TODO O NADA: ¿ES ÉSE EL DILEMA?

No son pocos, dentro y fuera del país, que se preguntan, visto lo visto, porqué sigue en el poder el gobierno militar-cívico que nominalmente encabeza Nicolás Maduro.

El desastre gigantesco en lo económico y social sería razón suficiente para que un gobierno de gente normal y medianamente razonable hubiera renunciado y dado cabida a una solución democrática ajustada a los parámetros constitucionales.

Pero lamentablemente no estamos frente a unos políticos normales, juiciosos, responsables y conectados a la realidad, con los cuales uno podría tener las diferencias naturales que se dan en cualquier sistema democrático. Ése no es nuestro caso.

Por el contrario, los venezolanos encaramos una tiranía, que tampoco es de las que una designaría como “normal”, clásica, porque está comandada, como ha sido señalado, por una secta militarista, que además de ser inescrupulosa, perversa y corrupta, actúa como una agrupación de corte fascista, aunque se adorne con un discurso supuestamente reivindicador de los más necesitados y partidario de la paz.

¿Por qué no cae este gobierno, habida cuenta del desastre y del repudio casi unánime de los ciudadanos, expresado durante 45 días continuos, con un saldo de penosas muertes, asesinatos, mas bien, de jóvenes?

¿Qué hace que siga sosteniéndose un gobierno también rechazado y condenado por gran parte de la comunidad internacional?

¿Cuántas atrocidades adicionales debemos sufrir antes de que salga el gobierno más letal que hayamos conocido en nuestra historia patria y la del hemisferio?

¿Qué otra cosa debemos hacer los que oponemos a él para que de una vez por todas se vaya?

Estamos librando una lucha asimétrica que a pesar de esta circunstancia, cada día se agudiza por la terquedad absurda de un poder que no quiere ceder en nada y buscar una salida consensuada, y ajustada a la Ley.

La camarilla militar-cívica que ha hundido al país en el caos no abre una mínima puerta a una solución. Está llevando al país a prácticamente una guerra civil. Su siembra de odio y rabia está conduciendo a un clima en el que la irracionalidad se podría imponer, y eso ya se está viendo. Mucha gente empieza a ser asaltada por una pasión intensa de  venganza y si esto se llegare a instalar en gran parte de la población, no quiero ni mencionar en el oscuro foso en que caeríamos como sociedad.

La dirigencia opositora, en medio de esta vorágine, tiene que asumir un rol orientador, sin perder el objetivo central. No solo al gobierno se le está yendo de las manos el control de la situación, también a los líderes de la oposición les podría ocurrir otro tanto.

La oposición, por encima de sus iniciativas de justas y legítimas protestas, debe proponer, igualmente, una propuesta política clara al país.  Que vaya más allá de las generalidades de la necesidad urgente de un cambio político. Solo con planteamientos concretos de cara no solo a sus seguidores, sino también a aquellos sectores que se ubican políticamente en el bando contrario, se puede encauzar una salida al atolladero en que estamos.

En sectores alrededor del gobierno, tiene que haber algunas reservas de sensatez política, de instinto de supervivencia, de percepción correcta de la realidad. Allí hay gente que percibe que de persistirse en la enloquecida deriva actual, saldremos perdiendo todos con el hundimiento del país.

¿Qué vamos a proponer a ellos? ¿Qué propondremos a un sector que ha sido involucrado criminalmente en la política, las FAN?

¿Qué planteamos en materia económica?

¿Qué tipo de gobierno queremos instaurar para salir de esta crisis?  ¿Quienes deberían componerlo ( no me refiero a nombres)?

¿Qué mensaje concreto vamos a enviar a la comunidad internacional?

Contestemos estas preguntas de una vez y lancemos al país y el mundo nuestro plan concreto y puntual de recuperación de la democracia y la economía, y los mecanismos concretos para ello. No se trata de redactar un exhaustivo programa, pero sí de ofrecer un conjunto de medidas perentorias que podría adelantar un gobierno con amplio apoyo nacional, incluida gente que ha estado en la órbita del gobierno.

Sé que los ánimos encendidos y las pasiones desbordadas son los que en estos momentos se imponen. Que las contradicciones son muy agudas, que la rabia está desatada y que hay quienes piensan en términos de ‘todo o nada’. Pero para superar esta terrible situación es necesario un poco de cabeza fría, porque en ello nos jugamos la existencia como país.

En esta lucha desigual, y lo subrayo, desigual, en términos de instrumentos de fuerza bruta (aunque el que la tiene, el gobierno, no ha podido imponerse), es necesario, de parte de la oposición, sin ceder en su protesta, lanzar una propuesta política que logre quebrar el bloque adversario, dividirlo, lo que por lo demás, está sucediendo. Así, los espacios que sigue controlando y los afectos que le quedan, podrían voltearse a una solución política viable a la crisis, que goce de un amplio consenso y encamine al país hacia una senda de reinstitucionalización democrática y de recuperación de la economía.

Antes de que nos despeñemos hacia un caos incierto, hagamos ese último esfuerzo.

EMILIO NOUEL V.

FARSANTES, DELINCUENTES Y TIRANOS ASESINOS

La historia de los regímenes políticos y sus ejecutorias prácticas nos ilustra acerca de los tipos de gobierno que los humanos hemos disfrutado o padecido.

Unos son buenos, otros no tanto, algunos regulares, pero también hay los detestables.

En estos últimos, sus ejecutantes logran concentrar el mayor número de iniquidades, tropelías y estropicios sociales. De estos no son pocos los que enarbolan convenientemente un discurso reivindicador de los más, de los menesterosos, como engañifa para llegar al poder.

Sin embargo, se convierten, no solo por su ideología, en gobiernos aborrecibles. Literalmente, en enemigos del género humano, aunque hablen en nombre de altos ideales.

El que padecemos los venezolanos en la actualidad, es uno de esta calaña infame. Es de los peores que pueden haberse conocido por su naturaleza destructora.

Las pruebas sobran, y su notoriedad nadie imparcial y objetivo las puede refutar.

La farsa del gobierno militar-cívico de Venezuela se patentiza a diario. Sus mentiras nadie las cree ya, ni sus acólitos. Su fementida adhesión a la democracia ha sido desnudada. Hasta los organismos internacionales a los que entregaban cifras maquilladas, al fin se han percatado del timo. Éstos no confían más en tales triquiñuelas. Una opinión es unánime, dentro y fuera del país: el gobierno es embustero y estafador.

Por otro lado, aunque no todos pueden ser metidos en el mismo saco y con igual responsabilidad, nunca antes en la historia de nuestro país se había llegado a los extremos de corrupción política y administrativa como en los últimos 18 años. Nunca en el pasado, altos funcionarios de gobierno fueron acusados de pertenecer a mafias del narcotráfico y otros delitos. El asco se ha instalado en la Venezuela decente ante tanta degradación moral y política.

Y como colofón de todo este oprobio, somos víctimas también de unos gobernantes tiranos, salvajes, que no respetan libertades ni Ley. Su principio de gobierno es la arbitrariedad, su modus operandi, el atropello; su fuerza, la bruta, más allá de las supuestas ideologías que los inspiran, señuelos para engañar incautos. Un gobierno militar y militarista se está mostrando en toda su desvergüenza llevándose por delante el principio del debido proceso al someter a civiles que protestan de manera pacífica, a la justicia militar, infringiendo así, sin pudor alguno, la Constitución.   

Su apetito desmedido por el poder y el dinero, los presenta ante el mundo como lo que realmente son: forajidos de la política. El respeto al Estado de derecho o a los derechos humanos no está en sus planes. Su respuesta a las demandas de democracia y libertad es el encarcelamiento y el asesinato de jóvenes.

Sean militares o no, carecen de rectos principios morales, no tienen palabra, ni honor, ni vergüenza. Poco les importa como queden frente a la historia, su familia o ante el país.   

Afortunadamente, la mayoría aplastante de los ciudadanos decentes, y muchos militares también, no soportan tanta inmundicia y pillaje de los dineros públicos, tal estado de arbitrariedad y violación a los derechos humanos, tanto descrédito internacional. 

La reconstrucción político-institucional y moral de la nación, cuyo inicio cada día se acerca más, precisará de todos los venezolanos de bien, que hoy repudian resueltamente a unos gobernantes farsantes, delincuentes y tiranos, la combinación política más tóxica que puede haber. A ellos les llegó la hora de la partida y de la Justicia.  

 

Emilio Nouel V.

@ENouelV

SALIDA DE LA OEA, MANIOBRA CONTRARIA A LOS INTERESES DE VENEZUELA

El principio jurídico-formal es que todo país puede retirarse de una institución internacional a la que pertenezca, cumpliendo con las solemnidades y requisitos establecidos en el tratado suscrito.

De la misma forma como ingresó, también podrá manifestar su voluntad de separarse,  y de esto se encargan los que representan el país, es decir, el Gobierno.

La Convención de Viena, por ejemplo, en su Parte V, 42.2 establece que “La terminación de un tratado, su denuncia o el retiro de una parte no podrán tener lugar sino como resultado de la aplicación de las disposiciones del tratado…..”, lo cual “no menoscabará en nada el deber de un Estado de cumplir toda obligación enunciada en el tratado….”.

En general, el poder ejecutivo del país de que se trate, constitucionalmente, es el encargado de hacer la denuncia del tratado por los canales diplomáticos correspondientes. También es quien tiene la facultad exclusiva para tomar esta decisión, independientemente de otros poderes del Estado. Es decir, que no precisa de  la anuencia, de un voto favorable, por ejemplo, del Parlamento. Sin embargo, en los países democráticos, decisiones de esta naturaleza son llevadas a los parlamentos o sometidas a referendos, no son tomadas de forma unilateral por los gobiernos. Se busca así lograr el mayor consenso posible entre los ciudadanos.   

De modo que lo más conveniente es que cuando un gobierno tenga la intención de desprenderse de un compromiso internacional, debería abrir un proceso de consultas con la representación popular, toda vez que tal decisión de Estado podría tener repercusiones no solo político-diplomáticas, sino también de otra índole, incluso económicas.

Sobre todo, estas consultas se justifican con más razón, cuando se trata de un tratado de gran importancia para un país. Es contraproducente adoptar una decisión de tal envergadura desde una parcialidad del Estado o por un partido político. No sería una acción del Estado como un todo, sino de un solo sector político, lo cual debilita la iniciativa, le resta legitimidad al no contar con una amplia opinión del país. Ejemplo reciente lo tenemos en el llamado Brexit en el Reino Unido.

El gobierno actual de Venezuela ha iniciado el proceso de retiro de nuestro país de la Organización de Estados Americanos, de la cual somos fundadores en 1948. En los últimos años el gobierno ha denunciado varios tratados: Comunidad Andina, Grupo de los Tres, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).  En ninguno de estos casos, buscó compartir la decisión con otro actor nacional.  

A mi juicio, el retiro de la OEA es un exabrupto político y diplomático descomunal, que ni siquiera los tiranos más repugnantes de la región fueron capaces de realizar. No solo el país se verá perjudicado; los mismos irresponsables que lo perpetran serán también afectados. Si ya el gobierno está aislado, en lo sucesivo lo será más.  

La decisión es una consecuencia lógica de una forma de pensar frente a los compromisos internacionales. Es lo que Chávez, en consonancia con el Foro de Sao Paulo, buscaba, al enfrentar “la influencia nefasta de los organismos internacionales”, todo con base “en  nuestros propios criterios y conceptos de soberanía.” Ésas fueron textualmente sus palabras (Declaración de Hugo Chávez en visita a Manaos, Brasil, Octubre de 2004). En algún momento se preguntó para qué la OEA y planteó la posibilidad de retirarse de ella. De allí que el inefable Roy Chaderton declare que ahora Venezuela “es más libre” porque inicia la salida de ese organismo.

Tal actitud es el resultado de una visión trasnochada sobre la soberanía, un concepto anacrónico que en el mundo de hoy no tiene más asidero en la realidad, ni en la política ni en la economía, y, particularmente, en el tema de los derechos humanos.  

Chavez prefería la “ley de la jungla”, sin organismos y normas internacionales que puedan servir de freno a los abusos eventuales de posiciones de dominio de los actores más poderosos o de los gobernantes que violen DDHH. Así, tal noción soberanista se convierte en una suerte de burladero para no responder de las arbitrariedades cometidas al interior de los países.

Obviamente, el gobierno chavista, mientras no se sintiera agredido, en minoría o acorralado, como sí lo es hoy, se mantuvo en el marco de la institucionalidad existente, aunque no creyera en ella. La utilizaba solo cuando conviniera a sus intereses.   

Por otro lado, y en relación con la supuesta inconstitucionalidad del retiro de la OEA alegada por ciertas opiniones, valdría la pena hacer algunos comentarios. 

Ciertamente, en el marco de esa organización nuestro país ha suscrito varios instrumentos jurídicos relativos a la democracia y los derechos humanos, que han pasado a ser normas de obligatorio cumplimiento, so pena de sanciones por no acatarlos.   

La Constitución Nacional es clara respecto de esos deberes, éstos tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno (artículo 23 CN).   

Pero que esa referencia constitucional a los DDHH y su progresividad, contenidos en los tratados internacionales, no tenga, a nuestro juicio, discusión, no significa que se desprendería de allí que el pertenecer a la OEA sea una suerte de derecho humano irrenunciable, y por tanto, salirse de la OEA es, en consecuencia, inconstitucional. Son dos asuntos distintos. Seguirán vigentes en el país los DDHH adquiridos como consecuencia de haber pertenecido a esa institución, independientemente de ser miembro o no de ella.  Tales derechos no existen porque se esté en la OEA, ellos se mantienen en vigor al margen de ella. Por supuesto, los mecanismos procedimentales que se establecen en su seno, al desvincularse el país, no operarían, pero hay otros derivados de otros tratados vigentes (Corte Penal Internacional, por ejemplo).

Igualmente, la opinión de que al aprobarse un tratado por el parlamento (Asamblea), como está establecido en nuestra Constitución, su denuncia debería también contar con la aprobación de aquel por ser ley de la República, tampoco tiene sustento desde el punto de vista jurídico. Una vez que ha sido aprobado el tratado, la atribución parlamentaria se agota allí, y el poder ejecutivo, en virtud de su atribución de dirigir las relaciones exteriores (art. 236, num. 4), puede negociar, suscribir, ratificar o denunciar cualquier tratado.

Estando dicho que iniciar la salida de Venezuela de la OEA es un insólito desatino que dañará a nuestro país y al mismo gobierno, y señalado, asimismo, que por tratarse de una organización tan importante como la OEA, la Asamblea Nacional debería ser consultada formalmente sobre ese asunto, a los efectos de acordar una política de Estado, no queda otra que rechazar tal decisión por contraria a los intereses de los venezolanos.  

Afortunadamente, el proceso de la separación definitiva durará dos años, y albergamos la esperanza de que no se concrete nunca. Por el bien de los venezolanos.

EMILIO NOUEL V.