¿Qué haremos los venezolanos a partir del 11 de enero, fin del mandato constitucional de Maduro?

Solo restan pocas semanas para que el gobierno de Nicolás Maduro concluya su mandato constitucional. Como sabemos, se inició en el año 2013.

El próximo 11 de enero de 2019, de no producirse una elección de conformidad con las leyes de la República, estaríamos ante un gobierno, desde el punto de vista formal-constitucional, de facto, aunque ya lo sea, de hecho, desde hace unos cuantos años.

La parodia de elección convocada el 20 de Mayo próximo pasado por una espuria Asamblea constituyente al servicio de la tiranía chavista y desconocida por la mayoría del pueblo venezolano, en modo alguno significó un proceso electoral ajustado a la Constitución de la República y las leyes venezolanas. Fue un proceso fraudulento que no cumplió con las garantías legales y estándares establecidos para este tipo de elecciones, amén de haber sido extemporáneo. De allí que de ningún modo pueda ser considerado como una reelección; no tiene fundamento constitucional ni legal, como lo ha pretendido el gobierno.  No otro proceder, por supuesto, se podía esperar de un gobierno arbitrario y al margen de la Constitución.

La Comunidad Internacional, la mayoría de los países democráticos, desconocieron la legitimidad y legalidad de tal evento y sus resultas. Sin embargo, parte del país pareciera pasar por alto o haber olvidado ese hecho, su gravedad, atareada como está en sobrevivir y resolver, como puede, su situación personal,  en medio de una hecatombe económica.

El país todo debería estar consciente de la trascendencia política y social del momento que se avecina.

La fecha en cuestión no es un “deadline”, una suerte de hora cero, ni se trata de anunciar que ese día se vaya Maduro.

Lo que si aparece claro, que las fuerzas democráticas deben aprovecharla para profundizar la presión nacional que abra paso a una transición política, a una negociación, antes de que la crisis nos lleve a quien sabe dónde. En eso, son seguridad, nos acompañará la Comunidad Internacional.

No hace falta abundar mucho en las calamidades de la hora presente que todos conocemos y padecemos. Estamos ante un país que día a día va apagándose. Sus actividades económicas han ido paralizándose.  Los servicios públicos de salud, seguridad, electricidad y aguas, entre otros, son un horror. Las empresas del Estado están por el suelo, campeando en ellas la mayor corrupción nunca vista en nuestra historia. El Estado venezolano es un Estado fallido. Hay regiones en donde no existe y el “gobierno” lo ejerce la delincuencia organizada. Los venezolanos, por millones, huyen de un país que no ofrece condiciones de vida medianamente aceptables.

El país reclama un cambio urgente del estado de cosas ruinoso que tenemos. Maduro y su pandilla deben irse, antes de que ocurra lo peor. Pero no basta con desearlo y/o decirlo.

Los venezolanos queremos que ese cambio sea pacífico. No otra cosa está demandando. Una salida negociada es lo más deseable.

En cualquier caso, para abrirse a una transición política y encaminar el país por senderos de reconstrucción, prosperidad y en un entorno de libertad, seguiremos aspirando a elecciones libres y justas, en las que se respeten los estándares internacionales, organizadas por una institución electoral imparcial y supervisadas por organismos internacionales.

El fin del mandato constitucional formal el próximo mes de Enero impondría la realización de un acto electoral con esas características. ¿Hay tiempo, a estas alturas, para ello? No pareciera.

¿Qué deberíamos hacer los venezolanos, entonces, llegada la fecha de marras?

Los partidos políticos, los empresarios, los sindicatos, la sociedad civil en general, tienen una oportunidad importante ante sí en muy pocas semanas, para su recomposición y retomar la iniciativa política.

Deberían comenzar a diseñar una estrategia política general que, entre otros elementos, contenga acciones y movilizaciones concretas y conjuntas para la fecha que comentamos. La Comunidad internacional, los principales países democráticos, están muy claros al respecto. Hasta el Ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell, lo mencionó en días pasados. Dijo que el gobierno de Maduro concluye el 11 de Enero que viene.

¿Qué vamos a hacer los venezolanos para el 11 de Enero de 2019, cuando se inicie un gobierno de facto, ya en términos constitucionales formales?

EMILIO NOUEL V.

El delito transnacional organizado y la corrupción en nuestro hemisferio

                                                   

En otro sitio he expresado que no solo la política, la economía, la tecnología y la cultura se han globalizado; también la corrupción gubernamental y el crimen organizado han trascendido las fronteras nacionales para convertirse en un problema que atañe a todos los países y sus gobiernos.

Las dimensiones de estos fenómenos globales y disfuncionales son enormes. Sus repercusiones políticas, sociales y económicas no pueden ser desestimadas.

Si bien son dos tipos delictivos que tienen sus motivaciones y especificidades particulares, los estrechos vínculos entre el delito trasnacional organizado y la corrupción gubernamental, son innegables, ambos se complementan, uno no tendría lugar sin el otro. De hecho, la corrupción se ha convertido también en un crimen globalizado, cuando vemos casos muy sonados en los últimos tiempos, especialmente, en nuestro hemisferio.

De allí que grupos de países y organismos internacionales públicos y privados hayan tenido que abordar el tema, estudiarlo y proponer medidas, acciones y recomendaciones conjuntas, que apunten a su solución, o al menos, a un control y/o reducción del problema, mediante políticas públicas e instrumentos jurídicos concertados que establezcan compromisos y obligaciones para los Estados, los individuos y las empresas.

En tal sentido se ha venido imponiendo la necesidad de una estrecha cooperación entre los gobiernos del mundo para combatir esos graves delitos.

No hay duda de que son moralmente reprobables y condenables, y en términos legales, prohibidos y sancionables.
Desde el punto de vista económico, son también lesivos para los países. El dinero de procedencia ilícita que se va por los caminos de la delincuencia transnacional y la corrupción hacia bolsillos particulares, es, principalmente, un recurso que se sustrae de las colectividades y que podría ser utilizado para satisfacer muchas de las más sentidas necesidades de las mayorías, en especial, en los países emergentes o con problemas de pobreza.

Se ha señalado, con razón, que en el caso de la corrupción de funcionarios públicos y/o de directivos o empleados de empresas privadas en general, se trata, igualmente, de una conducta desleal con sus respectivas organizaciones, que debe ser sancionada.

Hasta hace pocas décadas estos asuntos eran abordados desde los espacios estrictamente nacionales. Su tratamiento era una tarea que correspondía a las autoridades estatales. A sus distintas manifestaciones, había que aplicar, fundamentalmente, las leyes internas. Para su persecución, represión y sanción bastaban los cuerpos contralores y policiales establecidos, así como los códigos, leyes y tribunales nacionales. De hecho, si existe una disciplina jurídica fundamentalmente conectada con un territorio estatal, esa es el Derecho Penal.

La realidad presente es otra. La actividad criminal ha desbordado los límites político-territoriales de los Estados. La interdependencia global también potencia al mundo del crimen. Los medios y herramientas que ofrece la globalización para las iniciativas humanas lícitas, son aprovechados, igualmente, por el crimen organizado tanto en el sector público como en algunas empresas privadas que operan en el ámbito internacional.

La incidencia política y económica del mundo de lo ilícito ha ido cobrando mayor impacto, alcance y envergadura en un planeta en que las fronteras se han hecho cada vez más porosas.

Es por todo ello que se ha impuesto la imperiosa exigencia de suscribir acuerdos, convenios y tratados que establezcan mecanismos de acciones conjuntas, intercambio de información, cooperación policial y judicial, y obligaciones jurídicas, entre otros aspectos, que garanticen resultados eficaces en esa lucha contra el crimen organizado, cuya letalidad está más que demostrada por la experiencia.

El caso del tráfico de influencia transnacional de la empresa brasileña Odebrecht en nuestro hemisferio, que ha salpicado a varios países; los negociados entre el gobierno chavista y los gobiernos argentinos de los Kirchner, el brasileño de Lula y el del Ortega en Nicaragua; la mil millonaria corrupción de la empresa petrolera PDVSA y su lavado de dinero; las poco transparentes importaciones de alimentos y la exportación ilegal de metales preciosos desde Venezuela, entre otros, son ejemplos claros de delitos transnacionales cometidos por grupos organizados con evidentes vínculos políticos, ideológicos y económicos.

EMILIO NOUEL V. 

BOLSONARO, OTRO DOLOR DE CABEZA PARA EL CHAVISMO

El arribo del polémico ex militar brasileño Jair Bolsonaro a Planalto luce casi inevitable. En la votación del pasado fin de semana, la amplia diferencia de votos con el segundo en liza parece preanunciarlo. No mucho le faltó para ganar.

El hartazgo de la sociedad brasileña de los políticos y su monumental corrupción, aunado a los problemas económicos y de seguridad pública, determinó ese resultado hasta cierto punto inesperado en su dimensión cuantitativa.

La votación obtenida por Haddad pareciera, más bien, en contra de Bolsonaro no a favor de él y su Partido (PT), sobre cuyo líder en prisión por corrupción, Lula Da Silva, hay un vasto rechazo. Una gran polarización social y política se ha instalado en ese país que hace vislumbrar dificultades.

Los análisis y opiniones sobre ese triunfo preliminar y lo que augura son de diversa naturaleza. Hay reacciones para todos los gustos. Alarmados algunos, llegan a decir que Brasil está al borde del abismo, otros se mantienen expectantes, sin dejar de mencionar los que no ven, dentro y fuera de Brasil, nada grave en tal perspectiva y más bien se sienten complacidos. Hasta una carta dirigida a la comunidad intelectual mundial ha aparecido en la que el conocido sociólogo Manuel Castells afirma que Brasil está en peligro y que evitar la llegada de Bolsonaro a la presidencia sería un caso de defensa de la humanidad.

Desde los países limítrofes con Brasil, el resultado es visto, principalmente, desde el punto de vista de las repercusiones económicas que traería tal gobierno.

De allí que importe mucho saber quiénes tendrán a su cargo el manejo de una economía en crisis.  

En esa área se oyen nombres de destacados economistas y hombres de negocio.

Para Ministro de Economía o Finanzas se menciona a Paulo Guedes, egresado de postgrado de la Fundación Getulio Vargas y PHD de la Universidad de Chicago. Ha sido banquero, Director Técnico del Instituto Brasileño de Mercado de Capitales y directivo de empresas, entre otros cargos en el sector privado. Igualmente, columnista de O Globo y la Folha de Sao Paulo.  

Es un liberal partidario de un programa de amplias privatizaciones en su país. Ha dicho que debe privatizarse desde el Banco do Brasil hasta Petrobras.  Para el Estado, según él, esas ventas significarían alrededor de 215 millardos de dólares, lo que le permitiría reducir en gran parte la deuda del Estado.

Otro que ha sido mencionado es el economista Roberto Campos Neto, actual director de mercados globales de Santander Brasil, quien estaría al frente del Banco Central.  

No son pocos los nombres que se publican pertenecientes a grandes empresas privadas e instituciones financieras.

El presidente chileno Sebastián Piñera ha declarado que en lo económico ve a Bolsonaro bien orientado.

Para la tiranía venezolana, mientras dure, un presidente como Bolsonaro será un dolor de cabeza. Él ha dejado claro lo que piensa sobre nuestro país y su gobierno.

Es de esperar entonces que el nuevo gobierno de Brasil se mantenga en la misma postura que el actual de Michel Temer respecto de Venezuela.

El peso económico y geopolítico de Brasil en la región no hace falta subrayarlo. Su influencia en las relaciones hemisféricas no puede ser soslayada. Lo que allí ocurra en lo político y económico tendrá efectos en la región.

30 partidos estarán representados en su parlamento y otras instancias político-institucionales. No será fácil gobernar a Brasil en lo adelante, habida cuenta de los problemas que padece y de las tensiones polarizantes. Los contrapesos jugarán un papel decisivo. La negociación entre las fuerzas políticas, como en toda democracia, será aún más importante, vista la dispersión de la representación popular.     

Si se confirma lo que parece ser un hecho irreversible, es decir, el triunfo de Bolsonaro, solo queda aspirar a que por el bien de ese gran país y del hemisferio, gobierne democráticamente, respetando los derechos humanos y las libertades conquistadas.

EMILIO NOUEL V.

  

LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER (R2P) EN EL DERECHO INTERNACIONAL

    

La reciente Asamblea General de las NN.UU. aprobó incluir en su agenda un tema de crucial trascendencia, el principio que se conoce con las siglas R2P.

A solicitud de un grupo de países (Dinamarca, Japón, Países Bajos, Rwanda y Uruguay, entre otros) se logró que se remitiera al pleno del organismo reunido el tema titulado: “La responsabilidad de proteger y la prevención del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad”.

Este asunto ha venido siendo analizado y debatido en el ámbito internacional desde hace algunos años, y en no pocas ocasiones se ha echado mano de tal principio a la hora de graves situaciones puntuales.

La noción de responsabilidad de proteger nos remite a la cuestión de los efectos y la eficacia de los principios rectores del ordenamiento jurídico internacional.

El marco sustantivo de principios de la sociedad internacional, siempre en desarrollo, recoge la necesidad de sancionar normas que establezcan derechos y prescriban obligaciones a los Estados y gobernantes.

Y es precisamente en ese contexto que aquel principio (RP) se inscribe. 

Hoy por hoy, no existen normas que lo regulen o expliciten su contenido y extensión. Mucho menos hay un procedimiento o una interpretación pacífica aceptada por todos.

Aún estamos en presencia de un valor, de una idea o desiderátum, que no se ha concretado en una obligación jurídica, si bien ha sido utilizado para justificar una conducta o acción determinada, al ser un “componente necesario en la aplicación de normas esenciales de Derecho internacional”, como bien lo dice el catedrático español Castor Díaz Barrado.

Ciertamente, se ha señalado con razón que la noción de RP comporta una perspectiva distinta para encarar los problemas de conflictos y circunstancias en los que los derechos humanos y la paz están en juego. Ya no se trata de ver el problema desde la legalidad o no de las llamadas “intervenciones militares humanitarias” (Bosnia, Kosovo, Somalia); el enfoque diferente de la RP, como afirma el autor citado, es el de la población civil envuelta en el conflicto y la responsabilidad del Estado y el de la Comunidad Internacional  de garantizar su protección.

Cuando los gobiernos no dan respuesta a los graves problemas a que están llamados a resolver, la Comunidad Internacional (CI) podría hacerlo.

Ahora bien, ¿de qué tamaño debe ser el problema, el nivel de gravedad, para que la CI se vea obligada a actuar legítimamente? 

Como diría Cantinflas: “ahí está el detalle”, asunto no muy fácil de dilucidar de cara a circunstancias concretas. Lo que para unos es una situación catastrófica, para otros, no lo es tanto.  No son lo mismo los casos de Rwanda o Libia, o el de Siria hoy, que el de Venezuela, siendo que en todos esos países se cometen delitos de lesa humanidad, pero en diferentes grados.

Para los venezolanos, la tragedia que hoy vivimos, por ser inédita, la vemos enorme. El horror del hambre en mucha gente, la desconcertante y destructiva hiperinflación y la dolorosa emigración de millones de compatriotas, sin mencionar las arbitrariedades gubernamentales y la repugnante corrupción del gobierno, son para cualquier venezolano el infierno.

Sin embargo, visto desde fuera, y por gente que conoce otros trágicos casos, nuestra crisis no llega a ser de una gravedad que amerite la intervención de la CI.     

Esto último lo señalo sobre todo para que estemos claros acerca de la naturaleza de las medidas que la CI, un grupo de países o países aislados, puedan decidirse a tomar.

¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar en el caso de Venezuela?

La respuesta a esa interrogante está en el aire.

Hasta ahora la CI ha adoptado medidas de presión pacíficas pocas veces vistas frente a los gobernantes de un país y en muy corto tiempo. 

Con ello se demuestra que los gobiernos no sólo se muevan por los intereses políticos, geopolíticos o económicos de sus países. Obviamente, estos son sus motivaciones principales. Pero en no pocas oportunidades también lo han hecho por principios y valores.  

Cuando se habla de la R2P, se menciona la prevención, la reacción y la reconstrucción, como expresiones graduales de tal noción. La R2P aún no está sancionada como norma de derecho internacional, no obstante haber servido como principio para adoptar ciertas medidas.

En el caso de Libia bajo Gadafy, por ejemplo, una Resolución de las NNUU llamaba al gobierno a cumplir el derecho internacional humanitario y los DDHH, y que tomase las medidas necesarias para proteger a los civiles, satisfacer sus necesidades básicas y asegurar el tránsito y sin trabas de la asistencia humanitaria, al tiempo que autorizaba a la CI adoptar medidas de protección.  Ya sabemos lo que allí sucedió.

¿En cuál nivel está Venezuela según la CI, si es que en su caso cabe alegar la  obligación de proteger?  ¿Prevención? ¿Reacción?

¿Se podría esperar realistamente una Resolución sobre Venezuela como la de Libia en el marco de las NNUU?

Sin duda, el grave caso venezolano está abierto al debate, y su vía de solución y desenlace siguen siendo inciertas, visto desde la perspectiva internacional.

Las acciones políticas en el ámbito nacional son harina de otro costal, aunque, obviamente, al ser cruciales, no pueden estar desconectadas de lo que sucede en el exterior. 

EMILIO NOUEL V.