo que causaría ondas de choque económicas y financieras.

En tercer lugar, la Reserva Federal puede abandonar en realidad los tipos cero muy tarde y muy despacio (su plan actual sería el de normalizar los tipos en 4% de aquí a 2018), con lo que causaría otro auge de los precios de los activos y una posterior bancarrota. De hecho, las políticas monetarias heterodoxas en los EE UU y otras economías avanzadas ya han provocado una reflación en gran escala de los precios de los activos, que con el tiempo podría causar burbujas en los mercados inmobiliario, crediticio y bursátil.

En cuarto lugar, las crisis en algunos frágiles mercados en ascenso pueden empeorar. Los mercados en ascenso tienen el viento de cara (por la bajada de los precios de los productos básicos y los riesgos asociados con la transformación estructural de China y el cambio de política monetaria de la Reserva Federal) en un momento en el que sus propias políticas macroeconómicas están aún demasiado relajadas y la falta de reformas estructurales ha socavado su crecimiento potencial. Además, muchos de dichos mercados en ascenso afrontan riesgos políticos y electorales.

En quinto lugar, existe un gran riesgo de que el conflicto actual en Ucrania provoque una segunda guerra fría, y posiblemente una guerra caliente incluso, si Rusia invade el este de ese país. Las consecuencias económicas de semejante resultado –por sus repercusiones en los suministros de energía y las corrientes de inversión, además de la destrucción de vidas y capital físico– serían inmensas.

Por último, existe un riesgo similar de que las discrepancias territoriales y marítimas en Asia (comenzando por las controversias entre China y Japón) lleguen a ser conflictos militares declarados. Semejantes riesgos geopolíticos –en caso de que se materializaran– tendrían repercusiones económicas y financieras sistémicas.

Hasta ahora, los mercados financieros se han mostrado optimistas sobre esos nuevos riesgos. La inestabilidad ha aumentado solo ligeramente, mientras que los precios de los activos se han mantenido. Los comentarios sobre esos riesgos han afectado en algunas ocasiones (pero solo brevemente) a la confianza de los inversores y, tras unas leves correcciones, los mercados han dado marcha atrás.

Los inversores pueden estar en lo cierto con relación a que esos riesgos no se materializarán en su forma más grave o de que las políticas monetarias relajadas en las economías avanzadas y una continua recuperación los contendrán, pero los inversores pueden estar engañándose, al considerar poco probables dichos riesgos, por lo que pueden llevarse una sorpresa desagradable cuando uno o más de ellos se materialicen.

De hecho, como ocurrió en el caso de la crisis financiera, los inversores no parecen capacitados para calcular, valorar y protegerse adecuadamente contra los riesgos de cola. Solo el tiempo dirá si su despreocupación actual constituye otro fallo en la evaluación y la preparación para acontecimientos extremos.

Traducido del inglés por Carlos Manzano.

Nouriel Roubini es presidente de Roubini Global Económics y profesor de la Escuela Stern de Administración de Empresas de la Universidad de Nueva York.