ARGENTINA, HOLDOUTS  Y  DEMAGOGIA

                              

                                  Thomas Griesa, juez norteamericano

De nuevo los argentinos caminan al borde del precipicio financiero, gracias a la inadecuada conducción económica gubernamental de muchos años, no sólo los del kirchnerismo. Malas políticas tienen consecuencias como ésta.

Porque los culpables directos de lo que les pudiera pasar, y ojalá eviten, no son los llamados fondos buitres, que prefiero más bien, denominar holdouts, a los cuales se pretende inculpar, de antemano, de una profundización de los actuales dificultades macroeconómicas (caída del PIB, incremento de la inflación, aumentos de las tasas de cambio y de interés), que es solo atribuible a gobiernos irresponsables.

Los holdouts son tenedores de bonos de deuda argentina que no aceptaron someterse a las condiciones de reestructuración de deuda fijadas hace algunos años por el gobierno de ese país; se mantuvieron voluntariamente al margen de esas tratativas asistidos por la ley, quedaron por fuera, de allí la denominación.

El cognomento de fondos buitres forma parte de la parafernalia demagógica e ideologizante, que busca echar las culpas de los errores propios a los demás y que persigue escamotear las causas reales de porqué se llegó al problema que comentamos.

Cuando un gobierno emite deuda sabe muy bien que esos instrumentos se negociarán en el mercado, que los precios de ellos fluctuarán, y que algunos los compraran cuando estén a la baja para revenderlos después cuando suban. Llamar buitres a quienes hacen ese negocio, es una gran hipocresía, una impostura.

Sin embargo, y dicho lo anterior, el problema que plantea la demanda que incoaron los holdouts, y que buscaba cobrar sus acreencias, va más allá de una mera relación jurídica entre un prestamista y un prestatario común y corriente. Se trata de un gobierno, el argentino, que asumió unos compromisos de deuda, y que se vió imposibilitado de honrarlos al momento en que fueron exigibles conforme al contrato suscrito. Esta situación de atraso, cesación de pago o de impedimento para cumplir tales obligaciones, es conocida como default. Cabría preguntarse las razones de la incapacidad de pagar.  ¿Quiénes decidieron asumir tales deudas? ¿Son culpables los acreedores del default de ahora?  ¿Acaso no es el sexto default en la historia argentina?  

Como se sabe, los holdouts ganaron el juicio en un tribunal de New York, y la sentencia fue ratificada por la Corte Suprema de EEUU, lo cual pone al gobierno de Argentina en un disparadero económico y jurídico.  Y las consecuencias de ello, trascienden a ese país. Pone en cuestionamiento eventuales futuras reestructuraciones ordenadas de deudas que puedan tener lugar en el espacio internacional.

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, a mi juicio, el procedimiento y la decisión jurisdiccional difícilmente es cuestionable. ¿Pudo el juez Griesa decidir de otra forma, haciendo consideraciones metajurídicas? Quizás, en otras ocasiones falló a favor de Argentina. Pero lo cierto es que no hay más recurso. La sentencia debe ser ejecutada.

No obstante, en el caso que nos ocupa aun cabría una salida negociada con los holdouts. El juez ha pedido que las partes lleguen a un arreglo antes del 30 de julio próximo. Y los demandantes deberían ser prácticos, a pesar de disponer de una sentencia definitivamente firme a su favor.

El asunto crucial que subyace a este problema es que no existe una normativa internacional para este tipo de situaciones en que están involucrados Estados.  En los últimos años, a este tipo de reestructuraciones se ha agregado una cláusula contractual que evita lo que le está sucediendo a Argentina; esta estipulación se denomina Clausula de acción colectiva que obliga a los potenciales holdouts a someterse a lo que decida la mayoría de los acreedores.

En los ámbitos nacionales hay la legislación sobre atrasos y quiebras de empresas. El derecho mercantil de los países tiene establecido unos procedimientos judiciales para estos defaults domésticos.

¿Qué pasa entonces cuando un gobierno quiebra o está en estado de atraso en sus deudas? ¿Cómo se resuelve esta situación? ¿Cual ente o tribunal internacional lo soluciona?

Pues como no existe, son las jurisdicciones nacionales los que dirimen estas controversias, y es la razón por la que en el caso de Argentina, hayan sido los tribunales mercantiles norteamericanos los competentes, tal y como fue pautado en los contratos, aceptados voluntariamente por Argentina.

Es obvio que en el caso de un gobierno en default, las repercusiones no serán las mismas en las que un particular se vería envuelto. De allí que otras consideraciones deban hacerse.  La afectada es una sociedad entera, no un grupo reducido. Incluso la OEA, ha realizado una reunión especial para tratar el asunto. En el FMI hace algunos años se hicieron planteamientos al respecto.

Aunque el problema de fondo ya sabemos cuál es y que las posiciones político-ideológicas o “la viveza criolla” no ayudan para nada, así como tampoco hablar de imperialismos, esgrimir teorías paranoico-conspirativas sobre especuladores bursátiles o acusar de cómplice a un juez honorable y de criterio independiente, quien, por lo demás, ha fallado antes a favor de la Argentina deudora y ha sido muy comprensivo con ésta, lo que evidencia esta experiencia argentina es que quizás sea la hora de establecer normativas internacionales sobre la materia, que den mayor seguridad jurídica a las partes en estos contratos de deuda, cuyos incumplimientos podrían afectar con mayores privaciones a las poblaciones de los países deudores.  

EMILIO NOUEL V.

@ENouelV

emilio.nouel@gmail.com  

The Middle East and the Return of History


Joschka Fischer

BERLIN – Ever since Francis Fukuyama argued, more than two decades ago, that the world had reached the end of history, history has made the world hold its breath. China’s rise, the Balkan wars, the terrorist attacks of September 11, 2001, the wars in Afghanistan and Iraq, the global financial crisis of 2008, the “Arab Spring,” and the Syrian civil war all belie Fukuyama’s vision of the inevitable triumph of liberal democracy. In fact, history could be said to have come full circle in the space of a quarter-century, from the fall of communism in Europe in 1989 to renewed confrontation between Russia and the West.

But it is in the Middle East that history is at work on a daily basis and with the most dramatic consequences. The old Middle East, formed out of the remains of the Ottoman Empire after World War I, is clearly falling apart, owing, in no small part, to America’s actions in this conflict-prone region.

The United States’ original sin was its military invasion of Iraq in 2003 under President George W. Bush. The “neoconservatives” in power at the time were oblivious to the need to fill the power vacuum both in Iraq and the region following the removal of Saddam Hussein. President Barack Obama’s hasty, premature military withdrawal constituted a second US failure.

America’s withdrawal, nearly coinciding with the outbreak of the Arab Spring and the eruption of the Syrian civil war, and its persistent passivity as the regional force for order, now threatens to lead to the disintegration of Iraq, owing to the rapid advance of the Islamic State in Iraq and Syria, including its capture of the country’s second-largest city, Mosul. Indeed, with ISIS in control of most of the area northwest of Baghdad, the border between Iraq and Syria has essentially ceased to exist. Many of their neighbors’ borders may also be redrawn by force. An already massive humanitarian disaster seems certain to become worse.

Should ISIS succeed in establishing a permanent state-like entity in parts of Iraq and Syria, the disintegration of the region would accelerate, the US would lose its “global war on terror,” and world peace would be seriously threatened. But even without an ISIS terror state, the situation remains extremely unstable, because the Syrian civil war is proving to be highly contagious. In fact, “civil war” is a misnomer, because events there have long entailed a struggle between Saudi Arabia and Iran for regional predominance, powered by the age-old conflict between Islam’s Sunni majority and Shia minority.

The Kurds form another unstable component of the Ottoman legacy. Divided among several Middle Eastern countries – Iran, Iraq, Syria, and Turkey – the Kurds have been fighting for their own state for decades. Nonetheless, they have shown great restraint in northern Iraq since Saddam’s fall, contenting themselves with building up their autonomous province both economically and politically – to the point that it is independent in all but name, with a strong and experienced army in the Peshmerga militia.

The advance of ISIS and its capture of Mosul have now resolved, in one fell swoop, all territorial disputes between the central government and the Kurdish regional government in favor of the latter, particularly regarding the city of Kirkuk. Following the Iraqi army’s retreat, the Peshmerga promptly took over the city, giving the Kurdish north ample oil and gas reserves. Moreover, neighboring Iran and Turkey, as well as the US, will urgently need the Peshmerga’s support against ISIS. Thus, an unexpected window of opportunity has opened for the Kurds to achieve full independence, though their dependence on good relations with both Turkey and Iran for access to global markets will moderate their political ambitions.

Moreover, with its invasion of Iraq, the US opened the door to regional hegemony for Iran and initiated a dramatic shift in its own regional alliances, the long-term effects of which – including the current nuclear negotiations with the Iranian government – are now becoming apparent. Both sides are fighting the same jihadists, who are supported by America’s supposed allies, the Sunni-ruled Gulf states. Though the US and Iran remain opposed to official cooperation, the wheels have been set in motion, with direct bilateral talks becoming routine.

One key question for the future is whether Jordan, which plays a key function in the region’s equilibrium, will survive the geopolitical shifts unscathed. If it does not, the entire balance of power in the traditional Middle East conflict between Israel and the Palestinians could collapse. The consequences would most likely be far-reaching, if difficult to assess in advance.

For Europe, developments in the Middle East pose two major risks: returning jihadi fighters who threaten to bring the terror with them, and a spillover of their extremist ideas to parts of the Balkans. In the interest of their own security, the European Union and its member states will be compelled to pay much closer attention to southeastern Europe than they have until now.

Gouging the Gauchos

Nouriel Roubini

NEW YORK – Like individuals, corporations, and other private firms that rely on bankruptcy procedures to reduce an excessive debt burden, countries sometimes need orderly debt restructuring or reduction. But the ongoing legal saga of Argentina’s fight with holdout creditors shows that the international system for orderly sovereign-debt restructuring may be broken.

Individuals, firms, or governments may end up with too much debt because of bad luck, bad decisions, or a combination of the two. If you get a mortgage but then lose your job, you have bad luck. If your debt becomes unsustainable because you borrowed too much to take long vacations or buy expensive appliances, your bad behavior is to blame. The same applies to corporate firms: some have bad luck and their business plans fail, while others borrow too much to pay their mediocre managers excessively.

Bad luck and bad behavior (policies) can also lead to unsustainable debt burdens for governments. If a country’s terms of trade (the price of its exports) deteriorate and a large recession persists for a long time, its government’s revenue base may shrink and its debt burden may become excessive. But an unsustainable debt burden may also result from borrowing to spend too much, failure to collect sufficient taxes, and other policies that undermine the economy’s growth potential.

When the debt burden of an individual, firm, or government is too high, legal systems need to provide orderly ways to reduce it to a more sustainable level (closer to the debtor’s potential income). If it is too easy to default and reduce one’s debt burden, the result is moral hazard, because debtors gain an incentive to indulge in bad behavior. But if it is too difficult to restructure and reduce debts when bad luck leads to unsustainable debts, the result is bad for both the debtor and its creditors, who are better off when a reduced debt ratio is serviced than when a debtor defaults.

Finding the right balance is not easy. Formal legal bankruptcy regimes for individuals and firms have evolved over time to accomplish this.

Because a formal bankruptcy regime for governments does not exist (though Anne Krueger, the International Monetary Fund’s then-deputy managing director, proposed one more than a decade ago), countries have had to rely on a market-based approach to resolve excessive debt problems. Following this approach, the country offers to exchange old bonds for new bonds with a lower face value and/or lower interest payments and longer maturities. If most investors accept this offer, the restructuring occurs successfully.

But this implies a key problem: Whereas a bankruptcy court can force holdout creditors to accept the exchange offer as long as a significant majority of creditors have already done so (a so-called “cram down”), the market-based approach allows some creditors to continue to hold out and sue to be paid in full.

That is why, over the last decade, governments have augmented the market-based approach with a contractual approach that resolves the holdout problem by introducing collective-action clauses (CACs) that can also cram down on holdouts the terms accepted by a majority of creditors. These clauses became standard in sovereign bonds but were missing in those issued by Argentina before 2001, when the crisis hit. Though 93% of Argentina’s creditors accepted new terms for their bonds in 2005 and 2010 in two exchange offers, a small group of holdouts sued Argentina in the United States, and, with the US Supreme Court recently ruling on the issue, have now won the right to be paid in full.

The US court decision is dangerous for two reasons. First, the court ruled for the first time that a country cannot continue to pay those creditors who accepted a big reduction (or “haircut”) on their claims until the holdouts are paid in full. So, why would any future creditor who benefits from an orderly restructuring vote for it if its new claims can be blocked by even a single holdout creditor?

Second, if the holdouts are paid in full, the majority of creditors who accepted a haircut can request to be paid in full, too. If that happens, the country’s debt burden will surge again, become unsustainable, and force the government – in this case Argentina, which is servicing most of its debt – to default again on all creditors.

The inclusion of CACs in new bond contracts may help other countries avoid the holdout problem in the future. But even CACs may not fully help, because they are designed in a way that still allows a small minority of creditors to hold out and thus prevent an orderly restructuring.

Either super-CACs need to be designed and introduced (though it will take years to include them in all new bond contracts) or the international community may want to reconsider whether the 2002 IMF proposal for a formal bankruptcy court for sovereign borrowers should be resurrected. Holdouts must not be permitted to block orderly restructurings that benefit debtors and creditors.

AMERICA LATINA ANTE TPP Y EL TTIP


   Federico Steinberg

El estancamiento de la Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC), sumado al rápido auge de las potencias emergentes y al espectacular crecimiento del comercio de servicios y las cadenas de suministro globales, han llevado a EEUU a liderar dos mega acuerdos comerciales regionales: el TTIP con la UE y el TPP con los principales 12 países de la cuenca del Pacífico (excluyendo a China).

Más allá de sus potenciales efectos económicos beneficiosos,estos dos acuerdos tienen un claro objetivo geopolítico. Con ellos, EEUU pretende revitalizar la relación transatlántica, contener el auge de China y, sobre todo, devolver a EEUU el liderazgo en la fijación de las reglas de juego de la economía internacional, que ya tuvo después de 1945 y que ha ido perdiendo paulatinamente por el auge de las potencias emergentes.

Para los países de América Latina (y para las perspectivas de integración regional) el impacto de estos acuerdos es todavía incierto. Desde el punto de vista económico, en la medida en la que estos acuerdos podrían generar un mayor crecimiento económico tanto en EEUU como en la UE (y en un buen número de países de Asia Pacífico), América Latina en su conjunto podría verse beneficiada vía mayores exportaciones. Este beneficio podría materializarse incluso aunque se produjera cierta desviación de comercio, ya que los productos que exporta América Latina tienden a ser mayoritariamente primarios, donde una eventual desviación de comercio sería baja. Aun así, los países que tiene acuerdos bilaterales con EEUU y la UE, y que no son grandes exportadores de commodities, como México y los países de América Central, podrían verse perjudicados.

Desde una perspectiva geopolítica, los efectos son todavía más difíciles de anticipar. Si el TPP y el TTIP logran revitalizar la OMC (como por ejemplo ocurriera con las negociaciones del NAFTA durante la Ronda Uruguay del GATT a principios de los años 90), el conjunto de la región (y sobre todo los países de América del Sur) saldría beneficiada, ya que su modelo de inserción internacional, sesgada hacia las materias primas y poco integrado en las cadenas de suministro globales, se vería favorecido por reglas multilaterales claras que facilitaran el acceso de sus exportaciones a los mercados externos.

Ahora bien, en la medida en la que hay procesos de integración competitivos en América Latina, y que uno de ellos (la Alianza del Pacífico) está parcialmente integrado en el TPP (tres de los cuatro países que lo integran –México, Chile y Perú– forman parte de las negociaciones del TPP), la conclusión de un TPP ambicioso podría añadir dificultades para vertebrar un mercado integrado en la región. En particular, Brasil, el gran coloso de América del Sur, podría quedar aislado, por lo que ya está buscando fórmulas para revitalizar un acuerdo con la UE, con o sin sus socios de Mercosur. Además, en la medida en que estos nuevos acuerdos podrían forzar cierta armonización regulatoria en temas sensibles como la protección de la propiedad intelectual o de los derechos de los inversores o las compras públicas, los países de América Latina podrían perder policy space, lo que sería un problema para tener flexibilidad en sus estrategias de desarrollo y de diversificación de exportaciones.

Para que América Latina pueda realmente sacar provecho de la nueva situación comercial mundial sería necesaria una mayor integración del mercado latinoamericano que permita a la región aprovechar las economías de escala e integrarse en las cadenas de suministro globales más allá de la exportación de materias primas.

Esto, sin embargo, exigiría un compromiso político al máximo nivel para vencer las rivalidades nacionales e integrar poco a poco los distintos procesos de integración en marcha en la región, algo que hoy no se antoja fácil.

Federico Steinberg es investigador principal de Economía Internacional del Real Instituto Elcano | @Steinbergf

Comment les Européens poussent les Américains à déréguler la finance

Le Monde.fr | 01.07.2014 

Dans le cadre des négociations sur l'accord commercial transatlantique, les Européens s'apprêteraient à faire une proposition demandant moins de règles pour les banques et les marchés financiers et remettant en cause le travail d'encadrement de ce secteur réalisé depuis la crise.

C'est ce qu'a révélé un document qui a fuité grâce à un groupe bruxellois anti-lobbys appelé Corporate Europe Observatory (CEO). Ce dernier a en effet rendupublic, mardi 1er juillet, un projet de proposition de la Commission datant du 5 mars dernier, qui visait à convaincre les Etats-Unis de l'intérêt d'une coopération dans le domaine de la régulation financière des deux côtés de l'Atlantique.

Le traité de libre-échange entre l'Europe et les Etats-Unis, le TTIP (Transatlantic trade and investment partnership), aussi appelé Tafta (pour Trans-Atlantic freetrade agreement) – en cours de négociation – doit faciliter les échanges en harmonisant les multiples normes et contraintes qui, des deux côtés de l'Atlantique, freinent le commerce.

Lobbying des banques européennes

Selon les auteurs de la note accompagnant la fuite, les chercheurs Myriam Vander Stichele et Kenneth Haar, ce travail est surtout l'aboutissement du lobbying des banques européennes qui voient l'intérêt d'alléger la pression qu'exercent les régulateurs américains sur leurs activités aux Etats-Unis.

« Il sera difficile à l'avenir d'adopter et de mettre en place des règles ambitieuses pour encadrer le secteur financier si la proposition de l'Union européenne intègre la 'coopération régulatoire', un ensemble de lois et de procédures qui doiventgarantir que la régulation de l'un n'empiète pas sur celle de l'autre. »

L'avantage pour les banques européennes serait que, grâce à ce « moins-disant régulatoire », elles pourraient opérer aux-Etats-Unis avec leurs propres réglementations européennes, plus laxistes, ce qui leur donnerait un avantage décisif par rapport à leurs concurrentes américaines. « De la pure mauvaise foi », lâche un négociateur européen, qui réfute l'idée que l'Europe veut affaiblir la législation européenne.

Des normes américaines plus strictes

Les normes américaines obligent par exemple les filiales de banques étrangères àdétenir un certain ratio de capital par rapport aux opérations menées, pour seprotéger en cas de pertes importantes.

L'ensemble des banques, étrangères et américaines, pourrait en outre bientôtdevoir rendre des comptes sur la totalité de ses activités concernant les produits dérivés (produit financier dont le prix varie selon le cours de l'actif sur lequel il est indexé : pétrole, dollar, obligations grecques...), y compris en dehors du pays.

Les représentants des grandes banques américaines sont plutôt favorables à l'idée de mettre ce dossier sur la table des négociations... avec l'espoir que cet accord coupe l'herbe sous le pied aux différentes réformes envisagées pourrenforcer l'encadrement de leur activité.

La loi bancaire européenne compromise

Mais l'administration Obama ne l'entend pas de cette oreille. Il y a un an, l'ambassadeur des Etats-Unis auprès de l'Union européenne, William Kennard, avait déjà annoncé la couleur en se déclarant opposé à l'inclusion des servicesfinanciers dans les négociations commerciales entre l'Union européenne et les Etats-Unis :

« Il pourrait s'avérer contreproductif de les inclure dans une négociation commerciale, parce que cela pourrait la ralentir et l'alourdir avec des sujets qui n'ont pas besoin d'y être. »

Si la position américaine n'a pas changé d'un iota, les négociateurs européens continuent de faire pression pour intégrer les services financiers à l'accord transatlantique. « Ils seront sur la table lors du prochain cycle de négociation [du 14 au 18 juillet] », assure un fonctionnaire de la Commission, alors que des rumeurs insistantes faisaient état d'un arrêt des discussions transatlantiques sur ce chapitre.

« C'est écoeurant », réagit Dominique Plihon, professeur d'économie financière à l'université Paris XIII et président du conseil scientifique d'Attac. « Tout se fait en secret alors que notre propre gouvernement participe à ces négociations et qu'il a soutenu, du moins officiellement, plusieurs projets de régulation européens, comme la loi bancaire, qui se retrouvent compromis. » 

Régulation bancaire : « L'Europe est moins stricte que les Etats-Unis »

Les autorités de régulation financière des Etats-Unis ont publié, mardi 10 décembre, la version définitive de la « règle Volcker », 900 pages au total qui visent à mieux encadrer les activités des banques et améliorer leurs procédures de contrôle interne.

Les cinq organismes de tutelle concernés, dont la Réserve fédérale (la banque centrale), la Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission (les gendarmes des marchés financiers), ont repoussé d'un an, à juillet 2015, l'entrée en vigueur de ce texte, qu'elles doivent formellementadopter dans la journée.

Cette nouvelle règle obligera les banques à prouver que les transactions qu'elles réalisent avec leurs propres capitaux servent bien à couvrir un risque spécifique et non à spéculer dans le seul but de réaliser des profits.

Pour Jean-Louis Mourier, économiste chez le courtier parisien Aurel BGC, il s'agit d'un encadrement plus ambitieux que celui envisagé par la Commission européenne, actuellement en discussion en Europe.

Quel est l'enjeu de la loi Volcker ?

Dans les grandes lignes, il s'agit de séparer à nouveau les activités de marché risquées des banques de leurs activités de banque de détail. Sans revenirtotalement sur l'abrogation [en 1999] du Glass-Steagall Act, il s'agit de protéger les clients et les dépôts garantis par l'Etat fédéral des risques que les banques peuvent prendre sur les marchés pour compte propre.

A cet effet, l'engagement des banques dans de telles activités doit être limité à une faible portion de leurs fonds propres, au pire interdit.

Afin d'éviter les détournements, l'engagement des banques dans des entités dédiées (prises de participation ou prêts) qui exerceraient ces activités serait aussi limité.

Il semble que le projet de texte présenté comprend une définition extensive du trading pour compte propre.

Comment cette loi est-elle accueillie par les banques et quels peuvent êtreses effets ?

Les blocages éventuels ne sont pas principalement attendus lors du vote du texte, mais plutôt après : les banques américaines semblent prêtes à contester la loi devant les tribunaux.

Les conséquences sont difficiles à mesurer, si ce n'est que les volumes échangés devraient encore diminuer sur les marchés d'actif américains, notamment sur les dérivés.

Si cette réglementation s'applique telle qu'elle est exposée aujourd’hui, les banques vont voir leurs revenus se contracter.

Toutefois, l'effet net est difficile à appréhender : le trading pour compte propre concentre une partie des rémunérations les plus élevées des établissement concernés.

L'Europe veut aussi mettre en place un encadrement des pratiques des banques. L'approche est-elle similaire à celle des Etats-Unis ?

La législation envisagée en Europe semble moins stricte que celle proposée aux Etats-Unis, mais des aménagements sont encore possibles, des deux côtés de l'Atlantique.

En l'état actuel des projets, les banques pourraient conserver en Europe une activité pour compte propre plus conséquente qu'aux Etats-Unis.

VENEZUELA: GOBIERNO DE UNA CAMARILLA MILITAR ENTRE BASTIDORES


                                      

En días recientes el Tribunal Supremo de Justicia sentenció que los militares tienen derecho a participar en manifestaciones políticas partidistas, lo cual no comportaría un menoscabo a su profesionalidad y sería “un acto progresivo de consolidación de la unión cívico-militar”. Esta violación flagrante a la Carta Magna (artículos 328 y 330) podría interpretarse como una concesión adicional al sector militar, que vendría a convalidar una conducta reiterada en los años que corren y a reafirmar la convicción de que hay un poder castrense determinante detrás del trono.

Con unos tribunales de rodillas frente al poder, difícilmente se podría lograr una decisión diferente a la mencionada.

Hugo Chávez, antes de arribar al poder, formó parte de una logia militar de inspiración militarista, de ideología política confusa, una mezcla de nacionalismo exacerbado, antiimperialismo e intervencionismo estatal en lo  económico. Como se sabe, esta orientación primigenia difusa fue mudando hacia una posición ideológica, al menos en lo discursivo, de izquierda, socialista, radical, incluso, marxista.

La naturaleza militarista del gobierno de Chávez comenzó a evidenciarse, sobre todo, a partir de los sucesos políticos de los años 2001 y 2002. Sin embargo, el componente civil se mantuvo predominante hasta su fallecimiento. Chávez solía decir que en torno a la revolución bolivariana se había conformado una “unión cívico-militar”, pero el peso del componente militar siempre fue notorio.  

Chávez fue una suerte de árbitro entre grupos políticos civiles diversos y contrastantes, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, entre sectores militares tradicionales y emergentes.

Como dice Diego Bautista Urbaneja, era “un gran croupier que repartía el juego”, y ciertamente, él era el jefe que los amalgamaba, la autoridad no contestada. Al desaparecer Chávez físicamente, afloran las facciones que convivían en un conjunto muy heterogéneo. Así, la de origen militar cobra mayor relevancia y poder institucional, reservando para sí, determinantes palancas del aparato estatal, lo cual ha generado los enfrentamientos recientes con grupos civiles que se ven desplazados. El chavismo estuvo siempre dividido y sigue dividido.

Los Ministerios con competencia en Relaciones Interiores, Finanzas, Economía, Banca Pública, Transporte, Defensa, Alimentos y Energía Eléctrica están siendo gestionados por militares activos  o retirados que participaron en los golpes de Estado de 1992. Son gobernadores en 10 Estados (de un total de 23), presiden la Asamblea Nacional. En los distintos ministerios y empresas estatales, los militares tienen a su cargo importantes funciones. La más grande empresa de producción de acero (SIDOR) la preside un general activo y están en muchas otras.  Incluso, se han creado empresas, desde el Estado, cuyo propósito es el de insertar a los militares en sectores económicos. Se ha creado un banco (BANFANB), un Fondo de Inversión (Misión Negro Primero), una empresa agrícola (AGROFANB), otra de construcciones y explotación de canteras (CARCOFANB y CONSTRUFANB), una de transportes (EMILTRA), la Empresa del Sistema de Comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional, y una televisora (TVFANB).  

En un reportaje de Diciembre de 2013, se informaba que  desde 1999, 1.114 oficiales militares activos o retirados, de distintos rangos han ocupado cargos gubernamentales en todos los niveles de la administración pública nacional, provincial y municipal. Y esta realidad se ha ido expandiendo.

La creación por parte de Nicolás Maduro del “Comando Político Militar” con participación del Alto Mando Militar, la conformación del “Estado Mayor Cívico-Militar Fronterizo” y de las llamadas “Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), que tienen competencias y atribuciones tan generales como inquietantes, y que en la práctica se han venido colocando por encima de los gobernadores electos democráticamente, son evidencias concluyentes de que en el aparato estatal venezolano, el poder institucional está crecientemente en manos de  militares o es mediatizado por éstos.

Algunos analistas afirman que los militares se han erigido en un partido político en Venezuela. Los que comparten la idea de que el pretorianismo ha estado larvado siempre en nuestro país, señalan que en la actualidad ha cobrado mayor preeminencia, y que sólo quedaría determinar a qué grado ha llegado, o si aun puede hablarse de la existencia de un poder tutelar militar sobre lo civil, si es meramente arbitral o si ya se asoma como un pretorianismo gobernante.

De todo lo señalado, queda en claro que la influencia de los sectores militares en la marcha de los asuntos políticos se ha incrementado, y que la estabilidad y permanencia de Nicolás Maduro depende, en no poca medida, del sector castrense para mantenerse en el poder; de allí que haya tenido que concederle parcelas institucionales decisivas, al no disponer de un liderazgo incuestionable ni civil ni militar, a diferencia del que tuvo Chávez.

Este cuadro político-institucional deja a las claras que en Venezuela se está imponiendo paulatinamente un gobierno tras bastidores, representado por una casta militar que asume no sólo funciones cruciales de gobierno sino también responsabilidades en algunos sectores de la economía nacional, incluso más allá de las empresas que se han constituido desde el poder público.   

EMILIO NOUEL V.