¿DÉFICIT DEMOCRÁTICO EN VENEZUELA?

                                       

                                                 

Tweet

En años recientes se ha puesto de moda en nuestro país hablar de déficit democrático para caracterizar la situación política que vivimos, sin reparar mucho en si ésa es una expresión que puede explicar realmente y en toda su dimensión, el régimen político bajo el cual vivimos.

En general, se habla de déficit cuando hay una carencia de algo, bien sea dinero o alimentos, pero no casi falta total de esos bienes. Es un concepto relativo que remite a una situación determinada, muy concreta. Así, oímos hablar en economía, de déficit comercial o presupuestario, o en el campo de la psicología, de déficit de atención.

¿De dónde viene el concepto de déficit democrático?

Un rastreo del camino seguido por la noción, nos conduce a  Europa, a la del último medio siglo. Particularmente, a la que ha perseguido unirse en un proyecto federal.

Como es conocido, en ese espacio territorial no sólo se ha querido construir una sola economía, un mercado único, sino también un gobierno federal: Estados Unidos de Europa, lo denominó el escritor Víctor Hugo.

La idea que ya había aparecido en pensadores del siglo XVIII, obviamente, no ha sido fácil de llevar a cabo. Napoleón quiso unificar a Europa, pero bajo su égida, y ya sabemos cómo resultó la aventura.

Sólo después de varias guerras, con saldos de millones de muertos, la lucidez de grandes estadistas abrió el camino hacia la comunidad de países que es hoy, levantada sobre valores democráticos universales.

Sin embargo, las instituciones comunitarias creadas, supranacionales, con amplias atribuciones y competencias económicas y políticas por encima de los Estados, han sido acusadas de no ser democráticas por el hecho de no haber sido electas directamente por los pueblos, con excepción del Parlamento Europeo, que sí cuenta con ese respaldo.

Es decir, que los “eurócratas”, los funcionarios que diseñan políticas y sancionan leyes obligatorias para todo el conjunto europeo, no estarían, según algunos críticos tanto de izquierdas como de derechas, investidos de una legitimidad democrática suficiente; de allí que haya, para ellos, un déficit en la Unión Europea.

Esta carencia se señala desde sistemas democráticos establecidos y consolidados, que, por supuesto, tienen imperfecciones y disfunciones, pero los cuales no pueden ser catalogados de regímenes autoritarios por ningún respecto.

Venezuela, en los últimos años y aun más en tiempos recientes, se ha ido perfilando como una autocracia militar con vocación totalitaria, que ha utilizado los mecanismos de la democracia liberal para destruirla desde dentro. No estamos en Venezuela frente a un caso  de democracia, sino de cara a un remedo de ella. A un híbrido, un mutante, de los viejos autoritarismos. 
Visto el origen de la expresión ¿Cabe hablar en Venezuela de déficit democrático cuando no existe separación, independencia y contrapesos entre los poderes públicos, el Estado de derecho ha sido desnaturalizado, se pisotea salvajemente los derechos humanos, como ocurre en los días que corren; los tribunales son una dependencia repugnante más del poder ejecutivo utilizados para encarcelar o sancionar a los opositores, la educación se ideologiza, se controla los medios y los militares se hacen parte del partido político en el poder? Al hablar de tal déficit ¿No se estará cayendo en esa práctica muy común de adoptar alegremente ciertos conceptos, sin atender a su procedencia y justificaciones, ni a los entornos políticos en que fueron generados, y sólo por novelería?   

Definitivamente, en Venezuela no puede hablarse de déficit democrático, no se corresponde con la realidad existente, y la expresión no puede explicar fielmente la magnitud de la ausencia de democracia en la práctica; sin duda, se queda corta. Progresivamente, la democracia en nuestro país, ha ido desapareciendo, sólo quedando, si acaso, aspectos formales, aparentes, que se han vuelto cada vez más inútiles y ineficaces, desde el punto de vista del ciudadano y de las instituciones, todas o demolidas o colonizadas calculadamente por una oligarquía militar-civil incompetente, mafiosa y arbitraria, que está llevándonos al despeñadero social.

¿Déficit democrático en Venezuela? Más adecuado, a mi juicio, es hablar de residuos de democracia, de despojos democráticos, en fin, de tiranía en proceso de instauración.

EMILIO NOUEL V.

@ENouelV

emilio.nouel@gmail.com

LOS LÍMITES JURÍDICO-POLITICOS DE LA ACTUACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA

                                                       

Tweet

En los días que corren mucho se ha hablado sobre la conducta asumida desde la Organización de Estados Americanos frente a los graves acontecimientos políticos que han tenido lugar en Venezuela.

Se ha llegado a condenar a la organización como un todo, sin reparar en que ella es lo que los gobiernos de sus países miembros quieren que sea. Una cosa son los principios y mecanismos establecidos por ella y otra la ejecutoria ante los eventos concretos. Es el divorcio que no pocas veces hay entre la moral y los intereses en lel campo de la política.

La OEA es una organización intergubernamental, y esto quiere decir que serán sus participantes de pleno derecho los que determinan su desempeño de cara a los asuntos que aborden. En este tipo de organizaciones los Estados Parte siguen siendo “los señores de los tratados”, ellos son los que interpretan las normas y toman decisiones después de procedimientos de negociación en los que se imponen mayorías, o en el peor de los casos, no llegan a resultado alguno si la regla es la unanimidad y ésta no es alcanzada. No existen allí órganos supranacionales como son los de la Unión Europea, en la que éstos son autónomos en sus decisiones y no responden a los intereses individuales de los países, sino al conjunto de la Comunidad integrada.

En los entes intergubernamentales, el principio de la soberanía de los Estados sigue siendo dogma inconmovible, a menos que haya alguna disposición normativa que admita una cesión de soberanía parcial, como ocurre con las normas sobre Derechos Humanos acordadas en el marco de la Convención Americana sobre la materia, y de alguna manera también con la Carta Democrática Interamericana (CDI).

En relación con la actuación del Secretario General de la OEA, hay que decir que sus atribuciones son muy limitadas. Su nombramiento depende de un acuerdo político entre los países miembros, y esto no es un dato intrascendente en este tipo de organizaciones.

Él “ejercerá las funciones que le atribuyan la Carta, otros tratados y acuerdos interamericanos y la Asamblea General, y cumplirá los encargos que le encomienden la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y los consejos” (art. 107 de la Carta de la OEA).

El SG participa sin voto en las reuniones de la OEA. Convoca a reuniones, asesora, hace presupuestos, custodia documentos y archivos, organiza y nombra personal. Según su estatuto, no solicitará ni recibirá instrucciones de ningún Gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organización.

En la CDI, se dispone que cuando un gobierno considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al SG o al CP, a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Establece en su artículo 18, que cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso democrático o el legítimo ejercicio del poder, el SG o el CP podrán, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones para analizar la situación. El SG elevará un informe al CP, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación.

El artículo 20 expresa que en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado o el SG podrán solicitar la convocatoria inmediata del CP para realizar una apreciación colectiva de la situación.

Queda claro que nadie más puede impulsar un procedimiento contra un gobierno determinado, de conformidad con la CDI.

Como podrá observarse, son muy limitadas las competencias de un SG de la OEA. Este funcionario, a lo sumo, sólo puede llamar la atención de los Estados Parte sobre algunos hechos que ameriten una “apreciación colectiva”, y ésta sólo se materializará siempre que los gobiernos la juzguen pertinente.

En los casos más recientes de Honduras y Paraguay, los gobiernos de estos países permitieron que la OEA los visitara a los fines de elaborar un Informe que luego fue considerado por los países. En el primero, se suspendió al país de la organización, y en el segundo, no.

En ambos casos, hubo una movilización particular de los gobiernos, más allá de la burocracia de la OEA. Se conformaron coaliciones políticas que promovieron la adopción de medidas sancionatorias contra los países que según ellas habían infringido las normas democráticas internacionales.

En el caso sui generis de Honduras, la “sacada” de Zelaya por militares hizo pensar que era un golpe tradicional militar latinoamericano, frente al cual la OEA sancionó sin mucha discusión. En el de Paraguay (un impeachment constitucional sustentado, aunque cuestionado por algunos), la OEA no pudo decidir sanciones. 

En el caso venezolano, desde la oposición venezolana se ha criticado al SG actual de la OEA, porque él sería uno de los “culpables” principales de que no se tomen medidas sancionatorias contra el gobierno de Venezuela.

Independientemente del personaje, de sus intereses, compromisos y afinidades políticas, cabe preguntarse, a la luz de lo señalado en estas breves líneas, si él realmente puede hacer más de lo que ha hecho en relación con la crisis venezolana; o si él no es más que una pieza de una correlación de fuerzas adversa a los intereses de los que luchan contra el despotismo militar y por la democracia en Venezuela. La coalición que se ha conformado en la región en torno al gobierno militar venezolano, no me cabe la menor duda, es la que determina lo que se pueda hacer en la OEA respecto de nuestra democracia. Si el SG asumiera una posición parcial en favor de los demócratas venezolanos, como algunos le piden, quizás complacería mucho a la oposición democrática, pero se echaría encima a la coalición que tiene la sartén por el mango en esa organización. 
¿Debería este SG o cualquier otro arrancarse el “cepo” político de los gobiernos que conformen una mayoría en la OEA y actuar según sus convicciones personales, cualesquiera que ellas sean? No lo sabemos, pero queda claro que no tiene las competencias normativas y las herramientas con las que cuenta son muy limitadas. 

EMILIO NOUEL V.

@ENouelV

Rusia: Cómo se construye un dictador

Isabel Turrent

Tweet

Letras Libres

El terreno más fértil para plantar la semilla de una dictadura es siempre una crisis. En 1999, Rusia estaba en una crisis profunda: la economía en picada, una democracia caótica que empezaba apenas a echar raíces, y el país mismo, en tránsito al feudalismo o,peor aún, a la fragmentación. Boris Yeltsin, el presidente, apenas podía sostener el timón. Al parecer, fue a Boris Berezovsky, un poderoso oligarca dueño de la cadena televisiva ORT, a quién se le ocurrió que Vladimir Putin, el gris pero eficiente burócrata miembro de la policía política (FSB), que había sido la mano derecha de Sobchak,el alcalde de Leningrado, podía relevar a Yeltsin sin riesgos para él y para la corte que lo rodeaba. El oscuro teniente de la FSB-la heredera de la tristemente célebre KGB- se ganó pronto la confianza de la clase política: mantuvo en sus puestos a los inteligentes arquitectos de la política macroeconómica de los últimos años de Yeltsin, que empezaría a rendir frutos muy pronto, se rodeó de asesores preparados, fortaleció las ligas del Kremlin con el ejército, empezó a meter en cintura a los gobernadores regionales que se habían convertido en un poder paralelo y aplastó la rebelión chechena a sangre y fuego.

En el 2000, ganó abrumadoramente las elecciones presidenciales y empezó a cimentar un poder propio: convirtió a sus amigos y a sus colegas de la FSB en una élite privilegiada a la que recompensó su lealtad con jugosos negocios y tajadas del presupuesto. Ayudado por Vladislav Surkov, un inescrupuloso y brillante estratega político, puso los cimientos de un sistema político –la famosa “democracia dirigida”,que siempre tuvo mucho de dirigida y poco de democracia- y que es, de hecho, el viejo régimen soviético en una nueva presentación. El partido dominante, llamado ahora Rusia Unida (RU), renació de sus cenizas y atrajo a sus filas a burócratas, funcionarios, sindicatos y a muchos de los desilusionados del experimento democrático de los noventa.                                             

El poder legislativo, dominado crecientemente por RU y pequeños partidos que eran y son meras comparsas, se transformó en un apéndice del Kremlin. Los partidos liberales, estrechamente ligados en la memoria del electorado al caos de los años noventa perdieron la poca fuerza que les quedaba cuando Putin decidió en 2003- en contra de la opinión de algunos de sus ministros- mandar a prisión a Mikhail Khodorkovsky, un empresario petrolero fabulosamente rico que los financiaba.

El amañado juicio de Khodorkovsky  demostró también  que, como el legislativo, el poder judicial ruso había perdido su independencia y que la”dictadura de la ley” de la que tanto se ufanaba Putin era más bien la construcción de la suya propia: el gobierno se apropió sin compensación de Yukos,la empresa de Khodorkovsky. Fue asimismo el inicio de la renacionalización de los hidrocarburos y otras industrias estratégicas que producen la mayoría de las exportaciones rusas. El golpe a Yukos le dio una vuelta definitiva a la espiral de la corrupción. Los ministros de Putin tenían ahora una chamba doble, que se convirtió en la vía más rápida para acumular fortunas millonarias: los asuntos de sus ministerios más la administración de las grandes empresas estratégicas que dependían de esos ministerios.

Khodorkovsky no era, sin embargo, el primer oligarca en ser despojado de su empresa. El mismo Berezovsky había tenido que exilarse,como otros, cuando el gobierno tomó posesión de las cadenas televisivas, estaciones de radio y los periódicos de mayor circulación. La libertad de expresión se redujo a las redes sociales que empezaban apenas a florecer. VKontakte, el Facebook ruso apareció hasta 2006.Siete años después se había convertido en el punto de encuentro de la oposición con 60 millones de usuarios

Para 2004, con una tasa de popularidad superior al 70%, el presidente fue reelecto sin necesidad de hacer campaña. Pocos previeron, fuera y dentro de Rusia, hacia dónde se dirigía el nuevo régimen sustentado por la “vertical de poder” que coronaba Putin. El auge económico había resultado una máscara perfecta: la riqueza petrolera convirtió a las clases medias urbanas en consumidoras ávidas y elevó el nivel de vida de muchos dentro de Rusia. En el exterior, Moscú se volvió no sólo un proveedor importante de gas para Europa, sino un socio confiable del G8: orgulloso miembro de los BRIC,las potencias emergentes.

Hasta 2008, la crisis financiera internacional sacó a la luz las debilidades de la economía rusa. En lugar de las “pérdidas mínimas”que había pronosticado el gobierno al estallar la crisis, Rusia padeció la peor recesión de los países del G20.En un año, la economía se contrajo en 8.9%; la bolsa de valores perdió el 80% de su valor; el desempleo se multiplicó y la fuga de capitales alcanzó la enorme cifra de 131 mil millones de dólares, tan sólo en el tercer cuarto de 2008.* Ese mismo año, Moscú lanzó una guerra relámpago contra Georgia que dejó al descubierto que la nostalgia por el poder soviético guiaba, no sólo la política interna rusa,sino también la exterior.

Y en 2011, el fraude en las elecciones legislativas de diciembre fue la mejor prueba de que Rusia no sólo tenía una economía distorsionada, dependiente de las exportaciones de hidrocarburos y minerales, sino un sistema político hueco, sin una infraestructura institucional, dependiente a su vez de un solo hombre: Vladimir Putin. Cientos de miles de moscovitas salieron a la calle a protestar en contra del petro-Estado cleptócrata, la anunciada reelección de Putin en 2012 y la agonía de la democracia rusa. Putin optó por la represión de sus opositores dentro de Rusia- que culminó hace unas semanas con la compra forzosa de VKontakte- y por el restablecimiento del dominio que la Unión Soviética había ejercido sobre las naciones periféricas que la conformaban. La revuelta ucraniana que depuso a su aliado cercano, el presidente Yanukovich, y el recuerdo de la torpe política de George W.Bush, que pretendió incorporar a algunos países vecinos de Rusia a la OTAN, fueron los detonantes que llevaron a Putin a invadir y anexar Crimea. De un solo golpe  enterró la détente post guerra fría y colocó los últimos ladrillos de la dictadura que encabeza.

^{Ben Judah, Fragile Empire. How Russia fell in and out of love with Vladimir Putin.Yale University Press, 2013.} 

“La era de la doctrina Monroe ha terminado”: El discurso que ignoramos en 2013

Ariel Armony

El País

Tweet

Cada vez que llamo a mi madre en Argentina, ella pasa la mayor parte de la conversación lamentándose porque no llamo con tanta frecuencia como debería. El análisis típico de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina me recuerda a mi madre. Si EE UU no se involucra profundamente en América Latina y el Caribe, entonces lamentamos que no les importa la región. Si hay una gran implicación, entonces eso refuerza lo que ya sospechamos: que EE UU practica el viejo juego de la manipulación.

Mientras pasamos tiempo lamentándonos como mi madre, nos perdemos una parte importante de la conversación. En lo más alto de mi lista de “los eventos más desatendidos de 2013” está el discurso que ofreció el secretario John Kerry ante la Organización de Estados Americanos (OEA) antes de Acción de Gracias. En ese discurso, Kerry declaró el final de la era de la Doctrina Monroe. La derecha lo interpretó como una etapa más de la “gira de las disculpas” y la izquierda lo condenó como palabras vacías de un imperio que todavía se aferra a sus objetivos intervencionistas. El centro prácticamente lo ignoró.

Considero que todos están equivocados. El discurso ante la OEA es probablemente el que quede citado en los libros de historia durante las próximas décadas.

El fin de la Doctrina Monroe

El propósito original de la doctrina era prevenir un desafío exterior a Estados Unidos a través de la inestabilidad de un país en América Latina. Su manifestación más moderna se convirtió en la promoción de la hegemonía estadounidense.La combinación entre la versión hegemónica de la doctrina y la postura tradicional de los principales actores de EE UU hacia América Latina como un conjunto de naciones no civilizadas, de segunda clase y disfuncionales resultó finalmente en una sucia historia de intervencionismo, autoengrandecimiento mesiánico, dobles raseros y una doctrina brutal de libre mercado. Esto es un cóctel que ha dejado las relaciones EE UU - América Latina con una resaca bastante mala.

La versión moderna de la doctrina sigue afectando a las acciones de EE UU en el hemisferio: el escándalo de las operaciones de vigilancia es el primer ejemplo. Sin embargo, mientras debemos censurar toda interferencia, es importante que pongamos las cosas en perspectiva: vigilar las llamadas de la presidenta Rousseff, sus correos electrónicos y sus mensajes no es comparable con acciones como el apoyo a las brutales guerras contrarrevolucionarias de América Central.

Lo que convierte el discurso de Kerry en histórico es el reconocimiento público de que, después de casi dos siglos, un principio rector de las relaciones exteriores de EE UU hacia América Latina ha terminado. Aunque Kerry puede haber dicho lo obvio, el hecho de que lo hiciera oficial tiene un valor significativo. Ahora podemos decir “Doctrina Monroe, 1823-2013”.

Al declarar oficialmente el fin de la Doctrina Monroe, el discurso de Kerry, tanto implícita como explícitamente, revela una hoja de ruta clara para la política norteamericana: ni intervenciones preventivas ni unilaterales; determinación para crear una colaboración entre iguales y un compromiso para crear un proceso de decisión basado en intereses y valores compartidos.

Un nuevo marco

Por supuesto, esto es más fácil dicho que hecho.

La Administración Obama no está lista para participar en ninguna novedad durante este segundo mandato: el itinerario sigue ampliamente el primer mandato con una mayor atención a asuntos de energía y medioambiente.

Ha sido muy duro para la Administración trasladar hasta ahora los aspectos positivos de su política en América Latina. Durante una visita reciente a Miami, Roberta Jacobson, subsecretaria para asuntos del Hemisferio Occidental, explicó que el debate de la política de EE UU en la región sigue girando en torno a políticas que ya no existen, lo que le obliga a invertir mucho tiempo explicando lo que esas políticas no son.

Hay un problema con la comunicación y otro aún más serio sobre la escasez de acciones concretas que demuestren que EE UU esté buscando realmente una relación de iguales en el hemisferio. Hay una gran distancia entre el final de las intervenciones políticas o militares y crear un verdadero campo para la cooperación horizontal.

Como han afirmado algunos comentaristas, la mayoría de los problemas clave que requieren trabajar con las naciones latinoamericanas como socios iguales no son específicas del hemisferio sino globales: narcotráfico, migración, prácticas comerciales injustas, conflictos armados y degradación medioambiental. Mientras que EE UU progresa en algunas de estas áreas -por ejemplo, ha finalizado la “guerra contra las drogas” que dio prioridad a la solución militar al problema del narcotráfico- queda mucho por hacer si Washington quiere tratar seriamente a los países de América Latina como socios y colaboradores.

El secretario Kerry ha afirmado que EE UU está tomando ahora decisiones distintas. Para algunas naciones latinoamericanas, esto no es más que un pronunciamiento retórico. Otros están dispuestos a reconocer cierto mérito a EE UU. Cuando el presidente Juan Manuel Santos visitó nuestra universidad en diciembre, antes de reunirse con el presidente Obama en Washington, se aseguró de resaltar la preferencia de Colombia hacia un nuevo tipo de relación con EE UU. “Estoy muy contento de que mi primera parada en esta visita sea aquí”, afirmó Santos. “Normalmente, cuando el presidente viene a EE UU y visita Miami, hubiera ido a visitar el Comando Sur. Ahora vendrá a la Universidad de Miami”.

Kerry hizo algo significativo en la OEA: estableció un nuevo estándar para la política de EE UU hacia América Latina. Hasta ahora, podemos definir este estándar en negativo: no-intervencionista, no-paternalista, no-acosador, etc. Pero un estándar es un estándar. Si EE UU lo cumplirá o no, esa es otra cuestión.

A su vez, los países latinoamericanos deberían interpretar el discurso de Kerry como el compromiso formal de EE UU para establecer una nueva relación con la región. En vez de tachar esta declaración como grandilocuencia, los gobiernos de América Latina deberían ser inteligentes y utilizarlo para reprochar y denunciar a EE UU cada vez que incumpla su nueva referencia. Esto puede marcar la pauta para una política norteamericana más inteligente en la región.

Ariel Armony es Director del Centro Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Miami.

                            CARIBEÑOS Y BOZAL DE AREPA

                              

Tweet

Soy de los que cree que no todo apoyo de los gobiernos de la región a la neotiranía militar de Venezuela deviene de razones crematísticas.  La cosa es más compleja que eso, los simplismos no ayudan a comprender bien el asunto.

Ciertamente, unos cuantos voltean hacia otro lado frente a las arbitrariedades del gobierno venezolano y votan en instituciones intergubernamentales a favor de él, por causa de jugosos negocios o porque reciben dádivas muy generosas, contrastando éstas con las muchas penurias de nuestro país.  Allí no hay discusión.

Sin embargo, hay gobiernos cuya conducta de cara a lo que acontece en nuestro país responde a intereses distintos, político-ideológicos y/o geopolíticos. No es lo mismo lo que mueve a Brasil o Cuba que lo que induce a República Dominicana o Grenada a comportarse de esa manera. El “bozal de arepa”, como decimos en Venezuela, no opera para todos de igual manera.

La votación que favoreció al gobierno en estos días en la OEA con ocasión del intento fallido del gobierno de Panamá de volver a llevar nuestra crisis a discusión, es una muestra adicional de cómo tales motivaciones se combinan para un resultado. Por cierto, mediáticamente hablando, el tiro le salió por la culata en esta oportunidad a los que impidieron el tratamiento del tema. La cobertura periodística a las declaraciones de la diputada venezolana María Corina Machado, presente en esa reunión, fue mayor.

Pero lo más llamativo, sin duda, es el chantaje que ha ejercido el gobierno venezolano durante estos años, sobre pequeños países, a los que prácticamente se les ha regalado nuestro petróleo. La indiferencia ante las violaciones a los derechos humanos en Venezuela tiene su precio, y allí los principios morales salen muy mal parados.

A tal punto ha llegado el “agradecimiento” de estos gobiernos, que en la campaña electoral pasada en República Dominicana, ocurrió algo insólito. El candidato Hipólito Mejías llegó a declarar que Chávez era “el segundo padre de la Patria”. No sé qué habrán pensado entonces los dominicanos sobre tal aseveración, pero a uno, desde lejos, no deja impresionar.

En estos días el canciller de Dominica manifestó que Chávez fue “el hombre más generoso del mundo”, y claro, después de haber recibido estos años el correspondiente subsidio, no es para menos.

Estos países del Caribe representan en la OEA 14 votos. Si a este número sumamos los de Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Surinam y Guyana, compinches todos del chavismo, la mayoría está garantizada para cualquier decisión que interese a este último.  

Para los que ignoran la historia de Venezuela, incluso la reciente, antes de que llegara el gobierno chavista, los países de Centroamérica y el Caribe gozaban de un trato especial y diferenciado en materia de suministro de petróleo. Mediante el Pacto de San José suscrito con México en 1980, se acordó suministrar 160 mil barriles de petróleo diarios a esos países, lo que incluía también un programa de cooperación para el desarrollo.

Obviamente, Chávez cambió las condiciones colocándolas a niveles de casi regalo, de allí que se haya ganado los calificativos mencionados.

No nos debe entonces extrañar que suceda lo que sucede en instancias como la OEA.

“Por la plata baila el perro”, dice la sabiduría popular, y tiene mucha razón las más de las veces. Pero no hay que olvidar que en política internacional hay también otros porqués.

EMILIO NOUEL V.

@ENouelV

emilio.nouel@gmail.com

Del TLCAN a la Alianza del Pacífico: leyendo a Montesquieu

OTTO GRANADOS

Aunque según Montesquieu el comercio dulcifica las costumbres y es una “cura para los prejuicios más destructivos”, en los períodos de estancamiento económico surgen, diría el Barón, maneras desagradables, y la discusión sobre cómo recuperar el crecimiento tiende a centrarse en imponer nuevas restricciones a los movimientos migratorios, aumentar el gasto público, ejecutar políticas contracíclicas o introducir medidas proteccionistas.

En parte por algunas de esas razones, los esfuerzos por profundizar la liberalización comercial en distintas partes del mundo mediante nuevos esquemas como el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico, el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión o la Alianza del Pacífico —un espacio de integración que han creado México, Colombia, Chile y Perú—, son examinados tanto con optimismo desde una perspectiva económica como con una que otra suspicacia desde el ámbito ideológico.

Por ello es útil evaluar el impacto que han tenido algunos acuerdos significativos de libre comercio, revisar las lecciones aprendidas e identificar sus siguientes desafíos. Este es, por ejemplo, el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que México, Estados Unidos y Canadá suscribieron hace justamente veinte años, y que hoy representa un mercado regional de 470 millones de consumidores que diariamente intercambian entre sí bienes y servicios por valor de 3.000 millones de dólares.

Cuando México firma el TLCAN se propuso básicamente tres objetivos. El primero fue promover el acceso creciente de exportaciones mexicanas a Estados Unidos. El segundo, establecer un mecanismo atractivo para la inversión extranjera y generar más y mejores empleos. Y el tercero, apoyar la estabilidad macroeconómica del país. Si se mide concretamente en función de estos objetivos, el TLCAN ha sido exitoso para México. Veamos.

El TLCAN ayudó a invertir esa composición. Para 2013, el 79% de las exportaciones mexicanas eran ya manufacturas, 6% exportaciones agrícolas y 15% productos petrolíferos y mineros. Es interesante observar que hoy México es el primer proveedor de EEUU y Canadá de algunos bienes primarios, pero también de autopartes, motores de vehículos, televisiones o equipo de cómputo, lo que sugiere una transformación industrial que gradualmente incorpora mayor valor agregado.En primer lugar, el comercio exterior mexicano aumentó en 540% como consecuencia de que las exportaciones lo hicieran en 614% y las importaciones en 467%; es decir, mientras que en 1993 las exportaciones alcanzaron casi 52.000 millones de dólares, veinte años después eran de casi 371.000 millones, y las importaciones se fueron de 65.000 millones a 370.000 millones en el mismo lapso. El segundo elemento es que esa apertura modificó sustancialmente la composición de las exportaciones. En 1985, México tenía un sector exportador muy localizado en materias primas, petróleo, hidrocarburos y minerales, que representaban el 57% del total, lo que entre otras cosas desalentó en el país la diversificación industrial y manufacturera y una mayor competencia.

El tercer objetivo —acelerar la inversión extranjera— también funcionó. Entre 1999 y junio de 2013, México recibió alrededor de 335.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, de los cuales el 52.2% provino de sus socios en el TLCAN, principalmente hacia el sector manufacturero.

Y finalmente, según datos del Ministerio mexicano de Economía y del Banco Mundial, el TLCAN permitió crear aproximadamente unos 10 millones de empleos, la mitad directamente relacionado con la actividad exportadora, con un excedente salarial de 40% cuando la empresa está vinculada con el sector exportador.

Ahora bien, a pesar del éxito que este y otros tratados han supuesto, hay lecciones aprendidas relacionadas tanto con el alcance real de la apertura comercial como con la ejecución de la nueva agenda del crecimiento y de reformas estructurales actualmente en marcha en México.

No obstante la transformación industrial mexicana y el aumento de su comercio exterior, entre 2001 y 2012 el país tuvo un crecimiento económico modesto, de apenas 2.4% anual, debido fundamentalmente a una débil formación de capital, a una baja productividad y a una escasa calidad de la inversión pública, y si bien se observa ya una producción con mayor valor agregado en sectores como automotriz, aeroespacial o electrónico, aún hay mucho por hacer para generar bienes y servicios más sofisticados.

La experiencia mexicana permite extraer al menos un par de lecciones útiles para enriquecer las nuevas iniciativas de integración latinoamericana como la Alianza del Pacífico. La primera es que el esfuerzo de liberalización comercial debe ir acompañado de una transición productiva de tal naturaleza que permita competir con otras regiones cuya economía genera bienes y servicios de alta tecnología, mayor valor agregado e innovación. Y la segunda es que el libre comercio no sustituye ni reemplaza lo que cada país tenga que hacer en materia de reformas de largo aliento y políticas públicas efectivas en aquellos aspectos que normalmente explican el crecimiento de la productividad.

Todas estas lecciones ofrecen una agenda sugerente dentro la Alianza del Pacífico. Para los países que la forman, la Alianza supone avanzar hacia un esquema de integración estratégica en América Latina. Por un lado, es un proyecto audaz en tanto supone la creación de un área de libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, y por otro es innovador en cuanto va más allá de los clásicos mecanismos deregionalismo abierto pues incorpora otros renglones de cooperación y se asume como una alianza abierta e incluyente. Y finalmente, no menor, la Alianza reconoce que, como apunta Robert Manning, “el resurgimiento de Asia se considera hasta tal punto un hecho consumado, que algunos califican la nueva situación global en ciernes como un mundo post-occidental”.

Vista así, ¿cuál es el valor agregado que puede aportar la Alianza del Pacífico no solo a los países integrantes, sino al conjunto de América Latina? La respuesta más inmediata es que incrementará los incentivos para que esos cuatro países (y los que se sumen en el futuro) comercien más entre sí. Pero hay otros dos objetivos de mayor calado.

Uno es introducir nuevas prácticas y modalidades de colaboración en el desarrollo de programas de inversión conjunta y de formación de recursos humanos, la integración de mercados de valores, mecanismos novedosos de cooperación hacia terceros países o el establecimiento de plataformas tecnológicas únicas para facilitar la apertura de negocios.

Pero el otro, más imaginativo, tiene que ver con una interrogante: si el espacio integrado conocido como Alianza del Pacífico quiere participar de manera más potente y competitiva en la economía global, ¿puede hacerlo con su actual estructura productiva o bien con otra donde genere bienes y servicios con mayor desarrollo tecnológico y científico y mayor capacidad de innovación basada en el conocimiento, que le facilite participar eficientemente en las cadenas globales de valor? Esa es la gran oportunidad de la Alianza: organizar, de manera creativa y coherente, un mapa de navegación mediante la instrumentación más eficiente de las políticas públicas que impulsen la innovación y faciliten alcanzar crecimientos altos y sostenidos fundados en una estructura económica más compleja y sofisticada.

De esta forma, no solo la Alianza del Pacífico sino, en buena medida, también América Latina podrá asegurarse una posición más competitiva en el mundo del siglo XXI.

Otto Granados ha sido profesor de relaciones internacionales en el Tecnológico de Monterrey.

UNASUR, DISPLICENCIA Y DESMEMORIA

                       

Tweet

UNASUR acordó en días pasados designar una comisión de cancilleres que vendría a Venezuela en la primera semana de abril próximo con el propósito de contribuir a un diálogo político entre dos sectores enfrentados.

Dicha organización suramericana ha considerado conveniente poner en práctica sus buenos oficios en el sentido de propiciar “un acuerdo que contribuya al entendimiento y la paz social” en nuestro país.

Como se sabe, el saldo de las protestas legítimas que han tenido lugar en varias ciudades es el de 28 asesinados, miles de heridos y detenidos.

Las violaciones a los derechos humanos durante el curso de estos eventos han sido notorias y bien documentadas. Pocas veces se había visto en nuestra historia patria tanta crueldad de parte de los cuerpos represivos. Cosas espantosas han sido reseñadas en los medios que no se doblegan ante las presiones del gobierno.

La participación de grupos paramilitares llamados “colectivos”, creados y financiados por el gobierno militar, ha sido evidente.  

Este cuadro brutalmente opresivo y antidemocrático, no puede ser dejado de lado o ignorado por los representantes de organismos internacionales que imparcial y objetivamente quisieran comprender lo que está sucediendo.

Si los gobiernos que participan en esos entes internacionales, de manera sincera y más allá de los intereses materiales, ideológicos o geopolíticos, desean contribuir con la estabilidad y la paz de nuestro país y la región, no pueden soslayar los graves hechos denunciados, cuyos autores son las fuerzas represivas del gobierno. Y reconocerlos tiene consecuencias claras en las normativas internacionales existentes.

Hacer lo contrario significaría el descrédito no solo de los representantes de esos gobiernos, sino también de las organizaciones supraestatales y sus reglas.

Pero también el ideal democrático también se demerita cuando sus principios y valores son devaluados o pisoteados por quienes deberían garantizarlos y defenderlos por encima de conceptos anacrónicos como el de soberanía absoluta de los Estados, no injerencia y otras zarandajas demodés.

UNASUR viene a Venezuela, y llama la atención que no se imprima la urgencia debida a esa visita, tal y como ha ocurrido en otros casos muy conocidos en la región. ¿Ya olvidamos a los cancilleres de la época, Maduro entre ellos, en los casos de Honduras y Paraguay? ¿Por qué entonces tanta displicencia ahora?

¿Es que acaso no es tan grave lo que ocurre en nuestro país?  ¿El número de muertos y de violaciones a los DDHH no son aún suficientes para que los señores cancilleres de UNASUR apresuren su viaje? ¿A qué se juega?

En Venezuela, las fuerzas en pugna deben dialogar. La alternativa es el caos político-económico, la anomia, el hambre y más muerte. En las guerras más cruentas, las partes se han sentado a una mesa a negociar. Es un espacio en el que ellas se reconocen, respetan y se hacen concesiones. Allí se llega a acuerdos que no todos nos gustan, pero que son necesarios para avanzar. Esa es la política. Cuando ésta no está presente, lo que queda es la salida suma cero, la eliminación del contrario por la violencia.

Mientras no exista un poder político y social que de manera abrumadora imponga un curso determinado a los acontecimientos, de conformidad con las reglas democráticas y constitucionales que nos hemos dado para dirimir las diferencias, no quedará más que acordarse sobre asuntos vitales.  

Los señores de UNASUR que vengan (si es que vienen) deben estar conscientes de la realidad  compleja que van a enfrentar. Decidir venir ya es un reconocimiento tácito de que hay problemas muy serios en nuestro país, aunque en su declaración oficial no registraron las arbitrariedades y atropellos cometidos por el gobierno militar despótico que sufrimos los venezolanos. Que evalúen, que bajo las condiciones del país, todo apunta a que se profundizaran las confrontaciones presentes de no llegarse a un modus vivendi conforme  a la Constitución y las leyes, aceptable para ambas partes.

Ojalá, a la hora de valorar la situación venezolana, tengan presente en la memoria, por un lado, las atrocidades perpetradas por las dictaduras militares que largamente asolaron a sus países en otras épocas, y por otro, a las muchas víctimas que encontraron en esta patria apoyo, cobijo y trabajo.
Y que también asuman de manera consecuente que la democracia y la libertad están en juego en Venezuela, y que podrían hacer mucho para evitar que se entronice una dictadura totalitaria. 

EMILIO NOUEL V.

@ENouelV

emilio.nouel@gmail.com  

The (Fake) Conspiracy to Overthrow the World's Autocrats

Moises Naim

Tweet
Tweet

Turkey's Recep Tayyip Erdoğan and Venezuela's Nicolás Maduro agree: There is a vast international conspiracy underway to destabilize their governments and eventually oust them from power.

They are convinced that the protesters storming the streets of Istanbul and Caracas are nothing more than mercenaries serving foreign powers or “useful idiots” unwittingly aiding the shadowy interests working to overthrow their governments. Vladimir Putin shares this view. He has said that the revolts in Kiev and other Ukrainian cities, which forced his ally, former President Viktor Yanukovych, to flee to Russia, were also instigated by foreigners. And who, according to these autocrats, is behind this dark global conspiracy?

Western Democracies, of course.

Putin, Erdoğan, Maduro, and other leaders who share their fears (Bashar al-Assad, Robert Mugabe, etc.) assume that foreign intelligence services and other secret agencies are the main instigators, organizers, and funders of the protests against their governments. Their fears are not entirely unfounded. After all, the CIA does have a history of helping overthrow leaders that the U.S. government didn’t like at the time: Iran’s Mohammad Mosaddegh in 1953, Guatemala’s Jacobo Árbenz in 1954, Chile’s Salvador Allende in 1973. But today’s dictators and their semi-authoritarian colleagues seem to feel equally threatened by private philanthropic organizations that operate openly in support of democracy and human rights.

I do

In fact, their most public and strident denunciations have often been against non-governmental organizations and democracy activists rather than foreign spy agencies. For example, during a recent press conference, Putin explained that “our Western partners” had interfered in Ukrainian affairs before. “I sometimes get the feeling that somewhere across that huge puddle, in America, people sit in a lab and conduct experiments, as if with rats, without actually understanding the consequences of what they are doing,” he said. This isn’t the first time that the Russian president has denounced meddling by, to use Julia Ioffe’s paraphrase, “American political technologists.”  He also saw their hand in the large anti-government demonstrations that spilled into Moscow’s streets in December 2011 and May 2012.

So who are these American political technologists? Activists and employees of foundations who are promoting democracy, documenting and reporting human-rights violations, calling for media freedom, observing elections, and denouncing torture.

According to leaders who undermine democracy, imprison opponents, persecute journalists, and rig elections, the noble goals of these organizations are just hypocritical fronts for their true mission: to undercut their rule. And thus, the world’s full-fledged dictatorships and authoritarian-leaning governments do what they can to make life hard, if not impossible, for such groups. These regimes are bent on avoiding a repeat of the color revolutions that brought political change in the Balkans and several former Soviet countries during the early 2000s, or an eruption like the Arab Spring uprisings.

Full disclosure: I am on the board of directors of two of these international organizations—the National Endowment for Democracy (NED) and the Open Society Foundation (OSF)—and I receive no financial compensation for my involvement with them. The goals of both are to support organizations that strive to improve democracy and human rights in nearly every corner of the world. I don’t work for any government and have never received instruction or pressure from a government regarding initiatives to support or regimes to oppose. During board discussions for the NED and OSF, I have never seen evidence that a government is determining our agenda or decisions. Needless to say, I don’t expect the believers in the “great conspiracy” to believe me.

What I have routinely witnessed are the constant efforts of many governments to silence, repress, or neutralize those who are openly and transparently promoting democracy in countries where it is imperfect or doesn’t exist. Their methods of obstruction are many and varied, and the most efficient are those that rely on the head of state’s control over the legislative and judicial branches of government. Laws that make it illegal or extremely difficult for NGOs to receive funds from abroad are common. According to Darin Christensen and Jeremy Weinstein, the external financing of NGOs is currently prohibited in 12 countries and restricted in 39. The irony is that in these same countries, it isn’t rare for politicians and government officials to fill their personal bank accounts with generous gifts from oligarchs, organized-crime bosses, and other shady characters. The disparity of the numbers is appalling: the annual budget for many NGOs is easily equivalent to the cost of one of the lavish parties regularly thrown by an oligarch or cartel leader in honor of a favorite politician, a compliant provincial governor, or a friendly general. And while international organizations like NED and OSF make all information about their financing and operations public, the details about who finances pro-government politicians in countries like Russia, Turkey, and Venezuela are opaque, when not altogether secret.

Then there is the use of the courts to undermine or simply shut down civil-society organizations and media outlets that threaten the government. Last year, an Egyptian court sentenced 43 NGO workers to between one and five years in jail. The three-judge panel also closed the local branches of their employers: the International Republican Institute, the National Democratic Institute, Freedom House, the International Center for Journalists, and the Konrad Adenauer Foundation. In Ecuador, the Supreme Court smacked a $40-million fine on the newspaper El Universo following a libel suit brought by President Rafael Correa.

Another common ploy is to simply block the entrance of foreign NGO workers into countries where they’ve been tasked with monitoring elections, documenting torture, or investigating corruption of high-level officials. In many countries, these NGOs are obligated to officially register as “foreign agents.”

In the most comprehensive study about these abuses to date, Thomas Carothers and Saskia Brechenmacher of the Carnegie Endowment come to two conclusions. First, and not surprisingly, the impact of government obstructionism on NGOs promoting democracy has been huge and detrimental. The second conclusion, however, is more surprising. Despite everything that authoritarian governments do to stifle the efforts of democracy-promotion organizations, in more than half of the 100 countries the authors analyzed, it is still possible to help those fighting for freedom from the outside. “While it would be impossible to calculate with any precision either the overall amount or the percentage of democracy and rights assistance that has been blocked by governmental measures, it remains a minority share in gross terms,” the authors write.

And that, at the very least, is good news.

Tres regresos en Asia

XULIO RIOS

Tweet

Japón está de regreso, anuncia el primer ministro japonés Shinzo Abe. El líder chino Xi Jinping proclama el rejuvenecimiento del Imperio del Centro. Obama, con su Pivot to Asia, pretende trasladar a esta región hasta el 60% de su flota en los próximos años. Las ambiciones de las tres principales economías del mundo convergen en el espacio geopolítico más dinámico del planeta, generando no pocas incertidumbres respecto a su capacidad para afrontar una gestión pacífica de sus contradicciones.

La derecha japonesa recurre al argumento de la amenaza china, más consistente que el errático delirio norcoreano, para librarse de las ataduras impuestas tras la II Guerra Mundial. Los conflictos con Pekín no se limitan a las islas Diaoyu / Senkaku o a las secuelas de la larga agresión padecida durante el siglo XX, sino que derivan de una competencia estratégica que va incluso más allá de la propia región. Tokio, adalid ahora de un pacifismo proactivo, se ve favorecido por el nuevo rumbo de la política estadounidense. Desde comienzos del presente siglo, Washington dio alas en la zona al calculado ascenso de algunas potencias y aliados con la premisa de no socavar, sino de reforzar su estatus, estableciendo nuevos centros de poder para evitar que cuaje cualquier intento hegemónico de China, a fin de preservar su propia posición estratégica en la región. Eso explica los giros copernicanos experimentados en sus relaciones con India, Vietnam o Myanmar, entre otros, mientras mejora los vínculos militares con Japón y sus aliados tradicionales.

La conjunción de intereses encontrados se debate en tres ámbitos principales: la economía, la seguridad y la política. La hipotética conformación de bloques económicos regionales (el Acuerdo Transpacífico liderado por EE UU frente a la Asociación Económica Integral Regional liderada por China) tiene su correlato en otras propuestas en el orden de la seguridad, ya sean trilaterales o multilaterales, que redundan en la multiplicación de las ventas de armamento, la reiteración de maniobras militares y la reordenación de los efectivos disponibles. Y todo ello cristaliza en el anudamiento de alianzas políticas cuya dinámica subyacente atiende a la contención de China.

La reacción de Pekín abarca igualmente una triple dimensión. De una parte, incrementa el valor y alcance de sus ofertas económicas a sabiendas de que en ellas radica su auténtica capacidad de neutralización y seducción. Dichas propuestas no solo están dirigidas a los países vecinos, especialmente a los del sureste asiático (la Ruta de la Seda marítima), sino también a EE UU, aunque de modo singularmente diferente. La actual ola de reformas promete abrir nuevos sectores al capital y empresas estadounidenses. China es bien consciente de que la comunidad empresarial es la mejor aliada del PCCh para influir en la política exterior de la Casa Blanca. Lo ambicioso de sus propuestas económicas garantiza repercusiones de alcance en el orden político y estratégico. En paralelo, Pekín multiplica los esfuerzos de modernización de sus Fuerzas Armadas, con especial atención a sus capacidades navales, si bien aún a gran distancia de EE UU.

La prueba de fuego para ambos es la “normalidad” que Shinzo Abe reivindica para Japón. Su regreso equivale a lidiar con la recuperación de otra potencia que ya no solo sería económica, sino también diplomática y militar. De salir adelante la modificación del artículo 9 de su Constitución, previsiblemente en 2015, le permitirá eludir el régimen establecido tras su derrota en 1945.El signo final de esta evolución reside en gran medida en la capacidad de EE UU y China para aflorar ese nuevo modelo de relaciones que evite la confrontación y que Obama y Xi Jinping decidieron explorar como alternativa al G-2. Si bien la Chimérica pronto derivó en quimera, ambos han persistido en la multiplicación de los canales de comunicación, no siempre fáciles, instrumentando medidas de confianza (especialmente en lo militar) para limar las aristas de una relación que ambos admiten competitiva, como mínimo. China y EE UU no son potencias antagónicas, pero sus valores e intereses no son del todo coincidentes. El mayor obstáculo para su entendimiento radica en la insistencia china en preservar su soberanía y en la negativa estadounidense a admitir de buenas a primeras la existencia de un poder autónomo y heterodoxo que pudiera llegar a ser desafiante.

China se moviliza a la desesperada para convencer a EE UU de que evite cruzar una línea que pondría en jaque el orden de la posguerra, alterando cualitativamente el statu quo en la región. A China le preocupa que Japón sobrepase sus límites de antaño, que se inmiscuya en Taiwán (cuyo comercio bilateral equivale ya al 60% del que mantiene con Tokio) o afecte con su política a la seguridad de las rutas marítimas. Pero la confianza se resiente. Es posible y deseable que el modelo chino de afirmación en la región no imite el estadounidense de multiplicar bases y efectivos militares por doquier aunque modernice sus Fuerzas Armadas. Por un tiempo, su prioridad seguirá siendo los puertos y aeropuertos para desarrollar el comercio. A la larga resulta más efectivo y sostenible. Y, paradójicamente, puede proveerle de una influencia más segura que la lograda a través de unos ejércitos que solo pueden infundir temor.

Tweet

Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China.

                               MI LIBRO LA CLÁUSULA DEMOCRÁTICA

Tweet