lunes, 20 de junio de 2011

MI ARTÍCULO DE LA SEMANA

EL DESBARAJUSTE


EMILIO NOUEL

La sensación cada día más sólida y angustiante de que nos deslizamos peligrosamente hacia un desbarajuste general tiene fundamento real; no es una invención oposicionista interesada, ni es afán catastrofista.

Allí están las evidencias golpeándonos a la cara a diario; concretadas en los graves problemas, entre muchos otros, de la electricidad, de la CANTV, del desastroso estado de las vías públicas, del dantesco espectáculo de las cárceles, del hampa desaforada, de la repugnante y potenciada corrupción en las oficinas y empresas públicas, en fin, del desgobierno que en estos días se hace desde un lecho de enfermo en La Habana.

Este notorio derrumbe de los servicios públicos y el concomitante desorden social que genera, la anomia cotidiana, la matraca de funcionarios públicos y los negociados milmillonarios, que observamos en diversos ámbitos, todo producto directo de un poder sustancialmente incompetente y corrupto, plantean a las fuerzas democráticas graves desafíos.

Son los retos del tiempo que le reste a este gobierno autocrático al frente de la administración, por un lado, y los que deberá encarar al llegar a Miraflores, por otro.

Ambos son complejos y requerirán mucha inteligencia, habilidad y sentido de las oportunidades.

Lo que estamos presenciando, por ejemplo, con el extrañamiento del país, del presidente, por razones de enfermedad, es inaudito, vergonzoso, muestra palmaria de lo que estamos comentando.

Solo a observadores “naifs” pueden convencer que esa estadía en Cuba fue imprevista, una emergencia. Todo apunta a que estaba programada con antelación. De allí que todas las previsiones constitucionales debieron ser puestas en práctica, mientras el presidente se ausentaba por enfermedad. Es lo que ocurre en un país en donde las leyes y las instituciones se acatan.

No obstante, los que nos desgobiernan, acostumbrados a la arbitrariedad y la opacidad en su actuación pública, optaron por la solución que más suspicacias y cuestionamientos iban a suscitar.

Suscribir y ejecutar actos de gobierno o administrativos desde el territorio de otro país, como si nada, e independientemente de sus contenidos, no es asunto menor, si tenemos respeto por la Carta Magna. Demostración mayor de desprecio a los venezolanos, su institucionalidad, no puede ser concebida. Y no es asunto de mera formalidad, como algunos genuflexos asambleístas oficialistas, han pretendido dejar asentado, buscando minimizarlo.

Es una bofetada más al país, que será recordada en nuestra historia como la afrenta más ignominiosa que gobernante alguno haya perpetrado contra sus conciudadanos.

Ejecutar actos de gobierno, suscribir decretos, ordenar nombramientos, cuya documentación oficial señala falsamente que han sido concretados o refrendados en Venezuela, cuando es público y notorio que el presidente está fuera del territorio nacional, es una flagrante y grosera mentira, amén de una violación a nuestro ordenamiento jurídico, que no tiene justificación ni fundamentación alguna, que los vicia de nulidad.

Esta impudicia gubernamental, este irrespeto a la legalidad, desde las altas esferas del poder, es el mal ejemplo que se ha transmitido a la sociedad en la última década, la cual se siente con el mismo derecho para hacer otro tanto.

Transgredir la ley se vuelve así en conducta normal aceptada, avalada por quienes tienen el deber de hacer cumplir aquella. Si los gobernantes olímpica y públicamente lo hacen ¿por qué no lo puede hacer cualquier ciudadano de a pie? ¿Por qué no estarían autorizados también los “pranes” que gobiernan las cárceles del país a realizar sus actos delictivos? ¿No tendrían igualmente “razones” para su comercio ilícto los funcionarios civiles y militares que venden armas largas a esos “pranes”?

De allí al caos social no hay más que un paso.

Esta conducta gubernamental reprochable demanda respuestas políticas claras y contundentes de parte de la oposición. Las ha dado, pero debe ampliarlas, proyectarlas, estructurarlas, conectarlas mejor con la población harta o que comienza a hartarse del gobierno.

Ante esta sensación de deslizamiento progresivo hacia el caos social, cuyas causas reales son la incompetencia, la corrupción y la ideología demencial chavista, las fuerzas democráticas deben responder coherentemente, convirtiéndose en la esperanza y garantía segura de estabilidad y prosperidad en los años por venir. Ése el reto más importante.

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