VENEZUELA: NUEVA LEY DE INVERSIONES EXTRANJERAS PARA ESPANTAR INVERSIONISTAS 
 

                                

Disparate tras disparate el gobierno va agrandando a diario el hueco en el que nos hundimos. Una ideología demencial aunada a una voluntad tiránica de poder se ha convertido en un coctel explosivo de consecuencias desastrosas inimaginables.

Una retórica engañosa para aparentar ciertas “rectificaciones” en el ámbito de las políticas económicas se difunde con bombos y platillos para el público de galería de dentro y fuera del país.

Pero son muy pocos los que ingenuamente creen las supuestas bondades de algunas de esas iniciativas.

Entre estas, la nueva ley sobre inversiones extranjeras.

“Ley constitucional”  la han llamado, cuyo origen inconstitucional, ilegitimo, por provenir de la llamada Asamblea Constituyente, es más que evidente.

Ella es un monumento al intervencionismo estatal y una pieza reguladora demodé.

La visión ideológica que la inspira, amén de ser obsoleta, en lugar de estimular las inversiones, las espantará mucho más de lo que hasta ahora el gobierno lo ha hecho.

Como legislación reincide en un tipo de normas que ya fueron superadas en el mundo actual desde hace décadas. Leer el texto en cuestión nos remonta, entre otros instrumentos, a la originaria Decisión 24 del Pacto Andino, de  comienzos de los años 70 del siglo pasado, la cual, como sabemos, hubo que modificar unas cuantas veces para ponerla a tono con los tiempos, dejando atrás concepciones estatistas trasnochadas que demostraron ser un fiasco para atraer capitales foráneos.

La ley tiene como objeto establecer los principios, políticas y procedimientos que regulan las “inversiones extranjeras productivas de bienes y servicios” con vista a un desarrollo armónico y sustentable de la Nación, promoviéndolas para que contribuyan a aumentar las potencialidades existentes en el país, y otorgándoles seguridad jurídica, de conformidad con la Constitución y las leyes.

Bien examinada la ley es dirigista, controladora, en fin, estatista, a contravía de las regulaciones modernas, que persiguen dar efectiva protección y garantías ante eventuales medidas de gobiernos autoritarios y arbitrarios.

Las facultades de autorización, rechazo, fiscalización, control y “redireccionamiento” de las inversiones, que el órgano competente tendrá, convierten a la ley en un instrumento que suprime la libertad de acción del inversionista sustrayendo la necesaria seguridad jurídica.

Sabemos por experiencia lo que tales atribuciones significarían, sobre todo, si pensamos en funcionarios ideologizados, prejuiciados u opuestos a la iniciativa privada.

No es difícil adivinar que el mencionado redireccionamiento constituirá  una permanente espada de Damocles sobre el inversionista.

La ley de nuevo coloca en primer plano el concepto anacrónico de activos “estratégicos, a partir del cual podrían cometer cualquier desaguisado contra el inversionista.

¿Sobre cuáles criterios algunos bienes serían considerados “estratégicos”?  ¿Sera el de aquel que un día paseando desenfadadamente por la Plaza Bolívar de Caracas, a diestra y siniestra, vociferaba: Exprópiese, Exprópiese!?

Por otro lado, el ente competente, según la Ley, evaluará, supervisará y velará por el cumplimiento de metas cuantitativas de producción, exportación, empleo y transferencia tecnológica para las IE destinadas a sectores estratégicos. Diga el lector: ¿Que inversor en su sano juicio se va a someter a tal régimen intervencionista por parte del Estado?

En cuanto a los requisitos de desempeño (¨performance requirements¨) exigidos también en la Ley para poder ser autorizadas las IE, debe decirse también que van contra los principios que este tipo de regulaciones ha dispuesto en los últimos tiempos. Imponer como condición a cumplir, por ejemplo: ¨contribuir con la producción de bienes y servicios nacionales a los fines de cubrir la demanda interna¨ , el incremento de las exportaciones no tradicionales, y ¨el desarrollo económico nacional y las capacidades de investigación e innovación del país¨, además de ¨promover la incorporación de bienes y servicios de origen nacional¨, aunque las inversiones en la práctica propenden a eso, no pueden ser fijadas como obligaciones expresas y requisitos para su autorización y permanencia. 

No debe olvidarse que el Tratado de Marrakech, constitutivo de la Organización Mundial de Comercio, el cual es ley en Venezuela, prohíbe que los países tomen medidas contra inversionistas extranjeros que signifiquen requisitos de desempeño.

Finalmente, y en relación con la solución de controversias derivadas del régimen de IE, la ley en cuestión no está menos desfasada.

Establecer como obligatoria la jurisdicción de los tribunales nacionales es, igualmente, una disposición que no se corresponde con las realidades del mundo actual de los negocios, en el que los inversionistas no se fían de los jueces nacionales por el temor de que fallen en función de los intereses nacionales  y o gubernamentales, y no apliquen el Derecho.

En Venezuela tenemos, sobre todo en los últimos años, una lamentable experiencia en la que el Estado nunca ha perdido un juicio.

Esta disposición que excluye tribunales de otros países y mecanismos independientes como los arbitrales, ahuyentará con seguridad a los potenciales inversionistas extranjeros.

La ¨ley¨ en comento, en definitiva, amén de haber sido aprobada sin ninguna base constitucional legitima, en su contenido, es otro bodrio producto de una visión ideológica estatista que en lugar de motivar a los inversores extranjeros para que vengan a nuestro país, los alejará aún más de lo que ya están.

ELECCIONES JUSTAS Y CAMBIO DE GOBIERNO

EMILIO NOUEL V.

 

No se trata solo de que porque uno es demócrata y el arma que se tiene como tal es el voto, que tenemos que ir a sufragar bajo cualquier circunstancia y condición, sobre todo, a sabiendas de que aunque haya la posibilidad cierta de que nuestra opción gane, con seguridad se escamoteará el triunfo.

No debiera ser, por tanto, la posición que tendríamos, un asunto de carácter moral sobre ese tema. Es más bien, y fundamentalmente, política, la que se asuma.

De allí que cualquier decisión que uno tome al respecto la emprendamos desde la perspectiva de lo que eficazmente convenga a nuestros objetivos de poder.

La disyuntiva en la que se encuentra la oposición democrática venezolana hoy es muy espinosa. No quisiéramos estar en los zapatos de los que están obligados a tomar una decisión sobre encrucijada tan compleja. 

El gobierno se ha negado a aceptar condiciones electorales que las leyes y estándares mundiales establecen para estos eventos políticos. Sigue irresponsablemente perdiendo el tiempo y oportunidades para resolver una crisis que se hace más aguda e insostenible y cuyas consecuencias son insospechadas, incluso para la oligarquía militar-civil que manda. 

Al gobierno el entorno internacional se le achica dia a dia con la ola de rechazo de la mayoría de los gobiernos de la región y de gran parte del planeta. Los gobiernos no quieren incluso que asista a la próxima Cumbre de las Américas. El cerco y las presiones de la comunidad internacional se acentúan.  

Para nadie es un secreto la situación social terrible que vivimos. Los países limítrofes comienzan a adoptar medidas ante la avalancha de cientos de miles de venezolanos que huyen del hambre, el desabastecimiento y la falta de medicamentos. Se dice que alrededor de 3 millones de nacionales se han ido, lo que no es poca cosa en términos cualitativos y cuantitativos para un país como el nuestro.

En este cuadro político y social, ir a una elección presidencial convocada de manera irregular por un ente ilegitimo, bajo condiciones en extremo desventajosas para la oposición democrática; y por tanto, cuestionables e inaceptables a todas luces, no puede analizarse como un asunto meramente principista, moral o porque con ello le demostraríamos al mundo - ¿una vez más?- la naturaleza autoritaria del gobierno, lo cual está más que descontado.

No se trata solo de que no vayamos porque el Grupo de Lima, la Unión Europea, EEUU, Canadá y otros países, hayan declarado que no reconocen a la Asamblea Constituyente ni los resultados eventuales de la elección, lo que, por supuesto, agradecemos y es muy importante a ponderar, dado el apoyo que la democracia venezolana ha recibido de ellos. No se trata tampoco de compartir la imbecilidad de que ir a elecciones legitimaria a aquella Asamblea y al gobierno. 

A mi juicio, lo que por encima de todo debe calibrarse, para tomar una decisión, es si políticamente nos conviene enfrentar ese reto en tales desiguales y precarias condiciones, y sus más seguros resultados adversos para el sector democrático.

Porque es seguro, estoy convencido, de que el triunfo se lo dará el CNE al gobierno. Lo del arrebato de la gobernación a Andrés Velásquez en el Estado Bolívar es una evidencia de lo que son capaces de hacer. Con mucho más interés la presidencia de la Republica.

Con una derrota de la oposición en esa elección ¿que ganamos políticamente hablando? ¿No ganaríamos mas no yendo?    

Se ha dicho que ir al proceso electoral nos permitiría seguir denunciando los atropellos del régimen, movilizar y organizar la oposición social y política, poner en la calle a un líder que encabece la lucha y otras cosas más.

Me pregunto: ¿eso mismo no se puede hacer igualmente sin pasar por el trauma y la frustración que para muchos venezolanos seria salir derrotados “formal” y mediáticamente?

La opción política hoy no es otra que la de diseñar, aprobar y ejecutar una estrategia política y mensaje claros y unitarios frente al país. Este quiere recuperar la esperanza de una Venezuela distinta. El liderazgo democrático debe salir al encuentro de esa mayoría golpeada inmisericordemente por la crisis y confundida ante el futuro y presentarle una alternativa de gobierno al desastre que vivimos.    

Que el proceso electoral espurio del gobierno nos sirva para adelantar paralelamente una campaña que pida condiciones electorales adecuadas y justas, así como un cambio de gobierno 

 

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, VENEZUELA Y SU PARSIMONIOSO PROCEDER

                                  
                               

La Fiscal de la Corte Penal  Internacional, la señora Batou Bensouda, emitio una declaración oficial en la que expresa que desde 2016 ha estado siguiendo de cerca la situación de Filipinas y Venezuela, como Estados partes que son del Estatuto de Roma.

En tal sentido, dice Bensouda,  que a partir de una revisión “cuidadosa, independiente e imparcial” de la documentación e informes recibidos sobre crímenes que potencialmente caerían bajo la Jurisdicción de esa Corte, decidió abrir un “examen preliminar”, que según ella, “no es una investigación”, sino una revisión para determinar si existe base razonable para iniciar un proceso investigativo de conformidad con la normativa de esa institución.

Es de destacar que ese examen se hará sobre denuncias relativas al uso excesivo de la fuerza por fuerzas de seguridad del Estado, los miles de arrestados y graves abusos y malos tratos de los detenidos, en “al menos” las manifestaciones de Abril del año 2017 en Venezuela.

La Fiscal, finalmente, declara que su oficina se dirigirá a las autoridades venezolanas para discutir y evaluar lo relativo a investigaciones del nivel nacional y toda la información presentada sobre el asunto, aclarando que no hay un tiempo establecido para este examen preliminar. 

El que tal pronunciamiento oficial se haya dado es importante, si lo vemos como factor político mediático y también de presión, aunque, a mi juicio, no hay que crearse muchas expectativas al respecto, sobre todo en lo que atañe a los tiempos de cualquier decisión.

No es un secreto la irrisoria performance de esa Corte en materia de condenas durante toda su existencia de casi 20 años; se cuentan con los dedos de una mano y nos sobran. La evaluación de fondo de los hechos susceptibles de ser sancionados por ella son muy exigentes. Según algunos,  pareciera que serían necesarias matanzas multitudinarias para que se aceleren los procedimientos, los que de lo contrario son engorrosos y lentos.

Quede claro que no quiero decir con las reservas expresadas que las denuncias no deban hacerse y formalizarse.  Amén de la exigencia moral y jurídica que nos obliga, está la virtud política de ellas en el combate contra gobernantes tiránicos y perpetradores de crímenes de lesa humanidad o de guerra, como los que asolan nuestro país.

Solo deseo que pongamos los pies sobre la tierra, y sepamos lo que puede esperarse de estos parsimoniosos procedimientos que imponen el analisis exhaustivo de evidencias que requieren ser constrastadas. Ya la señora Bensouda lo advirtió, no hay plazos para resolver lo que es apenas un paso preliminar. Es decir, aun no hay ni siquiera un juicio abierto. No hay que hacerse ilusiones con resultados expeditos. Es un hecho importante el examen preliminar decidido, pero estemos conscientes de que aún queda mucho camino por recorrer si a la experiencia nos remitimos.    

La lucha contra la tiranía venezolana, incluso con la valiosa ayuda externa, sigue dependiendo en lo fundamental, de nosotros, los venezolanos.

EMILIO NOUEL V.

EL CAMINO PACIFICO Y CONVENIENTE ES LA NEGOCIACION

 
                               

Que los negociadores de oposición y gobierno en República Dominicana no se hayan puesto de acuerdo es una muy mala noticia para Venezuela y nuestro entorno hemisférico.
Más allá de las reservas y dudas que podamos tener respecto de las intenciones y la sinceridad del gobierno en la negociación que se adelanta, lo razonable es apostar a la consecución de unos prontos resultados que  permitan empezar a salir de la situación crítica que vivimos.
Quien se contente o promueva el fracaso de tales tratativas es un inconsciente, un irresponsable. Porque si deseamos que las partes enfrentadas busquen una solución pacífica, consensuada y viable, lo lógico es que empujemos para que se tomen decisiones sin mucha dilación, habida cuenta de la profundización diaria de la tragedia social.
Debemos estar conscientes de que no enfrentamos una negociación sencilla por los temas a resolver, ni a adversarios sensatos y juiciosos.
Los venezolanos tenemos demasiadas pruebas de lo torcidos, nada confiables y perversos que son los que gobiernan nuestro país. Las triquiñuelas y mentiras son su modo de proceder. No tienen moral, ni escrúpulos, y dudamos mucho de que honren la palabra empeñada. De allí que haya sido necesario que representantes de terceros países den testimonio y certifiquen lo que se negocia y se dice en las reuniones que han tenido lugar.
Los adversarios que enfrentamos se rehúsan terca y suicidamente a aceptar soluciones razonables. No hacen más que perder tiempo haciendo su segura salida más dura y costosa, y prologando el drama social. Creen que un quimérico milagro petrolero o aurífero los salvara de la caída.
Cierto es que hay algunos repugnantes personajes que difícilmente tendrían vida en cualquier país y están decididos a resistirse con las botas puestas.  A ellos la negociación les importa un bledo pues piensan que no les significaría nada para su supervivencia posterior.
Ese cuadro hace todo más complicado, haciendo indispensable una presión mayor de la comunidad internacional para que los sectores más pragmáticos  del régimen se avengan a una fórmula definitiva de acuerdo.
Lo que desde la oposición democrática se pide es una solución que pase por convocar al pueblo a un pronunciamiento electoral con todas las garantías normales de un proceso de esta naturaleza: nueva conformación del CNE, actualización del registro de electores, voto para los residentes en el exterior, eliminación de las inhabilitaciones, supervisión y vigilancia de organismos internacionales, acceso de la oposición a los medios públicos y privados, entre otros asuntos no menos importantes; es decir, que se restaure el Estado de derecho. Obviamente, esto requeriría un tiempo prudencial que llevaría el proceso hasta el mes de agosto como lo más cercano.
¿Cederán en todos estos pedimentos los representantes del gobierno en la negociación? ¿Los aceptaran las distintas facciones oficialistas? O ¿hay que dar la razón a los que dicen que ya es muy tarde para una solución convencional a la desventura venezolana?
Dada la experiencia es comprensible el escepticismo al respecto. Pero quienes estamos convencidos de que de esta calamidad hay que salir de la manera menos penosa posible, no nos queda otra que seguir apostando  a un pacto negociado que le ahorre al país más dolor, hambre y perjuicios humanos y materiales. Debemos agotar todos los esfuerzos en tal sentido, porque la alternativa es el infierno. Que sea el gobierno el que quede en evidencia ante el mundo si por su posición absurda la negociación fracasa.
En estos días, las semanas que vienen o más adelante, inexorablemente nos tendremos que sentar en una mesa de negociación, los mismos negociadores u otros, seguro en condiciones peores, pero ese es el camino pacifico. Esperamos que la senda de la reconstrucción nacional se abra sin más demoras y que la oposición sepa afrontar cualquier escenario de manera unida.