SANCIONES, EXTRATERRITORIALIDAD Y EL PERFECTO IDIOTA LATINOAMERICANO

Sobre las sanciones financieras trumpianas a la tiranía de Venezuela, no al pueblo venezolano, mucho se ha hablado estos días que corren.

Erróneamente, las califican de extraterritoriales los socios del gobierno que conforman esa junta de beneficencia que llaman ALBA, y uno que algo del tema conoce, no ve tal carácter por ningún lado.

Resalta sobre todo la reacción del gobierno, plagada de embustes y distorsiones, y con el único propósito de atribuir a las muy recientes medidas, la crisis económica y humanitaria que vivimos, cuando es obvio que su causante casi exclusivo, después de 18 años, es él.

Algunos afirman que a pesar de estar dirigidas al gobierno por sus conducta antidemocrática, de todos modos afectaran al país como un todo, es decir, a su gente en general, y en cierta medida tienen razón. Es imposible separar las repercusiones que tendrán  en un país que depende de los ingresos externos de su industria petrolera, en alrededor de un 96%. Lo que le suceda a PDVSA, tarde o temprano nos impacta a todos los venezolanos. Ojala salgamos de esta calamidad antes de que los efectos negativos puedan prolongarse mucho.   

Con las medidas se busca cerrar un cerco financiero, que, por lo demás, ya el gobierno lo había provocado con su ejecutoria económica desastrosa. No ha sido culpa de terceros que hayamos perdido toda credibilidad y confianza en los campos político, económico y diplomático del mundo. A un gobierno incompetente y además inspirado en una ideología destructora, nadie le presta dinero y si lo hace exige garantías suficientes y cobra gravosos intereses. La causa de la debacle no es Trump, ni antes Obama, tal mentira es insostenible.

Es una evidencia que son muy pocas las fuentes de financiamiento que restan a la dictadura. No poder negociar instrumentos financieros en los mercados, particularmente, en el de EEUU, es un golpe noble, al que pareciera se le agregará otro desde Europa. Voceros gubernamentales están acusando el leñazo y andan en su desesperación disimulada inventando fábulas para el consumo de una galería desinformada, pero en el fondo saben que tienen los días contados. 

A lo sumo, Rusia y quizás China, seguirán sosteniendo a la tiranía y sabemos por cuales razones geopolíticas y crematísticas. ¿Hasta cuándo? Quién sabe.

Sobre la extraterritorialidad de las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense, denunciada por los propagandistas del régimen venezolano, vale la pena decir aquí algo en especial, para recordarles su significado a los que utilizan el término de manera incorrecta y torcida.

Una normativa o ley tendría tal naturaleza cuando una vez sancionada por los organismos competentes de un país, ella tuviera vigencia o se pudiera aplicar en el territorio de otro, lo cual es algo impensable en el mundo de hoy.

Es como si en Colombia se aprobara un Código Penal que pudiera aplicarse en Venezuela, lo cual sería un exabrupto que iría contra el principio de soberanía en esta materia.

En el caso de las medidas que nos ocupan, el ámbito de aplicación es el territorio de EEUU, no es Venezuela ni ningún otro país. Son disposiciones legales emanadas de los órganos competentes estadounidense en uso de sus potestades soberanas. Nadie en su sano juicio podría ampararse o echar mano de tales normas en el territorio venezolano. Simplemente porque no podrían tener efecto extraterritorial, tal y como de forma equivocada lo han señalado la inefable que preside la espuria asamblea constituyente de Venezuela y sus secuaces clientes en el mundo, particularmente, los gorrones y sablistas de ALBA.

De modo pues, que señalarlas como medidas de efectos extraterritoriales es una falsedad, desde el punto de vista jurídico. Tal aseveración solo se explica por el interés retorcido de acusar a un gobierno extranjero de los grandes males que padecemos, recurso típico en la retórica indigesta de la izquierda, la misma del famoso ¨perfecto idiota latinoamericano¨ que ve la viga en el ojo ajeno -¡el Imperialismo!- y no en el propio.

Las sanciones, siempre indeseables y de consecuencias inciertas, buscan presionar a la tiranía para que se avenga a una salida negociada y pacífica de nuestra crisis. Sobre el gobierno chavista pesa toda la responsabilidad de que así sea. No quisiéramos que la otra alternativa, la más traumática, se imponga. 

Emilio Nouel V.

emilio.nouel@gmail.com
 

“EL DEBER DEL MUNDO CON VENEZUELA”

   

            EMILIO NOUEL V.

        Miembro del Grupo Avila

 

El no ya tan “nouveau philosophe” Bernard-Henri Levy, publicó en los días que corren un artículo sobre Venezuela en el que hace un llamado a la comunidad internacional para que asuma su ‘responsabilidad de proteger’, tal y como las NNUU entiende este concepto.

El intelectual francés, uno de los líderes del Mayo del 68, es ampliamente conocido por sus posiciones contra las atrocidades perpetradas por gobiernos autoritarios  y represores en el mundo, como el de Putin, o en su momento, el de Milosevic en la antigua Yugoslavia.

“El deber del mundo con Venezuela” es el título del artículo (Project Syndicate).

Allí, Levy, primero, pregunta a su compatriota, el populista radical J. L. Melenchon, quien aún sigue cantando loas al régimen asesino chavista, cuándo va a admitir el horror venezolano y el desastre económico y social en que han sumido a un país con tantos recursos, que en materia de inflación está  compitiendo con la tasa de inflación de Zimbabue o la Alemania de Weimar.

Según Levy, NNUU, en aplicación del principio de protección, debería enviar una señal fuerte al gobierno de Maduro para que pare la violencia contra su pueblo; y a tal propósito el Consejo de Seguridad necesita mostrar el coraje de emitir una declaración de condena contra ese régimen.

Por otro lado, pide a todos los países que muestren su solidaridad con el parlamento venezolano y que se acuerden severas sanciones económicas y financieras.

Levy afirma: “La situación en Venezuela debería preocupar a todos los países que tienen interés en la lucha contra el terrorismo y las redes de lavado de dinero que lo financian”.

Igualmente, subraya los peligrosos vínculos del gobierno chavista con Bashar al Assad de Siria, Corea del Norte y el grupo Hezbollah.

Todos estos graves asuntos, para Levy, deberían obtener respuestas urgentes de parte de la comunidad internacional, que hasta hace poco tiempo no había tomado cartas en el asunto.

Ciertamente, la preocupación de Levy es legítima y  su planteamiento sobre la responsabilidad de proteger establecido por las NNUU es pertinente. Debemos recordar que esta obligación de la comunidad internacional ha sido reiterada. En el mundo de hoy se ha establecido como principio el deber y el derecho de injerencia que tendrían las organizaciones internacionales frente a las violaciones masivas de los DDHH, y Venezuela, sin duda, se encuentra en una situación de tal naturaleza.

Por razones de defensa y preservación de la democracia, la injerencia es lícita. Los organismos internacionales lo han establecido en sus normativas y tiene carácter vinculante. Las NNUU, la Unión Europea, Mercosur, la CAN, la Alianza del Pacifico, entre otras,  contienen la llamada cláusula democrática que ampara a los pueblos frente a gobiernos tiránicos.

Casualmente, otro “nouveau philosophe”, André Glucksmann, expresa muy bien tal derecho: “Cuando un régimen somete a su población al suplicio, las sociedades felices tienen, sin duda, el derecho de intervenir mediante la palabra y la escritura; mediante asistencia, desde luego; mediante presiones diplomáticas o financieras, por supuesto; y mediante armas, si es necesario”. 

La normativa de las NNUU sobre los Derechos Humanos y la Democracia constituye una disciplina imperativa, vinculante, para los miembros de esa institución. Pero ella debería estar fundamentada tanto en una voluntad política y como en una moral, sin las cuales no será eficaz. Ya varios países (12) del hemisferio dieron un paso que se concreto en la Declaración de Lima y las consecuencias de esta no se harán esperar.

Lleva razón Bernard-Henri Levy cuando resalta el deber que tiene la comunidad internacional de poner su mirada sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Y esto implica adoptar medidas que logren doblar el brazo a la tiranía chavista, y la hagan consentir en un proceso de negociación que permita a recuperación de la institucionalidad democrática y las libertades.

Estamos aun a tiempo de frenar una deriva infernal que podemos lamentar todos, no solo los venezolanos. Pero lo que está muy claro es que la barbarie no puede escudarse en el principio de independencia o soberanía de los Estados, de alli el deber que enfatiza Levy.

MADURO, MÁS SOLO QUE LA UNA

El repugnante palmarés del gobierno militar-cívico del tirano Maduro no sólo se evidencia en su espantoso gobierno, también se expresa en su pertenencia al exclusivo y reducido grupo de regímenes que han sido repudiados y sancionados por la comunidad internacional, lo que le ha llevado a un aislamiento en el mundo sin precedentes.

El gobierno venezolano está acorralado. En lo político y lo económico. Aparte de unos países sin peso ni influencia en el entorno mundial, en su mayoría desacreditados, no tiene soporte alguno. Porque decir que Rusia o China lo apoyan es solo eso: un decir, cuya base es endeble, que depende de los vaivenes de la geopolítica y de los intereses crematísticos, muy volátiles y cambiantes.

A lo interno, está claro que tiene el desapego de más del 80% de los ciudadanos, según las mediciones de las encuestadoras serias. El hambre, la inseguridad, la ruina de los servicios públicos y las necesidades de toda naturaleza son las razones de tal aborrecimiento.    

El gobierno es inviable. Desde hace meses está decretada su muerte por inanición. No tiene opciones de supervivencia en el marco de sus desquiciadas políticas. Las fuentes de financiamiento se le cerraron, no tiene a quien recurrir, a menos que siga rematando al país a precio de gallina flaca.    

Lo decía en estos días Ricardo Hausmann (“El colapso sin precedentes de Venezuela” en Project Syndicate), la depresión económica de Venezuela (disminución del 40% del PIB, el declive del ingreso nacional es de 51%, ingresos fiscales cayeron en un 70%) es más aguda que la de la Gran Depresión de 1929 y mayor que la de países destruidos por la guerra como Ruanda o Sudan del Sur, más recientemente. “La catástrofe de Venezuela eclipsa cualquier otra de la historia de EEUU, Europa o le resto de América Latina“, dice Hausmann.

El gobierno, a medida que pasan los días, va quedando solo. Los organismos de los DDHH de la ONU y de la OEA andan alarmados por los desmanes que están cometiendo las fuerzas armadas contra manifestantes que solo piden libertad y elecciones libres. Muy preocupada, la dirigencia de la Unión Europea no deja de manifestarse casi a diario en relación con nuestra crisis e insta al gobierno a que negocie con la oposición democrática, libere los presos políticos y llame a elecciones. La mayoría de los gobiernos de nuestro hemisferio hacen otro tanto.

En Mercosur los países miembros están a punto de tomar decisiones severas con base a los Protocolos vigentes sobre Democracia y DDHH, lo cual podría acarrear la expulsión definitiva de Venezuela de ese bloque comercial.

Decenas de expresidentes piden que en Venezuela se restablezca la democracia y las libertades y denuncian las atrocidades de lesa humanidad perpetradas por los esbirros del régimen de Maduro y sus secuaces.

El gobierno está aislado mundialmente, está como la una. Es una suerte de leproso internacional. Su fraudulenta constituyente no será reconocida. Sólo pocos gobiernos y grupos políticos cegados por la ideología y los negociados lo respaldan.

La verdad se está imponiendo. Nos acercamos a un desenlace que deseamos se lo más pronto. Aun cuando hay muchas y fuertes razones para impacientarse, lo prudente y eficaz es perseverar en lo que han sido los postulados fundamentales de la estrategia de la oposición democrática: cambio constitucional, democrático, electoral y pacífico. Esta es la garantía de victoria definitiva.

Sin abandonar la protesta y la movilización ciudadana, debe actuarse en todos los tableros, incluso en el electoral, más allá de que la institucionalidad en este campo esté subordinada al gobierno.

EMILIO NOUEL V.