EL BLOG DE EMILIO NOUEL

LA ABSOLUCIÓN MEDIÁTICA DE GARZÓN

                              

Al fin concluyeron los tres juicios que le seguían a Baltazar Garzón. Y es un asunto que vale la pena comentar, ya finalizadas las causas por las que se le enjuiciaba, sobre todo porque la absolución mediática del juez español precedió a las decisiones judiciales.

En el primero de ellos, la Sala Penal del Tribunal Supremo, por unanimidad de sus jueces, lo condenó por prevaricación, la cual consistió en interceptar las conversaciones que los imputados del “caso Gürtel” (caso de presunta corrupción) mantuvieron en prisión con sus defensores; y esto lo ordenó a sabiendas de que quebrantaba un derecho fundamental de defensa: el de la confidencialidad de lo que un imputado habla con su abogado. La condena para Garzón fue de 11 años de inhabilitación como juez instructor y supone la expulsión de la carrera judicial.

El segundo consistía en la acusación de estar financiado por el Banco de Santander en sus conferencias en EEUU, en momentos en que cursaba en su tribunal un juicio de esa institución financiera. Aquí la decisión fue declarar prescrito el juicio, es decir, nunca sabremos si fue verdad o no la acusación, si delinquió o no, digo, procesalmente hablando. Presumiremos entonces la inocencia.

El tercero era por haber incoado y cerrado un procedimiento penal en virtud de unas denuncias sobre desapariciones forzadas durante el franquismo. Esta investigación era contra personas ya fallecidas, circunstancia ésta que extingue cualquier responsabilidad penal, y eso debería saberlo el juez. Esta conducta fue considerada por los acusadores prevaricación. Sin embargo, el mismo Tribunal Supremo lo absuelve, aunque señala que incurrió en excesos en la aplicación e interpretación de las normas.

Ahora bien, lo que interesa comentar en estas líneas es el impacto que estos juicios tuvieron y cómo la opinión pública los recibió.

Independientemente de la opinión jurídica que se tenga (yo tengo la mía), es de destacar cómo los defensores de Garzón -no me refiero sólo a sus abogados en juicio- han sido exitosos en ligar los tres procesos judiciales a los efectos políticos propagandísticos. Lograron asentar una matriz de opinión que presenta al juez como víctima de una gran conspiración política de la derecha española en la que participarían también jueces del alto tribunal español. Basta ver la movilización internacional de apoyos y solidaridad que produjo..

Se ha querido hacer ver, y lo han logrado mediáticamente, que las acusaciones de prevaricación se deben a las investigaciones de Garzón sobre los desaparecidos en la Guerra Civil española. Es decir, que fue acusado por la derecha franquista o post-franquista española con el propósito de impedir que el juez realizara aquellas averiguaciones que supuestamente afectarían ciertos intereses. Así, cualquiera que se atreviera a cuestionar los procedimientos irregulares del señor Garzón, de inmediato era tildado de cómplice de los franquistas o de supuestos corruptos

Ésa es la percepción que han logrado imponer incluso más allá de España. Llama la atención que juristas de muchos países y organizaciones internacionales prestigiosas se hayan enganchado en esta visión distorsionada, sesgada, cuando estaban llamados a examinar los procesos con criterios jurídicos, no político-ideológicos; ni mucho menos firmar cheques en blanco morales por el mero hecho de que el juez de marras tuvo actuaciones pasadas loables.

De modo que cuando profundizamos en el tema no pareciera aquélla la razón de la acusación en contra de Garzón, aunque pueda admitirse cierta animadversión que se ha ganado por actuaciones no muy ortodoxas por todos conocidas.

Garzón ha tenido participación en casos muy sonados, en los que actuó ajustado a la ley. En la lucha antiterrorista en su país y contra la violación de los derechos humanos más allá de esas fronteras (caso Pinochet).  Si cabe la expresión,  su actuación ha sido plausible y debe ser reconocida.

Sin embargo, en el caso por el cual se le condenó (las escuchas telefónicas de los conversaciones de los abogados con sus clientes en el caso Gürtel) su conducta no fue la misma. Según el Alto Tribunal, el juez actuó arbitrariamente y no se trató de una interpretación errónea de la ley. La medida que tomó el juez “por carente de razón, (…) desmantela la configuración constitucional del proceso penal como un proceso justo". Y agrega: “no es posible construir un proceso justo si se elimina esencialmente el derecho de defensa (…) La investigación criminal no justifica por sí misma cualquier clase de actuación, con mayor razón si implica vulneración de derechos fundamentales ".

Se ha dicho en descargo del juez que él habría presumido la participación de los abogados de los implicados en la supuesta trama delictiva que se investigaba; por tanto, Garzón habría actuado correctamente.

La observación que se ha señalado en contra de esa apreciación, que, en principio, comparto, es que si tal implicación de los abogados era cierta, la resolución del juez de pinchar los teléfonos tuvo que haber sido motivada, haciendo los señalamientos correspondiente a la supuesta complicidad, lo cual no hizo; y es allí, precisamente, donde estriba la arbitrariedad de Garzón, que lo hace un prevaricador a juicio del Tribunal Supremo.

En el último caso, el de las víctimas del franquismo, la sentencia es absolutoria; sin embargo, debe destacarse que el Tribunal señala los excesos del juez, lo cual, para los que han seguido su trayectoria, no es nada nuevo.

Hace más de un año escribí sobre este asunto (“Mentiras y verdades del juez Garzón”, Venezuela Analítica, 25 de Mayo de 2010).

Allí decía que quienes cuestionan a Garzón, incluso, no pocos políticos y jueces de izquierda, expresan que es ya reiterativo que muchas de sus actuaciones sean desautorizadas por otros tribunales, y abundan en ellas los “patinazos”, pifias, que desacreditan la labor jurisdiccional. (liberar narcotraficantes por error, iniciar procesos de manera alegre, etc)

También mencioné  a un político de izquierda como Santiago Carrillo, figura histórica del comunismo español, que llegó a declarar que enjuiciar a la dictadura franquista como lo estaba haciendo Garzón, era un error, ya que esta causa “no es el mejor camino para abordar el problema” de la memoria histórica. (El País, “Santiago Carrillo: "No entendería ser citado por Garzón”, 30-10-2008).

Ciertamente, Garzón no sólo pifió en lo estrictamente jurídico, también en lo político. Pero, sin duda, hasta ahora ha ganado la batalla mediática.

Sólo me queda reiterar aquí el último párrafo de mi artículo de entonces:

“La escritora Pilar Urbano, en una biografía que escribe sobre Garzón lo llama ‘el hombre que veía amanecer’ (“Garzón”, Plaza y Janés Editores, 2000, Barcelona). Esperamos que el amanecer del imperio de los derechos humanos y su garantía universal, no se haga a costa de violaciones a las normas del debido proceso, a abusos de autoridad o se vea empañado por el protagonismo enfermizo de los encargados de hacer justicia.”

EMILIO NOUEL V.