VENEZUELA: LA TRANSICIÓN Y ALGUNOS CABOS SUELTOS

GIULIO CELLINI

LOGCONSULTANCY.COM

Estados Unidos ha formulado un importante planteamiento tendente a lograr el concierto de los actores políticos fundamentales de Venezuela para una transición pacífica y ordenada. Esta ha sido la demanda de occidente desde la realización del falso e improvisado proceso electoral del 20 de mayo de 2018 en el que se proclamó ganador a Nicolás Maduro, dando paso a la tesis de la usurpación que ha sido sostenida por la Asamblea Nacional y la gran mayoría de la sociedad venezolana, con el apoyo de la comunidad de naciones, particularmente desde el 10 de enero de 2019, día en que se inició el nuevo período constitucional presidencial, asumido legítimamente el 23 siguiente por el presidente del parlamento, conforme a las previsiones constitucionales.

La calificación de dictadura es irrefutablemente acertada para el régimen de Maduro desde el desconocimiento a la Asamblea Nacional, su legitimidad emanada del voto popular, sus providencias conforme a las atribuciones que le otorga el texto fundamental y el fuero de sus miembros. Además, la instalación de una fétida constituyente que, erguida en el subterfugio del poder originario que, en realidad, no le fue conferido por los venezolanos, se ha constituido en un parlamento paralelo y en un centro de fusilamiento político. Por fortuna, el mundo ha reaccionado y cada vez con mayor decisión. El nacimiento de la espuria constituyente marcó un antes y después para muchos países, a lo que más adelante se sumaría el ya comentado ejercicio electoral fraudulento del 2018, posterior al cual observamos, inclusive, pronunciamientos de rechazo y desconocimiento por parte de países que usualmente no se pronuncian por nada, bien por razones de prudencia o tradición diplomática o para salvaguardar los más diversos y legítimos intereses.

Sería llover sobre mojado y tampoco constituye el propósito de estos comentarios, hacer profunda alusión a los acontecimientos suficientemente conocidos de Venezuela en 2019, tras la asunción del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, a la presidencia encargada de la República, en estricto apego a lo que la Constitución establece frente a la ausencia de un presidente electo el día 10 de enero del año en que corresponda el inicio de un nuevo período presidencial. Lo cierto es que, se trata de un hecho inédito en la historia del país suramericano y similar a muy pocos en la experiencia universal. Nunca, como ahora, Venezuela había sido parte de la agenda política de los países más importantes e influyentes del globo, que demandan el fin de la usurpación, a través de o para dar paso, a la realización de elecciones libres que correspondían realizarse en 2018.

La presión en procura de conseguir la entrega del poder, no por caprichos, sino porque así corresponde, ha sido enorme y pesada, liderada a un muy alto nivel por Estados Unidos. Sanciones, presión y gestiones diplomáticas, pronunciamientos, advertencias e, incluso, ofertas para quienes sostienen la usurpación si se hacen a un lado. La dictadura se niega a pesar del ahorcamiento financiero que ha buscado sortear a través del narcotráfico, la explotación de minerales preciosos y otras prácticas ilegales. Se sostiene con el respaldo de Rusia, China y la India en el campo internacional y a nivel interno por el deshonroso abrazo de una Fuerza Armada, cuya oficialidad superior comparte orgullosa las fechorías del régimen mientras abulta sus arcas de forma dantesca.

En medio de la pandemia del COVID-19, Estados Unidos sin abandonar su agenda política con miras a Venezuela ha hecho público, en primer lugar, que el Departamento de Justicia se encuentra tras una decena y media de miembros del régimen venezolano, imputándoles cargos por narcoterrorismo. La lista la encabeza el propio Maduro y le siguen sus ya reconocidos adláteres. Horas luego, el Secretario de Estado Mike Pompeo, hace un planteamiento transicional que comentaremos más adelante y, finalmente, otras horas después, el Presidente Donald Trump, acompañado por el Fiscal General y autoridades militares, anuncia que ha ordenado la «operación antidrogas más grande de occidente» en el Caribe, lo cual, sin querer entrar en el terreno de la especulación, no parece un hecho aislado del anuncio de días antes del Departamento de Justicia.

La propuesta de Pompeo de conformar un Consejo de Estado ad hoc que funja de Poder Ejecutivo, sin ser presidido por Maduro ni Guaidó, y organice elecciones libres en un plazo de 6 a 12 meses, fue acogida de inmediato por la Unión Europea, el Reino Unido de Gran Bretaña y otros países europeos, la gran mayoría de los países de América Latina, entre otros, que ya suman alrededor de 40 naciones, así como la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Se trata de un plan bien elaborado, pero que, a nuestro juicio, deja algunos cabos sueltos que impiden, por los momentos, su materialización.

La primera consideración que ha de hacerse es que el Consejo de Estado fue propuesto por la presidencia legítima y la Asamblea Nacional en las jornadas de negociación en Barbados, arbitradas por el Reino de Noruega, a lo que el chavismo se negó, a pesar de que se planteaba in terminis en lo relativo a la presidencia del Consejo en manos ajenas a Guaidó y Maduro. Lo novedoso en este caso, además de que se establecen pasos concretos que sirven de marco para su conformación y funcionamiento, es que Estados Unidos se compromete a levantar las sanciones en la medida en que se cumplan algunos requerimientos, por ejemplo: se levantarán las sanciones a los miembros de la constituyente írrita si ella es disuelta. También serían beneficiarios de igual medida aquellos miembros del gabinete de la usurpación, una vez que el Consejo de Estado conforme un nuevo tren ejecutivo. Las sanciones al gobierno de Venezuela y, en particular, las impuestas al sector petrolero, pasarían a la historia si las fuerzas de seguridad extranjeras son retiradas (salvo que la legítima Asamblea Nacional apruebe su presencia con el quórum de votación requerido constitucionalmente a tal fin). Asimismo, el plan incluye la liberación de los presos políticos, el retorno de los poderes a la Asamblea Nacional, la escogencia de un nuevo Consejo Nacional Electoral y Tribunal Supremo de Justicia, tras lo cual Estados Unidos retiraría las sanciones impuestas a los miembros actuales de esos organismos.

El Consejo de Estado, que surgiría por medio de Ley aprobada por la Asamblea Nacional- pudiendo ampararse para ello en la aplicación directa e inmediata del artículo 333 de la Constitución, como lo hizo en el caso del Estatuto que rige la Transición- estaría compuesto por cinco miembros, cuatro de los cuales serían elegidos por la Asamblea Nacional, dos por cada bando, tomando en consideración que uno de ellos debe ser gobernador en ejercicio. Los cuatro miembros escogerían al quinto, que fungiría como Secretario General del Consejo, o sea, el presidente interino que dirigirá la transición y convocará a comicios presidenciales y parlamentarios, siendo impedido de presentarse como candidato a la primera magistratura.

Esto último busca subsanar el prolegómeno de quién dirigiría la transición, lo cual es, en efecto, un obstáculo para acordarla, pero está lejos de ser el único. A nuestro juicio, hay dos obstáculos clave: la inexistencia de una amenaza verdaderamente creíble y la deficiencia en materia de incentivos y garantías para los miembros del régimen. Algunos consideran que el operativo antidrogas anunciado por Trump podría ser la amenaza creíble que se espera, pero a juzgar por las insolentes declaraciones del régimen subestimando la acción, parece que no es suficiente. En cuanto a los incentivos y garantías, no es poco el compromiso de levantamiento de sanciones que ha hecho Estados Unidos y luce apropiada, aunque disguste a nuestros sentidos, la propuesta similar al formato chileno o nicaragüense, de que permanezca durante la transición, el Alto Mando Militar, incluido el Ministro de la Defensa, así como las autoridades regionales y locales.

El problema mayor se evidencia cuando vamos a algunos casos concretos y nos formulamos preguntas. ¿Es suficiente, por ejemplo, para el Ministro de la Defensa el ofrecimiento de mantenerse en el cargo, cuando está siendo solicitado por la justicia norteamericana, acusado por narcotráfico? ¿Qué incentivos tienen Diosdado Cabello y Tarek El Aissami, en cuyas manos se reúne mucho poder que ha impedido en otros momentos acordar una transición? Si Maduro, como se ha asegurado, en algún momento consideró ceder ¿qué garantías tiene ahora, cuando por su entrega se ofrecen quince millones de dólares? Si bien, como aseguraron los altos oficiales estadounidenses, Maduro podría presentarse a los comicios que convocaría el Consejo de Estado ¿qué pasaría con él una vez que no resulte favorecido electoralmente? Estas son algunas de las interrogantes que quedan como los cabos que no permiten amarrar la transición.

La administración Trump plantea levantar las sanciones del Departamento del Tesoro, pero las causas abiertas con la justicia no son relajables, por lo que, si antes del anuncio del Fiscal Barr era muy difícil la concreción de una transición negociada, entre otras cosas porque algunos miembros del régimen sabían que era poco o nada lo que tenían como incentivos para negociar, ahora lo es aún más. Aquellos que han sido señalados habrán de enfrentarse irremediablemente a sus procesos, en el marco de los cuales, la única esperanza que tienen es ser merecedores de atenuantes en el establecimiento de sus penas. Esto no parece ser suficiente para unos maleantes que aspiran impunidad, manteniendo su negación, por tanto, a lo que constituye el mejor y más sensato escenario para Venezuela y la región: un acuerdo político para que comience la transición ordenada, pacífica y plural a la democracia y la institucionalidad y, con ella, el gran apoyo internacional humanitario, económico, electoral, social, de gobernanza, seguridad y servicios públicos para la resurrección de Venezuela, lo que es parte del compromiso que asume Estados Unidos en su propuesta y, por consiguiente, los países que la han secundado.

Veinte años de saqueo es suficiente, por lo que se impone inexorablemente comenzar a considerar, con seriedad, la transición. Y ella demanda de la dirigencia política profunda madurez y sentido de Estado, ya que no se trata solo de acordarla y llevarla adelante, sino de las garantías necesarias para la instauración definitiva de un régimen democrático estable y duradero, lo que quiere decir, que no se repita la tragedia que azota no solo a los venezolanos, sino a decenas de países, particularmente los vecinos, por las consecuencias de una migración masiva y desordenada. También la idea transicional requiere la comprensión, sacrificio y responsabilidad de la sociedad venezolana, cuyos dolores no acabarían con el mero cese de la usurpación, pero se aliviarían progresivamente en la medida en que ella logre sus cometidos, por lo que resulta imperativo que el proceso inicie en el menor tiempo posible.

Es mucho lo que desde el norte se hace por la democracia venezolana, a pesar de que hay esfuerzos a lo interno de la política estadounidense en procura de que la administración Trump baje la guardia respecto a Caracas. No son pocos los que enarbolan ideas como las del extinto senador, miembro del Comité de Relaciones Exteriores y contrario a las estrategias hacia Vietnam, James William Fulbright, quien en su libro The arrogance of power considera un error las políticas «con fervor misionero» ya que podrían «arrastrar compromisos que, aunque generosos y benevolentes, son tan ambiciosos que exceden incluso la gran capacidad de Estados Unidos«. Afortunadamente, el compromiso se ha demostrado en los días recientes sin vacilaciones y de forma inesperada por el contexto propio de una pandemia.

Es claro que todas las opciones tienen innumerables dificultades que hacen que se perciban, por decir lo menos, lejanas, pero el escenario que está planteado no deja de ser esperanzador por la determinación in crescendo y el liderazgo activo de Estados Unidos de América.

LA FRAGILIDAD ESENCIAL DE LAS DEMOCRACIAS Y EL COVID-19  

“….a las democracias les resulta más difícil tomar decisiones realmente difíciles”

David Runciman

En estos días fatídicos de pandemia mundial, hay una profusión de opiniones en paralelo de personalidades y analistas, sobre el rol que deben cumplir los gobiernos frente a la grave emergencia que se vive y sus repercusiones en el tejido democrático y la economía.

Ciertamente, ante el gran potencial de expansión global que ha mostrado el covid-19 y el descuido e indolencia que los ciudadanos en general y algunos gobernantes han tenido cara a los riesgos que se corren,  se ha hecho necesaria la adopción no solo disposiciones de carácter económico-financiero excepcionales, sino también medidas  duras restrictivas, limitadoras de las libertades públicas, que en tiempos “normales” pudieran verse como atentados contra las libertades.

Obviamente, los ordenamientos jurídicos contemplan salvedades para este tipo de situaciones delicadas de seguridad colectiva. Sin embargo, siempre pueden darse excesos, y en algunos casos, gobiernos autoritarios pueden aprovecharlas para incrementar su represión sobre los opositores;  de allí que se hable de que las circunstancias actuales pudieran conllevar un quebrantamiento o detrimento descomedido de la democracia. 

En los días que corren, hemos podido leer expresiones variopintas para referirse al asunto.

En un artículo interesante en The Guardian, David Runciman, profesor de la Universidad de Cambridge, habla de que el covid19 no ha suspendido la política, sino que ha revelado la naturaleza del poder, y se pregunta “¿Cómo ejercerán los gobiernos los poderes extraordinarios que les damos? Y ¿Cómo responderemos cuando lo hagan? Y de seguidas afirma, realista, que no se puede eliminar el elemento de arbitrariedad en toda política.

Otros nos recuerdan la frase “democracia vigilada” de Putin, y Ana Palacio, ex ministra de Relaciones Exteriores de España, se pregunta si la democracia liberal sobrevivirá al covid-19.

Y en lo económico, el Financial Times, en su editorial del 3/4/2020, dice: “Los gobiernos deben aceptar un rol más activo en la economía. Deben ver los servicios públicos como una inversión y no como un lastre”.   

Por su parte, el expresidente español, Felipe González, viene de escribir un notable artículo al respecto (“El interés general y el papel del Estado”, El País), en el cual nos dice que “es importante reflexionar sobre dos elementos esenciales de la democracia: la defensa del interés general y la dimensión política qu existe en toda crisis”. Subraya la necesidad del diálogo entre los actores sociales, sin pretender sustituir a éstos (“la tentación estatalizadora”), lo que conduciría al fracaso, sino tomando decisiones con todos los medios públicos y privados, que permitan sortear la crisis sanitaria, evitando el mayor daño posible.  

En el ámbito político de las relaciones internacionales, Henry Kissinger, hombre destacado no solo en la academia, sino también en la experiencia práctica al frente del Departamento de Estado de EE.UU y por muchos años asesor de mandatarios y grandes empresas, ha opinado también sobre el tema.

Ha subrayado la idea de que en un país dividido como es hoy EE.UU, se impone la necesidad de “un gobierno eficiente y con visión de futuro”. Agrega que debe mantenerse la confianza en las instituciones públicas con vistas a la solidaridad social, y además para la preservación de la paz y la seguridad internacionales.

Advierte Kissinger que si bien la pandemia actual será temporal, la perturbación política y económica desatada podría extenderse por generaciones. Para él, ningún país, ni siquiera Estados Unidos puede superar la crisis solo. Es necesario una visión y un programa de colaboración global y enfatiza el hecho de que el orden liberal mundial debe ser salvaguardado y los valores de la Ilustración defendidos. Y finaliza diciendo que “un retroceso global del equilibrio entre el poder y la legitimidad hará que el contrato social se desintegre tanto a nivel nacional como internacional”.

En nuestro país, Venezuela, se han tomado medidas también para impedir la propagación del virus. La grave y crítica situación política y social venezolana es harto conocida. El estado desastroso de nuestros servicios sanitarios, entre otros servicios y carencias, ha hecho pensar que a la calamidad que hemos vivido estos años, ahora se sumaría una catástrofe mayor de incalculables e indeseables consecuencias.

La preocupación por el deterioro de la democracia que vemos en los países democráticos frente a la pandemia, en Venezuela no está presente. Simplemente, porque no existe democracia, ni siquiera hay lo que algunos descaminados en nuestro país han denominado “déficit democrático”, copiando así un concepto que corresponde a la realidad europea de cara a los poderes de la Unión. 

En nuestra atroz realidad, la tiranía, en los días que corren, ha seguido cometiendo violaciones a los derechos humanos, persiguiendo a la oposición democrática, médicos y periodistas. Se llega a hablar hasta de “los presos del coronavirus” en Venezuela.

De modo pues, que cuando vemos que los gobiernos democráticos del mundo, disponiendo de muchos recursos, se han visto sobrepasados por los acontecimientos, y  han asumido un papel más activo en el combate de la pandemia, es dable dudar de la idoneidad de un Estado fracasado y arruinado para afrontar la emergencia, como el venezolano.

Los regímenes políticos con libertades plenas no pueden dejar de tomar medidas difíciles ante calamidades como la pandemia. Lo importante es que pasada esta enorme desgracia, los valores democráticos y las libertades se preserven, y se asuma que el orden planetario va a cambiar en lo sucesivo, como dice el viejo sabio Kissinger. 

               ESTADOS FALLIDOS-FORAJIDOS, PANDEMIA Y VENEZUELA

Con la peste mortífera que le ha caído al mundo, sobre el que se comienza a decir que cambiará en lo sucesivo, aunque sin  dejar de ser interdependiente y poroso estructuralmente, de nuevo se hace patente el asunto de los Estados cuya ejecutoria general es desastrosa en términos institucionales y de cumplimiento de sus funciones y servicios básicos de seguridad, educación, agua, electricidad y salud.

Cuando una administración estatal ha perdido toda o gran parte de la capacidad de proveer los bienes y servicios públicos que le corresponden y además no tiene o han desaparecido las instituciones administrativas  necesarias para ejecutar políticas, y controlar y supervisar los aspectos centrales de la vida de los ciudadanos que están bajo su responsabilidad, estamos en presencia de lo que llaman “Estados fallidos”, “Estados frágiles”, entre otras denominaciones.

¿Cómo estos Estados disminuidos en sus facultades, debilitados o casi inexistentes pueden entonces enfrentar una pandemia como la que hoy agobia al mundo?

¿Pueden garantizar el mínimo requerido para atender satisfactoriamente a los miles de enfermos contagiados que puedan necesitar asistencia y cura? ¿Pueden parar el contagio? ¿Tienen las herramientas adecuadas y en la cantidad que exigen las circunstancias?

Los venezolanos, en particular, nos hacemos esos interrogantes, sobre todo, cuando vemos países desarrollados, que suponemos bien dotados desde cualquier punto de vista, pasándola mal y hasta sobrepasados por los acontecimientos.

Para nadie es un secreto que la situación calamitosa que sufrimos es la consecuencia directa de una combinación letal de ignorancia, incompetencia, corrupción y una ideología demencial de un grupo político que asaltó a Miraflores.

Unas políticas populistas desquiciadas de despilfarro, desidia y peculado, poco a poco destruyeron la economía pública y privada, demolieron la estructura institucional y generaron un estado de anomia social, nunca antes visto en nuestro país.

Parte de nuestro territorio es “gobernado” por grupos delincuenciales que actúan bajo protección o con la mirada tolerante de sectores políticos que forman parte del entramado de la tiranía. Estamos rozando los límites de un Estado fallido, si es que ya no estamos en esa situación, y otros lo llaman mafioso, y  pare usted de contar.  

El 83% de hogares no tiene servicio eléctrico estable; 71% carece de agua potable, el 65% del transporte público está paralizado por falta de combustible y repuestos, entre otras penurias. Los hospitales, en su gran mayoría, están sin agua, electricidad, medicinas y equipos

Después de tal desmadre, nos hemos quedado sin fondos para atender no solo las necesidades normales de un Estado, sino también las emergencias, y ahora sale la dictadura a mendigar dinero ante entes internacionales que consideraron siempre sus enemigos jurados.

Arguyen que por culpa de las sanciones internacionales contra la camarilla dictatorial, no pueden adquirir medicinas y alimentos, cuando está suficientemente claro que estas compras están excluidas de tales medidas; de hecho, y para muestra un botón, están intercambiando petróleo con una empresa mexicana (Libre a Bordo) que provee de alimentos.   

En ese enfoque sobre las sanciones acompañan al régimen los colaboracionistas, cuyo cinismo y abyección nos dejan pasmados.

Si quieren fondos ¿por qué no cobran al gobierno de Cuba los 25.000 millones de dólares que nos deben por concepto de petróleo? 

¿Por qué los chinos, tan solidarios que son, no les prestan ese millardito que ahora piden de nuevo al FMI, después del rechazo de la solicitud de los 5.000? Para ellos, es una bagatela.

Ciertamente, habida cuenta de la pandemia, nuestro país, lamentablemente, precisa de fondos para hacer frente a un grave trance. Pudieron tenerlos pero los despilfarraron y robaron quienes hoy nos oprimen.

Esta calamidad, dicen los entendidos, requiere, además, una eficaz coordinación en los gobiernos y cooperación y confianza de los ciudadanos.

¿Las tenemos en Venezuela?  

¿Qué hacer entonces ante la precariedad y abandono actual de nuestro sistema de salud? ¿Cómo salvaguardar a los venezolanos de la peste que somete al mundo entero?

El presidente Juan Guaidó ha expuesto unas ideas al respecto. Reconoce la necesidad de un financiamiento para la emergencia.  Pero el eventual ingreso de dinero para la emergencia debe ser estrictamente vigilado, controlado, para que se invierta debidamente y de manera transparente.

El gobierno usurpador de Venezuela está desacreditado hoy en las instituciones financieras del mundo, endeudado y llevado a juicio por su locura expropiadora. Él es el causante de nuestra precariedad y desgracia. La violación amplia de los DDHH también coloca en el mundo a Venezuela como un Estado forajido. Los atentados a la democracia venezolana hoy no llegaron con el coronavirus, ya estaban instalados aquí.

De allí que solo un arreglo político, con el consentimiento y vigilancia de actores internacionales, podría abrir la posibilidad de obtener ese dinero, todo a sabiendas de que otros países también andan en ese mismo apuro.

¿Una junta administradora de ese dinero conformada por la Asamblea Nacional y los ocupantes de Miraflores? ¿Un gobierno de transición? ¿Será posible?

Por lo pronto, deberían dejar entrar la ayuda humanitaria que está disponible. Si el gobierno la sigue obstruyendo, demorando, será también culpable del agravamiento de la situación.

Teniendo claro quién es quién en esta tragedia, y sin establecer equidistancias tramposas, que pretenden hacer olvidar las responsabilidades directas en nuestro desastre, se podría avanzar en un acuerdo que encare la grave coyuntura y quién sabe si también, con  suerte, se encarrile una salida definitiva de nuestro drama político y social.

LA INSÓLITA SOLICITUD DE PRÉSTAMO AL FMI

Emilio Nouel V. 

“La influencia nefasta de los organismos internacionales”

Hugo Chávez

"Quien le entregue a nuestro país al FMI será un gran traidor

y el pueblo tendría derecho a irse a las calles"

 N. Maduro

Muchos venezolanos se vieron sorprendidos y no daban crédito a la información. Se creía que era otra de las fake news que nos lanzan a diario desde las redes sociales.

Pero era rigurosamente cierta. La carta enviada por el usurpador al Fondo Monetario Internacional y divulgada por Jorge Arreaza en twitter, disipaba cualquier duda que haya podido tenerse.

Efectivamente, la tiranía chavista estaba “pidiendo cacao”, como decimos coloquialmente en Venezuela cuando una persona, inerme, está suplicando que lo ayuden ante un infortunio que lo supera.

Se estaba recurriendo, nada menos y nada más, que al demoníaco FMI, el monstruoso brazo financiero del imperialismo capitalista yanqui, como acostumbran llamarlo los mismos chavistas. Es decir, estábamos viendo a Maduro mendigando 5.000 millones de dólares, dizque para atender la emergencia del coronavirus.  Y admitiendo que estaba con la bolsa vacía.

Frente a un hecho como este no se puede sino aludir a la postura que el chavismo ha tenido de manera reiterada frente a las instituciones internacionales, y en particular, la de marras.

Y esto, a pesar de que algunos analistas por allí, colocándose au-dessus de la melée, casi que justificando, daban a entender que frente a adversidades o situaciones extraordinarias, resulta lícito y/o comprensible en los políticos, pragmáticos como son, que se contradigan y/o se olviden de opiniones proferidas alguna vez que pudieran no convenir a sus intereses en un momento dado.     

Recordaban a Carlos Andrés Pérez quien señaló que las políticas del FMI tenían efectos de “una bomba mata gente”, lo cual, obviamente, da pie a la comparación. Lo que no dijeron es que CAP fue un demócrata que nunca puso mal al país ante las organizaciones internacionales y que las respetó como gobernante, aun siendo crítico.    

En cualquier caso, imagino que aceptarán esos analistas políticos de hoy, que es también lícito subrayar las incongruencias de la tiranía, y que de ningún modo se puede cohonestar o justificar éstas por el solo hecho de que así actúan los políticos, obviando que estamos en tal situación precaria por obra y gracia de un gobierno autoritario, incompetente, despilfarrador y corrupto, que ha arruinado al país, al punto de que no tenemos fondos para las urgencias ni donde recurrir para comprar medicinas y alimentos, y que para mayor inri, se enemistó con organismos como el FMI.

Ahora sale a mendigar ante este ente, después de denigrar de él y de haber cortado relaciones con él por más de tres lustros.

Muchos comentaristas del asunto se prodigaron en traer a colación la normativa y las políticas del FMI relativas a los préstamos rápidos, con el propósito de determinar si Venezuela calificaba o no para ello, soslayando el “detallito” de que las autoridades de esa institución, sus países miembros, en fin, los que tienen la sartén por el mango allí, en particular, su principal socio, EEUU, no reconocen a Maduro como presidente de Venezuela. Una minucia, pues.

Si se hubiera partido de ese enfoque, no era difícil concluir de arrancada, algo que estaba cantado: el rechazo de una solicitud tan estrambótica como inviable; inadecuada, además, en contenido y en forma.

Otros pensaron que la solicitud en cuestión pudo abrir un camino a una negociación que condujera a un cambio de gobierno, a una transición política en Venezuela, habida cuenta de la situación financiera desesperada que ella evidencia. Se podía entonces someter al gobierno usurpador a la Asamblea Nacional, único representante legítimo y democrático del pueblo venezolano.

No era, a mi juicio, mala idea, aunque muchas dudas cabían. ¿Por qué Maduro, que dice que iría hasta el infierno por ayudar a Venezuela, no se reúne con Guaidó, y mientras negocian un gobierno de transición, se acuerdan paralelamente sobre el asunto financiero de urgencia, obviamente bajo la supervisión y control internacional?

Chávez, Maduro, Cabello y otros chavistas no han perdido oportunidad para atacar al FMI, frente al cual ahora se arrodillan suplicando ayuda. Como dice el dicho popular: tanto nadar para morir en la orilla.

Resulta, por otro lado, extraño, que no soliciten ese dinero a sus amigos chinos o rusos, a los cuales señalan como solidarios con su revolución. ¿Por qué no le pidieron a los chinos los 5000 millones de dólares, si tan amigos son? Ellos los tienen y de sobra.

De modo pues, que estamos viendo una incongruencia ideológica más del chavismo, empujada por la desesperada situación en la que está, que ojalá abra un camino de salida de una vez por todas de la calamidad que vivimos.

  

    

JOE BIDEN, CON LA NOMINACIÓN DEMÓCRATA EN LA MANO

Para los países del hemisferio la campaña electoral de EE.UU es un evento político frente al cual no se puede permanecer indiferente.

EE. UU es la potencia más grande del continente y del mundo, aunque no tenga el poder de otros tiempos. Lo que allí suceda repercutirá tarde o temprano, de una u otra manera, en las relaciones políticas y económicas con sus vecinos más próximos. La política exterior que defina el gobierno norteamericano, cualquiera que sea su orientación, nos debería, entonces, interesar.   

Así, pues, las vicisitudes que está viviendo el Partido Demócrata es un tema relevante para cualquier observador. E importa también esa organización porque representa hoy el contrapeso que en la gran democracia estadounidense tiene el gobierno de Donald Trump.

La contienda en el seno de los demócratas para elegir a quien enfrentará a Trump en las elecciones de Noviembre próximo, ha contado en esta ocasión con varios candidatos de pensamiento contrastante muy marcado. Han competido figuras que han manifestado abiertamente ser de inclinación socialista, anticapitalista. Entre estos, Elizabeth Warren y Bernie Sanders, que pueden ubicarse ideológicamente en el ámbito de la izquierda. El último  es el que ha podido mantenerse en la contienda, atrayendo jóvenes y votantes de origen latinoamericano, a pesar de que los últimos resultados parecieran apuntar a que no será el abanderado

Se llegó a pensar que arrollaría a los demás candidatos, visto el respaldo importante que ha logrado en los sectores mencionados. Se creyó que el candidato moderado Joe Biden, habiendo perdido en las primeras de cambio en algunos Estados, sería derrotado inexorablemente por el señor Sanders.

Sin embargo, realizadas las votaciones, en primer lugar, del llamado “super martes”, hemos visto cómo Biden se levanta desde el fondo en que lo colocaban los analistas, y derrota en 9 estados de 14 el hasta ese momento favorito, según la opinión pública.

Luego ocurrieron las elecciones en los estados Missisipi, Misouri, Idaho y el mas importante de este grupo, Michigan, ganando Sanders solo Dakota del Norte.

Quedan aun estados muy relevantes. Los industriales Illinois y Ohio, y el muy numeroso en delegados, Florida.

Al declarar Sanders que «aunque nuestra campaña ha ganado el debate ideológico, estamos perdiendo el debate de la elegibilidad», pareciera ya que avizora una derrota. Sus posiciones respecto del régimen castrista cubano le han enajenado el voto entre moderados demócratas que lo vieron inicialmente con simpatía y también entre los de origen latinoamericano.   

Se podría decir que Biden tiene casi ya asegurada la nominación de su partido, su apoyo entre los sectores working class y afroamericanos parece asentarse con fuerza.

Le espera una campaña dura frente a un Trump favorito, a quien lo avala una ejecutoria económica positiva.

Por otro lado, en el caso de los venezolanos y su particular y compleja circunstancia, tales acontecimientos políticos estadounidenses conciernen sobremanera. La conducta que asuman los gobernantes del Norte respecto de nuestra crisis es, definitivamente, un aspecto crucial a tomar en cuenta.

Ya sabemos que hay una aproximación de republicanos y demócratas compartida respecto de nuestro drama nacional.

Trump ha sostenido una postura frente a la tiranía venezolana muy firme. Ha sido consecuente con los sectores democráticos venezolanos que luchan por salir de la crisis política y política que nos agobia.

Ya veremos que nos trae la contienda electoral de finales para los venezolanos.

LAS SANCIONES SE PROFUNDIZARAN SI LA TIRANÍA NO SE AVIENE A UNA NEGOCIACIÓN 

                                  

De nuevo se impone comentar las sanciones que han sido acordadas por autoridades de otros países contra los jerarcas chavistas y las empresas estatales que manejan a su antojo y sin ningún control, destruidas o quebradas en ejecución de una ideología mortífera, a la que se suma la ignorancia, la incompetencia profesional y una corrupción nunca vista de los funcionarios que han puesto al frente de ellas.

En esta oportunidad se trata de una sanción de EE.UU a la empresa rusa Rosneft que comercializa el petróleo venezolano de PDVSA. Como se conoce, a través de los rusos, la firma venezolana ha venido evadiendo las sanciones norteamericanas.

Opinar sobre este asunto nos obliga a referirnos a ciertas opiniones vertidas en los medios no solo por los voceros de la tiranía, que, por supuesto, las rechazan, sino también por quienes, presentándose como opositores al régimen, se hacen eco de ellas al pie de la letra. 

Lo primero que debe recordarse aquí, porque algunos lo encubren interesadamente, es el hecho de que las sanciones contra personeros del gobierno venezolano comenzaron en el año 2017.

Principalmente, fueron EEUU y la Unión Europea los primeros actores internacionales que las pusieron en práctica.

Las restricciones que traían consigo no son por causa de índole comercial o financiero, de allí que la regulación internacional sobre estas materias no tenga pertinencia o aplicación, como ciertas opiniones equivocadamente lo han señalado. Sus motivaciones y naturaleza están vinculadas más bien a circunstancias muy concretas relativas a violaciones de normas internacionales sobre derechos humanos, delitos en general y corrupción.

El régimen chavista y un grupo de cómplices que se dicen opositores a él, han pretendido que compremos el discurso que afirma que las penurias que pasa el pueblo se deben a tales penalizaciones.  De modo que el enorme desastre económico de Venezuela, las expropiaciones, controles de precios y cambio, despilfarro, malversación del patrimonio público, la corrupción administrativa, destrucción de las empresas del Estado, el descalabro de los servicios públicos, el hambre, el desabastecimiento que padece el país, la crisis eléctrica y la ruina de las empresas del Estado, según aquellos, es producto de tales sanciones.

Nada más alejado de la realidad. ¡A otro perro con ese hueso!, diría el ciudadano de a pie medianamente informado.

Porque cualquiera que superficialmente se tome la molestia de averiguar sobre el tema, muy rápido descubrirá que las causas y primeros efectos de la terrible situación social que vivimos los venezolanos, los arrastramos desde antes del año 2017, y que no fueron generados por las sanciones, las cuales, además, apuntaron inicialmente a funcionarios gubernamentales sindicados de delitos de lesa humanidad, de latrocinio o de vínculos con el negocio del narcotráfico o el terrorismo.

Las sanciones norteamericanas no tienen nada que ver con el libre comercio o la libre empresa, como algunos descaminados y otros cínicos han querido hacer ver, al querer enrostrar a EE.UU una supuesta incongruencia con los principios sobre libre mercado que siempre ha defendido. 

Las sanciones, por otra parte, excluyen las importaciones de bienes esenciales como los alimentos y medicinas, las cuales pueden ser comerciadas sin ninguna limitación.

Por su parte, las europeas tienen como motivación el hecho de que el régimen se opone a realizar elecciones libres en Venezuela.

Este tipo de medidas, cuando están impulsadas por razones de otra índole, como las que persiguen dominar o sojuzgar un pueblo determinado, amenazando sus derechos o poderes soberanos, irían, sin duda, contra el Derecho internacional.

Pero si se trata de sanciones que apuntan a ayudar a un pueblo sometido por una tiranía, como es el caso venezolano, y sobre el que las NN.UU, su Alto Comisionado para los DDHH, han señalado en sus informes todo tipo de delitos de lesa humanidad cometidos,  aquellas tienen una sólida justificación jurídica, moral y política.

Que la aplicación de esas medidas al régimen sirva también a otro tipo de intereses geopolíticos de quienes sancionan, no es de extrañar.  En el mundo que vivimos no podemos sustraernos a esas realidades que también se cruzan en el camino e inciden.

Las sanciones sobre la tiranía chavista son un medio de presión para que se pueda encaminar una solución negociada a la crisis venezolana. El objetivo es ése. A mi juicio, esa presión es apropiada y se justifica ampliamente, a pesar de los efectos indeseables que pueda comportar eventualmente más allá del gobierno usurpador. Es la vía idónea para resolver nuestro gravísimo problema que trasciende nuestras fronteras, se proyecta al hemisferio americano todo y exige una salida pacífica  perentoria.

La comunidad internacional y algunos países individualmente están resueltos a dar un finiquito a una situación que con los días se agrava más. El Grupo de Lima, crecido en número en las últimas semanas,  se ha pronunciado a favor de unas elecciones presidenciales como único medio para superar la crisis.

Si los tiranos de Miraflores no acceden a avenirse a un arreglo que evite males mayores para el país y para ellos mismos, las sanciones se profundizarán, y no queremos siquiera mencionar el infierno en el que podríamos hundirnos. Las calamidades que ya experimentamos, palidecerían ante lo que podría venir si no terminamos de ponernos de acuerdo en un desenlace consensuado.    

 

        LA GIRA HISTÓRICA DE GUAIDÓ Y LA ESPERANZA 

              
                      

Qué podemos decir que ya no se ha dicho del extraordinario itinerario internacional seguido por Juan Guaidó en los días que corren

El gran logro de la gira es una evidencia incontrovertible. Todas las circunstancias que la rodean o envuelven son excepcionales, inusitadas. Para las fuerzas democráticas venezolanas que pugnan por salir de la tiranía es un  hecho de un valor político y simbólico asombroso que podría convertirse en un impulso definitorio de la crisis. Sin duda, el recorrido realizado y la acogida a tan altos niveles marcan un hito decisivo.

Sin embargo, lamentablemente, las aves agoreras, siempre minoritarias pero con poder mediático, no cesan ni cesarán en su tarea política suicida.

Envidiosos y mezquinos, unos, defensores de intereses inconfesables, otros, forman una comparsa patética que desde hace un tiempo a esta parte ha tratado sin éxito de empequeñecer el liderazgo de Juan Guaidó, su ejecutoria política valiente y altamente riesgosa, en un entorno complejo en el que debe acometer un combate desigual. Y, claro, no me refiero solo a los usurpadores de Miraflores que tienen como objetivo obvio abatirlo.

En su impaciencia, algunos sectores que se dicen de oposición al régimen, pretenden “quemarlo” también, como han hecho de manera absurda con otros líderes que le antecedieron en estos aciagos años de lucha agónica.

Guaidó, a pesar de los pesares, ha logrado superar algunos escollos, y haciendo política, sí, haciendo política, ha ido avanzando, con errores y aciertos, como es lógico en éste difícil combate contra un enemigo perverso y sin escrúpulos, que maneja los recursos financieros del Estado venezolano a su antojo con vista a mantenerse en el poder.

Ciertamente, aún resta llegar a la meta anhelada por la mayoría de los venezolanos agobiados por el desastre económico y social. El BCV admite que solo en 2019 hubo una inflación de más de  9500 %  !!!!!!.  Esto clama al cielo. De allí que salir de esta calamidad exija de todos los venezolanos, no solo de Guaidó y los partidos políticos democráticos, un compromiso firme de lucha, con entereza, realismo, y como han dicho por ahí, con paciencia estratégica.

La buena noticia de la gira exitosa de Guaidó debe servirnos de acicate para ponernos en acción en torno a su liderazgo. Es el que se lo ha ganado, más allá de críticas que podamos formularle.

La gira realizada es, sin duda, trascendental e histórica, nunca vista. Y no estamos exagerando. No recuerdo que un presidente venezolano o de otro país de nuestro hemisferio, y más allá, haya sido recibido por la elite política y económica mundial como ha ocurrido con Guaidó, reconociéndolo y apoyándolo.

El respaldo de la Comunidad internacional democrática es un gran activo para seguir la lucha por conseguir la libertad. Aprovechemos esa fuerza inmensa y conjuguémosla con la nacional. Esa es la garantía de triunfo sobre la tiranía. Hay grandes razones para la esperanza.