Cómo no decir nada acerca de ese monumental bodrio que es el
decreto de emergencia económica, ideado por el gobierno nacional para enfrentar
–supuestamente- la crítica situación del país.
Como es su costumbre, ha montado un tinglado innecesario para
darle un toque de solemnidad a una iniciativa que no requiere tanta
parafernalia legal. Pero estamos frente a un gobierno que ha vivido de gestos,
retóricas y acciones tan efectistas como inútiles. Pero con peroratas y
proclamas el pueblo no va al mercado.
Siguen pretendiendo engañarnos. Quieren que creamos que están
poniendo todo su empeño en resolver el desastre generado por ellos mismos, pero
atribuyéndolo a otros actores o factores, a una fantasiosa “guerra económica”.
Como si ellos no tuvieran 16 años gobernando sin restricciones y contrapesos, cometiendo desmanes contra nuestra economía.
Basta leer los considerandos del instrumento jurídico con el
que buscan dar fundamento a las medidas que van a tomar, para percatarse de que
no saben o no quieren reconocer las verdaderas causas de la debacle actual.
Esconder las razones o desviar la atención sobre lo que
realmente nos trajo a este tremedal conducirá a soluciones equivocadas.
De arrancada, el decreto en cuestión parte mal desde su
motivación. En su contenido no reúne los presupuestos que exige la Constitución.
Está plagado de errores de forma y unas cuantas deficiencias jurídicas.
Para cualquiera con dos dedos de frente, está claro que ese
Decreto es redundante, inútil. El gobierno dispone ya de las competencias
indispensables para enfrentar la crisis, sin tener que echar mano a esas
facultades genéricas, omnímodas y atentatorias contra las libertades.
El país está a punto del colapso económico. Las medidas que
anuncian algunos ministros, que recibimos a beneficio de inventario, de tomarse
de verdad, podrían tener su efecto en el mediano y largo plazo.
Otras son urgentes, no esperan más dilaciones, e imponen
acuerdos políticos entre la mayoría del país representada por el parlamento y
la minoría que está en el poder ejecutivo.
En los términos en que ha sido presentado el Decreto, a la
oposición no le queda otra que rechazarlo.
Es un atentado a los derechos de los venezolanos. Y es como
entregarle a un mono una ametralladora. El perjuicio que puede causar, vista la
experiencia de los últimos años, será
aun más irreparable.
El gobierno, si tiene la voluntad de dialogar y disposición a
cambiar el curso demencial en que ha metido a Venezuela, debería por comenzar a
dejar sin efecto ese desaguisado.
Si de lo contrario, se mantiene en sus trece, no serán los
civiles -de oposición y de gobierno- los que den punto final a esta deriva
hacia el barranco.
La salida será la peor, las más indeseable, la más dolorosa.
EMILIO NOUEL V.
@ENouelV
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