SANTO TOMÁS DE AQUINO:

"Es legítimo que el hombre tenga propiedades...

DERECHOS HUMANOS, EL PRINCIPIO DE PERSECUCION UNIVERSAL Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.

Con no poca frecuencia en nuestro país se oye un discurso en el que se amenaza con llevar a la Corte Penal Internacional (CPI) a funcionarios públicos que presuntamente habrían cometido delitos contra los derechos humanos (DDHH).

Se dice entonces que tales conductas no quedarán impunes y en algún momento, tarde o temprano, y adonde quiera que huyan los culpables, serán perseguidos, apresados y sancionados.

Sin entrar a considerar las conveniencias políticas de estar amenazando a diestra y siniestra a los supuestos culpables, con razón o sin razón, vale la pena referirse a estos temas, para que sepamos a qué atenernos y conocer hasta donde es posible llegar con aquel propósito sancionador.

A pesar de que estamos convencidos y disponemos de múltiples evidencias de la comisión a diario de tales delitos en la Venezuela de hoy y de que el principio de persecución universal de los culpables está en vigor, es fuerza reconocer que el tema de la justicia planetaria no es asunto fácil, como algunos alegremente a veces lo presentan.

En nuestro país, tanto agencias internacionales como nacionales, han determinado un cúmulo enorme de violaciones a los DDHH. Basta revisar los Informes de la Comisión Interamericana de los DDHH (CIDH), Amnistía Internacional, Human Rights Watch o de PROVEA, entre otros, para constatar, sin lugar a dudas, que Venezuela es escenario de estas aberrantes situaciones, que en los últimos años se han potenciado con un gobierno de corte tiránico y rasgos totalitarios.

La lista es larga de los atentados contra los DDHH en Venezuela: leyes violatorias de los derechos humanos, cargos penales falsos, acoso a defensores de los derechos humanos y sus familiares; intimidación y agresión contra opositores políticos; judicialización de la politica; acoso, amenaza e intimidación a periodistas; irrespeto al principio del debido proceso, detenciones arbitrarias, criminalización del derecho a huelga y sindicalización; violencia en las cárceles, criminalización de la opinión; cierre arbitrario de medios de comunicación, falta de acceso a la información pública, criminalización de la protesta pública, y paremos de contar.

Estos crímenes, de conformidad con nuestra Constitución Nacional, son imprescriptibles (artículos 29 y 271). Pero estos delitos también tienen sus niveles de gravedad. No todos son enjuiciables bajo el principio de la persecución universal.

En el Derecho Internacional se ha instituido este principio, que no ha estado exento de polémicas. Como es conocido, el locus delicti, el lugar del del crimen, es la base indiscutible de la jurisdicción penal. Los delitos deben ser juzgados en donde se cometen. Es el principio de la territorialidad del Derecho Penal, que sería expresión, a su vez, de la soberanía estatal.

No obstante, para el Derecho Internacional (DI) aquel principio no es absoluto, ni debería coincidir con la soberanía territorial, y esta opinión viene de lejos, desde que la Corte Permanente de Justicia Internacional, en 1927, lo señalara así.

El principio de persecución universal, como lo señala el jurista y catedrático español Antonio Remiro Brotons, “no sólo permite, sino que anima a los Estados a afirmar su jurisdicción sobre determinados crímenes internacionales, sea cual sea el lugar en que produzcan y con independencia del origen y condición de sujetos activos y pasivos”.

Es importante subrayar que tal principio sólo opera en los casos de crímenes considerados internacionales, es decir, consagrados en el Derecho Internacional.

Y ¿cuales son éstos? Los considerados “de naturaleza especialmente horrible, cruel, salvaje y bárbara”. Entre ellos, el DI incluye la agresión, el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los de guerra.

El Estatuto de la CPI, ley en nuestro país, tipifica en su artículo 5, los delitos siguientes: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y de agresión. Sólo incluiremos la definición de crimen contra la humanidad, porque es la que interesa a los efectos de estas líneas.

Se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación forzosa de población; encarcelación u otra privación de libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación y esclavitud sexual, prostitución forzada, esterilización forzada; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, apartheid.

Como puede observarse, la mencionada Corte tiene competencia sobre los delitos señalados y bajo ciertas condiciones. De allí que a la hora de interpretar estas normas, haya que afinar la argumentación en lo concerniente a la posibilidad de que dicha Corte pueda conocer de ciertas violaciones a los DDHH.

Así, queda claro que la Corte no es competente para todos los delitos, sino para aquellos que revisten cierta gravedad y extensión; y en el caso de los de lesa humanidad, ha de subrayarse la expresión: como parte de un ataque generalizado o sistemático.

De modo pues, que cuando analizamos las distintas violaciones a los DDHH en nuestro país, habría que tomar en cuenta esa circunstancia. ¿Podemos hablar con propiedad de un “ataque generalizado y sistemático” que incluya exterminio, asesinatos, esclavitud, deportación forzosa, encarcelación, tortura, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, apartheid?

En Venezuela, como interpretan algunos, ¿estamos frente a un ataque generalizado y sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, que se materializa en la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada, en nuestro caso, en motivos políticos? ¿Realmente en Venezuela presenciamos delitos de lesa humanidad, de conformidad con la definición de la CPI?

Según el Estatuto, por "ataque contra una población civil" se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política.

¿Cual es el alcance de la expresión “población civil”? ¿es toda la población de un Estado o es sólo un sector de ella? ¿de qué tamaño debe ese sector para ser considerado “población civil”? ¿Cual es la medida para afirmar que se está frente a una “comisión múltiple de actos”? ¿Cuándo podemos hablar de “una política de Estado o de una organización”?

¿Son comparables los crímenes de lesa humanidad cometidos por Hitler o Milosevic, los cuales reunían los requisitos de la CPI, con las violaciones a los DDHH en la Venezuela actual?

Debo confesar mis grandes dudas respecto de si la conducta del gobierno venezolano y de sus representantes, con todas sus violaciones a los DDHH, pueda ser subsumida en la norma de la Corte Penal Internacional que sanciona el crimen de lesa humanidad.

Las preguntas fundamentales son: ¿Cómo demostrar “un ataque generalizado y sistemático”? y ¿Como demostrar que ese ataque forma parte de una política de Estado?

El día que los venezolanos salgamos del gobierno que estamos padeciendo, y la sociedad democrática ponga en marcha sus mecanismos institucionales, entre ellos, una correcta administración de justicia, podremos reestablecer la vigencia del Estado de Derecho, vapuleado en la última década.

Sin embargo, no pareciera, visto lo visto, que muchos de los culpables de las violaciones a los DDHH en nuestro país, puedan ser llevados a la CPI. Amenazarlos con llevarlos a ese tribunal, no luce con mucho fundamento jurídico, aunque pueda ser un recurso retórico disuasivo en la lucha política cotidiana.

EMILIO NOUEL V.

SE TODOS LOS CUENTOS
.
Yo no sé muchas cosas, es verdad
Digo tan sólo lo que he visto.
Y he visto:
que la cuna del hombre la mecen con cuentos...
Que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos...
Que el llanto del hombre lo taponan con cuentos...
Que los huesos del hombre los entierran con cuentos...
Y que el miedo del hombre
ha inventado todos los cuentos.
Yo no sé muchas cosas es verdad.
Pero me han dormido con todos los cuentos...
Y sé todos los cuentos.

LEÓN FELIPE

ANDRÉ GLUCKSMANN:

"El derecho de injerencia procede de la ley no escrita de Antígona. El deber de detener a un perpetrador de masacres está autorizado por la masacre misma, no por una firma en blanco conferida por señores que desvían la mirada. El que libera no tiene por qué rendir cuentas más que a los liberados y a los demás liberadores.El terrorismo, la tortura y la esclavitud legitiman y bastan para legitimar la acción emprendida contra esas plagas".

LUCES Y SOMBRAS DEL JUEZ GARZÓN

Emilio Nouel

Hace semanas vengo dando vueltas al asunto -“des-graciado asunto”, según el socialista español Joaquin Leguinas- del juez español Baltasar Garzón; sobre todo, cuando hemos visto tanto centimetraje de prensa al respecto y muchas muestras de solidaridad hacia él, incluso, de la inefable Cristina Kirchner.

La última noticia es que la anunciada suspensión del juez fue decidida por el Consejo General del Poder Judicial por unanimidad y que el suspendido aprovecharía una invitación de su amigo, el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, para que le sirva de asesor unos meses.

Una primera observación debe hacerse antes de cualquiera otra consideración: En la mayoría de las notas perio-dísticas es presentado Garzón como víctima de una conspiración de la derecha; ergo, aquel que no se apunte a esa visión, es un redomado fascista o sospechoso de apoyo a la ultraderecha española o enemigo del principio de jurisdicción y/o persecución planetaria de los delitos contra la humanidad.

No obstante, la impresión que tengo desde el principio es que no es oro todo lo que brilla en los medios, y que es necesario hurgar más profundamente en el tema y sus circunstancias para conocer lo que está detrás, chantajes políticos e ideológicos incluidos.

Por otro lado, hay que advertir que el debate partidista interno español actual ha coloreado mucho este caso, de allí que haya que evitar caer en esa diatriba, y centrarnos en lo medular, lo que no es sólo de naturaleza jurídica sino también política, siendo este segundo aspecto, a mi juicio, lo más trascendente.

Pero como quiera que el affaire repercute más allá de las fronteras españolas, vale la pena inmiscuirse un poco, y así tratar de separar la paja del grano.

LOS BANDOS EN PUGNA

Quienes apoyan a Garzón frente a los juicios que se siguen en su contra en el Tribunal Supremo, dicen que el juez sería objeto de una persecución de la derecha franquista, que estaría cobrándole el haber abierto investigaciones sobre los crímenes de la dictadura de Franco o algún caso de corrupción.

Quienes lo enfrentan, entre ellos, no pocos políticos y jueces de izquierda, expresan que es ya reiterativo el que muchas de sus actuaciones sean desautorizadas por otros tribunales, y abundan en ellas los “patinazos”, es decir, pifias que en algunos casos han desacreditado la labor jurisdiccional. Y éste sería el caso de los delitos del franquismo. (Ver: “La Colección de Patinazos en las instrucciones del Juez Garzón”, ABC: www.abc.es)

Los procesos judiciales que pesan sobre Garzón son 3: 1) por ordenar grabaciones ilegales a los abogados defensores de un juicio de corrupción (Caso Gürtel); 2) Por estar supuestamente financiado en unas conferencias que dio en EEUU, por el Banco de Santander, contra el cual había un procedimiento en su juzgado; y 3) por haber incoado y cerrado un procedimiento penal en virtud de unas denuncias sobre desapariciones forzadas durante el franquismo. Por cierto, una rogatoria que envió Garzón a Chile en un procedimiento que abrió relativo a cuentas bancarias de Pinochet descubiertas en el Riggs Bank y otras entidades financieras, fue declarada sin lugar por la Corte Suprema de Chile toda vez que esa materia estaría siendo conocida por un juez en ese país.

GARZÓN MEDIÁTICO

Resulta interesante, entonces, comentar este caso, particularmente, por las percepciones que tiene de él el común, en su mayor parte, ligeras y simplistas.

¿Que hay entonces detrás de tanto relumbrón?

Garzón, sin duda, ha sido un juez muy mediático, porque ha tenido que ver con temas altamente sensibles para la opinión pública. Su participación en casos tan sonados como el GAL sobre terrorismo de ETA y el del dictador Pinochet son los más conocidos, y que lo han colocado en primera fila de los flashes.

Lo primero que uno se pregunta es si realmente el juez ha procedido apegado a la ley de su país y los tratados internacionales, al iniciar las investigaciones sobre los crímenes del franquismo.

La otra pregunta que me hago es si con tales investigaciones no se están hurgando heridas que debieron ser borradas a la par que persiguiendo dinamitar un acuerdo político de “punto final”, “de borrón y cuenta nueva” que permitió la transición hacia la democracia en España, cuestión que para el autor de estas líneas, tiene una relevancia enorme.

Pero vayamos por parte. Comencemos por el tema jurídico.

El juez de marras inició un procedimiento sobre desapariciones durante la Guerra civil y en el período franquista. Obviamente, múltiples son las evidencias sobre estos hechos condenables que ocurrieron bajo tal régimen. Sobre este punto no hay duda, así como en el que los familiares de tales desaparecidos tienen el legítimo derecho de conocer dónde están.

Ahora bien, es de recordar que el proceso de transición a la democracia española conllevó varios acuerdos (Pactos de la Moncloa) y uno que implicaba la amnistía de todas las personas que pudieren haber cometido o participado en tales hechos delictivos por razones políticas. A tal efecto se sancionó la Ley del 14 de octubre de 1977, que amnistió esos delitos. Ley ésta que, por cierto, el diputado socialista J. Benegas, señaló en cierta oportunidad que “fue producto de un pacto en el que los vencidos de la guerra civil y perseguidos durante cuarenta años nuevamente tuvimos que guardarnos nuestros sentimientos y demostrar generosidad política para poder avanzar en el proceso democrático.”

No obstante, a pesar de existir tal ley, el juez comenzó una investigación sobre eventuales culpables que él mismo, ab initio, admitía que estaban ya muertos. Verificadas las actas de defunción, el juez declaró que no había responsabilidades que señalar, y se declara incompetente (procesalmente hablando), dato que ya se sabía desde el inicio. ¿Por qué abrir entonces un proceso cuando se conocía que no conduciría a la sanción de nadie?

Joaquin Leguinas, al respecto señala: “Según algunos prestigiosos procesalistas, Garzón, durante este viaje a ninguna parte, se ha saltado: a) la prohibición de incoar un proceso de inquisición general, b) la norma que señala las competencias de la Audiencia Nacional, c) el artículo 25 de la Constitución, d) más de una decena de preceptos del Código Penal, e) otros tantos artículos de la Ley de Enjuiciamiento criminal, etc., etc. Actuaciones antijurídicas que el Juez Campeador ha emprendido bien a sabiendas o bien por ignorancia culpable, es decir, prevaricando.”

A ojos vista, se muestra evidente una actuación poco menos que extraña. ¿Afán de figuración pública del juez? ¿Qué buscaba?

Se ha argumentado que desde el punto de vista jurídico, el juez Garzón tendría soporte para actuar como lo hizo, toda vez que nada de lo dispuesto en la Ley mencionada impediría celebrar juicio y condenar a quienes cometieron delitos según los principios generales del Derecho reconocidos por la comunidad internacional. Así, dicha Ley rompería con criterios de general aceptación en Derecho internacional al constituir una ley de punto final o de perdón de los crímenes.

Ahora bien, ¿de cuáles principios estaríamos hablando? ¿Serían aplicables en el caso que nos ocupa? ¿Pueden ser aplicados retroactivamente? ¿Prescribieron los delitos?

Los principios de derecho internacional que conocemos sobre el tema, son los contenidos en los tratados internacionales vigentes y obligan a aquellos países que los hayan admitido en sus ordenamientos jurídicos. En el marco de las NNUU y de la Unión Europea nos encontramos con varios instrumentos de esta naturaleza. Pero estos instrumentos son posteriores a la Guerra Civil española, y en ellos se tipifican ciertos delitos, que antes no lo eran, según los principios de “nullum crimen sine lege” o “nulla pena sine lege”, es decir, no hay delito si no está tipificado o no hay sanción si ella no está contemplada en un tratado o una a ley interna. Así tenemos que los delitos en contra de la humanidad no lo son sino a partir de que son reconocidos por la comunidad internacional en tratados o por la costumbre internacional.

En cualquier caso, lo importante es saber cuál de esos principios o tratados están vigentes en el ordenamiento jurídico español y a partir de cuando, puntos sobre los cuales existen interpretaciones encontradas. Pero independientemente de si para España estaban o no vigentes aquellos, para el tiempo en que se perpetraron los delitos, o de que la Ley de Amnistía los perdonó, lo cierto es que los culpables ya murieron, y resulta absurdo hacer un procedimiento que no conduzca a la sanción de nadie.

Por otro lado, este caso ha sacado a relucir el tema de la jurisdicción penal internacional que instituyó el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Como es conocido, este tratado fue suscrito en el año 1998 y tiene como objeto castigar los crímenes de genocidio, lesa humanidad y de guerra, por cierto, 21 años después de la referida Ley de Amnistía española. Es de destacar, como lo señala, el fiscal Moreno Ocampo, que dicho Estatuto “se firmó sin carácter retroactivo, para crímenes cometidos después de 2002.”

En el caso que inició Garzón sobre los crímenes franquistas, no está envuelta, en sentido estricto, esta jurisdicción, toda vez que es un proceso a lo interno de España. Sin embargo, se ha querido hacer ver que el principio de la jurisdicción penal internacional estaría en juego al pretender procesar al juez Garzón, habida cuenta de que él ha sido un magistrado que ha actuado sobre la base de tal principio (caso Pinochet).

Quien escribe estas líneas defiende la vigencia del principio de persecución universal contra los delitos de lesa humanidad (Ver “Nuevos Temas de Derecho Internacional, Colección Minerva, Ediciones Libro de El Nacional, 2005).

De allí que no veo porqué estaría siendo atacado tal principio cuando se sigue un juicio de presunta prevaricación (“delito que consiste en que una autori-dad, juez u otro funcionario público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta. Creerse con tanta autoridad como para estar por encima de la ley sin ser así”) contra Garzón. Lo que se investiga es si el juez actuó o no apegado a la ley de su país. No es el principio de jurisdicción penal internacional el que está bajo cuestionamiento, como algunos han querido erróneamente hacer ver.

A mi juicio, de lo que se trata es de dilucidar si Garzón abusó o no de su poder, independientemente de que se trate de un asunto de crímenes cometidos por el franquismo, sobre los cuales no tenemos duda de que fueron perpetrados.

IMPLICACIONES POLÍTICAS

Si entramos al aspecto político del asunto, la cuestión no es menos importante.

Gracias a los acuerdos políticos alcanzados tras la muerte de Franco, es que España se pudo enrumbar hacia la democracia moderna que es hoy. Ese paso trascendental hubiera sido imposible si no se olvidan los desmanes de ambos bandos que se cometieron durante la Guerra Civil (por cierto, al dirigente comunista Santiago Carrillo se le abrió un procedimiento penal por el llamado genocidio y torturas de Paracuellos, Madrid, durante la Guerra Civil y el juez Garzón desechó tal querella). Porque no sólo los franquistas fueron unos bárbaros. De igual forma, la repudiable conducta tiránica que se dio durante el régimen de Franco durante varias décadas, con sus violaciones flagrantes a los derechos humanos, tenía que ser puesta de lado, para dar paso a un régimen de libertades que enterrara odios y resentimientos.

Incluso, un líder de izquierda, José María Benegas, lo señaló así: “La amnistía fue una de las más queridas y sentidas reivindicaciones de la izquierda. No podíamos empezar una nueva etapa democrática con juicios del pasado pendientes, gente en la cárcel y todavía miles de personas viviendo en el exilio político. Como todo en aquel entonces, la Ley de amnistía fue producto de un pacto en el que los vencidos de la guerra civil y perseguidos durante cuarenta años nuevamente tuvimos que guardarnos nuestros sentimientos y demostrar generosidad política para poder avanzar en el proceso democrático.”

Por su parte, el comunista Santiago Carrillo, quien al momento del genocidio de Paracuellos, era el delegado de Orden Público y miembro de la Junta de Defensa de Madrid, declaró que el proceso abierto por el juez Baltasar Garzón para enjuiciar la dictadura franquista era "un error", ya que esta causa "no es el mejor camino para abordar un problema" como el de la memoria histórica. (El País, “Santiago Carrillo: "No entendería ser citado por Garzón”, 30-10-2008)

Con seguridad, al autor de estas líneas le acusarán de ser aliado objetivo de la ultraderecha española o de prestarme a maniobras de reales o supuestos corruptos, por no haberme plegado a la corriente que sale, sin más, a vociferar en la calle y en la prensa a favor de Garzón.

Las consideraciones que hemos formulado aquí no pretenden otra cosa que colocar el asunto en su justo término, sin ceder a chantajes o maniqueísmos.

Se dirá, igualmente, que soy contrario al concepto de la jurisdicción universal que fundamenta la actuación reiterada de este juez, lo cual golpearía la lucha universal por garantizar los derechos humanos en el mundo y la legitimidad de la persecución universal de los delitos de lesa humanidad. Mi posición al respecto está muy clara en un trabajo que ya cité arriba.

No caeremos en la trampa de una encerrona que busca que volteemos hacia otro lado frente a actuaciones poco ortodoxas de este juez. Reconocemos muchas actuaciones plausibles y apegadas a derecho del juez Garzón y su papel crucial en la defensa del principio de la persecución universal de los crímenes de lesa humanidad. Lo que no autoriza a extender un cheque en blanco moral ni jurídico para cualquier actuación o exceso que el juez cometa en sus funciones, como por ejemplo, interceptar teléfonos de abogados defensores, liberar traficantes de droga por error o iniciar procesos de manera alegre. (“La Colección de Patinazos en las instrucciones del Juez Garzón”, ABC: www.abc.es).

La escritora Pilar Urbano, en una biografía que escribe sobre Garzón lo llama “el hombre que veía amanecer” (“Garzón”, Plaza y Janés Editores, 2000, Barcelona). Esperamos que el amanecer del imperio de los derechos humanos y su garantía universal, no se haga a costa de violaciones a las normas del debido proceso, a abusos de autoridad o se vea empañado por el protagonismo enfermizo de los encargados de hacer justicia.

EMILIO NOUEL V.

SUN TZU:

"Que los movimientos de tus tropas y la preparación de tus planes sean insondables."

Jean Jaurès:

“Cuando los hombres no pueden cambiar las cosas, cambian las palabras”

ANDRÉ GLUCKSMANN:

"La avidez de una ganancia sin límite no tiene nada que ver con el capitalismo y menos todavía con su `espíritu´"

GERMÁN CARRERA DAMAS:

"la conciencia histórica del venezolano confronta hoy el reto de comprender que la República, en cuya construcción hemos invertido dos siglos de esfuerzos, está amenazada de ser demolida. Se pretende substituirla por un régimen sociopolítico en el que se confabularían atavismos militaristas, -que considerábamos superados-, con desvaríos ideológicos que la Historia del siglo XX relegó a su deván."

André Glucksmann

"El derecho de los pueblos a la independencia se ha convertido con demasiada frecuencia en el derecho de los asesinos a matar con toda libertad".

ROSA LUXEMBURGO:

"Libertad es siempre la libertad de aquel que piensa de modo diferente."

LAMARTINE:

"La más homicida y la más terrible de las pasiones que se puede infundir a las masas es la pasión de lo imposible”

Felipe González:

"El que sólo sirve para ser diputado, quizás no sirva para ser diputado"

YO NO VOY A MOCKUS

Los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia, hoy como nunca antes, deben interesarnos a los venezolanos. Si eventos electorales mucho más lejanos no dejan de repercutir en nosotros, con mucho más razón los de nuestro vecino, al que nos ligan y ligarán un sin número de vínculos por los siglos de los siglos.

Hoy por hoy, no nos podemos sustraer de la intensa interdependencia global, y ésta es, sin duda, también política. Lo que pase allá en Colombia traerá consecuencias, buenas o malas, para los venezolanos y la región; al igual que lo que suceda aquí, incidirá en los acontecimientos de allá y en el continente. No hace falta abundar en razones al respecto.

Pero si eso es cierto en condiciones normales, en las presentes lo son aun más.

Así las cosas, no nos queda otra que comentar esas elecciones, sobre todo, lo que empiezan a apuntar las encuestas, y éstas indican, hasta ahora, que tendremos un duelo final entre Juan Manuel Santos y Antanas Mockus.

Llama la atención el vertiginoso ascenso del último, similar a otros casos que hemos visto en Latinoamérica. En un año, Mockus no ha hecho sino subir en la preferencia del electorado colombiano, colocándose en la actualidad en el primer lugar.

Mockus, como se sabe, ha sido un Alcalde exitoso, académico reconocido, hombre inteligente, aunque extravagante; a ratos atrabiliario, y muy dado a los gestos espectaculares que rompen con los cánones y la circunspección de la política tradicional. Para sus detractores, es una persona imprevisible, que se equivoca mucho, no se conoce a ciencia cierta su rumbo, que es un fenómeno aluvional, “más cercano a las nubes que a la tierra”, seráfico, y populista típico latinoamericano, débil de carácter, y, en fin, una incógnita política en muchos aspectos, lo que representaría un alto riesgo para la sociedad colombiana y sus instituciones asediadas por graves amenazas. Un líder de estas características, según éstos, no sería entonces el indicado para enfrentar los retos no resueltos de Colombia. Plinio Apuleyo Mendoza señala que “Con Mockus, el enigma y los riesgos que conlleva son los mismos. Es etéreo, brumoso, imprevisible, expuesto a cada paso a rectificarse a sí mismo. ¿Adónde nos llevaría? De pronto ni él mismo lo sabe”.

Sus seguidores, por el contrario, señalan grandes virtudes en Mockus. Brillante administrador y ejecutor, honesto, moderno, eficaz, dialogante, “la fuerza tranquila”, dirige un equipo triunfador, no proviene de las oligarquías partidistas y dispondría del temple suficiente para enfrentar a la delincuencia, el narcotráfico y la guerrilla.

Obviamente, Mockus pareciera representar una opción fuerte de la población colombiana fatigada de la dirigencia política, de la violencia y de los problemas sociales no resueltos. Quizás, para la mayoría de los colombianos pueda ser lo mejor, pero no estamos tan seguros de ello.

Mockus es un político ubicado en el centro-derecha del espectro político, a pesar de sus gestos irreverentes, propios de la izquierda. Es partidario de la economía de mercado, de apertura a las inversiones extranjeras y el libre comercio. Para algunos es neoliberal.

No obstante, como simple observador venezolano debo enmarcar este asunto en un entorno mucho más amplio, incluso más allá de las relaciones bilaterales.

El régimen autoritario bajo el cual vivimos promueve un proyecto político-ideológico hemisférico (ALBA) expansionista, tiene relaciones estrechas con las FARC, y con la llamada Coordinadora Bolivariana Continental. De allí que no sea ocioso preguntarse sobre lo que más convendría que ocurriese en Colombia para las fuerzas democráticas venezolanas y su propósito de recuperar la democracia.

¿Es preferible un mandatario que ponga un freno a aquellas pretensiones de Chávez y su expansionismo o uno que permita que sus designios autoritarios se sigan proyectando?

Porque si en Venezuela no tuviéramos ése régimen, que amenaza a la región, quizás estos comentarios transitarían por otros derroteros, y las preferencias respecto de las figuras que se disputan la presidencia de Colombia serían otras; el asunto, si bien se mantendría como importante, sería, sin embargo, menos preocupante. Podríamos expresar nuestras preferencias con mayor comodidad.

En Venezuela, la figura de Mockus atrae mucho. Hemos visto políticos, analistas y humoristas pronunciarse al respecto, en su mayor parte, favorablemente. Pero los enfoques no calibran suficientemente la significación y los efectos probables de un triunfo de Mockus en Colombia para el desarrollo de la oposición democrática en nuestro país.

Hay opiniones muy superficiales, como, por ejemplo, la que dice que a Chávez le conviene un triunfo de Santos porque así podrá mantener la confrontación viva con un factor exterior, “el enemigo externo”, lo cual reforzaría su posición en lo interno. Eso no es necesariamente así. ¿Acaso necesita Chávez a Santos para ser confrontacional? ¿No viene de decir en UNASUR que no le importa quien gane en Colombia, porque igual se entenderá con ese gobierno?

Estas opiniones dan por descontado que con Mockus, Chávez estaría apaciguado, “desarmado”, porque no tendría con quien pugnar, ni dispondría de enemigos externos a señalar, lo cual podría facilitar más una salida democrática en Venezuela.

Esta hipótesis, expresada, incluso, por Fernando Mires, no nos luce bien sustentada, conociendo la naturaleza del gobernante de Venezuela y sus arrebatos.

A nuestro juicio, Chávez se enfrentará, más temprano que tarde, con Santos o con Mockus, o con quien sea. Enemigos externos a elegir le sobrarán, así tenga a un Mockus en Colombia tranquilo. Si no es Mockus, los conseguirá en la oligarquía de Colombia, en EEUU, en Chile o en Europa. Por otro lado, no alcanzamos ver cómo una salida democrática en Venezuela podría acelerarse con Mockus en la presidencia; más bien, percibimos que se prolongaría en el tiempo con un Mockus, “apaciguado” y/o “apaciguador”, “neutralizado”, o en el peor de los casos, “zelayizado”. No cabe la menor duda, sería una presión menos para Chávez, un flanco cubierto, que le permitiría avanzar en sus planes con las FARC, la Coordinadora Bolivariana Continental y la ALBA, desembarazado, como estaría, de un factor que lo frene o enfrente; y con esto no queremos que se infiera que el presidente colombiano deba ser beligerante ante Chávez. Pero permítannos dudar de que Mockus se conduzca adecuadamente frente a un aliado de Chávez: las FARC.

Ciertamente, para la industria y el comercio colombianos sería un gran alivio un Mockus que haga las paces con Chávez. ¿Y para Venezuela sería lo mismo? Me refiero a sus industriales y comerciantes, asediados, confiscados, sin dólares para importar, con sus derechos económicos en proceso de extinción. Para éstos, a mi juicio, nada cambiaría sustancialmente.

Para los consumidores venezolanos, quizás sea positivo también; tendrían mayores opciones de compra, y el gobierno venezolano se aliviaría igualmente al no tener la presión del problema de la falta de alimentos y otros productos que reiniciarían su ingreso desde Colombia.

El “fenómeno electoral Mockus”, “la bola de Mockus” o “el tsunami verde” es probable que gane en las elecciones de Colombia.

Como venezolano, sin embargo, no apuesto a ese triunfo, y que me disculpen los colombianos que lo siguen. Pero este asunto no es sólo del interés de ellos, es también continental, y es, por supuesto, nuestro. Yo no voy a Mockus.

EMILIO NOUEL V.

¿ARMAS CONTRA IMPERIOS?

Luis Ugalde

Nada bueno se puede construir sobre la mentira o el autoengaño. En enero Caracas apareció llena de costosos afiches del Bicentenario que dicen: 200 años combatiendo imperios. ¿Buscan alimentar la épica antiimperialista y justificar el armamentismo? Lamentable falsedad y errado propósito. Veamos. Se supone que los imperios combatidos por Venezuela fueron España, Inglaterra y Estados Unidos.

España como imperio era cadáver insepulto desde 1640. Las provincias americanas se mantuvieron unidas a Madrid, no por la marina ni los ejércitos imperiales, sino porque los españoles de América -a pesar de agravios y discriminaciones- querían seguir siendo españoles y católicos, antes que ingleses y anglicanos. De 1811 hasta 1815 la guerra fue entre venezolanos y el saldo final de nuestra Independencia es de no menos de 30 venezolanos de ambos bandos, que se mataron entre sí, por cada muerto español.

Miranda, Bolívar y todos los fundadores buscaron - con toda razón y pragmatismo - el apoyo inglés. Nuestra independencia fue ganada en los campos de batalla y garantizada por el apoyo y reconocimiento inglés y norteamericano (C.Zumeta).

Luego el imperio inglés nos despojó de más de 150.000 km2 en el Esequibo, sin soldado invasor muerto, pues nuestros hombres sin escuela desde niños aprendían las cargas a machete para matar venezolanos. En el momento en que los ingleses planeaban apoderarse de las Bocas del Orinoco y de las minas de oro de El Callao, el Ilustre Americano (tal vez con razón) soñaba con la construcción de un ferrocarril del Orinoco a Guasipati para acercar las minas de oro a la bolsa de Londres.

EE.UU, ocupado en el siglo XIX en la dominación de su propio territorio (con anexión de parte de México), a finales de siglo dio los primeros saltos imperiales sobre el Caribe, Centroamérica y Oceanía. Teodoro Roosevelt (1901-1909), con cinismo y garrote escondido, añadió a la doctrina Monroe el “corolario de Roosevelt” que se reserva el derecho de “ejercer un poder de policía internacional” en determinados casos.

Es importante no provocar a perro poderoso y dispuesto a morder. Lo contrario hizo la boconeria nacionalista de Cipriano Castro y nos entregó atados de pies y manos al policía norteamericano. Su guerra verbal antiimperialista provocó a los europeos y la desvergonzada agresión armada de estos a nuestros puertos le ofreció en bandeja a Estados Unidos la imposición de la doctrina Monroe con el corolario Roosevelt. EE.UU. paró a los agresores y el ministro (embajador en Venezuela) Bowen “representó” a nuestro país en los Protocolos de Washington (1903) con las potencias europeas, garantizó nuestro sumisa aceptación y nos impuso el pago de las deudas con el 30% de las ingreso de las aduanas de La Guaira y Puerto Cabello. No necesitó consultar a Venezuela para los “insultantes” Protocolos (González Guinán dixit) y obligar a nuestro paí! ;s a aceptar las Comisiones Mixtas, donde europeos y norteamericanos hicieron sus abusivas demandas; sólo el 15% eran razonables. Toda protesta venezolana fue inútil y, gracias a Castro, se impuso Estados Unidos como señor de este lado del Atlántico y policía del comportamiento venezolano.

No se conoce muerto norteamericano por bala antiimperialista venezolana, aunque habrá algún funcionario petrolero victima del paludismo por picadura de mosquito. Hoy el palabrerío y el insulto se combinan sin rubor con la entrega dócil de 400 millones de barriles de petróleo al año, al buen pagador imperial, para luego correr encandilados a comprarles lo que nos quieran vender.

A pesar de brillantes paréntesis civiles y civilizatorios en el pasado, la realidad y la imaginación venezolanas se mantienen secuestradas por los caudillos que compran armas contra nuestro desarrollo civil, no contra los imperios. Acaban de secuestrar el dinero de las escuelas para helicópteros artillados y tanques rusos (5.400 millones de $ en armas hoy y 4.000 millones ayer).

Contra los imperios los pequeños luchan exitosamente, no provocándolos con palabras insultantes, sino fortaleciendo su propio desarrollo civil: educativo, económico y social, unidad nacional y alianzas internacionales. La prohibición de los juguetes bélicos debiera ampliarse a los mayores de edad, con auto-prohibición presidencial incluida.

MOCKUS ES PARA FINLANDIA, NO PARA COLOMBIA

Bobitos, no

Plinio Apuleyo Mendoza

Su programa, como bien lo anota Saúl Hernández, parece diseñado para Dinamarca o Finlandia y no para Colombia. Todo, en última instancia, lo pone en el tablero de la educación y de la cultura ciudadana. Es explicable: Antanas Mockus (pues a él, claro está, me refiero) tiene el perfil de un educador y no de un político. Un educador, es cierto, con gestos tan insólitos como los de bajarse los pantalones delante de sus alumnos, celebrar su matrimonio en el lomo de un elefante, ponerse un queso a manera de sombrero, pasearse por la calle vestido de SuperMockus, pedir perdón a sus conciudadanos desde un estanque del Parque Nacional o lanzarle un vaso de agua en la cara a Horacio Serpa durante un encuentro.

Su ascenso en las encuestas tiene dos explicaciones. La primera es la de ser visto como un hombre honesto y ajeno a la clase política y a sus vicios clientelistas. La segunda es que sabe explotar como nadie efectos mediáticos. Pertenece a la rama más vistosa de la cultura: la del espectáculo. Apela al gesto capaz de suscitar hacia él atracción o simpatía. Con Enrique Peñalosa y Lucho Garzón compuso el trío fraternal de los tres tenores para recorrer el país en auto, a pie o en bicicleta en nombre de un enigmático Partido Verde. Ahora rechaza 4.500 millones de pesos que le otorgaría el Estado para su campaña y confiesa en la W que está enfermo de párkinson. Esto último lo anularía como candidato en Estados Unidos, pero en este país del Sagrado Corazón toca nuestra alma buena de colombianos.

Resulta inquietante comprobar que en esta campaña meteórica están pesando más los efectos publicitarios que las propuestas y las capacidades demostradas. Y se cometen injusticias. Por ejemplo, a la competidora de Mockus para enfrentarse a Santos en la segunda vuelta, Noemí Sanín, se le crítica todo, hasta el look. Si responde bien en un debate, se presume que su respuesta estaba aprendida de memoria. Se olvida que en todos los cargos ocupados por ella se desempeñó con brillo y eficiencia y que es tan ajena como Mockus a la politiquería y a la corrupción.

Los jóvenes electores deberían saber que las simples propuestas de pedagogo no bastan para manejar un país. Por ejemplo, los problemas de una justicia infiltrada no se resuelven con la seráfica recomendación de Mockus de "acatar a los jueces". ¿Qué sabe él de la guerra jurídica, de los problemas de seguridad, del déficit fiscal, del desempleo, de la deficiente infraestructura vial y de las amenazas que nos provienen del entorno regional? Es un misterio. Lo mismo ocurre con Sergio Fajardo, su candidato a la Vicepresidencia. No olvidemos que en su momento eligió como compañero de fórmula a Julio Londoño, cuyo despiste ideológico es tal que considera a la Cuba castrista como una "democracia de bienestar" y no formal como la nuestra.

Si Mockus y Fajardo, dos ilustres profesores más cercanos a las nubes que a la tierra, llegaran a la segunda vuelta, tendrían no sólo el voto de los despistados atraídos por su imagen, sino el muy peligroso del Polo, de los mamertos y seguramente del Partido Liberal; es decir, de todos cuantos desconocen lo conseguido por Uribe y todavía comparten con una Piedad Córdoba la idea de que en vez de guerra al terrorismo se busque un nuevo diálogo con la guerrilla. De esta manera, la seráfica llave Mockus Fajardo de hoy, pese a su limpia trayectoria, puede convertirse mañana en la opción más peligrosa para el país. De ahí que yo quisiera darles a muchos jóvenes, encandilados por la candidatura verde, un consejo de abuelo: no caigan en efectos puramente escénicos ni en trampas del corazón; voten con la cabeza. Bobitos, no.

Emperador Adriano:

"Todavía no estoy tan débil como para ceder ante las alucinaciones del miedo, casi tan absurdas como las de la esperanza, pero mucho más penosas. De engañarme, preferiré siempre el camino de la confianza. Acaso no gane más con ello, pero sí sufriré menos"