La sentencia contra Leopoldo López es abominable. Como lo fue
todo el procedimiento que condujo a ella.
Con ella, se muestra, de nuevo, y en toda su magnitud, lo
abyecto e inmoral que es el poder judicial de Venezuela en la actualidad. Éste es simplemente un mandadero del
ejecutivo.
Una vez más, el gobierno reveló de lo qué está hecho, cuál su
natural perversidad.
Afortunadamente, el mundo, por largo tiempo pasivo, ha
comenzado a reaccionar ante la barbarie que en mala hora se apoderó de nuestro
país.
OEA, ONU y UNION EUROPEA, socialdemócratas, liberales y democristianos,
ex presidentes y personalidades del orbe, Amnistía Internacional y Human Rights
Watch, se han pronunciado en contra de las prácticas autoritarias del chavismo.
Sin embargo, los gobiernos de la región, algunos preocupados
por lo que ocurre en Venezuela, aún no ejercen las presiones suficientes frente
a tales evidentes desmanes.
Ciertamente, el aislamiento de la tiranía militar va en
ascenso, lo que se ha visto en los últimos meses. Pero eso no basta.
Sabemos que la solución definitiva del desastre político y
económico que padecemos toca a nosotros los venezolanos. No esperamos que sean
otros los que nos “rescaten”. En este
atolladero nos metimos y de él saldremos con
nuestras propias fuerzas, a pesar de la desventaja en que estamos los
que queremos restaurar la democracia.
No obstante, sí aspiramos a que nuestros vecinos del
hemisferio se sensibilicen con nuestra tragedia social y adopten, en
consecuencia, iniciativas efectivas y cónsonas en el marco de principios y
normas que rigen las relaciones internacionales.
Obviamente, estamos conscientes de que no es asunto fácil
para ningún gobierno asumir posiciones activas de cara a otro, sobre todo,
cuando están envueltos intereses de toda índole y hay formas que guardar.
Pero cuando se trata de violaciones flagrantes a las
libertades y los principios democráticos, como es notorio desde hace años en
Venezuela, los gobiernos del mundo están asistidos y facultados, además de por
la moral, también por el derecho internacional vigente, contenido en tratados y
convenciones de obligatorio cumplimiento.
Con ocasión de la salvajada perpetrada contra Leopoldo López
y otros venezolanos, resulta oportuno recordar nuevamente lo que ha dicho el
filósofo Michael Walzer: “los principios de independencia
política e integridad territorial no son un escudo para que se refugie la
barbarie”.
La antigua ley no escrita de
Antígona, concede el derecho a terciar mediante la opinión, la ayuda, las
presiones políticas y diplomáticas, y en los casos muy graves, con la fuerza.
Mucho ayudaría a la causa de la libertad en nuestro país la
presión diplomática de los gobiernos democráticos. Éstos no pueden seguir manteniéndose
al margen. Es bochornosa la indiferencia hasta ahora demostrada por algunos.
La escandalosa sentencia contra López y otros venezolanos ha
sufrido un repudio mundial de parte de quienes saben las circunstancias bajo
las cuales fue emitida. La infamia que ella representa debería hacer
reflexionar a los gobernantes de nuestro hemisferio que han permanecido
callados.
Los venezolanos siempre hemos dado un paso al frente a la hora
de la solidaridad con los perseguidos por las dictaduras que asolaron nuestro
continente.
Tenemos derecho a esperar una conducta distinta de los latinoamericanos
de bien cara a las iniquidades de la tiranía chavista.
EMILIO NOUEL V.
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