EL PRÓFUGO AL BASHIR DESEMBARCÓ EN VENEZUELA

A la calladita, sin mucho aspaviento, el perseguido por la justicia internacional, Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Presidente de Sudán, sindicado por la Corte Penal Internacional (sobre él pesa una orden de captura), de cometer horrendos crímenes de guerra, genocidio y contra la humanidad, hace poco tiempo abrió una embajada en nuestro país.

Al Bashir, según la CPI, está acusado de numerosos ataques ilegales y sistemáticos contra civiles pertenecientes a los grupos étnicos tour, massalit y zaghawa.

La Corte ha expresado que existen motivos razonables para creer que Al Bashir, siendo Presidente y comandante en jefe de las fuerzas armadas, y ejercer control total sobre todas la ramas del poder del Estado, de las milicias janjaouid, las fuerzas policiales y los órganos de información y seguridad, jugó un rol esencial en la coordinación y ejecución de un plan que tuvo como resultado los crímenes mencionados.

Ciertamente, los relatos de estos crímenes son espeluznantes, parecidos a los de Ruanda, aunque estos últimos duraron menos tiempo. En Sudán, durante 5 años, millones de civiles fueron expulsados de tierras que ocuparon por siglos, todos sus medios de subsistencia fueron destruidos, asistieron a la expoliación de sus propiedades y a la ocupación de ellas por nuevos habitantes. Miles de violaciones de niñas frente a sus padres; asesinatos en masa, quemas de aldeas y ciudades.

Todos estos crímenes se escondían detrás del argumento de que se estaba sofocando una insurrección, “una estrategia de lucha contra la insurrección”, decían. Para desvincularse de las matanzas, el gobierno alegó que se trataba de “enfrentamientos intertribales” o “acciones de milicias autónomas”.

Pero las pruebas de que Al Bashir, su gobierno, ejército y milicias eran culpables de tales horrendos delitos de lesa humanidad y genocidio estaban a la vista.

Así las cosas, quedan también al descubierto elementos de prueba de que Al Bashir, antes que ir en ayuda de la población de Darfour, movilizó el conjunto del aparato del Estado, a los fines de someter intencionalmente a 2.450.000 personas que vivían en campos para personas desplazadas, a condiciones de existencia que no podían sino conducirlas a su destrucción física.

Estos crímenes están tipificados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de la CPI.

El procedimiento se inició con la creación de una Comisión Internacional de investigación en 2005 por parte del entonces Secretario General de la ONU, Kofi Annan, en aplicación de la Resolución 1564 del Consejo de Seguridad. De este modo, y habiendo suficientes evidencias de la comisión de crímenes contra la humanidad y de guerra, fue remitido el caso al Fiscal de la CPI. Este último decidió abrir una averiguación el mismo año, que concluyó en que hay evidencias suficientes para la apertura de un juicio, y en 2008 solicita el arresto de Al Bashir, lo cual, en 2009, y con base en las pruebas concluyentes, acuerda la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI. En el mandato de arresto, se excluye el delito de genocidio, que había pedido también el Fiscal.

Al Bashir sería así acusado de ser penalmente responsable en tanto que autor y/o coautor indirecto, de ataques intencionalmente dirigidos contra una importante parte de la población civil de Darfour, de asesinatos, actos de exterminio, violación, tortura, así como de traslados forzados de un gran número de civiles y del pillaje de sus bienes. Es el primer mandato de arresto que hace la CPI en contra de un jefe de Estado en ejercicio, condición que no lo exonera de la responsabilidad penal, ni le confiere inmunidad respecto de las investigaciones de la CPI.

Es con éste despreciable y siniestro personaje, que el gobierno de Venezuela entabla relaciones diplomáticas precisamente el mismo año en que se inicia su juicio en la CPI.

Venezuela, junto a Brasil, son los únicos países del hemisferio que le han abierto las puertas al gobierno de este criminal. En el año 2005, se suscribió un Acuerdo Marco de Cooperación, en las materias siguientes: cultura, comunicación e información, ciencia y tecnología y finalmente vivienda y hábitat. En el año 2009, Chavez invitó a Al Bashir a Venezuela, desafiando a la CPI, y atacando a esta última por haber decidido su arresto.

La mayoría de los venezolanos desconocen este disparate de nuestro gobierno, que ya suma a otros que ya ha cometido. Las fuerzas democráticas venezolanas deben repudiar con todo vigor que estemos abriendo relaciones con regimenes forajidos, a cuya cabeza están criminales como el de Sudán. En lugar de contribuir a su aislamiento, le abrimos nuestras puertas, dando oxígeno a un gobierno infame, que representa la antitesis de nuestras mejores tradiciones democráticas, así como de los valores universales de la libertad.

EMILIO NOUEL V.

CHAVEZ: ENTRE LO PEORCITO

En un trabajo titulado “Lo peor de lo Peor” de la revista Foreign Policy (“The Worst of the Worst”, july-august 2010), George B N Ayittey, Presidente de la Fundación Free África, presenta a los 24 peores gobernantes autoritarios del planeta.

Allí desfilan, por supuesto, los de Bielorrusia, Zimbabwe, Etiopía, Cuba, Uganda, Guinea Ecuatorial, Camerún, Corea del Norte, Sudán y Venezuela, entre otros.

En este “Hall de la fama” bochornoso y repugnante, se encuentra el señor Hugo Chávez en el puesto 17º. En el texto que se refiere a éste se lee: “el líder charlatán de la revolución bolivariana que promueve una doctrina de democracia participativa en la cual él es único que participa, ha encarcelado a líderes de oposición, extendido su mandato indefinidamente, y clausurado medios independientes.”

Salir reseñado en esta importante publicación con tal calificación no es poca cosa. Es la exteriorización de lo que en casi todo el mundo ya es una opinión extendida. Chávez es un tirano, un déspota, un dictador, para lo cual no hacen falta muchas pruebas.

Obviamente, muestra unas características formales, adjetivas, que lo diferencian de otros fenómenos autoritarios tradicionales, pero en el fondo, sin lugar a dudas, es lo que es.

Para algunos, incluso partidarios de él de la primera hora, hasta hace poco no lo catalogaban de tirano. Le daban el beneficio de la duda. Es un poco alocado, atrabiliario, sin modales políticos; es militar, tenemos que llevarlo a pulso, canalizar sus ímpetus, pero no es un déspota que quiera acabar con la democracia y la libertades, decían estas buenas almas.

Pero para los que lo combatimos desde aquella mañana de febrero en que salió por vez primera en tv, el desastre al que hemos llegado no nos resulta una gran sorpresa.

Ya se le veía entonces por donde quería llevarnos. Su discurso nos resultaba demasiado familiar al de la izquierda anacrónica y fracasada, para no percatarnos de sus fines solapados.

Sin ser pitonisos, el devenir de los acontecimientos, desgraciadamente, ha confirmado nuestras reservas y temores.

Así las cosas, el otro elemento que corrobora todas nuestras aprensiones son las amistades internacionales que se ha buscado el líder de la revolución, a saber: Sadam Hussein, Qadaffi, Mugabe, Ahmadinejad, Fidel Castro y Lukashenko, todos incluidos en la lista de Foreign Policy.

Pero hay uno que vale la pena mencionar de manera especial porque pesa sobre él un mandato de arresto por la Corte Penal Internacional: OMAR HASSAN AL-BASHIR de Sudán.

Al gobierno de Venezuela no le ha importado nada que esté acusado de los más horrendos crímenes de guerra y de lesa humanidad, y ha permitido la apertura de una Embajada de aquel país en el nuestro y ha abierto una venezolana en Darfur.

Cualquier lector se preguntará ¿cuales son los negocios comerciales que ha tenido o tiene Venezuela con Sudán? ¿Se justifica, pragmáticamente hablando, abrir una embajada nuestra allá? ¿Que razones de interés nacional pueden apoyar tal decisión?

¿Un gobernante serio ligaría su ejecutoria diplomática a un movimiento como éste, que lo vincula a un gobernante impresentable y perseguido por la justicia internacional?

¿Que explicación podemos dar a esto, sino la de otra aberración motivada por una ideología demencial que supone que con ello se golpea al imperialismo?

¿Cómo es posible que nos prestemos a darle aire a un gobierno de asesinos permitiendo que abran operaciones diplomáticas desde nuestro país, cuando lo que deberíamos hacer es contribuir a su aislamiento?

No nos extraña entonces que a Chávez lo pongan en el mismo saco de lo peorcito de este mundo. Ha ganado “credenciales” para ello.

EMILIO NOUEL V.

CARL SCHMITT:

Los abstencionistas viven una paradoja porque, por un lado, no participan en política y sin embargo, por otro, esperan que ella los favorezca.

JOSE "PEPE" MUJICA, PRESIDENTE DE URUGUAY:

"Me gusta pensarme como alguien que le gusta darse baños en piscinas llenas de inteligencia ajena, de cultura ajena, de sabiduría ajena. Cuanto más ajena, mejor. Cuanto menos coincide con mis pequeños saberes, mejor, porque sólo los ignorantes creen que la verdad es definitiva y maciza, cuando apenas es provisoria y gelatinosa.

Jonathan Swift:

"No podéis conseguir que alguien abandone por el razonamiento una convicción a la cual no ha sido conducido por el razonamiento”.

VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA, PRINCIPIO DE PERSECUCION UNIVERSAL Y CORTE PENAL INTERNACIONAL.

Con no poca frecuencia en nuestro país se oyen amenazas de llevar a la Corte Penal Internacional (CPI) a los gobernantes actuales por sus delitos contra los derechos humanos (DDHH).

Se dice que cuando cambie el gobierno tales conductas no quedarán impunes y en algún momento, tarde o temprano, y adonde quiera que huyan, los culpables serán perseguidos, apresados y sancionados.

Dada la insistencia de tales avisos, vale la pena referirse al tema, a los efectos de saber a qué atenernos y conocer hasta dónde es posible llegar con aquel propósito de hacer justicia, sin caer en promesas inalcanzables.

A pesar de que estamos convencidos y disponemos de múltiples evidencias de la comisión de tales delitos en la Venezuela de hoy y de que el principio de persecución universal de los culpables tiene su fundamento innegable en el Derecho Internacional (DI), es fuerza reconocer que el tema de la llamada justicia planetaria no es asunto de fácil aceptación y ejecución por todos los países, como algunos alegremente a veces lo presentan.

LA VIOLACIÓN DE LOS DDHH EN VENEZUELA

En nuestro país, tanto agencias u organizaciones internacionales como nacionales, han registrado un cúmulo importante de violaciones a los DDHH. Basta revisar los Informes y decisiones de la Comisión Interamericana de los DDHH (CIDH), Amnistía Internacional, Human Rights Watch; Naciones Unidas, Unión Europea o de PROVEA, entre otros, para constatar, sin lugar a dudas, que Venezuela es escenario de estas aberrantes situaciones, en los últimos años potenciadas por un gobierno de corte tiránico y marcados rasgos totalitarios.

La lista de violaciones es larga: leyes inconstitucionales violatorias de los derechos humanos; levantamiento de cargos penales falsos; acoso a defensores de los derechos humanos y sus familiares; intimidación y agresión contra opositores políticos; judicialización de la política; acoso, amenaza, intimidación y encarcelación de políticos y periodistas por delitos de opinión, violación de lapsos procesales, irrespeto al principio del debido proceso; detenciones arbitrarias; inhabilitaciones inconstitucionales para postularse a cargos de elección popular; criminalización del derecho a huelga y sindicalización; violencia en las cárceles; cierres arbitrarios de medios de comunicación; falta de acceso a la información pública, criminalización de la protesta pública, y paremos de contar.

Estos crímenes, de conformidad con nuestra Constitución Nacional y leyes, deben ser penados y son, además, imprescriptibles (artículos 29 y 271). Pero estos delitos también tienen sus niveles de gravedad, y no todos son enjuiciables bajo el principio de la persecución universal.

EL PRINCIPIO DE PERSECUCION UNIVERSAL

En el DI se ha instituido este principio, que no ha estado exento de polémicas. Como es conocido, el locus delicti, el lugar del crimen, es la base indiscutible de la jurisdicción penal, de allí que los delitos deban ser juzgados en donde se cometen. Es el principio de la territorialidad del Derecho Penal, que sería expresión, a su vez, de la soberanía estatal externa.

Esta última, sin embargo, para el Derecho Internacional contemporáneo, ha dejado de ser un principio absoluto, sobre todo, a partir del modelo normativo que se instaura con la creación de las Naciones Unidas y la entrada en vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos jurídicos internacionales.

De modo que para el DI, el principio de la territorialidad del Derecho Penal no es un principio absoluto y de ningún modo coincide con la soberanía territorial; y esta opinión viene de lejos, desde 1927 en que la Corte Permanente de Justicia Internacional, en el “Asunto Lotus”, así lo decidiera (Ver “Caso Pinochet. Los límites de la Impunidad”, Antonio Remiro Brotons, Politica Exterior, Madrid, 1999, pág. 48)

El principio de persecución universal, como lo señala el mencionado jurista español, “no sólo permite, sino que anima a los Estados a afirmar su jurisdicción sobre determinados crímenes internacionales, sea cual sea el lugar en que se produzcan y con independencia del origen y condición de sujetos activos y pasivos”.

Es importante subrayar que tal principio sólo opera en los casos de crímenes considerados internacionales, es decir, consagrados en el Derecho Internacional como tales.

Y ¿cuales son éstos? Los de “de naturaleza especialmente horrible, cruel, salvaje y bárbara”. Entre ellos, el DI incluye la agresión, el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los de guerra.

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

La CPI entró en vigencia el 1 de julio de 2002. El Estatuto de la CPI, ley en nuestro país, tipifica en su artículo 5, los delitos siguientes: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y de agresión. Sólo comentaremos la definición de crimen contra la humanidad, porque es la que interesa a los efectos de estas líneas.

Se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación forzosa de población; encarcelación u otra privación de libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación y esclavitud sexual, prostitución forzada, esterilización forzada; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, apartheid.

Como puede observarse, la mencionada Corte tiene competencia sobre los delitos señalados y bajo ciertas condiciones. De allí que a la hora de interpretar estas normas, habrá que afinar la argumentación en lo concerniente a la posibilidad de que dicha Corte pueda conocer de ciertas violaciones a los DDHH.

Así, queda claro que la Corte no es competente para todos los delitos, sino para aquellos que revisten cierta gravedad y extensión; y en el caso de los de lesa humanidad, ha de subrayarse la expresión: como parte de un ataque generalizado o sistemático.

De modo pues, que cuando analizamos las distintas violaciones a los DDHH en nuestro país, habría que tomar en cuenta esa circunstancia. ¿Podemos hablar en nuestro caso y con propiedad, de un “ataque generalizado y sistemático” que incluya alguno de los delitos señalados anteriormente (exterminio, asesinatos, esclavitud, deportación forzosa, encarcelación, tortura, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, apartheid)?

LA CPI Y LOS GOBERNANTES VENEZOLANOS ACTUALES

En Venezuela, como interpretan algunos, ¿estamos realmente frente a un ataque generalizado y sistemático del gobierno contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, que se materializa en la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada, en nuestro caso, en motivos políticos? ¿Ciertamente en Venezuela presenciamos delitos de lesa humanidad, de conformidad con la definición de la CPI?

Según el Estatuto, por "ataque contra una población civil" se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política.

¿Cual es el alcance de la expresión “población civil”? ¿Cual es la medida para afirmar que se está frente a una “comisión múltiple de actos”? ¿Cuándo podemos hablar de “una política de Estado o de una organización”?

¿Son comparables los crímenes generalizados y sistemáticos de lesa humanidad cometidos por Hitler, Milosevic o el sudanés Al Bashir , con las violaciones a los DDHH en la Venezuela actual?

Debo confesar mis grandes dudas respecto de si la evidente conducta infractora del gobierno venezolano, pueda ser subsumida en la norma de la Corte Penal Internacional que sanciona el crimen de lesa humanidad.

Las preguntas fundamentales son: ¿Cómo demostrar “un ataque generalizado y sistemático”? y ¿Como probar que ese ataque forma parte de una política de Estado?

Podrán decirme que en vista de las dudas sobre el alcance de tales expresiones, nada se pierde con denunciar ante la CPI. De hecho, ya lo han hecho algunos venezolanos en contra del presidente Chávez. ¿Cuales han sido las resultas de ésas denuncias formuladas desde hace varios años?

No tengo la menor duda de que el día que los venezolanos salgamos del gobierno que estamos padeciendo, y la sociedad democrática ponga en marcha sus mecanismos institucionales propios, entre ellos, una correcta administración de justicia, podremos reestablecer la vigencia de nuestro vapuleado Estado de Derecho, y reivindicar las víctimas de estos años de oprobio. La justicia llegará, estoy seguro, y las normas serán aplicadas.

Sin embargo, no pareciera, visto lo visto, que muchos de los culpables de las violaciones a los DDHH en nuestro país, sean susceptibles de ser llevados a la CPI. Amenazarlos con llevarlos a ese tribunal, no luce -¡por ahora¡- con mucho fundamento fáctico y jurídico, aunque pueda ser un recurso retórico disuasivo en la lucha política cotidiana, que tiene sus riegos en materia de credibilidad y seriedad por los políticos que echen mano de él.

EMILIO NOUEL V.

FELIPE GONZÁLEZ (ex presidente de gobierno español):

"el que sólo sirve para ser diputado, quizás no sirva para ser diputado"

Raymond Aron:

"Ellos han olvidado que la historia es trágica".

MARIO VARGAS LLOSA

"El nacionalismo está esencialmente reñido con la cultura democrática de la que ha nacido el individuo con unos derechos soberanos, porque no permite que los seres humanos existan como soberanos, sino simplemente como parte de una tribu, de una nación que es el valor supremo"

Francisco Herrera Luque (en "Los 4 reyes de la Baraja")

"Las ideas políticas, al igual que las banderas, son meros pretextos para voltear la tortilla".

Herman Hesse:

"Prefiero ser golpeado por los fascistas

Antes que ser yo mismo un fascista!

¡Prefiero ser golpeado por ustedes, comunistas,

antes que convertirme en un comunista!

OCTAVIO PAZ:

“Soy hombre: duro poco,

y es enorme la noche.

Pero miro hacia arriba:

las estrellas escriben.

Sin entender comprendo:

también soy escritura

y en este mismo instante

alguien me deletrea”.

EL DISCURSO DE LA DERROTA DEFINITIVA

Después de ver el triunfo arrollador y contra todo pronóstico de encuestas, de Juan Manuel Santos, en las presidenciales de Colombia, es difícil permanecer indiferente por las implicaciones que tiene para la región y Venezuela.

Lo primero que salta a la vista de manera protuberante es el patinazo monumental de las encuestadoras, que auguraban –todas sin excepción- un final de fotografía entre Santos y Mockus. El resultado final: 47% a 21% respectivamente. ¡Tamaña distancia¡ Más que duplicado el segundo.

Puedo confesar hoy que los números de las encuestas me tenían bien desconcertado y con dudas. Al consultar a la gente normal y corriente de allá, en su mayoría, me decía que Santos sería el ganador; pero al preguntar a ciertos sectores académicos y de cierto nivel político y social, la respuesta era que Mockus no perdía. A pesar de los sondeos, mi apreciación era que la opción Santos sería la ganadora, vistos los poderosos factores reales que lo favorecían.

No obstante, escribí un artículo (“Yo no voy a Mockus”, Venezuela Analítica) en el que manifestaba mis reservas respecto de un eventual triunfo de Mockus, las que expresaba desde la perspectiva de un venezolano que está padeciendo un régimen militar autoritario que impulsa un proyecto político-ideológico en comandita con el movimiento narcoterrorista FARC de Colombia y la Coordinadora Continental bolivariana, y que tal hipotético triunfo no significaría un muro de contención necesario a aquel plan, habida cuenta del talante, el estilo y los planteamientos poco claros de Mockus sobre el tema.

Visto el triunfo abrumador de Santos el domingo pasado, queda claro quién será el próximo presidente de Colombia. Aunque hasta ahora pareciera que habrá una segunda vuelta, es impensable un desenlace distinto el próximo 20 de junio. A menos que ocurra un imponderable, no será otro el resultado.

Pero a los números duros del resultado, se suma un elemento que, al menos para mí, va a potenciar el triunfo de Santos. Me refiero a cómo encajó la derrota Mockus en su discurso de la noche del domingo. Y aunque no lo parezca, éste es un hecho que tiene mas importancia de lo que pensamos. Ignoro cómo afrontará esta campaña corta, si es que no renuncia antes, pero ese discurso me pareció que sella su derrota definitiva, amen de que aclara a todos porqué no ganó.

He dicho que Mockus ha sido un excelente alcalde, honesto e ingenioso, aunque imprevisible, medio torpe y estrafalario. Su ascenso en las encuestas fue fulminante, y ciertamente respondía a una necesidad política de ciertos sectores colombianos contestatarios del status quo. Su atractivo fue su ejecutoria administrativa y su discurso anti establishment político, sin que eso lo pueda conceptuar como de izquierda, y mucho menos, prochavista. Su programa, que al decir de Plinio Apuleyo Mendoza, era para Dinamarca, no para Colombia, no pareciera que fue bien transmitido por la campaña ni el candidato, y mucho menos comprendido por el común.

Sin embargo, el discurso mencionado develó, con toda amplitud, quién es el personaje y porqué afortunadamente para Colombia y, de paso, para los venezolanos demócratas, no será presidente. No fue el discurso de un estadista, ni del que precisa Colombia, en circunstancias en que todavía debe ser completado el trabajo de pacificar el país, derrotar definitivamente al terrorismo y la narcoguerrilla, y frenar a sus aliados externos.

Discúlpenme sus partidarios, pero el domingo en la noche vimos allí a una suerte de autómata, dirigiéndose a sus partidarios con un discurso inconexo (con telepronter), sin alma, sin emoción, gélido, sin entusiasmo, interrumpido por consignas que él seguía y remachaba, como si fuera un predicador evangélico o un monje tibetano; consignas que eran repetidas como mantras, todo lo cual configuró un espectáculo que no vacilamos en llamar patético.

No lucía como un dirigente político, ni moderno ni tradicional, sino como un actor desangelado, que no transmitía entusiasmo, ni credibilidad ni mucho menos confianza. Con todo y sus éxitos, mucho le falta a este hombre para ser el estadista que un país como Colombia demanda.

Si acaso el resultado no hubiese sido suficiente, con esta performance quedó refrendado el triunfo de Santos. Incluso, muchos de sus partidarios han quedado defraudados.

El contraste con el discurso del ganador es notorio. Santos fue amplio, conciliador, cálido, emotivo y entusiasta. A mi juicio, fue el de un líder político, y el mejor que, por cierto, le pude oír durante su campaña.

Para los venezolanos, pienso, que ese triunfo es una buena noticia, sin que esto implique que Santos va a resolver un problema que es sólo nuestro. Santos va a trabajar por su país y los intereses de éste. Tratará de reabrir relaciones con el gobierno de Venezuela, es su obligación. Ya veremos la reacción de Chávez. En cualquier caso, con Santos del lado de allá de la frontera, estamos seguros que el proyecto político de Chávez en la región tendrá un obstáculo, y eso ayuda en la lucha por reconquistar la democracia en nuestro país.

EMILIO NOUEL V.