APAGÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
VENEZUELA
E. NOUEL V.
A menos que se tenga la profunda
convicción de que los presos no tienen derecho alguno a ser tratados con
humanidad, no se explica la reacción del gobierno venezolano contra la reciente
decisión de la Corte Interamericana de los DDHH sobre el caso de Raúl Díaz. El
gobierno ha señalado como razón para anunciar el retiro de Venezuela del
organismo jurisdiccional hemisférico, tal sentencia condenatoria, pues ella
significaría que el gobierno norteamericano, ¿…?, una vez más, apoya a
terroristas y agrede al gobierno chavista.
Un argumento más retorcido no
podría ser emitido por nadie. Ni es EEUU el que decide en tal Corte, ni es
Venezuela la única procesada allí. A otros países se les sigue más juicios que
al nuestro.
Tal reacción es sólo un pretexto
de Chávez para concretar una acción que ya estaba cocinada de antemano, y la
cual forma parte del arsenal ideológico demencial que lo inspira.
Desde hace unos
cuantos años vengo expresándolo. A Chávez y a su gobierno, los organismos
internacionales, sean de la naturaleza que sea, les resultan camisas de fuerza
para sus propósitos políticos y la ideología que lo anima.
La alergia que le
producen los compromisos internacionales que obligan al país y sus gobernantes
a actuar de acuerdo con unos estándares aceptados mayoritariamente por la
comunidad internacional, se evidencia en un sin número de declaraciones y una
conducta reiterada que va a contrapelo de aquellos.
Mientras no se
sintió seguro de tener todos los poderes públicos bajo su égida, siguió el
juego de las organizaciones internacionales, no pudiendo esconder, en algunos
momentos, sus profundas intenciones y afectos políticos. Varios gestos ya
anunciaban por dónde iban los tiros (visita a Sadam Hussein, por ejemplo). Era
una muestra temprana de los tiranos con los que se identificaría con el correr
de los años: Mugabe, Gadafi, Ahmadinejad, Al Bashir y Al Assad, todos déspotas
y genocidas. Sin olvidar, obviamente, los tiranos cubanos.
Queda claro que
este talante político-ideológico es la consecuencia lógica de una visión
autoritaria y obsoleta del poder. Un caudillo militarista anacrónico, como
Chávez, no podría comportarse de otra forma.
Unos atrás, el
presidente venezolano, refiriéndose a la OMC, dijo: “Es un monstruo”.
En su engendro “integracionista”, el ALBA, se habla de enfrentar
la “influencia nefasta de los organismos internacionales”. No desecha
del todo los entes internacionales mientras no afecten sus planes y sirvan a sus intereses geopolíticos.
Y qué decir de los
conceptos denigrantes y desconsiderados emitidos contra los organismos y
funcionarios hemisféricos encargados de la defensa y garantía de los derechos
humanos.
En el fondo de la
ideología demencial que inspira al gobierno venezolano, está una noción -lo
hemos dicho infinidad de veces- de soberanía demodé, no acorde con los tiempos
modernos y el actual desarrollo del Derecho Internacional y sus principios.
Esta peligrosa y anacrónica idea comporta un retroceso hacia situaciones
históricas que creíamos en gran medida superadas. Se pretende imponer la
utilización de un concepto de soberanía à la carte, contrario
al normativa internacional contemporánea, acomodaticio a los intereses de los
gobernantes, el cual, al final del día, se erige en una suerte de burladero
para no responder de las arbitrariedades cometidas al interior de los países.
De concretarse la salida anunciada por Chávez, se estaría cometiendo no
sólo un disparate político aberrante; también una violación, otra más, a
nuestra Constitución, toda vez que ésta dispone que las normas de los tratados
internacionales tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden
interno, y además son de aplicación inmediata y directa (art. 23 CN); es decir,
son derecho supraestatal reconocido por la Carta Magna, sobre el cual no se
puede echar marcha atrás, denunciando el tratado (Convención Americana sobre
Derechos Humanos), sin violentar el principio de la progresividad de los DDHH
(art. 22 CN).
Sacar a Venezuela de esa Convención representa un retroceso democrático,
una violación de la Constitución Nacional y una desmejora de la garantía de los
DDHH de los venezolanos, que deben ser conocidos por el mundo. Es un apagón a los derechos humanos perpetrado por un gobierno militarista
indigno, que continua en su enloquecida deriva hacia un descrédito mayor para
nuestro país.
Me pregunto qué dirán al respecto los gobiernos amigos de Chávez, los de
MERCOSUR, por ejemplo, para los que el sistema de los derechos humanos interamericano
fue muy útil para denunciar las atrocidades de los gobernantes militares que
padecieron.
EMILIO
NOUEL V.
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