Por casualidad de la vida
profesional, en los primeros años de los noventa del siglo pasado, me tocó
participar de la liquidación de Bandagro, ente financiero estatal, que como
casi todos los especializados en el sector agrícola en nuestro país, han
corrido, en general, con la mala suerte de una gerencia politizada e indolente
que los ha quebrado a todos.
Aparte de que nos enteramos, in situ,
de cómo se habían manejado estos asuntos financieros y de lo maula que eran
muchos de los beneficiarios del campo, amparados siempre en sus complacientes
contactos políticos y en el manirrotismo estatal, nos topamos con el tema de
unas “promissory notes” (pagarés),
que supuestamente habrían emitido los responsables del banco, años antes.
Estos documentos estarían
"reconocidos" por el Ministerio de Hacienda de la de la época del
presidente Luis Herrera C., mediante una comunicación que era falsa.
Si mal no recuerdo, nos enteramos del
asunto porque recibimos una comunicación de unos personajes extranjeros que
estaban exigiendo el pago de tales compromisos. Por cierto, contrataron a
algunos abogados venezolanos a efectos de que hicieran las gestiones de cobro,
dos de ellos, por cierto, yo conocía.
Inmediatamente, el presidente de la
Junta Liquidadora me encarga del caso para que haga las averiguaciones
correspondientes. No era un asunto de poca monta, eran cientos de millones de
dólares, que presuntamente el Banco debía.
Para no hacer este relato muy largo,
la conclusión a la que llegamos, incluso asistidos por organismos de
inteligencia policial nacional (PTJ) e internacional, fue que la operación se
fundamentaba en documentos fraguados por delincuentes internacionales en
comandita con algunos nacionales. Estaba entonces preso uno de ellos en
Inglaterra por estafa.
Supimos entonces que el requerimiento
de cobro venía de alguien que estaba en EEUU, creo, si la memoria no me falla,
en Los Angeles.
Como quiera que la “promissory note” que nos habían
presentado para el cobro era una fotocopia, aconsejado por la PTJ pedí el
original, a lo cual me respondieron que si quería verlo ellos me podían pagar
el pasaje a Los Ángeles, y allí podría constatarlo, invitación ésta, que,
por supuesto, no acepté.
Ya en ese momento sabíamos que era un
fraude. Los abogados venezolanos que se habían entrevistado conmigo se dieron
cuenta de que estaban siendo utilizados
y desistieron inmediatamente del asunto.
El asunto se olvidó entonces, después
que el estado venezolano pudo determinar qué era lo que estaba detrás de la “operación”.
Pasaron unos años, vino un nuevo
gobierno a mediados de los noventa, y de nuevo me entero, por casualidad
también, gracias a un amigo, de que había una nueva gestión de cobro de los
pagarés fraudulentos. Otros abogados venezolanos habían sido activados en la
gestión de cobranza.
Mi amigo, a sabiendas de que
unos años antes había estado en Bandagro, me consulta el asunto. Le refiero entonces la historia que narré más
arriba, la cual él desconocía. La gestión, tengo entendido, de nuevo, se cae, y
se “olvida”.
Llegamos así al gobierno chavista, y
cuál es nuestra sorpresa: los pagarés de Bandagro saltan nuevamente a la
palestra pública.
Tenemos conocimiento, ahora por la
prensa, que han aparecido unos dictámenes de la Procuraduría General de la
República y/o de la Consultoría Jurídica del Ministerio de Hacienda,
relacionados con las “promissory notes”
de Bandagro. La Procuradora General, Marisol Plaza -¡insólito! - reconoce la
deuda.
Era ya el tercer gobierno en que se
pretendía cobrar tales “obligaciones”. Habían fracasado en los cobros
anteriores, y ahora iban a por otro.
No era descartable que en esta
oportunidad sí encontrarían terreno propicio para su estafa. Y no se
equivocaron.
El gobierno revolucionario, que había
llegado como el paladín de la lucha anticorrupción, por acto de uno de sus más
altos funcionarios, reconocía la deuda espuria.
Ahora, con base en ese reconocimiento
oficial, los tenedores de los pagarés dispondrían de un instrumento que
apuntalaría sus pretensiones en un juicio eventual, como, en efecto, ocurrió.
No conozco las interioridades del
juicio actual, que llegó a una Corte federal. Sólo sé lo que reseñan los
medios.
El gobierno ha tenido que pagar, en
su defensa, unos cuantos millones de dólares a unos abogados de EEUU y sus
socios venezolanos. Y si pierde el juicio -ojalá no-serán cientos, que se
sumaran a la deuda de la Nación.
Queda sólo preguntarse: ¿dónde están
los funcionarios que dieron el argumento (reconocimiento de la deuda) a los
demandantes y causaron tal perjuicio a la Nación? ¿Les siguen algún juicio de responsabilidad
civil, administrativa o penal? ¿Qué ha hecho el gobierno al respecto? ¿Y la
Fiscal General? ¿La Contraloría General? ¿Y la Asamblea Nacional? Parece que
poco o nada.
Los gobiernos de la denostada
democracia civil no permitieron que esto llegara al extremo que estamos viendo.
Una vez más, el flagelo de la corrupción causa un perjuicio material y moral a
todos los venezolanos. Y en esta ocasión, de la mano de la
revolución chavista.
Emilio Nouel V.
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