JUAN NUÑO:
"la nostalgia es otra forma de la utopía"

GOBIERNO SÉPTICO

Emilio Nouel V.

A la luz de los últimos desaguisados gubernamentales denunciados en Venezuela, quizás le venga muy bien el apelativo de séptico a la administración actual. Y nunca mejor dicho. Séptico es algo que produce putrefacción o es causado por ella, o que contiene gérmenes patógenos. Y no es otra cosa lo que estamos presenciando en el país con el tema del agua y algunos asuntos de interés de la colectividad.

En efecto, las denuncias documentadas y repetidas (no son recientes como ha querido hacer ver engañosamente el gobierno) sobre el estado del agua que consumimos los venezolanos de los estados centrales del país, no pueden ser más alarmantes.

                  

Lo que se lee sobre el asunto a cualquiera pone los pelos de punta. De ser cierto, estamos ante una situación de extrema gravedad. A pesar de las previsiones que desde hace años hemos tomado los ciudadanos de a pie al respecto, pareciera que éstas no serán suficientes si lo afirmado en las denuncias tiene asidero real.

 Se trata de la salud de millones de venezolanos que se encontrarían en riesgo cierto de contraer infecciones o cualquier tipo de enfermedad por causa de las ya proverbiales desidia e incompetencia del gobierno. A la de Carabobo se suman las denuncias de contaminación del Lago de Maracaibo y del embalse de La Mariposa, repleto este último en casi toda su extensión de bora, que sólo se reproduce gracias al detritus que allí va a caer.

Por otro lado, las informaciones que han salido sobre el estado penoso, casi catastrófico, de lo que fueron las empresas estatales de Guayana, ya raya en el crimen político, algo más grave aún que la gigantesca corrupción y la indolencia que allí campean.

El estado financiero y gerencial de estas unidades productivas, según las cifras que ya se conocen, es lo más parecido a una quiebra. Se han enseñoreado en ellas delincuentes de todo pelaje y hasta el movimiento sindical se asemeja mucho a las mafias de los años 20 del sigo pasado en EEUU, que todo lo arreglaban asesinando a los competidores incómodos.

Ante estas informaciones  ¿cuál es la reacción de las autoridades gubernamentales?

Primero, niegan los hechos denunciados, pero sin desvirtuarlos como debe ser, es decir, mediante los resultados de una investigación imparcial que determine la veracidad de las afirmaciones formuladas; y en segundo lugar, ordenan, como en el caso del agua, silenciar a los denunciantes y medios mediante acciones “legales”, claramente inconstitucionales, de una Fiscalía arrodillada ante el poder, que no ante la supremacía de la ley y la garantía de los derechos humanos consagrada en la Constitución y los tratados internacionales.

Al igual que lo ocurrido en el estado Monagas con la contaminación del río Guarapiche, se pretende minimizar el lo que se viene señalando en Valencia desde hace varios años por organizaciones ecologistas y diputados regionales.

Ya sabemos que gracias a la actitud valiente del gobernador monaguense, afortunadamente, no se suministró agua del acueducto cuando las autoridades centrales lo exigían, alegando que no habría peligro alguno para los pobladores de Maturín. El gobierno central se negaba a reconocer que la situación no estaba controlada y los hechos posteriores lo demostraron.

Sobre el desastre de las empresas de Guayana impresiona la displicencia con que se aborda el tema por el gobierno.  Como si se tratara de 4 centavos lo que allí se está dilapidando y/o dejando de producir por causa de bandoleros que han asaltado las directivas de esas industrias para ponerlas al servicio de los bolsillos de unos inescrupulosos y, para remate, ignorantes.

Y encima pretenden que los venezolanos no revelemos estas aberraciones ante la opinión pública nacional e internacional. Cómo no decir a los cuatro vientos que las denuncias las están convirtiendo en delitos.

Algunos rábulas del gobierno llegan al colmo de defender ante instancias internacionales de derechos humanos, que la información sobre sus desafueros no se conozca, echando mano de sofismas, burdas mentiras y razones absurdas, que lo único que evidencian es la mediocridad y la locura ideológica que los anima.

Un gobierno séptico, sí, ése es el que tenemos hoy en este país. Todo lo pudre y lo infecta. Desde los servicios públicos, pasando por la educación, el ordenamiento jurídico y las empresas del Estado, hasta los espíritus de mucha gente sencilla y desinformada que en su gran necesidad aún guarda una pequeña esperanza en que le resolverán sus problemas.

Por fortuna, son cada vez más los decepcionados con tanta mentira, despilfarro y manipulación. Son más los que observan que podemos vivir de otra forma. Sin violencia, ni odios, ni divisiones entre hermanos.

Las mayorías empiezan a ver que es posible un gobierno de unidad nacional que nos lleve a la prosperidad compartida sin exclusiones, al reencuentro de la familia venezolana. Un gobierno moderno que ofrezca oportunidades independientemente de la extracción social y de cómo pensemos. Un gobierno de los mejores, de gente decente, que genere inversiones, que dé educación y salud y proteja la propiedad privada, multiplique los empleos  productivos y nos provea de seguridad en nuestras vidas.

Ya estamos más cerca de salir de los que han fracasado en la conducción del Estado, de los que todo lo que tocan lo destruyen.

Un futuro de bienestar está a nuestro alcance. Empujemos todos y el éxito está garantizado. 

EMILIO NOUEL V.

EMAIL: emilio.nouel@gmail.com

Twitter: @ENouelV 

JORGE LUIS BORGES: 


“Las dictaduras fomentan la opresión, las dictaduras fomentan el servilismo, las dictaduras fomentan la crueldad; más abominable es el hecho de que fomentan la idiotez. Botones que balbucean imperativos, efigies de líderes, mueras y vivas prefijados, muros exornados de nombres, ceremonias unánimes, la nueva disciplina usurpando el lugar de la lucidez…Combatir esas tristes monotonías es uno de los muchos deberes del escritor.”

LOS INTERMINABLES DESENCUENTROS MERCOSURIANOS


Emilio Nouel V.

Como quiera que nos han metido en el berenjenal que es Mercosur sin consultar a los venezolanos, y sabemos que no por razones económico-comerciales de interés para nuestro país, sino por motivos políticos o geopolíticos del gobierno de turno, no está de más recordar de vez en cuando cómo están marchando las cosas allí, para saber a qué nos someteríamos en la eventualidad de un ingreso definitivo.

                                     

Está claro que aún no somos miembros de pleno derecho de ese bloque de integración hasta tanto el senado paraguayo no ratifique el Protocolo de adhesión, lo que esperamos no haga mientras el nuevo gobierno venezolano no resuelva lo conducente a una renegociación de aquel instrumento y ponga la casa en orden. Es lo menos que podemos pedir a los parlamentarios de aquel país que han mantenido en suspenso ese ingreso, alegando motivos plausibles que agradecemos como venezolanos.

Las dificultades que experimenta nuestra economía, el estado lamentable del aparato productivo público y privado ocasionado por políticas económicas desastrosas, nos obliga a caminar con pies de plomo en lo que a compromisos comerciales internacionales se refiere, sobre todo, en un entorno político y social nacional que después de las elecciones de Octubre próximo será agitado por el calado de las cambios que habrán de ponerse en práctica.

Pero que no se interprete que ese caminar cauteloso y provisional de la nueva administración significa recaer en políticas proteccionistas anacrónicas, ni mucho menos cerrarnos al mundo.

En ése experimento integracionista suramericano de relevancia hemisférica denominado Mercosur, no es oro todo lo que allí brilla. El incremento de las corrientes comerciales entre sus miembros es un gran avance respecto de la situación anterior al Tratado de Asunción, sin dejar de mencionar otros logros también significativos en otros campos.

Sin embargo, aunque son de esperarse como naturales los desencuentros en todo proceso de este tipo, las reiteradas controversias por los mismos temas (incumplimientos), las crónicas quejas de los pequeños y los lamentos por la precariedad institucional presentes en este régimen comercial, no parecen aminorar sino aumentar con el tiempo. Estas divergencias crecientes que deterioran las relaciones internas, amenazan con neutralizar o suprimir los logros obtenidos.

En efecto, los retrocesos respecto de los compromisos jurídicos de integración de las 4 economías que fundaron Mercosur, son cada vez más frecuentes.

Un mecanismo esencial, sine qua non, en todo proyecto que pretenda crear un espacio económico único, lo constituye la eliminación progresiva de los obstáculos al comercio recíproco con base en unas reglas que se cumplan.

Reinstalar las barreras comerciales eliminadas, subir aranceles consolidados, imponer de nuevo licencias de importación, cupos o establecer nuevas trabas, representan acciones de retorno de cara los logros de liberación comercial alcanzados en fases anteriores.

Eso no tiene otro nombre sino proteccionismo redivivo.

Y no es que planteemos un desdén por los cambios de circunstancias o las situaciones excepcionales, o seamos dogmáticos sobre ciertos principios, pero hay algunos de éstos que no pueden abandonarse y/o relegarse sin dañar la naturaleza misma del sistema al cual sirven. Si hay un principio que ha demostrado su utilidad y eficacia en materia de integración -que lo digan los europeos- es el de la irreversibilidad de ciertos compromisos sustantivos, aunque -es verdad- en los últimos tiempos estemos presenciando intentos de derivas contrarias.

Un bloque comercial en el que se produzcan reculadas contumaces como las que vemos en Mercosur, dice mucho sobre las inconsistencias del proceso integrador y de la débil voluntad y convencimiento integracionista de los gobiernos de los países que participan.

En recientes días, nuevamente es el gobierno argentino el que pone la nota discordante con sus medidas proteccionistas. Se está acusando a ese país, con razón, de “avasallar contra la letra y el espíritu de la integración regional”. Se habla de una situación de “extrema gravedad” y hasta se dice que Mercosur está en su peor momento.  

Paraguayos y uruguayos echan el grito al cielo por enésima vez. La Unión Industrial Paraguaya (UIP) denuncia  que las exportaciones a Argentina cayeron en un 70% en lo que va del año como consecuencia de las medidas ilegales tomadas por este país.

Por su parte, Danilo Astori, Vicepresidente de Uruguay, señala que “Hasta ahora Argentina ha desconocido por completo el Tratado de Asunción y Uruguay lo ha cumplido fielmente (…) Hay una contradicción flagrante entre tener una zona de libre comercio y medidas que dificultan el acceso de los bienes y servicios al mercado ampliado. La carencia de coordinación en políticas económicas nos lleva a que haya países como Argentina que elijan permanentemente instrumentos que dificultan los accesos".   

Asimismo, el  ministro de Agricultura brasileño, Jorge Mendes Ribeiro, ha declarado que la mayores restricciones impuestas por Argentina “están incomodando mucho y de forma visible” a los países que integran a Mercosur, y pide acabar con las rivalidades. Los exportadores brasileños de carne piden a la Presidente Rouseff que actúe con firmeza para reanudar el flujo exportador.
No debe olvidarse que hace un tiempo, Brasil violaba normas mercosurianas y de la OMC al imponer restricciones a los lácteos procedentes de Uruguay.

En el caso más reciente de Argentina, estas trabas están afectando incluso al consumidor argentino que se ve privado de encontrar en su mercado autopartes, electrónicos, ropa, electrodomésticos, alimentos, grifería, neumáticos o lozas importadas.

¿De qué integración estamos hablando entonces en Mercosur? ¿Es la política poco seria del “como vaya viniendo vamos viendo”? ¿Este es el ejemplo que se pretende  proyectar a UNASUR o CELAC?

Si la integración de la “Patria grande latinoamericana” va a depender de estos líderes que hacen todo lo contrario de lo que deben hacer, no nos extrañe que aquella no se haya podido dar y que difícilmente se concrete algún día.

Y ésta apreciación ya se hace desde fuera del hemisferio.

“Ilusión óptica, pura vocinglería, nula eficacia”, apunta un banquero desde Europa en relación con Mercosur.

Y no es sólo desde el otro lado del charco que se dicen estas cosas. El ex presidente de Uruguay, Julio M. Sanguinetti, hace tiempo ha llamado la atención sobre lo mismo, y recientemente dijo: "No podemos seguir mendigando lo que ya está escrito en el Mercosur (...) ¿Por qué tenemos que estar reclamando la posibilidad de exportación dentro de la región? "

Especialistas y observadores hemos subrayado el papel preponderante de la retórica sobre los resultados efectivos de la integración; sin olvidar las inconsecuencias o infracciones con las reglas de juego establecidas.

¿Cómo se puede ser optimista con la integración de nuestras naciones cuando vemos estas conductas incongruentes que conducen a situaciones que se creían solventadas? 

Pues bien, que pongan las bardas en remojo los que tienen ojos y oídos. Razón tienen algunos chilenos al decir, a la chita callando, que Mercosur no es serio, y que a Chile con ser miembro asociado de ese tratado le basta.

¿Es una opción conveniente para Venezuela ese bloque comercial?

Por ahora, sin duda que no.

EMILIO NOUEL V.

Twitter: @ENouelV
Email: emilio.nouel@gmail.com

RAFAEL CADENAS:


“ya el delirio no me solicita, vivo sobre la sal levantándome y cayendo día tras día” 

LA CARTILLA

E. Nouel V.

Sin querer queriendo, sin aludirlo de manera directa, se la leyeron al paciente de La Habana. Aunque ya desde aquí y de otros lares se la han leído y remachado hasta la saciedad, es de esperar que tampoco en esta oportunidad y mucho menos en las circunstancias personales y políticas que vive, ponga alguna atención a tales ideas sobre democracia moderna, globalización económica y buen gobierno en un entorno planetario como el de hoy. Eso sería como pedirle guayabas a un cují.

               

                                       LAGOS, CARDOSO Y GONZÁLEZ

Tres ex presidentes experimentados y sabios fueron convocados a esta ciudad acogotada por la delincuencia y el descalabro de los servicios públicos, por una institución financiera nacional, para que dirigieran unas palabras a Venezuela. Así, Fernando Henrique Cardoso, Felipe González y Ricardo Lagos nos ofrecieron sus reflexiones a partir de sus ejecutorias particulares como hombres públicos que han sido.

Y aunque existe el dicho popular de que nadie escarmienta en cabeza ajena, nunca está de más oír de boca de tan relevantes protagonistas, sus conclusiones acerca del arte de gobernar, de los errores que deben evitarse en este oficio y de los éxitos que podemos alcanzar si asimilamos las enseñanzas de la historia.

F. H. Cardoso fue el que abrió los fuegos en este importante encuentro caraqueño. Para los que no lo saben, vivió en nuestro país y lo conoce bien. Es un científico social y entre sus obras más conocidas está aquella que escribió con Enzo Faletto, “Dependencia y desarrollo en América Latina”, que fue una suerte de “biblia” para los “dependentistas”, allá, a finales de los sesenta del siglo pasado, tesis éstas que en la actualidad están demodés, pero que fueron entonces asumidas no sólo por los políticos de izquierda. Luchó contra la dictadura militar de su país durante muchos años y alcanzó la presidencia para ejecutar un programa de importantes logros para su pueblo.

Felipe González siguió en el turno al bate. Abogado andaluz, ex presidente de gobierno de España, figura importante de la socialdemocracia internacional. Era secretario general de su partido, el PSOE español, cuando vuelven a la democracia en su país a la muerte del dictador Francisco Franco, a quien combatió. Enrumbó exitosamente a España a la modernidad, la hizo europea, y contribuyó a la consolidación de la democracia. Político de fino olfato, pragmático y de carisma, hoy es una personalidad de relieve mundial, cuya opinión es requerida por muchos.

Cerró el evento el ex presidente chileno Ricardo Lagos, también ficha importante de la socialdemocracia. Protagonista destacado de la Concertación de los Partidos por la Democracia en su país.  Abogado, economista y académico. Fue un luchador incansable contra la tiranía militar de Pinochet en su país.

Sin duda, tres demócratas convictos y confesos. Probados en el fragor de una dura y azarosa lucha política.

Con matices, en materia económica comparten el mismo enfoque. La política económica no es de izquierda o de derecha; o es buena política o es mala. Crecimiento y desarrollo deben ir juntos. Debe redistribuirse los excedentes, fruto de la riqueza. Debe redistribuirse el fruto, no el árbol que produce el fruto, pues puede suceder que éste sea la única vez que lo dé,  señaló González. Si crecemos –indicó Lagos- el ingreso aumenta por persona. No debe existir monopolio, ni público ni privado, apunta Cardoso. Lo decisivo es crear capital humano, dijo González. Es decisiva una equilibrada relación entre el sector público y el privado. La apertura económica exterior favoreció el crecimiento de la producción, recuerda Cardoso. El desarrollo e inversión en las nuevas tecnologías y educación debe ser una prioridad. Lo que importa es que exista competencia, el mercado, para empresas privadas y públicas.

En lo político, los tres políticos, al unísono, resaltaron la importancia del diálogo político y social. Se recordó el fracaso estruendoso de los experimentos políticos comunistas y colectivistas. La democracia, dijo acertadamente González, no es garantía de buen gobierno, lo es de que podamos quitar a los malos gobiernos: “Democracia no es una ideología, son reglas de juego”. Lagos señaló que el reto es pasar de una sociedad de derechos constitucionales a una sociedad de garantías, en donde los derechos no sean algo escrito, sino la esencia de la democracia.  Los presidentes se eligen para administrar el futuro, no para los pleitos del pasado.

Competitividad, competencia, productividad, desarrollo tecnológico, educación, autonomía de los poderes públicos,  legitimidad de ejercicio gubernamental, participación democrática, diálogo político, no al militarismo, fueron los puntos clave de las exposiciones de estos tres ex presidentes visitantes.

En suma, puede decirse que fue un mensaje de futuro, de progreso, de libertad, a partir de una rica experiencia.  Independientemente de las pequeñas o grandes diferencias que se pueda tener con algunos de los conceptos emitidos, resulta reconfortante ver a estadistas en un entorno político, económico y social que contrasta de forma muy marcada con las ideas expresadas por ellos; uno en el que una  ideología demencial, una utopía regresiva, ha pretendido imponerse a un pueblo que se resiste a aceptarlo.

EMILIO NOUEL V.   

INSERCIÓN INTERNACIONAL DE VENEZUELA, INVERSIONES Y EL PRÓXIMO GOBIERNO

Emilio Nouel V.

                                

Esta semana tuvo lugar un evento muy interesante sobre las posibilidades de inserción de Venezuela en la dinámica y compleja economía mundial, organizado por el CELAUP de la Universidad Metropolitana.

Como invitado, nos tocó tratar el tema de la seguridad jurídica y las inversiones ante una audiencia muy calificada en el ámbito académico y en términos de experiencia profesional.

Permítanme compartir con ustedes lectores algunas de las notas que allí presenté.

No es un secreto que la interdependencia económica global del último medio siglo ha convertido al planeta en un megaespacio en que las fronteras se han desdibujado aceleradamente. A pesar de que los estados nacionales aún mantienen cierto margen de maniobra cada vez más disminuido, los mercados de capitales y sus efectos imprimen su ritmo al mundo, nos guste o no, y hasta tanto no exista un gobierno mundial -¡la utopía¡- habrá que contar con ese dato de la realidad.

La actual crisis financiera y fiscal es muestra patente de la profundidad y extensión de las interconexiones de la economía mundial. Una desregulación extrema y una marcada desintermediación financiera fue ambiente propicio para que conductas poco ortodoxas y hasta ilícitas condujeran al desmadre  que conocemos.

Hasta ahora el antídoto no ha sido consensuado, y quizás no lo veamos concretarse. El término medio en este campo no es de fácil diseño y mucho menos de instrumentación.   

Se dice que en un día van y vienen por el planeta alrededor de 2.5 y 3 billones de dólares, buscando el lugar de mayor rentabilidad y escapando de entornos inseguros. La volatilidad es, sin duda, el signo en este universo financiero.

Frente a esta realidad, los países están a la caza de capitales para ponerlos al servicio de sus intereses de desarrollo, habida cuenta de la premisa de que la inversión extranjera (directa o indirecta) es beneficiosa, potencialmente positiva para el crecimiento económico, la transferencia de tecnologías y el combate de la pobreza.

Y para captar tales flujos de inversión, las naciones ávidas de ese dinero deben hacerse más atractivas, competitivas. Y sabemos que para serlo, son muchos los requisitos-estándares globalizados que se deben cumplir para salir airosos en esta competencia frenética.

Desde una expedita permisería, procedimientos burocráticos públicos abreviados, infraestructuras públicas en buenas condiciones, pasando por la disponibilidad de recursos humanos y educación actualizada, hasta una amplia seguridad pública, son temas que tienen que ver con la competitividad.

Uno de los rasgos que hacen un país más o menos atractivo, más o menos competitivo, para potenciales inversores, es la calidad y predictibilidad de su ordenamiento jurídico y de los entes encargados de resolver los litigios que pudieran presentarse. Así, la desconfianza en los tribunales nacionales ha llevado al establecimiento de instituciones nacionales e internacionales independientes de las que los gobiernos y las empresas puedan fiarse por su calidad técnica, imparcialidad y celeridad.

De este modo, el nivel de acatamiento a las leyes y los tratados internacionales, la vigencia plena de las garantías de los derechos humanos, de la propiedad privada, la estabilidad de leyes y políticas, la independencia de los poderes públicos, de los jueces, la “vocación de respeto del ordenamiento jurídico” (Muci Abraham dixit) por parte del funcionario, en fin, la fortaleza del Estado de derecho, son los criterios definitorios, en principio, de la llamada seguridad jurídica, lo que en el fondo, no es más que la confianza que se tenga en un entorno nacional determinado.

Confianza es la palabra clave. Quien confía en otro es muy probable que sepa lo  que éste hará en una determinada circunstancia. Ser confiable es ser predecible. La confianza, en gran parte, reduce la incertidumbre.

Lo contrario, la desconfianza, genera costos, mayores esfuerzos, y tiende a producir inacción o no cooperación entre actores sociales y económicos que buscan obtener algún beneficio de alguna actividad.

No obstante, a pesar de la confiabilidad, es imprescindible que intervenga un mecanismo regulador formal.

El derecho, como señala Fernando Atria, estabiliza las expectativas, reforzando los incentivos para la cooperación. Nos dice Atria: “Cuando un sujeto de derecho se encuentra con otro, no es necesario que exista confianza entre ellos. El derecho provee todo lo necesario, en cuanto a la reducción de contingencia, para permitir la relación de ambos sin necesidad de que cada uno de ellos confíe en que el otro actuará de acuerdo con una norma moral”.

Por otro lado, Marcelo Bergman señala acertadamente que “la confianza no es producto de la virtuosidad de la norma sino de la probabilidad de su aplicación. Lo que genera confianza y apuntala el Estado de derecho no es la bondad de la norma jurídica sino su ejecutabilidad.” Lo que en inglés se llama “enforcement.” Así, “la confianza está determinada por la probabilidad del cumplimiento.”

Así, la confianza institucionalizada, cuando existe, es señal de desarrollo, de modernidad de un país.

Dicho lo anterior, un país tendrá mayor o menor seguridad jurídica en la medida en que haya mayor o menor confianza en el ordenamiento jurídico y las instituciones que lo aplican. Porque el Estado de derecho es el marco institucional que debe garantizar y proteger los derechos de manera predecible y efectiva.

En Venezuela bajo el gobierno actual las políticas, acciones y regulación tienen un sesgo ideológico, a mi juicio, espantador de inversiones. Las instituciones que levantó la democracia civil están descalabradas. El marcado intervencionismo estatal en todos los sectores económicos y su orientación colectivista, se han reflejado en el entramado jurídico interno, inhibiendo las inversiones y destruyendo las existentes. La seguridad jurídica brilla por su ausencia.

En cualquiera de los índices de organismos internacionales que se revise, nuestro país, lastimosamente, está ubicado en el furgón de cola, acompañado de las naciones más rezagadas de África. Desde el Banco Mundial, pasando por Transparencia Internacional, CEPAL, Freedom House, hasta las calificadoras de riesgo, su performance en los últimos años es deplorable. 

Las inversiones han caído sostenidamente, y en 2010 tuvimos una cifra negativa: - 1.404 millones de dólares. No hay incentivos de ninguna naturaleza para captar capitales, en momentos en que andan buscando oportunidades en países emergentes. Al contrario, expulsamos capitales y obstaculizamos, entre otras cosas, la remisión de utilidades a que tienen derecho las empresas extranjeras, gracias a mecanismos cada vez más perversos como CADIVI.

El próximo gobierno deberá instalar un clima de negocios diferente. Deberá transmitir confianza en las políticas que ejecute, en las leyes que promueva, y en las  instituciones públicas que estén bajo su responsabilidad; todo en el entendido de que sólo políticas estables y predecibles, normativas  claras y aplicadas, y unos poderes cuya actuación sea conforme a derecho, son los elementos necesarios para una inserción fructífera en los circuitos de la economía internacional y para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones.

EMILIO NOUEL V.

Email:  emilio.nouel@gmail.com
Twitter:  @ENouelV

LA ABSOLUCIÓN MEDIÁTICA DE GARZÓN

                              

Al fin concluyeron los tres juicios que le seguían a Baltazar Garzón. Y es un asunto que vale la pena comentar, ya finalizadas las causas por las que se le enjuiciaba, sobre todo porque la absolución mediática del juez español precedió a las decisiones judiciales.

En el primero de ellos, la Sala Penal del Tribunal Supremo, por unanimidad de sus jueces, lo condenó por prevaricación, la cual consistió en interceptar las conversaciones que los imputados del “caso Gürtel” (caso de presunta corrupción) mantuvieron en prisión con sus defensores; y esto lo ordenó a sabiendas de que quebrantaba un derecho fundamental de defensa: el de la confidencialidad de lo que un imputado habla con su abogado. La condena para Garzón fue de 11 años de inhabilitación como juez instructor y supone la expulsión de la carrera judicial.

El segundo consistía en la acusación de estar financiado por el Banco de Santander en sus conferencias en EEUU, en momentos en que cursaba en su tribunal un juicio de esa institución financiera. Aquí la decisión fue declarar prescrito el juicio, es decir, nunca sabremos si fue verdad o no la acusación, si delinquió o no, digo, procesalmente hablando. Presumiremos entonces la inocencia.

El tercero era por haber incoado y cerrado un procedimiento penal en virtud de unas denuncias sobre desapariciones forzadas durante el franquismo. Esta investigación era contra personas ya fallecidas, circunstancia ésta que extingue cualquier responsabilidad penal, y eso debería saberlo el juez. Esta conducta fue considerada por los acusadores prevaricación. Sin embargo, el mismo Tribunal Supremo lo absuelve, aunque señala que incurrió en excesos en la aplicación e interpretación de las normas.

Ahora bien, lo que interesa comentar en estas líneas es el impacto que estos juicios tuvieron y cómo la opinión pública los recibió.

Independientemente de la opinión jurídica que se tenga (yo tengo la mía), es de destacar cómo los defensores de Garzón -no me refiero sólo a sus abogados en juicio- han sido exitosos en ligar los tres procesos judiciales a los efectos políticos propagandísticos. Lograron asentar una matriz de opinión que presenta al juez como víctima de una gran conspiración política de la derecha española en la que participarían también jueces del alto tribunal español. Basta ver la movilización internacional de apoyos y solidaridad que produjo..

Se ha querido hacer ver, y lo han logrado mediáticamente, que las acusaciones de prevaricación se deben a las investigaciones de Garzón sobre los desaparecidos en la Guerra Civil española. Es decir, que fue acusado por la derecha franquista o post-franquista española con el propósito de impedir que el juez realizara aquellas averiguaciones que supuestamente afectarían ciertos intereses. Así, cualquiera que se atreviera a cuestionar los procedimientos irregulares del señor Garzón, de inmediato era tildado de cómplice de los franquistas o de supuestos corruptos

Ésa es la percepción que han logrado imponer incluso más allá de España. Llama la atención que juristas de muchos países y organizaciones internacionales prestigiosas se hayan enganchado en esta visión distorsionada, sesgada, cuando estaban llamados a examinar los procesos con criterios jurídicos, no político-ideológicos; ni mucho menos firmar cheques en blanco morales por el mero hecho de que el juez de marras tuvo actuaciones pasadas loables.

De modo que cuando profundizamos en el tema no pareciera aquélla la razón de la acusación en contra de Garzón, aunque pueda admitirse cierta animadversión que se ha ganado por actuaciones no muy ortodoxas por todos conocidas.

Garzón ha tenido participación en casos muy sonados, en los que actuó ajustado a la ley. En la lucha antiterrorista en su país y contra la violación de los derechos humanos más allá de esas fronteras (caso Pinochet).  Si cabe la expresión,  su actuación ha sido plausible y debe ser reconocida.

Sin embargo, en el caso por el cual se le condenó (las escuchas telefónicas de los conversaciones de los abogados con sus clientes en el caso Gürtel) su conducta no fue la misma. Según el Alto Tribunal, el juez actuó arbitrariamente y no se trató de una interpretación errónea de la ley. La medida que tomó el juez “por carente de razón, (…) desmantela la configuración constitucional del proceso penal como un proceso justo". Y agrega: “no es posible construir un proceso justo si se elimina esencialmente el derecho de defensa (…) La investigación criminal no justifica por sí misma cualquier clase de actuación, con mayor razón si implica vulneración de derechos fundamentales ".

Se ha dicho en descargo del juez que él habría presumido la participación de los abogados de los implicados en la supuesta trama delictiva que se investigaba; por tanto, Garzón habría actuado correctamente.

La observación que se ha señalado en contra de esa apreciación, que, en principio, comparto, es que si tal implicación de los abogados era cierta, la resolución del juez de pinchar los teléfonos tuvo que haber sido motivada, haciendo los señalamientos correspondiente a la supuesta complicidad, lo cual no hizo; y es allí, precisamente, donde estriba la arbitrariedad de Garzón, que lo hace un prevaricador a juicio del Tribunal Supremo.

En el último caso, el de las víctimas del franquismo, la sentencia es absolutoria; sin embargo, debe destacarse que el Tribunal señala los excesos del juez, lo cual, para los que han seguido su trayectoria, no es nada nuevo.

Hace más de un año escribí sobre este asunto (“Mentiras y verdades del juez Garzón”, Venezuela Analítica, 25 de Mayo de 2010).

Allí decía que quienes cuestionan a Garzón, incluso, no pocos políticos y jueces de izquierda, expresan que es ya reiterativo que muchas de sus actuaciones sean desautorizadas por otros tribunales, y abundan en ellas los “patinazos”, pifias, que desacreditan la labor jurisdiccional. (liberar narcotraficantes por error, iniciar procesos de manera alegre, etc)

También mencioné  a un político de izquierda como Santiago Carrillo, figura histórica del comunismo español, que llegó a declarar que enjuiciar a la dictadura franquista como lo estaba haciendo Garzón, era un error, ya que esta causa “no es el mejor camino para abordar el problema” de la memoria histórica. (El País, “Santiago Carrillo: "No entendería ser citado por Garzón”, 30-10-2008).

Ciertamente, Garzón no sólo pifió en lo estrictamente jurídico, también en lo político. Pero, sin duda, hasta ahora ha ganado la batalla mediática.

Sólo me queda reiterar aquí el último párrafo de mi artículo de entonces:

“La escritora Pilar Urbano, en una biografía que escribe sobre Garzón lo llama ‘el hombre que veía amanecer’ (“Garzón”, Plaza y Janés Editores, 2000, Barcelona). Esperamos que el amanecer del imperio de los derechos humanos y su garantía universal, no se haga a costa de violaciones a las normas del debido proceso, a abusos de autoridad o se vea empañado por el protagonismo enfermizo de los encargados de hacer justicia.”

EMILIO NOUEL V.