EL GRAVE RIESGO DE LAS INVERSIONES MERCOSURIANAS EN VENEZUELA

Emilio Nouel V junio 2009

La polémica sobre el ingreso de Venezuela a MERCOSUR sigue abierta, y la aprobación del Protocolo de Adhesión parece postergarse aún más, particularmente, en el caso del Congreso brasileño. Incluso, el punto ha sido levantado en la actual campaña electoral argentina, debido a las repercusiones que han tenido allá las estatizaciones del gobierno venezolano por razones claramente ideológicas y no de utilidad pública, de varias empresas de ese país.

Así las cosas, valdría la pena preguntarse cómo va a lidiar el gobierno de Chávez con las disposiciones legales que forman parte del ordenamiento jurídico mercosuriano, y que apuntan a proteger y promocionar las inversiones originarias del bloque, si es su intención mantener una anacrónica visión estatista-colectivista de la economía y su oposición a la economía de mercado y el libre comercio. La misma pregunta deberían hacérsela, igualmente, los que tienen la responsabilidad de aprobar la adhesión del gobierno de Venezuela en los parlamentos: ¿cuales garantías de seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada y a las inversiones le van a exigir al gobierno venezolano?

El Protocolo de Colonia sobre Protección y Promoción recíproca de inversiones de MERCOSUR data de 1994. Su artículo 2 dispone que cada Parte Contratante promoverá las inversiones de las otras Partes Contratantes y las admitirá en su territorio de manera no menos favorable que a las inversiones de sus propios inversores o que a las inversiones realizadas por inversores de terceros Estados, sin perjuicio del derecho de cada Parte a mantener transitoriamente ciertas excepciones limitadas que correspondan a algún sector.

En tal sentido, los mercosurianos aseguran en todo momento un tratamiento justo y equitativo a las inversiones procedentes del bloque y “no perjudicarán su gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas injustificadas o discriminatorias”.

Los Estados, también, deberán conceder plena protección legal a tales inversiones y no establecerán, en principio, requisitos de desempeño como condición para el establecimiento y la expansión de las inversiones, como por ejemplo, los relativos a compromisos de exportación, de adquisición de productos nacionales u otros similares.

En cuanto a las expropiaciones, el artículo 4 del protocolo establece, como principio, que los países miembros no podrán tomar medidas de nacionalización o expropiación contra inversiones provenientes de otro país miembro, a menos que sean adoptadas por razones de utilidad pública, sobre una base no discriminatoria y bajo el debido proceso legal. Disponje, igualmente que tales medidas serán acompañadas del pago de una compensación “previa, adecuada y efectiva”, la cual corresponderá al valor real que tenía la inversión inmediatamente antes del momento en que la decisión de expropiar haya sido anunciada legalmente, y generará intereses o se actualizará su valor hasta la fecha de su pago.

Dada la locura estatizante y el clima de acoso a la actividad privada que se vive en Venezuela ¿podrían sentirse estimulados o seguros los actuales y potenciales inversionistas de MERCOSUR o de cualquier otro país para traer su dinero en tales condiciones?

Obviamente que no. Y si a ello le sumamos las decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia sobre la base de un concepto anacrónico de soberanía absoluta y en el sentido de no reconocer la aplicabilidad de los fallos de tribunales internacionales o de otros países, el cuadro para la inversión y los negocios internacionales del país no puede ser más contraproducente y desastroso; de allí que los parlamentos de MERCOSUR deban estar conscientes de las implicaciones de su decisión y vean más allá de las oportunidades coyunturales de colocar sus productos.

La demencia ideológica está llevando progresivamente al país a la debacle económica y al estallido social, todo lo cual ahuyenta a los negocios. Los que manejan las palancas del poder –lo he dicho otras veces- viven un mundo que ya no es o nunca fue, y no se han dado cuenta. Sus ideas no tienen ninguna pertinencia con el mundo interconectado e interdependiente de hoy. Su ignorancia y el resentimiento histórico que cargan a cuestas les impiden comprender los signos de los tiempos. Están condenados a un estrepitoso fracaso, no me queda la menor duda.

La mayoría de los venezolanos de hoy deseamos abrirnos al mundo, y en el comercio queremos tener socios confiables, seguros y permanentes, en un marco de relaciones equitativas y respetuosas. Así como no nos oponemos a ser miembros de MERCOSUR, tampoco de la Comunidad Andina o de un eventual Tratado de Libre comercio hemisférico. Lo que exigimos es que en cualquiera de estas iniciativas los distintos sectores del país sean consultados y las negociaciones se hagan con equipos idóneos que sepan defender nuestros intereses nacionales.

Esto es lo que deberían valorar los parlamentos a la hora de negociar con el gobierno actual de Venezuela.

EMILIO NOUEL V.

Opinión

EL INGRESO DE VENEZUELA ¿FAVORECE O NO A MERCOSUR?

El asunto del ingreso de Venezuela a MERCOSUR sigue dando que hablar. Hasta el ex Presidente Kirchner –para algunos, Presidente aún- se refirió al tema en estos días de campaña electoral en Argentina.

   La polémica se ha reavivado en el mencionado país como consecuencia del pedimento formulado por un grupo del gremio de industriales, en el sentido de que se deje sin efecto la aprobación legislativa del Protocolo de Adhesión de Venezuela, sancionada hace 3 años atrás. 

   La razón que esgrimen es que el gobierno venezolano ha expropiado, casi confiscado, empresas argentinas, todo lo cual sería contrario a los principios de respeto a la propiedad y a la libre iniciativa privada, derechos que están garantizados no sólo en la constitución argentina sino también en los principios que inspiran a MERCOSUR.

   El estallido de la protesta se da, sobre todo, al filtrarse a la opinión pública una declaración del Presidente de Venezuela, en la que manifestaba sus preferencias por las empresas brasileñas, las cuales no correrían la suerte de las estatizadas argentinas, quedando aquellas exentas de cualquier medida del Estado que afecte su actividad e intereses.

  Por otro lado, en Brasil, el ex canciller brasileño Celso Lafer expresó en una audiencia pública de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que "incorporar a la Venezuela de Chávez podría llegar a contribuir a condenar un innovador proyecto de integración a la irrelevancia y la disolución",  toda vez que tal presencia podría generar conflictos. En la misma audiencia participó también el jurista Ives Gandra da Silva Martins, quien igualmente se mostró opuesto a que el bloque comercial acepte a Venezuela como miembro pleno mientras este país sea presidido por Chávez. "No se puede olvidar que si Venezuela entra al Mercosur como miembro pleno tendrá poder de veto y eso es preocupante", declaró da Silva Martins.

  No sabemos cuál podría ser el destino final de estos llamados. Desconocemos si la propuesta de derogatoria planteada en Argentina se dé o si las recomendaciones de Lafer o da Silva Martins sumadas a las posiciones de José Sarney y Collor de Melo, vayan a tener eco en una mayoría de senadores. Tengo mis dudas en ambos casos.  

  Sin embargo, que sólo el tema se plantee con tal fuerza y sea debatido ya es ganancia política para quienes padecemos el gobierno autoritario venezolano. Es un antecedente más para engrosar el prontuario de éste, a los ojos de la comunidad internacional.     

   Sin embargo, sigo pensando que tarde o temprano Venezuela será admitida de pleno derecho en MERCOSUR; son muchos los intereses materiales y políticos que están en juego. Y aunque no nos oponemos al libre comercio y a la integración con las naciones del hemisferio y más allá, no podemos sentirnos satisfechos, como Nación, de entrar a ese bloque de comercio en las circunstancias actuales. No se han realizado las consultas necesarias con la sociedad venezolana, los empresarios, los sindicatos, especialistas y la academia; y las negociaciones que se adelantan se hacen sin disponer de una valoración adecuada de nuestros intereses y sin una estrategia con equipos de negociadores idóneos, y ya esto nos anuncia daños futuros.

   Lo que, en definitiva, lamentamos es que no sea una Venezuela democrática la que ingrese al bloque, sino un país cuyo gobierno se ha lanzado por una pendiente demencial que está llevándonos a la ingobernabilidad y el desastre económico.

   Podrán seguir realizando grandes negocios los industriales brasileños y argentinos, con o sin MERCOSUR, en virtud de las facilidades que el gobierno actual les está brindando. No podemos cuestionarlos por ello. Pero deben tener también claro que los gobiernos pasan y los países permanecen.

   Otros tiempos vendrán. Igualmente, otras visiones y prioridades; y, obviamente, otras orientaciones de políticas. Un gobierno genuinamente democrático, respetuoso del Estado de Derecho y garante de las libertades políticas y económicas llegará. La cooperación, el diálogo y la integración han sido políticas tradicionales del Estado venezolano, y más temprano que tarde se retomará esa senda que el gobierno actual ha abandonado con su pugnacidad e injerencia en los asuntos de otros países, y promoviendo un proyecto político-ideológico autoritario.  

   No nos oponemos, en general, al ingreso de Venezuela a ningún régimen de integración -incluido MERCOSUR- que signifique producir bienestar a nuestro pueblo. Ésa debería ser la orientación de las fuerzas políticas democráticas y modernas.

  Sólo aspiramos a que los socios potenciales sepan valorar las circunstancias políticas y económicas de nuestro país y actúen en consecuencia. La pregunta fundamental que deben hacerse los gobernantes y parlamentarios de los países de MERCOSUR es si los principios que inspiran al gobierno de Venezuela en los ámbitos político y económico son contrarios o no a los del bloque. El ingreso de Venezuela en las condiciones actuales ¿favorece o no al bloque? Y, por último, otorgarle el poder de veto al gobierno de Venezuela, como muy bien lo recuerda el jurista brasileño mencionado ¿no sería un riesgo que valdría la pena evaluar, habida cuenta de la posición ideológica conocida del gobierno de Chávez?

 

EMILIO NOUEL V.

  

   

       

 

 

                     OEA: GANÓ LA CIVLIZACION Y PERDIÓ LA BARBARIE

 

Es infinita la capacidad del presidente venezolano en su intención, reiterada, de pretender  trastocar y/o voltear los hechos con el único propósito de colocarse siempre como ganador en todas las confrontaciones internas o internacionales que ha enfrentado. 

  Lamentablemente, el ciudadano de a pie, poco informado, enfrascado como está en sus problemas cotidianos o desconocedor de temas propios de especialistas, es siempre presa fácil de las manipulaciones, mentiras o distorsiones de ciertos gobernantes impostores que no tienen la honestidad y el coraje de admitir los reveses que sufren. 

  Todos los venezolanos recuerdan cómo el en el año 2007, al producirse la derrota de la propuesta de cambio constitucional impulsada por el gobierno, el Presidente pretendió minimizar o descalificar el gran triunfo alcanzado por las fuerzas democráticas  en unas condiciones de ventajismo obsceno y corrompido por parte de Miraflores.

   El año pasado, con ocasión de la elección de alcaldes y gobernadores, hizo lo mismo tratando de desvalorizar el hecho de que la oposición había logrado ganar en los estados y centros neurálgicos del país.

   En el plano internacional, lo hemos visto, triunfador, afirmar como realidades o logros, iniciativas o proyectos que apenas están en el papel de las declaraciones de intención. Si alguien se tomara el tiempo o la molestia para analizar los cientos y cientos de acuerdos que ha firmado con muchos países durante 10 años, se topará con que son muy pocos los que se han puesto en práctica o ejecutado; sin embargo, el presidente venezolano los da por realizados y los exhibe como muestras de su diplomacia exitosa. Y esto sin mencionar, aquellos acuerdos que ha firmado una y otra vez, de manera repetitiva, sobre las mismas materias, cambiando sólo los textos. 

  En la reciente reunión de la Organización de Estados Americanos que tuvo lugar en Honduras, la ocasión fue propicia para que esa junta de beneficencia que llaman ALBA, liderada por el gobierno de Venezuela, el gran benefactor, se diera otra trascendental confrontación contra el imperialismo norteamericano. El motivo, como se sabe, era Cuba y su eventual reingreso al sistema interamericano, en este caso, a la institución más importante, ya que en otros entes o instancias (Grupo de Río, ALADI)  ya ha sido aceptada.

   Obviamente, para los bolivarianos, esta batalla, por ningún respecto, se iba a perder por las fuerzas combinadas de las formidables cancillerías de Bolivia, Nicaragua, Honduras y Venezuela, independientemente de que la resolución que fuera emitida, tuviera o no el contenido que esta poderosa fuerza aspiraba. 

   Según la declaración del presidente venezolano, los gobiernos bolivarianos ganaron la contienda, y al imperialismo se le infligió una gran derrota. Y no podía de ser otro el resultado desde la óptica de quien no pierde una sola batalla.

   De nuevo los hechos son volteados, y en consecuencia, se encadenan los canales de televisión y radio, para que se sepa, antes de que se conozca la verdad verdadera por boca de otros, que una vez más las fuerzas revolucionarias se anotan un tanto en su campaña admirable hacia la instauración del comunismo del siglo XXI. 

   Obviamente, no se va decir que si bien se dejó sin efecto una Resolución de la OEA de hace 47 años, que fue sancionada en otra épocas y circunstancias, muy distintas a las actuales, y que, a mi juicio, fue justificada, esta Organización “guiada por los propósitos y principios establecidos de la Organización de los Estados Americanos contenidos en la Carta de la Organización y en sus demás instrumentos fundamentales relacionados con la seguridad, la democracia, la autodeterminación, la no intervención, los derechos humanos y el desarrollo”; también señala que en el caso de que el país en cuestión quiera reingresar, deberá abrirse “un proceso de diálogo iniciado a solicitud del Gobierno de Cuba y de conformidad con las prácticas, los propósitos y principios de la OEA.”

   ¿Y cuales son estos últimos? Nada más y nada menos, entre otros, la vigencia de los derechos humanos  y la democracia, para lo cual Cuba es difícil que califique, a menos que ocurran cambios sustanciales en su régimen político.

   Lo que no dice, por cierto, el presidente, en su discurso triunfalista, es que lo que los gobiernos bolivarianos querían, fue derrotado en las negociaciones, y que los grandes del patio (EEUU y Brasil) fueron determinantes en el resultado. Deseaban, prácticamente, que se le pidiera perdón al gobierno tiránico de Cuba, que los países miembros se hicieran la vista gorda sobre el régimen tiránico y totalitario cubano, y se condenara a algunos gobiernos, principalmente, a EEUU. Para ello, amenazaron con salirse de la OEA, como si ellos fueran indispensables para que la organización funcione. 

  Así las cosas, la decisión tomada por al OEA, aunque inusual en las relaciones internacionales, representa, si nos atenemos a sus términos, un triunfo y una reafirmación de los principios democráticos y de libertad que inspiran a la organización sobre las pretensiones aviesas de gobernantes autoritarios que apoyan una tiranía que ha hundido a un país hermano en la miseria, la represión y la desesperanza a lo largo de muchas décadas. Se impuso el consenso, el apego a los valores y la sensatez de las fuerzas democráticas del hemisferio de frente a los sectores más oscuros y retrógrados del continente. Ganó la civilización y perdió la barbarie.

 

EMILIO NOUEL V.

        

   

.Políticos consideran insuficiente discusión de nueva ley electoral

(UNION RADIO)- Organizaciones políticas y ONG’s consideran que el proyecto de Ley Orgánica de Procesos Electorales persigue que el gobierno obtenga un control total del Parlamento, en vista de que ha perdido apoyo popular.

Escuche a Ismael García Escuche a Luis Ignacio Planas Escuche a Vicente Bello Escuche a Juan Carlos Caldera Escuche a Dashiell López

(UNION RADIO)- Alertaron que el proyecto de Ley tiene el propósito de la desmovilización y desmotivación de los ciudada

En este sentido explicó que el gobierno ha reducido su capacidad y el presidente Chávez en la encuesta más conservadora, producto de todo lo que está pasando, “ha perdido más de 13 puntos y eso va a seguir ocurriendo”.

 “Frente a esta situación necesita una ley que, siendo minoría, le garantice su estabilidad en el tiempo y que con menos votos que los que hoy tienen, puedan garantizarse en la Asamblea Nacional una inmensa mayoría que no es legítima, como la de hoy no la es”, advirtió.

Alertó que el proyecto de Ley Orgánica de Procesos Electorales tiene un segundo propósito, “la desmovilización y desmotivación de los ciudadanos”. Exhortó a los venezolanos a no dejarse desmotivar con cualquiera que sean las estrategias del ejecutivo nacional. “Vamos a dar la batalla”, aseguró.

Aplaudió la propuesta del partido Patria Para Todos de 50-50; es decir “que los votos que salen en la lista sean descontados del nominal o viceversa para que no haya posibilidad de que se pueda armar una morocha”, frente a la presentada por el gobierno de 80-20, “80 circuitos y 20 lista”.

“Lo que se está planteando es legalizar las morochas y hasta peor que eso”, denunció.

Sobre la decisión el Consejo Nacional Electoral de suspender las elecciones mientras no haya ley, García insistió que lo único que puede sostener la democracia es el poder del voto, “por eso lo quieren deslegitimar para que la gente no vaya a votar”.

Indicó que los partidos políticos al unísono deben colocarse al frente de los propósitos fundamentales.

Ley regresiva

El presidente de Copei, Luis Ignacio Planas destacó que la búsqueda de la propuesta de ley electoral, “es una respuesta al avance de la oposición y al crecimiento progresivo del capital político de más de 5 millones 200 mil votos obtenidos en el referendo de febrero”.

“El fin último de esta ley es asegurarse la mayoría en la AN, ante los avances de la oposición; legaliza las irregularidades de las elecciones pasadas; otorga una grosera discrecionalidad normativa al CNE; y avala el ventajismo gubernamental”, insistió.

Entre las observaciones a la ley que tiene la tolda verde, Planas manifestó que “es una ley regresiva, no es progresiva”, es decir “la ley no incorpora los elementos que se han logrado en los últimos años a favor de la trasferencia electoral”.

Indicó que tampoco recoge las resoluciones del CNE, las cuales a su juicio, “han mejorado la trasparencia del sistema”, citando como ejemplo que no se incorpora la auditoría del 54% de las mesas.

“Nosotros queremos que se establezca el porcentaje que habíamos logrado”, y agregó que la discusión que se ha producido en torno a la ley es insuficiente.

“Una ley que es tan importante como esa requiere un consenso importante de la sociedad venezolana, ha sido una cosa llevada por los cabellos y atropellada”, considera.

Denunció que a la AN se le ha olvidado el parlamentarismo de calle y “el CNE tampoco fue tomado en consideración para la elaboración de esta ley”.

Criticó la decisión del CNE de suspender las elecciones, sentenciando que es “es un poder que está secuestrado como los otros poderes públicos”.

Advirtió que la propuesta de ley establece mecanismos que sustituyen el valor del voto. “Lo que se pretende con esta ley es convertir a la primera minoría en una mayoría del 80%. El chavismo es la primera minoría del país y la quieren convertir en una gran mayoría, quieren aprovecharse de algunos mecanismos ventajosos para arrebatarlo todo con unos votos que no dan para eso”, dijo Planas.

Planas denunció que es una propuesta de ley que afecta además la representación proporcional. “La afecta porque los candidatos uninominales que sean electos no excluyen a la lista que se presenta; y se quiere reducir también la representación”, dijo.

Cobardía electoral

El miembro de la Dirección Nacional de Primero Justicia, Juan Carlos Caldera considera que el proyecto de ley electoral no aporta nada beneficioso al sistema electoral venezolano. “La hemos llamado la ley de cobardía electoral, porque tiene un espíritu de cobardía al voto popular”, señaló.

Puntualizó que “nada se hace por la regulación de las nuevas figuras de referendo de auditorías, guarda silencio sobre las figuras de los observadores internacionales y nacionales; guarda silencio sobre los lapsos que deben cumplirse para convocar un proceso electoral y cuánto debe durar una campaña electoral, dejando discrecionalidad al CNE para seguir con la misma situación que vivimos que semanas antes de los procesos electorales”.

A su juicio el gobierno sabe que “como van las cosas y como se ha venido avanzando la foto es un gobierno hacia atrás y una alternativa democrática creciendo”.

“Esta es una ley que castiga a quien tiene una manera distinta de pensar”, dijo.

Exigió que, en beneficio del país, “cada voto pese y cuente para tener la misma representación”.

Ir donde sea necesario

El coordinador de asuntos electorales de Un Nuevo Tiempo, Vicente Bello, insistió que unas de las objeciones fundamentales al proyecto de ley es que es un retroceso. “Venezuela es una sociedad plural y se ha evidenciado en los último dos eventos nacionales, con la reforma del 2007 o la enmienda del 2009”, señaló.

Criticó que la ley deja en manos del CNE muchos elementos de forma discrecional.”El RE y la deficiencia de la identificación en el país es un problema muy importante, la ubicación de los centros de votación, la conformación de los circuitos electorales queda de manera totalmente discrecional y allí está una de nuestras mayores observaciones”, agregó.

Informó que al respecto han solicitado un derecho de palabra en la Comisión de Participación de la AN. “Vamos a ir en conjunto todos los partidos a los organismos que sean necesarios, vamos a recurrir al Tribunal Supremo de Justicia porque existen elementos que vician el mismo procedimiento de cómo está siendo elaborada esta ley”, manifestó.

Recordó que el CNE que tiene la prerrogativa de la iniciativa legislativa presentó un proyecto de ley que tenía 324 artículos y “la AN ni siquiera lo consideró, sino que está discutiendo y aprobó en primera discusión un proyecto de ley firmado por nueve diputados y eso es un procedimiento ilegal y nosotros vamos a impugnarlo ante el TSJ para dejar constancia histórica de todos los reclamos”.

Además resaltó que acudirán a los organismos internacionales.

Amenaza al derecho a elegir

Por otra parte, el coordinador de Contraloría Electoral de Súmate, Dashiell López indicó que este proyecto de ley viola tres principios fundamentales del proceso electoral y que están establecidos en la Constitución nacional: “Transparencia, confiabilidad y confianza”.

“Es un nuevo paso que amenaza nuestro derecho a elegir en el país y se legalizan todas aquellas irregularidades y violaciones que ha venido cometiendo el CNE”, dijo.

Mencionó que elimina la obligación del CNE, que tiene la ley actual en su artículo 95, de entregar las direcciones asociadas al Registro Electoral. “Es la única forma de poder hacer una verdadera auditoría de ese RE”, advirtió indicando que la propuesta de ley “tampoco establece que información contiene el registro”.

De igual forma enfatizó que en la propuesta no se mencionan a los coordinadores electorales y “el Plan República se menciona, pero no se especifica sus funciones dentro de las distintas etapas del proceso electoral”.

López expresó que los venezolanos han aprendido a convertir el voto de un derecho a un deber y que “lo hemos aprendido a defender”.

“La defensa de los votos, en este momento, pasa por revisar este proyecto de ley de procesos electorales”, exhortó a los venezolanos y sectores de la sociedad.

“Los futuros procesos electorales del país van a depender de la aprobación de ese proyecto de ley”, advirtió.

Creación de una instancia democrática

El presidente de la tolda verde, Luis Ignacio Planas informó que la oposición se ha venido organizando en los últimos meses en la idea de constituir una instancia permanente de organización y coordinación para “unidos enfrentar esta arremetida del gobierno”.

“Ya hay comprometidos más de 10 partidos y esta semana hay reuniones con otra serie de organizaciones políticas, de la sociedad civil, gremios y movimiento estudiantil, allí vamos a unirnos todos”, informó.

No descarta que entre las propuestas esté la consolidación de una tarjeta única. “Vamos a esperar como queda la ley electoral y frente a eso vamos a tomar decisiones”, dijo.